La Conferencia Nacional del PST ha definido, en su sesión del 15 de noviembre y por unanimidad, dejar de integrar la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT), organización de la que ha hecho parte desde su fundación.
La decisión nace de la comprensión de que en su útlimo Congreso Mundial, la LIT instauró un régimen distinto al centralismo democrático, de carácter burocrático, a partir de la expulsión de cuatro delegados plenos, representantes legítimos de sus partidos y organismos, y dirigentes de la exFDR.
Ha sido esta definición, conscientemente adoptada por la máxima dirección de la LIT (su Congreso Mundial) a propuesta de la mayoría del CEI saliente, la que ha detonado la ruptura de dicha organización en por lo menos tres partes, pues también obligó a salir a otro sector que durante el precongreso se organizó en la TOUPI, y que habían adelantado que de producirse las expulsiones, también saldrían de la LIT.
Esta situación constituye una derrota para quienes hemos construido la LIT como herramienta para la reconstrucción de la IV Internacional, durante los pasados 43 años, y hacemos parte de la tradición de la corriente morenista desde la lucha por la revolución agraria por parte del campesinado de La Convención y Lares (Cusco), a la que se ligó Hugo Blanco.
Pero al mismo tiempo, constituye un reto para quienes nos mantenemos firmes en la lucha por la construcción de una dirección revolucionaria mundial, capaz de convertirse en dirección de la clase obrera en el mundoa y en particular en el Perú, para que acaudille al pueblo pobre y oprimido hacia la toma del poder, la revolución socialista, para tomar en sus manos las riendas del país.
Es bajo esta comprensión que hoy, el PST, que desde el principio de la discusión se posicionó contra la política de expulsiones de la mayoría del exCEI, hoy dirección de la LIT, ha tomado la definición de emprender otro rumbo, salir de la LIT, y aportar a la construcción de un reagrupamiento principista de los sectores revolucionarios que abracen la causa de la revolución socialista y que postulen la necesidad de construir una Internacional marxista revolucionaria con un régimen centralista democrático sano, como instrumento al servicio de la reconstrucción de la IV Internacional.
Lo hacemos, reivindicando las bases fundacionales de la LIT, sus estatutos y sus bases programáticas, pues estamos convencidos que el morenismo ha dado una batalla correcta contra el revisionismo en el seno del movimiento trotskista internacional. Y lo hacemos desde la clase obrera, única clase verdaderamente revolucionaria y capaz de acabar con la explotación y opresión en el mundo.
Lo hacemos desde el marxismo, teoría-programa de las condiciones de victoria de la revolución proletaria. Y desde el bolchevismo, praxis organizativa del marxismo que demostró por la vía de la experiencia su corrección como forma organizativa de la vanguardia proletaria revolucionaria.
Nos retiramos de la LIT, convencidos y convencidas que será la lucha de clases la que terminará por dirimir las discusiones que hoy quedaron truncas, así como de la justeza de la causa por la que luchamos junto a los trabajadores, trabajadoras y pueblo oprimidos de todo el mundo.
Lima, noviembre de 2025
Comité Central del Partido Socialista de los Trabajadores
Cientos de migrantes que huyen de Chile no pueden ingresar a Perú en su trayecto hacia sus países de origen, como Venezuela, debido al cierre de la frontera ordenado por el gobierno peruano.
Huyen ante el anuncio del candidato de derecha José Antonio Kast, favorito para ganar las elecciones del próximo 14 de diciembre, de que expulsará a los migrantes en situación irregular.
El gobierno, también de derecha, de José Jerí ha anunciado que militarizará las fronteras de Perú para controlar la migración extranjera, a la que señala como causante del crecimiento de la criminalidad y la inseguridad en el país.
Esta es una mentira construida por el gobierno y los grandes medios de comunicación, no solo para ocultar su incapacidad de implementar políticas eficaces que combatan la criminalidad, sino para encubrir la realidad de que los migrantes son, en su mayoría, trabajadores que huyen del hambre y la miseria a las que los condenan sus gobiernos, como el del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
Lo cierto es que tanto el gobierno de Jerí como el candidato chileno repiten exactamente lo mismo que Donald Trump, el mandamás de Estados Unidos, quien también cerró sus fronteras con México y organiza redadas masivas para expulsar a migrantes, tratándolos como delincuentes.
La situación está generando una crisis humanitaria, pues se trata de mujeres —algunas de ellas embarazadas—, niños y familias enteras que padecen hambre, pernoctan en las calles y carecen de los servicios asistenciales más básicos. Los trabajadores, que en su mayoría también somos migrantes o tenemos familiares migrantes en nuestro entorno, debemos alzar nuestra voz de protesta y repudiar la política criminal del gobierno Jerí, y, por un criterio humanitario, exigir ayuda a dichos migrantes y facilidades para regularizar su situación para que puedan transitar o establecerse en Perú.
En un proceso lleno de cuestionamientos y denuncias por su sesgo político y vengativo, el ex presidente Pedro Castillo Terrones fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel efectiva por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022. También fueron sentenciados otros cuatro miembros de su ex equipo de gobierno, entre ellos Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México.Unimos nuestra voz de protesta a los sectores obreros y populares que se identifican con Castillo y denunciamos el carácter fraudulento de su juicio, cuya sentencia ya estaba dada desde el principio por los partidos corruptos y reaccionarios del Congreso y el gobierno, primero de Dina Boluarte, y ahora de José Jerí.
Sin embargo, la sed de sangre de la derecha más recalcitrante no ha sido saciada. Esos sectores pedían 35 años de cárcel para Castillo y sus colaboradores. Bajo la careta de “defender la democracia”, buscaban y buscan enterrar para siempre cualquier amenaza a sus intereses y privilegios, así fuera solo de palabra, que fue lo único que hizo Castillo durante sus 18 meses en el poder.
La condena es unavenganza, que solo puede despertar la indignación de cualquier persona imparcial, y sobre todo, avivar el rechazo de los sectores obreros y populares —especialmente del campo— que se identifican con Pedro Castillo, y sufren el abuso de las clases pudientes, con su acostumbrada prédica racista y discriminadora, y que quiere impedir toda posibilidad de que se repita un triunfo popular en las urnas.
Pero también es una condena ilegítima, porque es producto de un régimen nacido de un golpe —el aplicado contra el mismo Castillo—, que ha copado las instituciones del Estado con personajes designados por la mayoría corrupta del Congreso, como el propio Jerí, elegido entre gallos y media noche, e inaugurado con sangre.
Allanando el camino para las elecciones
Sin embargo, hay también objetivos inmediatos en la apresurada condena contra a Pedro Castillo.
El primero es sacarlo de la contienda electoral. Castillo estaba con detención preliminar desde el mismo día del golpe, es decir, hace casi tres años, y estaba próximo a vencer el plazo máximo de 36 meses. Por eso se trataba de acelerar su condena. Pero, sobre todo, se buscaba impedir su participación en las elecciones convocadas para abril próximo, porque, pese al fiasco que representó su gobierno, él simboliza la lucha por el cambio que millones anhelan desde abajo, un anhelo que no ha hecho más que crecer desde el golpe que llevó a Boluarte al poder. Para asegurarse de que fuera así, el Congreso había votado días antes la inhabilitación de Castillo para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
El día anterior, Martín Vizcarra también fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción. Aunque en su caso se presentaron pruebas y testigos, el hecho también está rodeado de cuestionamientos, dado el arrastre electoral que tiene en sectores populares que lo ven como una opción contra el fujimorismo y la derecha.
Así, si sumamos la inhabilitación de Antauro Humala y el encarcelamiento de Guillermo Bermejo —ambos eran voceados candidatos presidenciales opuestos a la derecha—, se evidencia un intento por allanar el camino para que las elecciones generales de abril del próximo año sean favorables a cualquiera de las candidaturas del establishment que controla el poder.
El otro objetivo, más profundo, detrás de la condena a Castillo, es el escarmiento que buscan la patronal y los sectores reaccionarios contra toda propuesta de cambiar el modelo económico o la Constitución, que fue lo que realmente significó la votación por Castillo y la insurgencia del sur contra su vacancia. Esta última fue reprimida sangrientamente bajo la acusación infame de “terrorismo”.
En realidad, este odio de la derecha, potenciado por grandes medios y recursos, se incubó desde antes del triunfo electoral de Pedro Castillo en 2021 y se alimentó durante todo su corto gobierno, hasta el día de su vacancia. Así, hicieron sonar fuerte el clamor de aquellos sectores que cuestionaron el desempeño relativamente independiente de las instituciones electorales y se propusieron controlarlas. Y eso es lo que han hecho desde el golpe. La máxima expresión de esto es el propio gobierno de José Jerí, elegido por una mayoría congresal cuestionable, con la misión principal de garantizar el desarrollo del proceso electoral de acuerdo a sus planes.
El “golpe” de Castillo
La causa por la que Castillo fue vacado, detenido y ahora sentenciado fue el “golpe” que anunció en un mensaje a la nación televisado el 7 de diciembre de 2022.
El especialista en temas constitucionales, Dr. César Azabache, [1] señala que en la historia peruana (fuera del de Leguía en 1919) hubo dos autogolpes claros: el de Alberto Fujimori en 1992 y el intento de Pedro Castillo en 2022. Sin embargo, el único juzgado y sentenciado ha sido Castillo. En 1992, Fujimori dio un autogolpe real: las Fuerzas Armadas, con tanques y soldados, cerraron el Congreso y tomaron el control del Poder Judicial, la Fiscalía y medios de prensa. La presión internacional lo obligó a convocar a un Congreso Constituyente. Por este hecho, Fujimori nunca fue procesado por el autogolpe en sí. Comparado con esto, el acto de Castillo fue una simple declaración, un mensaje sin efecto práctico, una tentativa “inidónea”, como argumentan sus abogados, que no causó daño concreto. Sin embargo, a él sí lo vacaron por ello, le aplicaron 36 meses de prisión preventiva y ahora lo condenan a 11 años y 5 meses con saña.
Lo acusaron de rebelión, pero no hubo ni se produjo ningún alzamiento armado. Por ello, en la sentencia final, tuvieron que retirar esta acusación y solo señalar que hubo “conspiración”.
La misma vacancia fue un acto arbitrario. Se inventó el concepto de “flagrancia” para evitar, como ordena la norma, que pudiera asumir su defensa ante el Congreso, y lo vacaron con 101 votos, cuando el mínimo requerido era de 104.
En realidad, el “golpe” de Castillo fue un acto suicida que hasta ahora resulta inexplicable. Martín Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 con mayor astucia y logró una alta aprobación popular. Pedro Castillo, en cambio, fue un aventurero, ni siquiera tenía control de nada: su propia escolta fue quien lo entregó a sus captores.
Todos sabemos que la vacancia fue un plan promovido abiertamente por la derecha desde el primer día. Hubo una campaña mediática y en las calles, movilizando grupos violentos y sectores de clase media asustados con el fantasma del “comunismo”, para vacar a Castillo. Así, y pese a que este no tomó ninguna medida que afectara seriamente los intereses empresariales ni entregó concesiones importantes a los sectores populares, no lo dejaron gobernar ni un solo minuto e intentaron vacarlo en todo momento.
