Castillo ha mantenido entre sus propuestas la de convocar a un referéndum para poner a consulta la posterior convocatoria a una asamblea constituyente.
La necesidad de echar por tierra la Constitución de la dictadura, que borró de un plumazo derechos fundamentales como el derecho a la estabilidad laboral, no puede estar en discusión.
El ejemplo de Chile, que a partir del poderoso levantamiento obrero y popular de octubre de 2019 impuso la necesidad de tener una nueva Carta Magna, ha dado nuevos bríos a este tema.
Sin embargo, dos grandes problemas se evidencian en la propuesta de Castillo.
El primero es que el propio Castillo se ha comprometido a “respetar la Constitución” de la dictadura, y utilizar sus propios mecanismos para convocar a la Constituyente.
Con esta postura, Castillo se somete a los mandatos de la patronal, defensora a capa y espada de la actual Constitución, y a su mayoría parlamentaria.
Así Castillo renunció a convertir su propia elección en un referendo en sí mismo, levantando la propuesta de que, de salir elegido, se convocaría inmediatamente a una Asamblea Constituyente.
El segundo problema, y mucho más importante, es para qué se debe imponer una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.
Desde el punto de vista de la izquierda moderada, reformista, la Constituyente debe servir para “democratizar” el Estado. Esto es, reconocer nuevos derechos democráticos a las poblaciones originarias, a las mujeres, a los sectores LGTBIQ, y otorgar al Estado un carácter regulador de la economía.
Nada de esto es cuestionable. Pero como demuestran estos 200 años de vida republicana, el que la Constitución reconozca más derechos, no ha cambiado la situación de desigualdad y miseria en la que millones de peruanos y peruanas del campo y la ciudad vivimos.
Nosotros planteamos, por eso, que democratizar la sociedad comienza por transformar las bases económicas sobre las que se asienta el país, comenzando por conquistar nuestra segunda y verdadera independencia del dominio imperialista. Esto es, una Constitución que dictamine:
1. Recuperar nuestros recursos naturales para recuperar nuestra soberanía: nacionalización (expropiación) sin indemnización de las mineras, petroleras, gasíferas, pesqueras y forestales, bajo control de sus trabajadores. Desconocimiento de la deuda pública.
2. Garantizar el trabajo: prohibición de los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta de labores. Expropiación de las empresas que despidan. Fin a los contratos modales, tercerización, services y contratas ¡Estabilidad laboral!
3. Jubilación universal: sistema de pensiones único, público financiado con impuestos a las grandes empresas.
4. Revolución agraria: expropiación de las agroindustrias y distribución de las tierras entre quienes la trabajan. Tecnificación de la producción del campo. Crédito garantizado por el Estado.
5. Fin a la violencia contra la mujer: derecho a la autodefensa de las mujeres contra la violencia machista. Igualdad salarial, educación sexual científica y laica desde las escuelas, financiamiento con impuestos a las grandes empresas de un plan de entrega de métodos anticonceptivos gratuitos a toda persona en edad reproductiva. Derecho al aborto seguro, libre y gratuito.
6. Expansión de los derechos democráticos: Consulta previa vinculante y reconocimiento del derecho a la autodeterminación para los pueblos originarios. Derecho a la
7. Democratización del Estado: elección popular de todos los cargos públicos, incluidos jueces y magistrados. Derecho a revocar a todos los funcionarios elegidos en cualquier momento. Salario igual al de los maestros y maestras de escuela pública para todos los funcionarios. Reconocimiento del derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares.
8. Pleno financiamiento de la salud y la educación: impuestos a las riquezas y las ganancias de las grandes empresas. Nacionalización de la banca.
Estas, y muchas otras nacidas de las necesidades urgentes del pueblo trabajador y pobre, deben ser las banderas de una constituyente por la cual salir a luchar. Y son las banderas que ni Castillo, ni la izquierda reformista, levantan.
Por eso, una nueva Constitución solo puede venir de la mano de la lucha, de la movilización general del pueblo trabajador. Debe nacer de un gran paro nacional combativo, en la perspectiva de la huelga general de todo el pueblo, como demostró el poderoso paro del 19 de julio de 1977, que derrotó a la dictadura militar y la obligó a convocar a la Asamblea Constituyente, o como ahora ha hecho el pueblo chileno, que en base a su movilización ha arrancado esa misma convocatoria, abriendo paso a que participen de la Constituyente nuevas organizaciones, distintas a los partidos tradicionales del régimen democrático corrupto. Lo mismo ocurrió aquí con el FOCEP, por ejemplo, en el 1978.
