El momento político y la clase obrera

Por Víctor Montes

Las paralizaciones y movilizaciones encabezadas por los transportistas los días 26 de septiembre, 10, 11, 12 y 23 de octubre, han abierto un nuevo momento político en el país.

Con los paros y movilizaciones, la acción directa de los sectores populares se ha colocado en el centro de la situación política, mientras el gobierno asesino de Dina Boluarte, así como el Congreso reaccionario, se muestran absolutamente incapaces para solucionar las demandas urgentes de la población, comenzando por enfrentar el accionar del crimen organizado.

De ahí que el movimiento, compuesto por transportistas, choferes, comerciantes pequeños y medianos, mototaxistas, jóvenes estudiantes y trabajadores, mujeres, hombres, niños y ancianos…  rápidamente haya escalado en sus demandas, exigiendo ahora la caída del gobierno y convocando de inmediato a una nueva paralización los días 13, 14 y 15 de noviembre, en plena realización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Tan amplia es la simpatía que ha ganado la movilización, que incluso la burocracia sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el Partido Comunista (PCP-U), se ha visto obligada a reubicarse y plegarse a la nueva convocatoria, llamando a las bases sindicales a movilizarse (pero no a parar).

Con este cambio de orientación, la dirigencia de la CGTP quieren evitar quedarse fuera del movimiento, e intentar controlarlo para utilizarlo como carta de negociación con el gobierno, que es su política fundamental.

Prueba de esto es que, ante el paro de transportistas del 23 de octubre pasado, la CGTP por medio de su base más sólida, la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, convocó a una movilización “por la paz” para el día siguiente, 24 de octubre, junto a la patronal de la construcción, dividiendo una vez más la lucha, y pidiendo al gobierno atención a sus demandas, cuando la movilización del 23 gritaba la caída de Boluarte.

La respuesta del gobierno

Por su parte, el gobierno también ha percibido el odio de la población, y sabiéndose incapaz de resolver las exigencias planteadas, ha redoblado el discurso represivo iniciando una campaña para tildar de “traidores a la patria” a quienes convocan el paro.

Para tomar control de las calles de Lima y Callao, ha dispuesto la salida de 8200 efectivos de la Policía Nacional (PNP) y 5000 de las Fuerzas Armadas los días del APEC. Y para que no quepa duda sobre su vocación represiva, ha anunciado que enviará un proyecto de Ley al Congreso para que los policías y militares que hieran o maten a alguien “en cumplimiento de su mandato constitucional”, sean juzgados por el fuero militar, y no por el civil, donde hoy se les juzga.

Y el Congreso, jugando “en pared” con Boluarte, aprobó el 6 de noviembre último una norma que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, para que la fiscalía no pueda solicitar detención preliminar o prisión preventiva para los policías que, haciendo uso de su arma de fuego, causen lesiones o incluso la muerte.

El Congresista Víctor Flores, de Fuerza Popular, argumentó durante el debate parlamentario que el objetivo de la norma era que la policía, “pierda el temor” de usar su arma, incluídos “los días de franco o si está de vacaciones”. La intención es clara.

Urge que la clase obrera ingrese a la pelea

Un número indeterminado de trabajadores y trabajadoras viene haciendo parte de las movilizaciones. Sin embargo, la inacción de las dirigencias nacionales y los sindicatos, provoca que su participación se realice en forma espontánea y sin vincular sus banderas, como la lucha contra los ceses colectivos o por el aumento de los salarios, entre otras, con las del resto del pueblo.

Esto es un problema pues, desde el punto de vista de la lucha inmediata de la clase trabajadora, se viene perdiendo la oportunidad de colocar la agenda obrera en la palestra nacional, de la mano con las demandas de los sectores populares de todo el país.

Hay que construir una alternativa obrera y revolucionaria desde la lucha

Pero además, el momento político reabre un debate necesarísimo: ¿cuál es la perspectiva política que debe tomar el país? El levantamiento del sur contra Boluarte y el Congreso, durante los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023, respondió a esta pregunta con un programa democrático radical: salida inmediata del gobierno y el Congreso, convocatoria a una Asamblea Constituyente y elecciones generales. Con esto, los pueblos del interior y particularmente del sur del país, expresaron su vocación de cambiarlo todo, apuntando a lo político como tema fundamental.

Sin embargo, hoy, las luchas que recorren las calles no han construido una expresión de ese deseo. Y carentes de una dirección política revolucionaria, y más aún, obrera, se corre el riesgo de que la lucha quede a merced de aventureros reaccionarios y autoritarios, que ofrezcan más represión y xenofobia – la famosa “mano dura” que tantas veces ha encandilado a un Perú “aficionado” a los militares- como fórmula para ganar votos. Represión que, como siempre sucede, solo terminarían cebándose contra la organización y movilización obrera y popular.

Por eso se hace urgente que la clase obrera se sume y tome las banderas de la movilización, pero dándoles un contenido de clase frente al Estado y su represión. Solo una dirección obrera y revolucionaria, puede encaminar la movilización obrera y popular hacia la caída, no solo de Boluarte, sino de toda la corrupta democracia patronal y a sus partidos políticos que mantienen relaciones simbióticas con las más altas esferas del crimen organizado, y recuperar el país del modelo económico neoliberal de Odebrecht y compañía.

En este sentido, buen ejemplo nos han dado los trabajadores de Celima que, enfrentando en las calles el proceso de cese colectivo que les viene imponiendo la empresa, salieron el 23 de octubre a denunciar al gobierno y a impulsar la realización de un paro nacional combativo y efectivo, en todas las fábricas minas y centros laborales del país. Ese es el camino que debe seguir el conjunto de la clase trabajadora, que sufre día a día, junto al abuso y la prepotencia patronal, los embates de la criminalidad.

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