Hasta que lograron construir un pretexto: reunieron pruebas y testigos para montar una denuncia constitucional e investigarlo por corrupción, con la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien después revelaría sus propios vínculos con la corrupción y fue destituida. Así, la mayoría de derecha en el Congreso lo intentó de nuevo en diciembre de 2022.
Ante el temor de que esta moción lograra los votos necesarios, Castillo urdió un falso “golpe” de Estado, uno de palabras, destinado a cubrir su escape para refugiarse en la embajada de México; así su caso cobraría un carácter más político que corruptivo. Pero, como sabemos, tan improvisado era todo que ni siquiera logró asilarse. Este acto, sin embargo, les proporcionó una causal real para su vacancia, tipificada en el Art. 117 de la Constitución: el presidente puede ser acusado “por disolver el Congreso”. Así, Castillo les entregó gratuitamente su cabeza en bandeja de plata, hasta el punto de que incluso algunos de sus propios correligionarios votaron a favor de la vacancia.
El verdadero golpe es el de la derecha
Ahora, los defensores de la derecha, al oír la sentencia, celebran gritando: “Así se defiende la democracia, con firmeza”. Estos mismos señores muestran el tipo de democracia que defienden cuando, al mismo tiempo, reivindican el golpe de Fujimori de 1992, que instauró un régimen dictatorial que cometió genocidio, impuso el modelo neoliberal que nos rige hoy, barrió derechos laborales y robó a manos llenas; del mismo modo que reivindican el golpe que colocó a Boluarte en el poder, un régimen manchado con la sangre de manifestantes y sumido en la corrupción, además de servil a los grandes empresarios.
Hubo un golpe, pero ese golpe fue de la derecha contra Castillo y contra la voluntad popular. Y Castillo fue responsable por no ser capaz de enfrentarlo apoyándose en el movimiento obrero y popular, por no cumplir sus promesas electorales, por no ser transparente en sus actos de gobierno y por ser absolutamente improvisado, incluso en su último acto “golpista”. Pero estos hechos deberían juzgarlos quienes lo eligieron.
En tanto, no reconocemos la autoridad de este régimen ilegítimo para juzgarlo y condenarlo. Por ello, vamos a luchar y reclamar su libertad y la de los condenados con él, exigiendo un juicio justo ante un tribunal realmente independiente.
[1] “Los vacíos narrativos en la historia del golpe de Estado de Pedro Castillo”. https://lpderecho.pe/vacios-narrativos-historia-golpe-estado-pedro-castillo/
En la escena internacional el fenómeno dominante tiene la figura de Donald Trump y la política que despliega globalmente con el propósito de controlar el mundo y reforzar o reposicionar la hegemonía y dominio de EEUU. Esta realidad comprende a nuestro subcontinente, donde lo más saltante es el gigantesco despliegue militar de los EEUU en El Caribe con el propósito de derrocar al régimen de Maduro. Estos hechos ponen de vuelta la necesidad y actualidad para los revolucionarios, de colocar en el centro de nuestra agitación y propaganda la lucha contra el imperialismo norteamericano, como una tarea esencial de la lucha por nuestra independencia y el socialismo.
La vuelta de Donald Trump es producto y expresión de la decadencia que atraviesa al imperialismo norteamericano y su desesperación por mantener su dominio y control del mundo.
En la posguerra, EEUU se afirmó como el imperialismo dominante, y luego de la guerra fría, con la bancarrota y posterior caída de la ex URSS y del “campo socialista” entre 1989-1991, su hegemonía se hizo indiscutible.
Su dominio se afirmaría en años posteriores con las transformaciones neoliberales y la conquista de nuevos mercados con la desaparición del campo “socialista”, incluida China, que representaban un tercio del planeta.
Estos cambios trascendentales darían lugar a una onda de crecimiento que se extendería desde fines de los 80 hasta inicios del nuevo siglo, onda que hizo más rico y poderoso a EEUU y sus socios de Europa y Japón. Hasta que estalló la crisis del 2008, un crac económico que hundió grandes corporaciones y países, mostrando los límites de esa expansión dentro de la actual etapa histórica de agonía del capitalismo, y que abrió un largo ciclo de estancamiento de la economía mundial en la que nos encontramos aun ahora.
Del estancamiento no se cae en una recesión global –con excepción del periodo de la pandemia que obligó al cierre de la mayoría de las economías del mundo–, por el impulso de la economía china. Su inmenso mercado, las gigantescas compras que realiza para alimentar su aparato productivo y las exportaciones masivas de productos manufacturados más baratos para abastecer al mundo, actúan como locomotora que sostiene la economía global, incluida la de EEUU, la más importante del mundo, que se ha convertido en su principal socio comercial y hasta mayor acreedor. Es así hasta ahora que el dinamismo chino empezó a frenarse: para este año el crecimiento de China se estima en 4.8%, entre los más bajos en 40 años (con excepción del periodo de la pandemia).
En el marco de la globalización y el libre mercado, las metrópolis capitalistas tendieron a la financiarización de sus economías y a su desindustrialización, relocalizando o mudando sus plantas y fábricas a China para aprovechar la abundante mano de obra barata y de un régimen dictatorial que garantizaba estabilidad. Pero China no solo se convirtió en la fábrica del mundo controlada por los principales grupos económicos monopolistas, sino que avanzó y avanza a través de una forma de capitalismo de Estado y una economía dirigida, que acumula y desarrolla tecnología de manera independiente, llegando a convertirse en la actualidad en una nueva potencia capitalista. Así, de socio ha pasado a convertirse en un competidor de las principales economías del mundo, sobre todo del hegemónico, dando origen a su actual rivalidad con EEUU.
Muchos sectores interpretan la actual inestabilidad del mundo por esa competencia entre ambas naciones. Lo ven como una competencia “interimperialista” por un nuevo reparto del mundo, e incluso hablan de una carrera armamentista que nos llevaría a una nueva guerra mundial. Hay una indiscutible rivalidad entre ambos, pero es una rivalidad entre socios globales con economías que son complementarias, y donde EEUU disputa por quedarse con la mayor parte de los beneficios.
La decadencia de EEUU
La rivalidad EEUU-China es espoleada por la decadencia que hace años atraviesa la economía norteamericana. Esta decadencia es la manifestación más concentrada del agotamiento del modelo de globalización liberal, y es agravada por su papel de policía del mundo. Con las guerras de Irak y Afganistán el imperialismo no solo salió derrotado, sino más desgastado, y lo mismo sucede con su intervención en los múltiples estallidos que sacuden el mundo, entre ellos lo que sucede hace dos años en Oriente Medio detrás de la heroica resistencia palestina.
En 1945, al término de la II Guerra, EEUU aportaba el 50% del PBI global; ahora, en 2024 aporta solo el 22%. El dólar, moneda dominante en el comercio y las finanzas mundiales, representaba el 71% de los depósitos de los bancos centrales del mundo, hoy es de menos del 60%. Solo el consumo de fentanilo causó la muerte de 107,500 personas en 2023 en los EEUU. Y la pobreza en dicho país, ya se ha elevado a 12% de su población.
“Según los datos que proporcionan los organismos internacionales de referencia, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, EUA no puede detener el crecimiento económico de China: China ahorra el doble que EUA como proporción del PIB, invierte el doble que EUA como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de EUA es de un 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año; EUA, un déficit comercial mayor a un billón de dólares por año. La deuda de EUA es de 130% del PIB; la de China es del 75%.” [1]
La economía norteamericana sigue siendo hegemónica, pero hace años viene en tendencia decadente. Ante ello, la política de los grupos de poder norteamericano es frenar el descenso y recuperar su poder, una política que comparten tanto el Partido Demócrata como el Republicano, con variaciones más de forma que de contenido. Trump, si se quiere, es la cara más despótica y desinhibida de la rapacidad imperialista. Inició su mandato anunciando que quería comprar Groenlandia, que Canadá debería ser el Estado 51 de los EEUU, que el Golfo de México debía renombrarse Golfo de América, que iba a recuperar el Canal de Panamá….
El fenómeno Trump
Trump ha entrado en escena como encarnación de las necesidades de los poderosos grupos monopólicos norteamericanos, y en especial de los gigantes que dominan el mercado de las tecnologías. De aquí su lema Make América Great Again (Hagamos de Estados Unidos grande otra vez), que también da nombre al movimiento MAGA que lo encumbró y sostiene en el poder.
En su primer año de mandato, en el plano interno Trump se concentró en ajustes fiscales produciendo despidos masivos en la administración pública, y en un agresivo plan de persecución, arresto y deportación de migrantes. En su política exterior aplicó aranceles a todos los países sobre la base de un mínimo de 10%, y tasas más elevadas y hasta escandalosas a Japón, China, Brasil, México, incluso con aquellos con quienes tenía y tiene acuerdos de libre comercio, buscando réditos no solo económicos sino también políticos. Y en el plano militar, reforzó la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza, bombardeó Irán; en Ucrania intenta forzar una salida negociada entre sus socios europeos y Putin, tratando de distanciar a este último de China, calculando con qué tajada se queda. Sin embargo, la mayor ofensiva militar es la que despliega estos días sobre nuestro subcontinente, con un masivo despliegue militar en las costas de Venezuela intentando forzar la caída del régimen de Maduro.
Las poses agresivas y chantajistas mostradas por Trump contra diversos países están dirigidas a arrancar diversos beneficios para EEUU y sus socios políticos. Le impuso un arancel de 25% a México y después la suspendió con el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum de colocar diez mil efectivos policiales y militares en la frontera norte para controlar la masiva migración y el tráfico de drogas. Envió un avión con deportados colombianos a su país, y ante el rechazo de Gustavo Petro de recibirlos, lo amenazó con aplicarle un paquete de 25% de aranceles, además de acusarlo de narcotraficante y terrorista, obligándolo a ceder. Le impuso un arancel de 50% a Brasil exigiendo beneficios judiciales para su aliado Bolsonaro, pero al final cedió. En todos los casos, prima la negociación y el retroceso de ambos lados por las profundas relaciones económicas tejidas en años de acuerdos, en cuyo entramado predominan los intereses de capitalistas norteamericanos.
El resultado de esta política, mucho antes de cumplir su primer año, ha sido inflación (3%), depreciación del dólar y corridas en varios bancos centrales hacia el reemplazo de sus reservas en dólares por oro, presionando al alza de este mineral; y un crecimiento estimado a la baja (menos de 2%). Pero el saldo más negativo se ha dado en el plano político: en EEUU se han desatado gigantescas movilizaciones de protesta contra las políticas de Trump, y este creciente descontento se manifestó en los resultados de las últimas elecciones de autoridades locales perdidas por Trump en casi todos los Estados. El mayor resultado adverso por su significado simbólico, fue el triunfo de Zohran Mandani en New York, un musulmán de perfil socialista que defiende la causa Palestina y que es abiertamente opuesto a Trump.
