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Retorna la lucha contra el gobierno y el Congreso

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El reciente 12 de junio, la Junta de Fiscales Supremos se pronunció para rechazar el proyecto de Reforma que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la “defensa de la democracia y el Estado de Derecho”. Varias ONG y partidos acogieron ese llamado, mientras organizaciones sindicales y populares anuncian movilizaciones contra el gobierno y el Congreso, lo que abre la perspectiva de una lucha que el PST hace suya. La situación exige de parte de las centrales un plan de lucha nacional que permita que esta voluntad popular se cumpla.

La línea autoritaria del gobierno y el Congreso comenzó con la impunidad de los asesinatos, la criminalización de la protesta social y el blindaje de Dina Boluarte y muchos congresistas. Muchos creyeron que podían soportar al gobierno hasta el 2026, pero los hemos confirman que los costos son inaceptables y amenazan libertades y derechos fundamentales; la bicameralidad y la reelección de congresistas fueron impuestos contradiciendo la voluntad popular expresada en referendo; y los movimientos políticos regionales fueron inhabilitados para reforzar el monopolio de los partidos corruptos en la representación política.
El indulto a Fujimori fue otra muestra de autoritarismo. Además, el Congreso está copando otras instituciones del Estado con la finalidad de asegurar por lo menos dos de sus principales y más urgentes prioridades: 1) Impunidad en los procesos penales que enfrentan los líderes de los partidos en el poder, especialmente Keyko Fujimori, y 2) Control del próximo proceso electoral para obtener ventaja y asegurar su permanencia en el poder.

El pacto de los corruptos avalado por la patronal

Los principales partidos del fujimorismo y los partidos más derechistas como principales aliados lograron alinear a otras bancadas significativas, incluidos Perú Libre y Bloque Magisterial, a cambio de concesiones menores. Es el llamado “pacto de los corruptos” que sostiene al gobierno para sostenerse a sí mismos, y cuentan con el apoyo de los sectores empresariales.
En efecto, el gobierno de los corruptos es la forma que ha tomado la política patronal por capturar completamente la conducción del Estado. Primero fueron los intentos aislados del fujimorismo de imponerse sobre el gobierno de PPK y luego sobre Vizcarra, quien más bien terminó cerrando el Congreso, aunque el nuevo Congreso logró vacarlo para imponer al gobierno usurpador de Merino que solo duró una semana, cayendo bajo una combativa movilización.
Esta correlación cambia durante el proceso electoral de 2021, cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con un programa y un discurso que amenaza algunos cimientos del dominio neoliberal. La burguesía descarga en esa ocasión su primera ofensiva atacando la candidatura de Pedro Castillo y volcando todo su apoyo a la procesada Keyko Fujimori, y el resultado fue una derrota para ellos; la segunda ofensiva fue contra el gobierno de Castillo, primero desconociendo su victoria y luego hostilizándolo permanentemente con intentos de vacancia.
La tercera ofensiva es la que está en marcha, con la imposición a sangre y fuego del gobierno de Boluarte sin convocatoria a elecciones generales inmediatas.
Entonces, el objetivo de la ultraderecha y la patronal que la respalda es tomar el control del régimen “democrático” por la vía electoral, para imponer una situación que destrabe definitivamente los proyectos mineros y se implementen nuevas reformas neoliberales, y una represión más ofensiva, libreto que ya se experimentó en la coyuntura 2022-2023.

De vuelta a las calles

Pese a los pronunciamientos de varios partidos en defensa de la democracia no se ve hasta el momento un plan de acción concreto para hacer efectiva la caída del gobierno; el eje de su política es tocar las puertas de las instituciones internacionales y hacer llamados a la conciencia de los sectores patronales que apoyan el pacto de los corruptos, y siguen enfocados en su estrategia electoral que implica esperar al 2026.
Es clave recordar que esos sectores, reformismo de izquierda y centroderechistas, tuvieron el control político después de la caída de la dictadura fujimorista, y son los responsables de haber empantanado esa revolución y mantener la Constitución de 1993, lo que hizo posible la continuidad del plan neoliberal impuesto por la dictadura. La falsa creencia de que eso iba a abonar en favor de la modernización del Estado, de la institucionalidad democrática y de los derechos democráticos de la población, fue comprobado por experiencia propia por la gran mayoría de peruanos y es justamente la causa del descontento social y la crisis de fondo.
La crisis política que se vive desde el 2016, es en gran parte la expresión del fracaso de ese proceso. Y ahora, ante el debilitamiento de aquellos sectores políticos y la ausencia de una alternativa de clase, quienes se han fortalecido con la crisis son los sectores más derechistas.
En contraste con esa política, los sectores obreros y populares vienen impulsando la lucha en las calles y anuncian reeditar la marcha de los cuatro suyos del año 2000 hasta poner fin al gobierno y el congreso. Ante esa situación, las direcciones políticas y sindicales tienen responsabilidad en viabilizar un verdadero plan de lucha nacional que haga cumplir la voluntad popular.

Argentina: Abajo la Ley Bases y el plan de Milei

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Por Dirección Nacional del PSTU / junio 13, 2024

El Gobierno viene acumulando escándalos. Desde la escasez de gas hasta los alimentos almacenados que no son entregados a los comedores populares, mientras vencen. Pero Javier Milei y compañía insisten en mostrarse triunfantes, dando estadísticas difíciles de chequear, y prometiendo resultados en el corto plazo.

La llamada “desaceleración” de la inflación parece haber alcanzado su techo. Con un dudoso 5% de inflación mensual, más toda la pérdida acumulada del poder adquisitivo, garantizar el alimento se vuelve cada vez más dificultoso para las familias obreras. A esto le sumamos el aumento en las tarifas desde junio y en el transporte que se vienen a futuro. También aumentan los crímenes de odio, como el lesbicidio en Barracas, que se llevó la vida de tres compañeras.