“América para los americanos”
La ofensiva global de la administración Trump ha tenido en A.L. a uno de sus principales escenarios tanto que algunos periodistas vienen hablando de la “Doctrina Donroe”. En 1823 el presidente norteamericano James Monroe dijo: “América para los americanos”, estableciendo desde entonces los intereses prioritarios de EEUU sobre América Latina, con respecto a Europa. Desde entonces ha sido es así. Solo que ahora, la vuelta de la mirada y las nuevas acciones de Trump se hacen respondiendo a una nueva realidad: la creciente presencia económica de China en el subcontinente.
La hegemonía ganada por EEUU en la posguerra y luego con la globalización liberal tras la caída del “campo socialista”, llevó a considerar a América Latina simplemente como su patio trasero donde el dominio yanqui era incuestionable. En los años 90 se estableció el Consenso de Washington mediante el cual se alineó al subcontinente tras las políticas de libre mercado promovidas por el EEUU. Hubo resistencias, como el No al ALCA que hizo fracasar el primer intento de establecer un tratado comercial “de las américas”, y surgieron gobiernos y movimientos de corte nacionalista, los que sin llegar a cuestionar la hegemonía y dominio norteamericano intentaron una tercera vía (Chávez, Evo, Correa, Lula en su primer mandato). Los principales escenarios de confrontación fueron Venezuela, por la nacionalización del petróleo en uno de los países con más reservas del mundo, y Cuba, por su significado político para el subcontinente. Esto, hasta la crisis del 2008 y la emergencia de China en el mundo y su creciente presencia en América Latina.
China en América Latina
La presencia económica de China en A.L. se ha desarrollado durante el nuevo siglo, hasta convertirse en la actualidad en el primer socio comercial para la mayoría de países (entre ellos Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela), desplazando a EEUU a un segundo lugar.
En el caso específico de Perú, las exportaciones peruanas a China en 2024 fueron de $ 25,200 millones, mientras que las exportaciones a EEUU ascendieron a $ 13,106. Las importaciones de China a Perú fueron de $ 15,800 millones, mientras que las provenientes de EEUU fueron $ 10,000 millones. En ambos casos, con un superávit comercial favorable a Perú. Perú exporta a ambos países productos primarios y sobre todo minerales, e importa de ellos maquinarias, vehículos y equipos de tecnologías, reforzando su condición de país dependiente y atrasado.
En cuanto a inversiones, la presencia China también se ha incrementado, sobre todo en minería e infraestructura. En minería sus capitales se concentran en la minería de cobre y hierro (Chinalco, Las Bambas, Shougang), y en infraestructura, toda la red eléctrica de distribución de Lima (13 millones de habitantes), el megapuerto de Chancay destinado a ser un hub logístico para unir los mercados de Latinoamérica con Shanghái; también tiene presencia en la Refinería de Talara y el Metro de Lima. La inversión en infraestructura está ligada al plan de desarrollo comercial chino a través de la Ruta de la Seda. Además, China facilita préstamos a varios países en mejores condiciones que EEUU, y establece acuerdos comerciales con aquellos que rivalizan con el país del norte.
La ofensiva de Trump
De este modo, la hegemonía norteamericana se ve cuestionada en el subcontinente. Esto explica la nueva política de EEUU hacia la región. Ya en 2022 la administración Biden se planteó en la Cumbre de las Américas la creación del “Acuerdo de Prosperidad Económica de las Américas”, APEA, orientado a fomentar inversiones en la región buscando un contrapeso al avance chino. Ahora Trump desata una ofensiva a mayor escala. Ya intervino para “recuperar el Canal de Panamá” de la presencia china. Ante la inauguración del megapuerto de Chancay, la administración Trump anunció que aplicará nuevos aranceles a los productos que vengan de dicho puerto. Y afianza relaciones con los gobiernos que le son más afines, al mismo tiempo que ataca a los que considera rivales buscando someterlos.
El derechista Nayib Bukele de El Salvador, pasó a convertirse en uno de sus socios, ofreciéndose éste a acoger a presidiarios norteamericanos en sus seguras megacárceles. Otro derechista como Daniel Noboa de Ecuador, se ofrece para volver a reabrir la base militar de Manta, a cambio de ayuda para la seguridad interna; plan en el que por ahora ha fracasado porque ha sido rechazado en consulta popular. Otros muy cercanos a la administración Trump, son los gobiernos de Paraguay, Costa Rica y hasta gobiernos de “izquierda” como el de Luis Lacalle de Uruguay. Ahora acaba de ingresar a su círculo Bolivia, con la elección de Rodrigo Paz, de derecha y elegido después de la catástrofe e ingobernabilidad que dejó el MAS en dicho país. Y hora se espera que ingrese Chile con la elección en segunda vuelta de José A. Kast, de extrema derecha, el posible triunfo también de la derecha en Colombia, en reemplazo del otro desastre que significa el gobierno de Gustavo Petro. Las mismas expectativas se abrigan también para Perú y Brasil en las elecciones del próximo año.
El más representativo de las nuevas relaciones construidos por gobiernos de derecha con EEUU, es el que muestra estos días la Argentina.
El salvataje a la Argentina de Milei
El caso de la Argentina nos revela la política de la administración Trump hacia las naciones latinoamericanas: el dominio económico directo. Milei es un gobernante ultraderechista admirador de Trump. Ganó las elecciones ante la bancarrota económica de dicho país bajo la administración del kirchnerismo, y aplicó un paquetazo ofreciendo estabilidad y un futuro promisorio; pero no logró nada de eso sino una mayor crisis con desempleo creciente, más pobreza, hundimiento de los servicios públicos y, lo que es peor, la amenaza de una nueva corrida cambiaria y espiral inflacionaria. En este contexto, las elecciones para renovar una parte de la bancada parlamentaria, se convirtieron en plebiscitarias, y a primera vista era inevitable el aplastamiento del oficialismo. Pero ocurrió todo lo contrario: el oficialismo ganó por amplio margen. Y ganó porque Trump chantajeó al país a votar por Milei prometiendo lanzarle un salvataje de $ 20 mil millones. Ante la falta de alternativas se impuso el miedo y la mayoría le dio el triunfo a Milei, que como primera medida ya anunció un nuevo ajustón con una reforma laboral incluida.
De este modo la Argentina, un país rico en recursos, pasó a atar su suerte a la de EEUU, convirtiéndose en una suerte de protectorado sin por ello saber o tener la seguridad de salir de la crisis que la agobia.
El ataque a Venezuela… y Cuba
Lo señalado no agota el plan de Trump para América Latina. Las dos piedras en sus zapatos siguen siendo Cuba y Venezuela. Hacia Cuba ya aprobó un Memorándum mediante el cual endurece su política hacia la Isla (prohibición de turismo, prohibición de transacciones financieras, financiamiento de la oposición, etc.), en un intento por acabar con el régimen del Partido Comunista, el único que pálidamente simboliza la lucha por la independencia de América Latina. Y el ataque a Venezuela dirigido a voltear al régimen de Maduro, que también es parte de esta política de aislar a Cuba, cortándole el suministro de petróleo.
No obstante, hasta hoy, el más espectacular ataque sobre América Latina y el Caribe ha sido y es el gigantesco desplazamiento militar de EEUU en las costas de Venezuela. Destructores, cruceros, miles de marines y sobre todo el portaaviones USS Gerald R. Ford considerado el más grande y moderno del mundo, se han apostado en el mar del Caribe y a pocos kilómetros de las costas de Venezuela, con el pretexto de combate al narcotráfico y a la banda criminal Los Soles, a la que pertenecería Maduro y su régimen. Así, ya se ha hundido 22 embarcaciones y asesinado a cerca de un centenar de sus tripulantes. Así, en un acto que lesiona todo el derecho internacional, EEUU se arroga el derecho de calificar como cárteles de la droga a cualquier gobierno y así justifica su ataque en nombre de su “seguridad” interior.
El último ataque militar del imperialismo que conocimos sucedió el siglo pasado, en 1982, con la guerra de Las Malvinas, una guerra del imperialismo inglés contra la Argentina. La otra fue en 1989, con la invasión a Panamá por parte de EEUU con el fin de detener al gobernante Manuel Noriega. En ambos casos, pero sobre todo en la primera, hubo una amplia solidaridad de toda América Latina, incluso con gigantescas movilizaciones y envío de armas para el caso de Las Malvinas. Ahora sucede lo contrario: ante el ataque a Venezuela y la soberanía de América Latina se produce un silencio total, no solo de todos los gobiernos incluidos los llamados “progresistas”, sino incluso de la izquierda reformista que no hace nada para denunciar y frenar dicho ataque.
Más que el combate a un cártel de la droga (calificación que puede ser usada mañana para justificar la invasión de cualquier otro país no amigable con Trump y EEUU), el objetivo del desplazamiento militar es el derrocamiento del régimen de Maduro, un régimen corrupto y asesino que bajo el ropaje del “socialismo del Siglo XXI” ha hundido la economía obrera y popular de dicho país; para reemplazarlo por un nuevo régimen con Edmundo González y María Corina Machado, cabezas de la golpista derecha venezolana, y por esa vía, adueñarse de los inmensos recursos energéticos de dicho país. Para colmo, para mejor facilitar el cambio, la Corina Machado ha sido distinguida con el “Premio Nobel de la Paz”.
Todo indica que la salida de Maduro es cuestión de días. Ninguna resistencia se puede esperar de un tirano que con la misma cobardía que ordena disparar a su pueblo se arrodilla al amo imperial. Esto significará para Trump un nuevo triunfo en su plan de sujeción y control del subcontinente.
El antiimperialismo en agenda
De todo lo anterior, deducimos la vigencia y actualidad continental de la lucha contra el imperialismo, principalmente norteamericano, bajo las viejas consigna levantadas por generaciones de luchadores, de Fuera Yanquis de América Latina. No se trata de hacernos de la vista gorda ante la presencia y saqueo que producen otras potencias, como China, y menos de verlos como progresivos como hace la mayoría de la “izquierda” stalinista y maoísta que lo apoyan, supuestamente porque sigue siendo “socialista”. Se trata de que en la hora actual quién hegemoniza ese dominio, quien interviene directamente incluso con embarcaciones de guerra, es el imperialismo norteamericano.
La situación del continente y del Perú, es resultado de su sumisión al imperialismo, relación construida por las burguesías locales en asociación con sus representantes políticos, y preservada con la colaboración de los representantes de la izquierda reformista que, renunciando a sus banderas antiimperialistas de antaño, desde los gobiernos que ocuparon u ocupan, han devenido en ejemplares implementadores de las políticas neocoloniales y neoliberales, que han profundizado dicha sujeción.
Ante esto, una verdadera alternativa revolucionaria emergerá a la cabeza de las luchas obreras y populares, explicando, agitando y organizando en la actual situación, en primer lugar y ante todo, la lucha contra el antiimperialismo, por la defensa de la soberanía de A.L. hacia nuestra segunda independencia con los Estados Unidos Socialistas de Latinoamérica; por fuera las tropas yanquis de El Caribe y de A.L., y por el retiro de todas sus bases militares. Por ruptura de los pactos militares y acuerdos suscritos como los organismos imperialistas: los acuerdos de “libre comercio”, la OMC, la OCDE, el FMI, el TIAR, el MIGA, entre otros. Y por la nacionalización sin pago bajo control de los trabajadores, de los oligopolios extranjeros de la minería, la energía, el petróleo y gas. El Perú ingresa a un nuevo proceso electoral, donde desde la derecha no solo se expresa abiertas simpatías y apoyo a la administración Trump, mostrando el futuro que nos ofrecen, y desde las opciones de “izquierda”, ni siquiera se musita una palabra contra el Imperialismo ni contra Trump. Este solo hecho muestra que las verdaderas alternativas para el país y los trabajadores no pasan por las elecciones. Pasan y se forjarán en la lucha directa, desde las calles, donde se construirá la consciencia y la organización de una nueva vanguardia política, verdaderamente antiimperialista, anticapitalista y socialista
La «Marcha nacional» del pasado 14 de noviembre se vislumbraba como un paso adelante en la lucha por la caída del gobierno Jeri y el congreso corrupto.
Sin embargo, la acción tuvo un impacto menor al que tuvo la movilización del 15 de octubre, y una actitud claramente menos beligerante que la mostrada por los asistentes en dicha oportunidad. ¿A qué se debe esta diferencia?
Camino a la jornada del 14
La convocatoria del 14 de noviembre nació como continuación de la movilización desarrollada un mes atrás, en la que la represión policial se cobró la vida de Mauricio Ruiz, ‘Trvco’.
Esta vez, coincidiendo con un aniversario de la movilización en la que el espurio gobierno de Manuel Merino acabó con la vida de Inti y Brayan, la convocatoria contó con la adhesión explícita de la dirigencia de las CGTP y de federaciones obreras como la FETRIMAP, además de la participación de algunos gremios estudiantiles como la Federación Universitaria de San Marcos.
Sin embargo, a una semana de la movilización ya se hacía evidente una diferencia con la acción del 15 de octubre. En primer lugar, el sector juvenil se mostró dubitativo. El llamado “bloque universitario” mantuvo su orientación vanguardista y no preparó la acción desde las bases universitarias, lo que se expresó, en los hechos,en una menor concurrencia estudiantil.
Por otro lado la llamada ‘generación z’, que había protagonizado algunas acciones de vanguardia durante el último momento de vida del gobierno Boluarte, y que había sido parte de la primera línea en la acción del 15 de octubre, no apareció en la forma en que lo venía haciendo.
Esta actitud, que lamentablemente no se corresponde con la necesidad de impulsar la más amplia movilización para enfrentar y derrotar al gobierno, pesó en la convocatoria final.
La clase obrera frente a la lucha contra el gobierno
En ese contexto, es digno de resaltar la actitud del Sindicato Celima, que semanas antes de la jornada peleó por hacer votar, por mayoría, una moción en la FETRIMAP de adhesión a la convocatoria.
El Sindicato, que además de tener una trayectoria de lucha solidaria con otras organizaciones obreras, ha estado presenta en las luchas nacionales de los últimos 20 años, también se hizo presente en la CGTP para impulsar una acción organizada de la clase obrera en la jornada. Sin embargo, la dirigencia de la FETRIMAP no se puso a la altura de la tarea, y más allá de convocar con un afiche, no impulsó que las bases obreras de la Federación discutan su participación en forma democrática.
Por su lado, la dirigencia de la CGTP tampoco se jugó a que los “pesos pesados” que conforman la central, como construcción civil, se hagan presentes en la movilización. El SUTEP, que el 15 de octubre había participado con una columna importante, tampoco apareció.
Lo cierto es que la actitud de las dirigencias nacionales frente a la convocatoria del 14 de noviembre pone en evidencia que su política no es enfrentar consecuente y combativamente al gobierno, hasta derrotarlo y echarlo.
El gobierno responde reforzando la represión
Por su parte, el gobierno de Jerí respondió reforzando la represión.
En el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, el gobierno envió a la policía a amedrentar a la juventud universitaria, rodeando San Marcos y la Universidad Católica, solicitando DNIs en sus puertas e incluso deteniendo a uno de los dirigentes estudiantiles sanmarquinos a la salida de la ciudad universitaria.
Un día antes, Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, miembro de Fuerza Popular, y ex ministro del interior del régimen de Alejandro Toledo, públicamente había llamado a reprimir a los manifestantes, incitando a la policía a utilizar sus armas de reglamento.
Con esto se hizo evidente que el estado de emergencia, decretado el 22 de octubre, no tenía el propósito de enfrentar a la criminalidad, como había sido presentado por Jerí. De hecho los ataques a transportistas han continuado mientras el gobierno anuncia la extensión del estado de emergencia. La realidad es que dicha medida ha tenido y tiene la finalidad de reprimir la movilización popular y juvenil que tras el 15 de octubre parecía abrir un nuevo momento de crisis análogo al de diciembre-marzo de 2022-2023.
Así, repitiendo a su manera el libreto de Dina Boluarte, Jerí quiere sostenerse hasta 2026 sobre las botas y perdigones de la represión.
Nuevamente las direcciones
Era de esperar que las direcciones del movimiento juvenil, obrero y popular, pusieran en marcha un plan, apenas pasado el 15 de octubre, para luchar por echar abajo el estado de emergencia y con él al propio gobierno de Jerí… Pero no fue así.
Renunciando a su responsabilidad, dichas direcciones retomaron su rutina de visita a los ministerios y entidades del estado, al tiempo que pusieron rumbo a la configuración de las planchas electorales con miras a abril de 2026.
Es decir, subordinaron la necesidad de continuar la lucha en forma inmediata y de tener un plan que permita la derrota y caída del gobierno, a sus cálculos electorales y dinámica de negociación con el estado.
Y por más que sobre el final incluyeran en sus convocatorias y afiches la consigna “que se vayan todos”, en los hechos no hubo ningún llamado a que las organizaciones de base realizasen asambleas y organizaran su participación el 14 de noviembre para garantizar una acción superior a la del 15 de octubre, tanto por su masividad como por su combatividad.
Con esto, le han dado carta de ciudadanía al gobierno de José Jerí, un presidente que concentra con el acuerdo de los sectores más corruptos y reaccionarios del país acuartelados en el Congreso (Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Perú Libre, Bancada Magisterial, etc.), así como la colaboración de toda la patronal, que espera ganar de esta alianza corrupta y criminal entre el Congreso y el Ejecutivo, la profundización del plan económico neoliberal, que implica eliminar más derechos laborales, carta libre para despedir y entregar con más facilidad los recursos naturales a las grandes empresas, mientras las “migajas” son devoradas por la economía ilegal, que además se transforma en criminalidad.
Una estrategia obrera y de lucha
No es posible negociar con un gobierno que representa esta alianza reaccionaria. Solo será echando abajo tanto a este gobierno asesino, como al Congreso corrupto y reaccionario, que el pueblo pobre y trabajador de nuestro país tendrá la posibilidad de abrir camino a sus más profundas reivindicaciones, como acabar con la criminalidad, garantizar trabajo estable, incremento de salarios y pensiones, recuperación de los recursos naturales, etc.
Desde el PST lo decimos con claridad: el momento actual demanda la lucha consecuente por la caída del gobierno sin depositar esperanza alguna en las próximas elecciones, que se desarrollan bajo el control de la patronal y del pacto corrupto que domina desde el Congreso.
Por eso se hace urgente discutir en las bases sindicales, estudiantiles y populares, la organización de la huelga general combativa por la caída del gobierno, que demande el encarcelamiento, juicio y sanción de los policías, militares, y políticos, como Jerí o Boluarte, responsables por la represión y asesinato de quienes salieron a luchar y nunca volvieron a casa. Y son esas mismas organizaciones de base las que deberán exigir y arrancarle a las dirigencias nacionales la convocatoria a dicha medida.
Sin embargo sabemos que hay una pregunta que siempre se plantea cuando se pone en perspectiva la caída del gobierno ¿Y después qué? ¿Quién va a gobernar?
Está claro que quienes llegan al gobierno abandonan sus ofrecimientos para abrazar el libreto de las grandes empresas, y llenarse los bolsillos con dinero corrupto. Por eso, no debemos esperar a la llegada de un ‘salvador’ en las próximas elecciones, ni por la vía de la «sucesión constitucional». Si realmente nos preguntamos qué gobierno puede responder genuinamente a los intereses y necesidades del pueblo pobre y trabajador. Qué gobierno es capaz de defender nuestros recursos naturales, recuperarlos de manos de las transnacionales mineras y petroleras, Y definir una perspectiva de soberanía nacional. Qué gobierno logrará enfrentar la criminalidad. Etc. Para nosotros esa respuesta es un gobierno de las organizaciones obreras y populares. Único gobierno capaz de garantizar la refundación del país sobre bases verdaderamente democráticas, que incluya la demandada de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Y para eso tenemos que construir una dirección revolucionaria que desde la clase obrera se proponga dirigir al conjunto del pueblo pobre hacia la concreción de su propio gobierno. Esa es la estrategia del PST, y llamamos a los luchadores y luchadoras, obreros y obreras, jornaleros y jornaleras de la agroindustria, y a los estudiantes a construir juntos este proyecto, y a ponerse al frente de la lucha por la caída inmediata de Jerí y el corrupto Congreso.
La manifestación del pasado viernes 14 de noviembre, contra el gobierno de Jerí, el Congreso corrupto, y en rechazo al asesinato del joven artista Eduardo Ruiz en la protesta del 15 de octubre, así como contra la criminalización de la protesta social por parte del Estado, fue respondida por el presidente interino del Congreso con un contundente: “habrá más represión”.
El joven, un reconocido músico de hip hop que, como miles, se sumó a la protesta de la Generación Z, no solo fue asesinado de un balazo por el suboficial Luis Magallanes –quien fue liberado a las pocas horas y erigido como héroe por el comandante general de la PNP, incitando a otros a seguir su ejemplo–, sino que además fue tildado de “terruco” por el fujimorista y ahora presidente de esa cloaca que se llama Congreso, Fernando Rospigliosi, en un intento por justificar la brutal represión de ese día.
Ahora, este mismo personaje de factura fascista –que ya fue censurado como ministro del Interior por su responsabilidad en la represión criminal de la protesta del pueblo de Ilave en Puno (2004– ha asegurado que la PNP “reprimirá todo acto violento” durante la manifestación de hoy, dejando abierta esta calificación al criterio policial. Es decir: disparen a discreción.
Esto no es casual. Lo más espurio ha llegado al gobierno en la noche del 10 de octubre, como el señor Jerí en Palacio, por el control que ejerce un grupo de familias corruptas sobre la mayoría congresal.
Este mismo Rospigliosi ha defendido proyectos para dejar inimputables a militares y policías que cometan crímenes “en defensa del Estado”, y fue él mismo quien promovió la ley de amnistía para todos los procesados por crímenes de Estado en la lucha contra Sendero.
En paralelo, el Congreso debate un proyecto para condenar a 10 años de prisión a los manifestantes que usen máscaras o indumentarias como cascos para protegerse de las bombas y los palos de la policía.
Así, no solo se santifica la brutal represión del 15 de octubre, sino que se pretende incrementarla, revelando la verdadera catadura del gobierno: un gobierno que busca titulares para decir que combate la delincuencia –la cual crece cada día–, mientras dirige sus armas contra la juventud y el pueblo trabajador que sale a manifestar por sus derechos. Todo esto sucede, nada menos, en un periodo electoral, en el que con mañas se busca abrirle el paso a uno de los candidatos de esa misma derecha cavernaria.
Y esto ocurre cuando la jornada de hoy conmemora a Inti Sotelo y Bryan Pintado, otros dos jóvenes acribillados por esa misma policía en la manifestación del 14 de noviembre de 2020 contra el golpe de Merino.
Basta de represión y criminalización de la protesta. Fuera Jerí y cierre del Congreso corrupto. Por un Paro Nacional Combativo, por una Asamblea Constituyente Libre que establezca cambios de fondo, y por un Gobierno de los Trabajadores.
A propósito de los casos Betssy Chávez y Guillermo Bermejo.
Por Federico Romero
El gobierno decidió romper relaciones diplomáticas con México por haberle otorgado asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra que era procesada por participar en el intento de golpe de Pedro Castillo. El señor José Jerí, que funge de mandatario y es muy locuaz con los grandes medios que le son adictos, salió a anunciar esta medida y dio un plazo perentorio para que la misión diplomática de México se retire del país. Al mismo tiempo, tuiteó en su cuenta de X: “Respeto a nuestra patria”. Vaya valentía de este personaje de pacotilla que puede abusar del derecho internacional de asilo, pero no puede hacer nada efectivo para combatir la criminalidad que sigue actuando con total impunidad. Y exige “respeto”, cuando este señor ni guarda respeto a las mujeres. Y de qué “patria” hablará, será la de los comechados, sinvergüenzas, corruptos y grandes empresarios que lo rodean y gobiernan el Perú. El caso de Betssy Chávez es grosero. Se trata de una perseguida política igual que lo es Pedro Castillohoy en la cárcel. Para derecha, se trata de perseguir y castigar a sus opositores incluso violentando los derechos humanos, y peor, por haber intentado cerrar su asqueroso “Congreso” que todo el pueblo pobre y trabajador repudia hasta con el alma. El asilo político es un derecho humano internacional y es la única salida que tienen los políticos perseguidos por tiranías y gobiernos autoritarios. México, en este sentido, tiene una larga tradición de asilo político, como el que otorgó al líder revolucionario León Trotsky en 1938, cuando era perseguido por el estalinismo los gobiernos capitalistas que le negaban visa por ser un revolucionario cabal, hasta que fue asesinado por un sicario. México ha rechazado el despropósito del gobierno peruano precisamente alegando esta su tradición democrática otorgando asilo a los perseguidos políticos, y reivindicando su derecho, de acuerdo a su Constitución. En este terreno, tenemos que decir que la postura del gobierno peruano representa una verdadera vergüenza internacional. Esto no debería sorprender a nadie por tratarse de un gobierno parido por un Congreso corrupto, mafioso y servil de los grandes capitalistas. Por cosas mayores, como sucede con el genocidio israelí en Gaza y por la que no solo hay ruptura de relaciones de varios países sino una movilización mundial de solidaridad, el gobierno guarda silencio cómplice. Por supuesto, lo hace comportándose como un vulgar cipayo servil del gobierno imperialista de Trump.
El caso Guillermo Bermejo
Lamentablemente, este no es el único caso violatorio de las libertades de un gobierno recién inaugurado. Ya lo sentimos en la marcha del 15 de octubre, brutalmente reprimida y con el asesinato de un balazo del joven artista Eduardo Ruiz, y con el establecimiento del estado de emergencia, útil solo para prohibir y contener las marchas de protesta. También tenemos el caso del congresista Guillermo Bermejo, que fue condenado a 15 años de prisión acusado de “pertenecer a Sendero Luminoso”, sin mostrar ninguna prueba. Bermejo es un conocido activista de izquierda más ligado al chavismo, pero es un hecho que se pretexta cualquier cosa para encarcelarlo como parte de una política de persecución de los líderes de izquierda. Por supuesto, nuestra opinión sobre Betssy Chávez, Guillermo Bermejo y la gobernante de México Claudia Sheinbaum, se hace desde la defensa de una posición democrática y de las libertades, pues no tenemos ninguna concordancia política con ellos. Llamamos a todos los sectores sindicales, populares y democráticos a enfrentar y derrotar estos arrebatos represivos del gobierno y a defender la vigencia plena de las libertades democráticas. Sin libertades, no hay posibilidad de defender nada, ni tampoco hay posibilidades de un proceso electoral transparente.
Tras la movilización del 15 de octubre, el mismo Congreso que aprobó la Ley de amnistía para policías y militares responsables de masacres y violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000, ha presentado un proyecto de ley que propone sancionar hasta con 15 años de cárcel a quienes lancen artefactos pirotécnicos contra la policía durante una acción de protesta.
El responsable directo del proyecto ha sido el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, y pretende modificar el artículo 279-C del Código Penal.
El Estado y el “uso de la fuerza”
La propuesta se sustenta, desde el punto de vista del Congreso y del gobierno, en que la Constitución indica que el «uso de la fuerza» (entiéndase de la violencia y las armas) es exclusividad del Estado, a través de la policía y las fuerzas armadas (FF.AA.). De esa manera resguardan el dominio de los capitalistas sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la cada vez más recurrente y feroz represión contra quienes protestan, ha puesto a la orden del día la creación de organizaciones de autodefensa, como la «primera línea» y las «brigadas de rescate» para defenderse de la acción policial así como de los soldados que son utilizados para reprimirnos.
Cabe recordar que la “democracia” ha hecho gala del uso de esa fuerza en reiteradas ocasiones cobrando vidas. Entre 2002 y 2021 la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Eduardo Ruiz, «Truvko», el pasado 15 de octubre, los números desvelan las “fuerzas del orden” solo sirven para enfrentar a quienes luchan, y no al crimen que crece incesantemente.
Un enroque reaccionario
Queda claro que la normativa propuesta por este congreso reaccionario apunta, en primer lugar, a la llamada “Primera línea”, nacida en nuestro país en la lucha contra Merino y que ya se ha convertido en parte integrante de las acciones de lucha de la juventud. Siendo una organización de vanguardia, y no de masas, esa «primera línea» expresa la necesidad de ir a las movilizaciones preparados para defenderse de las fuerzas represivas. Pero la patronal, el Congreso y el gobierno saben que las acciones de autodefensa de la juventud no pueden ser toleradas.
Temen que se convierta en ejemplo para las luchas obreras y populares. No debemos olvidar que ya se había presentado un antecedente de este tipo de organización durante la lucha del pueblo del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María: los conocidos «espartambos». Y que en la lucha de los trabajadores y trabajadoras del campo contra la Ley agraria (2020), tras la caída de Merino, se organizó la defensa activa de los bloqueos contra la represión policial.
Todo esto, es un desafío directo al control del Estado de las zonas en lucha y por tanto, el dominio de la patronal (la burguesía) sobre el país.
La clase obrera también ha construido organismos de autodefensa
La clase obrera no ha sido ajena a este tipo de organizaciones en el pasado. Durante la huelga general que conquistó a las 8 horas en el país (enero de 1919), el Consejo General de Huelga garantizó el control de la Ciudad de Lima así como su seguridad interna. Y en la actualidad la llamada “Guardia obrera” de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, es un eco de este tipo de organizaciones.
Los obreros y obreras tenemos derecho a compartir la conclusión a la que han arribado los jóvenes: no podemos marchar sin organizar nuestra autodefensa frente a la represión policial. Por eso es importante discutir en las asambleas la conformación de una primera línea obrera que garantice la seguridad de las columnas de nuestras organizaciones.
Y por lo mismo, debemos incorporar en nuestras banderas la lucha contra la aprobación de la ley que criminaliza la autodefensa, mientras liberan la manos a policías y militares para usar sus armas de fuego contra quienes protestamos.
Es la experiencia la que dicta que la autodefensa es un derecho y una necesidad de quienes luchamos, y no un delito.
Tras la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como presidente de transición, la situación política del país ha experimentado muy pocos cambios sustanciales. Sin embargo, destaca el hecho de que el nuevo gobierno ha logrado despertar expectativas en parte de la población, alcanzando una aprobación superior al 40%, según IPSOS, comparado con el prácticamente nulo respaldo que tenía Boluarte.
Este repunte de aprobación se debe a la estrategia de comunicación de Jerí quien ha buscado proyectar la imagen de gobierno fuerte, que combate el crimen. A través de acciones mediáticas como visitas a cárceles, operativos vistosos como el traslado aparatoso de presos de alta peligrosidad, y la declaración de estado de emergencia en varias ciudades, el gobierno ha conseguido cierta estabilidad inicial de cara a los cinco meses que restan para las elecciones generales de abril de 2026.
Estabilidad precaria: crisis económica, social y política
Pese a la aparente estabilidad inicial, esta se sostiene sobre un terreno sumamente frágil, marcado por problemas económicos, sociales y una crisis política que no deja de profundizarse, lo que plantea la posibilidad de nuevas luchas importantes o ascensos incluso en pleno proceso preelectoral. El problema de las extorsiones y el sicariato ha puesto en alerta permanente a los gremios de trabajadores del transporte, comerciantes, artistas, etc. Quienes han respondido de manera inmediata ante nuevos atentados y asesinatos, y los transportistas tienen un acuerdo gremial de “parar motores” antes nuevos asesinatos y ya existe experiencia ganada con el contundente paro del 6 y 7 de octubre, y la réplica del 4 de noviembre. Y es que el sicariato, lejos de resolverse con la política del gobierno, sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que no se detiene incluso dentro del estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal, que por más de treinta años viene golpeando la economía popular.
La desigualdad económica y social sigue creciendo
El modelo neoliberal vigente favorece profundas desigualdades económicas y sociales al entregar recursos estratégicos (mineros, forestales, pesqueros, etc.) a grandes corporaciones, mientras promueve la sobre explotación de los trabajadores; esto, al tiempo que mantiene a la mayoría de la población nacional en la economía marginal, informal y hasta en las fauces de una economía ilegal vinculada al crimen organizado.
Junto con lo anterior, el modelo también promueve un esquema tributario “promocional” de impuestos mínimos para poderosos capitalistas, lo que deja un Estado débil, sin recursos, materialmente incapaz de implementar siquiera políticas redistributivas que alivien los graves problemas sociales acumulados en salud, educación, desempleo y subempleo, medioambiente e incluso el caótico sistema de transporte y el asfixiante problema de la inseguridad ciudadana.
Mientras tanto, las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, como lo muestran por ejemplo las cifras récord de exportaciones, más de 70,000 millones de dólares, mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La polarización económica llevó en 2021, recordemos, todavía en medio de una pandemia, a que los sectores más populares se manifestaran en el terreno electoral eligiendo a un candidato antisistema que apenas gobernó un año y medio para ser vacado por los sectores reaccionarios y corruptos, quienes impusieron un gobierno represivo adaptado a sus intereses.
Mafias políticas y control institucional
Los partidos vinculados al pacto de la corrupción han usurpado el control del Congreso y del Ejecutivo, el sistema judicial y el sistema electoral, consolidando un control autoritario mediante leyes que favorecen el crimen y la impunidad; con eso se han anulado arbitrariamente juicios por corrupción; se asalta instituciones como el Ministerio Público; se da amnistía a criminales y corruptos del periodo del conflicto armado y la dictadura; junto con eso también medidas patronales como la extensión de los beneficios de las corporaciones agroexportadoras, en detrimento del fisco y de los trabajadores.
Para más detalle, las leyes pro crimen tienen como efecto concreto obstaculizar investigaciones judiciales, intervenir en procesos fiscales y permitir la participación directa de los procesados en la toma de decisiones sobre su propio caso, y en ese contexto la impunidad no solo es posible, sino que resulta institucionalizada y protegida desde el Congreso. Y dado que son leyes generales, favorecen tanto a las organizaciones criminales que actúan en el sistema político como a las mafias vinculadas con las extorsiones y el sicariato, al narcotráfico, a la minería y tala ilegal, etc.
Contra los que dicen que la economía y la política marchan por cuerdas separadas, en realidad sus beneficiarios se sirven recíprocamente. Las mafias políticas, a cambio de apoyo empresarial a su proyecto autoritario, promueven leyes patronales que perjudican más al fisco, como las exoneraciones tributarias a la agroexportación. Pero también hacen lo mismo con los poderosos de la economía ilegal, especialmente la minería ilegal, donde participan algunos partidos del sistema.
La precariedad de este régimen sin respaldo popular se evidenció con la ley del sistema de pensiones, donde la presión popular obligó a los mismos congresistas a revertir la prohibición de retiro de fondos, y también con la vacancia de Boluarte.
De modo que las masas populares, que sufrieron las consecuencias del plan económico neoliberal durante la dictadura corrupta y criminal de los noventa, y luego durante las dos décadas de gobiernos “democráticos” corruptos y represores, ahora observa cómo las grandes corporaciones empoderan a mafias políticas que ofrecen llevar el autoritarismo a otro nivel, institucionalizando la criminalización de las protestas y reprimiendo de manera violenta cualquier manifestación de descontento.
Todo este proyecto autoritario descansa hoy en día en el gobierno de transición de Jerí, que tiene el encargo especial utilizar el poder del Estado para proteger el tinglado autoritario contra cualquier amenaza, llámese las luchas democráticas, juveniles, obreras y populares, eliminar del camino cualquier obstáculo.
Expresiones del descontento social
A pesar de la expectativa generada, para amplios sectores de la población Jerí y su gobierno son ilegítimos por ser la nueva versión del pacto de los corruptos; por ser, además, el mismo Jerí, una expresión de la corrupción, involucrado en crímenes de enriquecimiento ilícito, coimas, violación, y haber sido un abanderado del blindaje a los corruptos; y, sobre todo, por usar la represión criminal de las protestas, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Esa desaprobación tiene forma de movimiento en el que convergen diferentes sectores con motivaciones democráticas (juventud universitaria, colectivos de derechos democráticos, artistas y organizaciones populares, algunos sectores sindicales, activistas de ONG y los autodenominados de la generación Z) y que tienen como banderas principales la derogación de las leyes pro crimen, fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, y, en esa línea, la caída del gobierno y el Congreso.
A la par existen los movimientos del sur que, si bien aún no recupera su grado de movilización de hace tres años, no olvida lo que fue la sangrienta represión emprendida por Boluarte con apoyo del Congreso. Lo fresca de esa memoria lo comprobó, en carne propia, el embrión de candidato ultraderechista Philip Butters, quien en 2022-2023 pidió más bala contra los manifestantes del sur y hace días tuvo el descaro de ir a Puno a pedir votos.
El descontento social y la potencialidad de las luchas es la principal amenaza de los partidos del pacto de los corruptos, tanto en el Congreso como en el gobierno. Sin embargo, la principal debilidad es la dispersión y espontaneidad, sin un plan de lucha necesario en el propósito de derrotar al gobierno y a las fuerzas del pacto de los corruptos. Esa dispersión y espontaneidad tienen claros responsables en las direcciones de las centrales más importantes y sus representaciones políticas, que prefieren ir por la senda del pragmatismo con el que trata de disimular la capitulación al actual orden de cosas, en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Además, partidos oportunistas que se reclaman de izquierda han colaborado con el fortalecimiento del autoritarismo en busca de intereses grupales y ahora descaradamente buscan el voto popular.
Disputa electoral de los corruptos
Aun cuando están unidos por el mismo fin, los principales partidos del pacto de los corruptos, el fujimorismo, el porkismo y el acuñismo, compiten entre ellos ferozmente por el poder en el terreno de las elecciones. A la fecha, los candidatos de la extrema derecha con más fuerza según las encuestas son López Aliaga y Fujimori (IPSOS, foto final de octubre), pero ambos suman apenas 16% (9% + 7%), y todos los demás candidatos suman 25%. Vizcarra, es el principal candidato de centro derecha, con 7%, y López Chau, que sería algo así como la centro izquierda, con 2%. El voto blanco y viciado nuevamente es por el momento largamente ganador con 37%, una actitud en buena medida vinculada al descontento antisistema, al temperamento del sur (la respuesta blanco y viciado es 50% en la zona del interior rural).
El bajo apoyo de la extrema derecha, pese a campañas agresivas, representa una derrota política inicial y anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo han hecho eliminando del camino a posibles competidores.
Con una valla tan baja y un bolsón de electores antisistema, los oportunistas de “izquierda” se han convertido en aliados valiosa para partidos burgueses que buscan pasar a cualquier costo a la segunda vuelta. Es el caso, por ejemplo, de José Luna Gálvez, de Podemos, que ha incorpora figuras vinculadas al gobierno de Castillo.
Las elecciones, entonces, se presentan como una trampa diseñada para favorecer a López Aliaga o Fujimori, pero si se impone el voto antisistema, podría hacerlo por cualquier otro candidato que defenderá por encima de todo los mismos intereses patronales. Sin embargo, para la clase trabajadora y las organizaciones populares no hay expectativa de cambio real en estas elecciones.
La necesidad de la lucha unitaria
Tal como los gremios de transportistas han constatado la fuerza de la unidad al “parar motores”, el movimiento juvenil, obrero y popular podrían construir con poder considerable si logra articularse en una lucha coordinada contra el gobierno y el Congreso, para hacer realidad sus banderas de lucha y enfrentar el proyecto autoritario consolidado en el actual gobierno de transición.
Hace poco menos de un mes y casi de manera sorpresiva, el Congreso vacó a la mandataria Dina Boluarte y estableció un nuevo gobierno. Para muchos, esto puede llamar la atención, pues en siete años han pasado siete presidentes por Palacio. Aunque algunos constitucionalistas atribuyen el problema a una interpretación abusiva de la Constitución por parte de la mayoría parlamentaria que habría establecido un régimen parlamentarista, la verdad es que esto sucede por una crisis estructural crónica que ya lleva una década, en la que las instituciones de la democracia burguesa están muy venidas a menos, incluida la presidencia de la República. Y la crisis estructural responde al agotamiento del modelo económico y político de capitalismo neoliberal dependiente que se estableció en el año 2000, y a la lucha que se libra entre el sector burgués y reaccionario que defiende el modelo que hace ricos a unos pocos, y el movimiento obrero y popular que le hace frente con todo lo que tiene a mano. En medio de esta lucha aguda, al no encontrarse una salida ni en un sentido ni en otro, todo tiende a descomponerse.
José Jerí, el nuevo aventurero
En este contexto, el 09 de octubre los peruanos nos acostamos con un presidente en ejercicio y despertamos con otro: José Jerí, presidente del Congreso y miembro de uno de los agrupamientos que hacen parte del pacto mafioso que nos gobierna desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, fue ungido presidente literalmente entre gallos y medianoche.
Dina Boluarte, la mandataria más impopular del mundo con solo un 3% de aprobación y depositaria del odio absoluto de la mayoría obrera y popular, fue vacada en un proceso sumarísimo por los mismos que la habían colocado y sostenido para llevar a cabo una ofensiva reaccionaria contra el alza del movimiento de masas en los últimos tres años, aceptando su transfuguismo, sus veleidades y su corrupción, como quien desecha un objeto inservible.
Al enterarse de la noticia, ese día muchos despertaron aliviados pensando que cualquiera puede ser mejor que Boluarte. En cerca de tres años de su gobierno, habíamos sufrido la cruenta represión de la rebelión del sur, donde fueron asesinados 50 pobladores; habíamos vivido la exculpación del fujimorismo y de todos sus crímenes que han marcado profundamente a las mayorías, y la reivindicación del dictador Alberto Fujimori; habíamos visto el cambio del 80% de la Constitución por una dictadura congresal que al mismo tiempo ve la demanda democrática de Asamblea Constituyente como el mismo anticristo; habíamos presenciado la copación de las instituciones del Estado por la misma mafia, para –de paso—escapar de las investigaciones por corrupción y otros latrocinios; la promulgación de una serie de leyes lesivas, como la ley forestal que atenta contra el medio ambiente y la nueva Ley Agraria que reduce a la mitad los impuestos a los empresarios agroexportadores, y, junto al colapso de la educación, salud y saneamiento, permanentes ataques contra la clase obrera con despidos selectivos y masivos dirigidos a liquidar sus organizaciones.
Pero, lo verdaderamente nuevo que pinta de cuerpo entero el signo mafioso del régimen, fue que vivimos el empoderamiento en el Congreso de los grupos empresariales vinculados a economías informales e ilegales de la minería, el narcotráfico y la tala ilegal, los que, al actuar asociados al crimen organizado, trajo también su expansión, facilitada por la inacción del Estado y la neutralización de las mismas leyes que se habían establecido para perseguirlos.
Con el aumento rampante del crimen organizado, amplios sectores y localidades del país, y especialmente de Lima, vinieron siendo puestas bajo el control de bandas extorsionadoras y criminales, agregando una nueva angustia, pero más letal, para la población ya azotada por la carestía y la falta de empleo. Así, bajo el gobierno de Boluarte se pasó de contar una muerte diaria a seis, y al año ya se superan los 1,600 homicidios, por la acción de bandas que no respetan la vida de nadie, ni de importantes personalidades de la cultura y el arte.
Esta situación ha desatado numerosos paros y movilizaciones de protesta exigiendo al gobierno medidas concretas, en especial la derogatoria de las llamadas leyes pro-crimen aprobadas por el Congreso con el objetivo de beneficiar a sus propios líderes comprometidos e investigados por corrupción, tráfico de influencias y/o lavado de activos. En marzo de este año se asesinó al popular cantante de cumbia Paúl Flores, y recientemente se atacó con metralla en plena actuación pública al grupo Agua Marina, hiriendo a varios de ellos. El cansancio ante la falta de respuestas efectivas hizo crecer las movilizaciones y el reclamo del cierre del Congreso y la caída del gobierno. Las movilizaciones llegaron a herir de muerte o dejar al gobierno suspendido en el aire, pero no lo derribaron debido a la pasividad y traición de las direcciones que optaron por convivir con el régimen.
En setiembre se inicia un nuevo movimiento, esta vez promovido por redes juveniles que se hacen llamar Generación Z (GZ), siguiendo el ejemplo de los estallidos sociales que sacuden Nepal, Indonesia, Marruecos. Esta vez motivada por el rechazo a la ley AFP promulgado por el gobierno bajo la figura de beneficiar a la población más pobre, cuando en realidad buscaba ampliar el negocio de las administradoras de fondos de pensiones, la exigencia de liberación de sus fondos y también con la demanda de «Fuera Dina» y el cierre del Congreso, a quienes se identifica como los responsables. La movilización creció y se extendió. La vacancia de Boluarte se produce el 09 de ese mes para cortar la escalada de las movilizaciones, y en particular la convocada para el 15 de octubre. No obstante, la marcha no se desinflaría, sino que se convertiría en un verdadero estallido social en contra del Congreso y de rechazo a la designación de José Jerí como nuevo mandatario.
El estallido
La movilización del 15 configura un verdadero estallido social comparable a la jornada que derrotó el golpe de Merino del 14 de noviembre de 2020. La derrota de este golpe trajo un nuevo ascenso en el país, con la huelga de los jornaleros del campo y el posterior triunfo electoral de Pedro Castillo en las elecciones de 2022, con el que los desposeídos buscaban una salida de fondo para sus demandas. El 15 de octubre la movilización, encabezada por la GZ, cubrió todo el país, desde organizaciones sindicales, universitarios, asociaciones culturales y diversos colectivos, configurando, sobre todo en Lima, un mar humano. Su demanda central era el cierre del Congreso y el rechazo a Jerí. No había celebración por la caída de Boluarte, sino bronca contra el régimen y la mafia gobernante, e indignación por la torpe maniobra parlamentaria de sacar un alfil y colocar a otro, pretendiendo engañar a la población para que no siga movilizándose, y la elección de un personaje a la medida del pacto mafioso y corrupto: José Jerí no solo era un político gris, sino que tenía denuncias por corrupción y una investigación encarpetada por violación sexual.
El nuevo presidente había jurado con un llamado a la reconciliación y unidad nacional, y prometió una transición en paz, diciendo que su prioridad sería el combate a la criminalidad. Pero solo pasarían horas para que sus promesas se las llevara el aire. La movilización fue respondida con la misma violencia de siempre: resultaron más de cien heridos, y se agregó una nueva víctima del régimen: el joven artista Eduardo Ruiz, llamado “Trvko”, que cayó bajo el impacto de un balazo. Y el recién jurado presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, un reconocido personaje de la derecha, en la misma línea del gobierno anterior, condenó la marcha acusándola de ser promovida por los “herederos del MRTA” y erigió al policía asesino en “héroe” nacional.
Así, la contundencia de la movilización terminó desnudando el carácter continuista del nuevo gobierno, y puso de su lado a la mayoría obrera y popular. La indignación por la muerte de Trvko y el tratamiento que le dieron el Gobierno, el Congreso y la Policía, produjo una nueva movilización. Pero, en parte por la inacción de las direcciones y en parte también por la relativa expectativa que ha generado la designación del nuevo gobierno, la protesta no alcanzó la contundencia de la anterior. Sin embargo, solo es el inicio de una nueva etapa de movilizaciones.
¿Qué buscan con el nuevo gobierno?
Un promedio de 45% nacional aprueba al nuevo gobierno y otro tanto lo desaprueba. Esto, siendo un logro de la mafia gobernante, no es un cheque en blanco, sino el beneficio de la duda que se da al nuevo gobierno a la espera de que cumpla sus promesas, en especial el combate a la criminalidad.
Así, con el cambio, la mafia gobernante al menos logró oxigenar al régimen y sembrar expectativas en algunos sectores, evitando una caída abrupta de Dina Boluarte y del mismo régimen.
Con el nuevo gobierno se busca descomprimir la situación para encaminar la crisis hacia la salida electoral de abril próximo. En medio de la gravedad de la crisis y la creciente movilización que se dirigía contra el régimen, no había ninguna seguridad de que dicha elección se llevara a cabo de manera ordenada y, sobre todo, en el terreno de los sectores de derecha que buscan asegurarse la victoria en dicha contienda.
Si Boluarte tenía fuertes tendencias bonapartistas, ya estaba en decadencia y más que una solución se había convertido en un problema para la propia estabilidad del régimen; incluso, para sobrevivir ya no le bastaba la represión sino entregar algunas concesiones, como el aumento general de pensiones para los cesantes del magisterio, que agrega un nuevo hueco a la caja fiscal. Con José Jerí el gobierno ha renovado las características con las que se inauguró Boluarte. Su carácter represivo ya se vio en la movilización del 15, y ahora con la detención y encarcelamiento del congresista Guillermo Bermejo, candidato presidencial de uno de los sectores de “izquierda”, acusado sin pruebas de pertenecer a SL, muestra su esencia antidemocrática.
La inseguridad
La expectativa de un sector de la población en el nuevo gobierno es por su compromiso de enfrentar el desbocamiento del crimen organizado. ¿Podrá el nuevo gobierno detener la ola criminal que nos asola? ¿Al menos, la mitigará?
El tiempo transcurrido puede ser poco para saberlo, pero ya ofrece suficientes datos para ver que solo hay más declaraciones y poses y que todo sigue igual. El gobierno ha dictado algunas normas para tomar el control de las cárceles desde donde los mafiosos organizan y dirigen sus bandas, pero su efectividad es discutible. Asimismo, volvió a establecer el estado de emergencia, que es una medida que en sí misma ya demostró que no da resultados y solo sirve para detener y reprimir las movilizaciones de protesta contra el mismo gobierno. En los primeros diez días de gobierno se han producido 54 homicidios; esto es, se ha mantenido la misma cantidad de víctimas. El asesinato de un conductor llevó hace días a una paralización con bloqueo en el Callao, y ahora se anuncia una nueva paralización del transporte para el 04 de noviembre, y una nueva jornada para el 14.
Desde el punto de vista de los que se movilizan, el problema principal es la vigencia de las leyes pro-crimen dictadas por este mismo Congreso (31990, 31989 y 32108), que en su afán por favorecer a los miembros corruptos del régimen ha relajado las medidas de persecución y la misma calificación del delito de organización criminal, y que Jerí, que votó por dichas normas y las defendió, no las va a derogar ahora. Respecto a la Policía Nacional, profundamente descompuesta por sus vínculos con las mafias criminales a quienes incluso les provee de armas, el gobierno ni siquiera ha ofrecido reorganizarlas, sino apoyarlas. Y es evidente que con normas “pro-crimen” y sin policías profesionales que respalden su accionar junto al sistema judicial, no es posible que logren nada.
El nuevo gobierno no tiene la voluntad de combatir de verdad al crimen organizado. Esto es así porque no ha cambiado la estrecha alianza entre el pacto de gobierno y los grupos económicos que manejan actividades ilegales, como la minería ilegal, la tala ilegal, la producción y tráfico de drogas, y a través de ellas su ligazón con las bandas criminales. Estos sectores ya cuentan con representación en el Congreso y en el Estado, influyen en la aprobación de normas, influyen en las fuerzas policiales y en el mismo sistema judicial. El gobierno no va a “hacer la guerra” a las bandas criminales cuando él mismo es un subproducto de las bandas criminales.
En un artículo publicado en The New York Times, que solo un afiebrado ultraderechista puede acusar de “izquierdista” o “caviar”, el periodista Will Freeman, especializado en temas latinoamericanos, publicó un artículo titulado donde afirma que en el Perú existe un poder paralelo que es el de esas mafias organizadas, y que está representado por “un puñado de las familias políticamente más poderosas”, y que ellas han formado una coalición que se arma y se desarma, para aprobar una serie de leyes que muchos peruanos denominan, de forma despectiva pero acertada, “leyes pro-crimen”, principalmente para sofocar sus propios procesos judiciales. «Estas leyes limitan las herramientas de investigación de los fiscales, protegen a los mineros y taladores ilegales y plenamente favorecen las economías ilícitas de Perú al permitirles operar sin freno…».
Y si no fuera así, la otra “salida” sería la de Bukele, salida que también ofrecen otros voceros del mismo régimen. Bukele combate la criminalidad desatando una cruenta represión con recorte de libertades y violación brutal de los derechos humanos de la población. Su ejemplo se acaba de reproducir en Brasil, en Río de Janeiro, donde el gobernador estatal realizó un operativo policial para combatir el narcotráfico, produciendo una masacre con 121 pobladores asesinados, en su mayoría negros empobrecidos.
Por donde se lo mire, no hay salida para frenar la ola criminal que se abate sobre el país, ni por la alianza que gobierna por su profunda ligazón con los criminales, ni por los opositores que ofrecen una solución a lo Bukele. El enfrentamiento a esta lacra corrosiva solo puede venir de un doble cambio: de una política económica que genere empleo de calidad y atienda las necesidades de educación, salud y saneamiento de la población, cortando así los espacios de pobreza donde la criminalidad siembra sus acciones. Y, en segundo lugar, involucrando a la propia población en el combate al crimen, incluso proveyéndole armas. Ni uno ni lo otro lo va a hacer ningún gobierno capitalista.
Por todo esto, es claro que el asecho de la criminalidad continuará y será un frente de nuevas movilizaciones y de crisis para el nuevo gobierno.
El espejismo de la economía
No obstante, el gobierno tiene un punto de apoyo favorable para su continuidad en el comportamiento de la economía nacional. Es evidente que no estamos en crisis como Argentina o Bolivia, pero tampoco estamos en “prosperidad” o gozamos de una economía envidiable como profesan los áulicos de la derecha. El boom neoliberal se terminó hace una década y desde entonces la economía nacional arrastra los pies sin generar un crecimiento sostenido ni menos llevar beneficios a la población. Este estancamiento de la economía nacional no es más que un reflejo de la crisis mundial capitalista puesto de manifiesto con el crack financiero del 2008 y la onda larga de estancamiento en la que se encuentra, afectando a los principales países imperialistas. No obstante, la liberalidad de la economía y la dura represión a las luchas que la cuestionan, resultan funcionales en la actual coyuntura. La desvalorización del dólar por la crisis de EEUU está impulsando en muchos países la sustitución de sus reservas del dólar por el oro, llevando su precio a niveles jamás vistos. En menos de un año, el oro ha subido a casi el doble (de 2,400 la onza, que ya era un precio que venía al alza, a 4,300). El cobre también se mantiene en precios históricos. La minería representa el 85% de las exportaciones peruanas, entre las que destacan el oro y el cobre. Esto hace que los ingresos nacionales de dólares, sin necesidad de hacer nada, vayan en aumento. Y al haber abundancia de dólares, su precio se deprecia, sumado a la depreciación del dólar en el mercado norteamericano, lo que crea la sensación de una moneda nacional y una economía fuertes. Lo que para las multinacionales y la burguesía ligada a la gran minería es un gran negocio, para las mayorías obreras y populares solo es un espejismo.
De hecho, esta dinámica no hace más que profundizar el carácter extractivo exportador de la economía nacional que no trae desarrollo ni empleo. El Perú se sigue desindustrializando y extendiendo la informalidad con el autoempleo y la precariedad laboral. Y a lo más, el Estado se beneficia de la renta minera para paliar el descontento social y la profundización de la desigualdad. A este fenómeno hay que agregar el crecimiento de las economías ilegales (en especial de la minería aurífera), que además de introducir una distorsión en las relaciones económicas y de trabajo, fomenta el crecimiento de la criminalidad.
De este modo, lo que se pretende desde la ultraderecha es impulsar el crecimiento con un nuevo paquete liberalizador, con privatización y más sometimiento de la economía nacional, lo que podrá significar un mayor enriquecimiento de los mismos grupos de poder, y perpetuar las condiciones de pobreza y miseria de las mayorías junto a la recolonización del país.
Elecciones amañadas
En este contexto, el objetivo de la burguesía es la salida electoral de abril próximo para la elección de un gobierno que, legitimado con el mandato popular, pueda pasar su nueva ofensiva, a lo Milei. Este, con el apoyo del imperialismo, ha vuelto a maniatar al pueblo argentino tras él, para, con motosierra en mano, barrer con las conquistas y derechos sociales, y en concreto realizar una nueva contrarreforma laboral. Al agotarse el modelo, el nuevo impulso solo puede venir de la mano de una mayor liberalización de la economía y de privatizaciones, y una mayor recolonización del país. El avance de este plan ha sido resistido por el movimiento de masas, y claramente buscó una alternativa con la elección de Pedro Castillo y la demanda de Asamblea Constituyente. La profundidad de este movimiento contra el régimen y su modelo explica la magnitud de la reacción desatada contra Castillo y contra el movimiento de masas, reprimida brutalmente. Con el nuevo régimen se han cambiado normas, se han copado instituciones y se ha desatado una ofensiva ideológica por todos los medios para cerrar brechas, buscando afirmar a la derecha en el poder e impedir la posibilidad de que surjan opciones que vuelvan a cuestionar el modelo. Ante la falta de alternativas, en particular por el fraude que han significado todas las alternativas de “izquierda”, desde Susana Villarán que está en la cárcel por corrupción y el ruinoso gobierno de Castillo que ni siquiera pudo otorgar una concesión importante al movimiento de masas, hasta el comportamiento de la importante bancada de izquierda, que convive con el odiado régimen, y con corruptos y vividores de baja monta como la congresista que usa a sus asesores para que le corten las uñas del pie en su oficina, el plan reaccionario ha ganado apoyo en sectores de la clase media.
El ajuste que se busca es viabilizar proyectos mineros que están frenados por el rechazo de la población, retirar más derechos laborales y mejorar la ganancia capitalista con medidas como la reducción del impuesto a la renta a los agroexportadores. Ante esto, si bien la “izquierda” ha visto mermadas sus posibilidades de capitalizar el profundo descontento popular, la radicalización de amplios sectores puede identificarse con otros candidatos burgueses, pero de centro. Esto es precisamente lo que buscan evitar los sectores de derecha que usufructúan el poder. En esta línea, ya algunos candidatos con importante aprobación han sido impedidos de postular, como Vizcarra y Antauro Humala. Pero más que esto, necesitan controlar el proceso para asegurar la elección de uno de sus candidatos para hacer lo que hace Milei. Este es el objetivo principal del nuevo gobierno.
La clase obrera y el movimiento de masas
La crisis general tiene otro actor en el centro de los acontecimientos: la lucha y acción de las organizaciones obreras y populares. Pese a circunstanciales retrocesos y derrotas parciales, ellas no han dejado de luchar, y más que la conquista de reivindicaciones, ellas han ganado en nivel de combatividad, en la construcción de organismos autónomos e independientes por la base, y la construcción de formas de autodefensa y preparación para la lucha callejera. Y no han alcanzado sus grandes objetivos, por ejemplo, el triunfo de la rebelión del 2022-2023 y de la lucha por la caída de Boluarte en los últimos tres años, debido a la traición de las direcciones mayoritarias.
La vanguardia de las luchas sigue siendo el sur andino, radicalizado contra el régimen en torno a la demanda de Asamblea Constituyente y a la figura de Pedro Castillo. No por casualidad comprende al sector más empobrecido del país y el más afectado por las actividades mineras y el sector de mayor tradición de lucha.
Últimamente, durante la lucha contra Boluarte, han surgido nuevos movimientos. En primer lugar, de transportistas, trabajadores de mercados y comerciantes de los conos populares, en lucha contra la criminalidad, y han realizado grandes movilizaciones y paralizaciones. Luego surgió la llamada GZ, comprendiendo colectivos de jóvenes y trabajadores precarios, organizados a partir de reclamar la liberación de los fondos de AFP y que ha escalado a cuestionar al régimen y al gobierno. A estos sectores se suman universitarios y diversos colectivos.
El gran déficit de estas grandes luchas y movilizaciones es el retraso de la clase obrera. Ella, de manera parcial, solo ha acompañado y acompaña esas luchas, cuando debería colocarse a su cabeza y liderarla hasta el logro de sus aspiraciones. El movimiento de masas tiene la fuerza de su espontaneidad, pero la clase obrera tiene la fuerza de su organización y puede paralizar la economía, que es la que genera la ganancia capitalista. No sucede así por la tutela que ejerce sobre ella las direcciones burocráticas y conciliadoras, que hacen todo lo posible para mantener su acción dentro del plano reivindicativo cuando no defensivo, que por su naturaleza es por base y encasillada en lo legal. Es esa misma burocracia la que se da la mano con la patronal para frenar e impedir el surgimiento de una nueva dirección de clase.
Así, de conjunto, la lucha de clases ha avanzado y su norte sigue lleno de posibilidades, en particular para el surgimiento de un fuerte movimiento obrero que asegure el camino de la victoria de los oprimidos y explotados.
Por un programa alternativo para las luchas
En el cuadro descrito, se deriva la necesidad de vertebrar un programa alternativo que represente una verdadera salida para el país y las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo pobre. Un programa que tenga como objetivo fortalecer la movilización y la lucha, su independencia política y organizativa, la elevación de su consciencia y la confianza en sus propias fuerzas, y claramente delimitado del oportunismo y reformismo que con su estrategia electoral han pasado a ser la pata izquierda del régimen y se juegan a preservarlo haciendo parte de él desde el Parlamento y el Gobierno.
Este programa debe considerar los siguientes puntos esenciales:
1. Fuera José Jerí y cierre del Congreso. Las elecciones no son una salida porque son organizadas bajo un régimen antidemocrático y corrupto. Además, en ella los trabajadores no tenemos una alternativa independiente y de clase. La verdadera salida es la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y Libre, que refunde al país como nación soberana, independiente y democrática, que rompa todos los tratados que nos mantienen sujetos al Imperialismo, y que nacionalice los grandes recursos naturales como la gran minería y las grandes empresas para ponerlos al servicio de las mayorías oprimidas y explotadas. Esta salida solo se puede lograr mediante el fortalecimiento de la lucha y la movilización nacional, y de una huelga general organizada desde los organismos de la clase obrera.
2. Combate efectivo a la criminalidad e inseguridad. No al Estado de Emergencia, derogatoria de las leyes pro-crimen, control de las cárceles por representantes de las organizaciones populares. Disolución de la Policía Nacional, cómplice de la criminalidad y solo buena para reprimir y balear a las protestas. Por la autoorganización popular para enfrentar la criminalidad estableciendo sistemas de vigilancia y seguimiento, y poniendo en pie brigadas de autodefensa con armas provistas por el Estado. No podemos dejar que nos sigan matando. Tampoco podemos esperar que el Estado vinculado a la criminalidad nos proteja. Tenemos derecho a defendernos y a enfrentar con las armas al crimen organizado hasta derrotarlos.
3. Por cárcel para Dina Boluarte, de todos los responsables de la masacre del 2022 y 2023 y del asesinato de Eduardo Ruiz, símbolo de la juventud luchadora. Por la derogatoria de las leyes que permiten el gatillo fácil y de la norma que amnistía a los procesados por las masacres en la lucha antisubversiva de 1980 al 2000.
4. Por aumento general de sueldos y salarios acorde al valor de la Canasta Básica Familiar, por la abolición de la norma de ceses colectivos que permite los despidos masivos, por la estabilidad laboral y supresión de toda forma de trabajo precario: services, contratas, CAS. Por la defensa del trabajo en las empresas que cierran, mediante su nacionalización y puesta bajo control obrero.
5. Abajo la nueva ley agraria 32434 que reduce a la mitad los impuestos a las empresas mientras mantiene precarizado y sin derechos laborales a los trabajadores agrarios y jornaleros del sector agro-exportador. Por crédito barato, obras de infraestructura y precios justos para los pequeños agricultores.
6. Por presupuesto para obras sociales, infraestructura educativa, de salud y saneamiento, y un plan de obras públicas que genere empleo masivo, financiado con un impuesto a las ganancias de las grandes empresas y las grandes riquezas.
7. Por un Gobierno de los Trabajadores basado en las organizaciones obreras y populares, que aplique este programa.
Necesitamos construir una verdadera dirección revolucionaria
Para llevar adelante la lucha por este programa, necesitamos poner en pie una verdadera dirección y organización revolucionaria, obrera, juvenil y popular.
Esta organización debe llevar adelante la lucha por este programa, agitando las reivindicaciones planteadas y levantar la confianza y moral de los luchadores y luchadoras, educando a la vanguardia y a la clase en su independencia política, y organizando de entre sus filas a los mejores luchadores y luchadoras para desplazar de la conducción de las organizaciones a los burócratas, reformistas y oportunistas y avanzar en la construcción de una verdadera dirección y organización revolucionaria.
El PST, que ha cumplido 51 años luchando, haciendo parte de las luchas históricas libradas por la clase obrera y nuestro pueblo, y que hereda una bandera sin mácula, da la batalla por construir esa dirección, volcando todas sus energías a trabajar en el seno de las organizaciones obreras y populares.