Hace un mes tuvimos la gran marcha educativa, después del paro contundente de la CGT. La provincia de Misiones se incendió al empalmar el conflicto estatal con un levantamiento de la Policía. Sin embargo, hoy la victoria parece lejana. El ajuste nos sigue golpeando. La Ley Bases está por ser discutida en el Senado (y probablemente aprobada). Y el Gobierno sale a la caza de las organizaciones sociales, llegando al punto de allanar el local del Partido Obrero. Todo mientras la Justicia persigue a luchadores como nuestro compañero Heber Hernández.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Está pregunta nos la hacemos día a día entre quienes compartimos la trinchera contra el Gobierno. Y es lógico que sea así. Con ajuste violento, pero mucho menor al que sufrimos hoy, corrimos a botellazos a la burocracia de la CGT en el 2017, porque no ponían fecha de paro. Y meses más tarde, tuvimos una batalla campal en Plaza Congreso contra la Policía, mientras se votaba la Reforma Jubilatoria.

En el medio tuvimos el Gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el cual despertó expectativas en muchos de los sectores que venían de enfrentar a Mauricio Macri. Pero una vez más los trabajadores se vieron defraudados. Es ahí donde entró Milei, planteando un programa que, en apariencia, era distinto a lo que se venía haciendo. Y lo hacía con un discurso antipolítica. Cuestionando los privilegios de la “casta”.

Esto mientras que ni el peronismo, que estaba en el Gobierno, ni la izquierda, plantearon una salida radical a los problemas cotidianos de los trabajadores.

Hoy existe un núcleo duro que sigue apostando al Gobierno. Hay quienes empiezan a desconfiar, pero tantas decepciones les han llevado a una sensación de apatía. Y también están quienes esperan el llamado de sus dirigentes, que llamaron al paro días después de que se aprobara la Ley Bases en Diputados. Dirigentes que no han convocado a ninguna medida posterior. Dirigentes que negocian con el Gobierno las reformas para no perder sus privilegios, mientras al pueblo trabajador nos quitan lo poco que nos queda.

Con estas direcciones no vamos a ningún lado. Necesitamos nuevos y nuevas dirigentes que desplacen a estos dinosaurios atornillados al sillón. Mientras tanto, debemos tomar en nuestras manos las eventuales medidas nacionales de lucha que convoquen, para ir más allá de sus intenciones de garantizar la gobernabilidad de Milei.

Lo que Argentina necesita es una Revolución Socialista

Más allá de las disputas, las diferencias, y las peleas en el Congreso, hay un consenso entre los grandes empresarios y sus representantes, el Gobierno, y los partidos burgueses de oposición como el radicalismo, y el propio peronismo. Ese consenso es la Reforma Laboral.

El capitalismo argentino necesita sacarse de encima muchas de las conquistas históricas de los trabajadores para seguir funcionando. Esto obedece a la lógica empresarial en que la ganancia está por encima de todo. De la crisis salen los empresarios, aumentando sus utilidades a costa de nuestro sudor y nuestra sangre.

Como bien decía Manolito en las tiras de Mafalda: “nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás”. Milei intenta vendernos a los empresarios como “benefactores sociales”. Pero a lo único que benefician es a sus propios bolsillos.

Entonces tenemos que romper este ciclo de decepción. Hace falta que construyamos una nueva alternativa, tanto a la ultraderecha de Milei, como al peronismo, que viene acumulando decepciones.

Es necesario construir un programa de ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las multinacionales y los grandes empresarios. Un programa que ponga los recursos de nuestro país al servicio del pueblo trabajador, garantizando educación, salud, vivienda, trabajo y esparcimiento de calidad.

Nuestra tarea en este momento es construir este programa junto a los activistas que están enfrentando el plan del Gobierno en todas las trincheras. En las luchas salariales. En las peleas por los derechos de las mujeres, de la comunidad migrante y LGBTI+. En la lucha contra la persecución y prisión a los luchadores populares.

Ponemos nuestras humildes fuerzas a disposición de esta tarea, pues los trabajadores necesitamos entender que otra salida es posible, que no debemos resignarnos al hambre, a la desocupación, a la represión. Que podemos organizar y planificar una economía a nuestro servicio, producir lo que realmente necesitamos y como distribuirlo. Tenemos la labor de presentar un nuevo horizonte a esta realidad tan convulsa.

Un programa para defender a los trabajadores, el pueblo y la naturaleza, y no a los multimillonarios capitalistas

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mayo 19, 2024
Por: Redacción Opinião Socialista, Brasil

Al cerrar esta edición, Lula acababa de anunciar una serie de medidas para ayudar a los afectados por la catástrofe en Río Grande do Sul. A pesar de que en su discurso habló de un supuesto “Plan Marshall” (en referencia al plan de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial), lo que tenemos, al menos hasta ahora, son medidas extremadamente insuficientes para reparar las pérdidas de trabajadores y pequeños empresarios, y también para defender la naturaleza.

Al contrario, son medidas que favorecen mucho más a los mismos multimillonarios capitalistas responsables por la catástrofe.

Durante una visita a la ciudad de São Leopoldo, Lula anunció la concesión de 5.100 reales, en una sola cuota, a las familias afectadas por las inundaciones, algo que costaría alrededor de 1.200 millones de reales. También anunció la disponibilidad de nuevas viviendas para las familias de bajos ingresos, en las franjas 1 y 2 de “Minha Casa, Minha Vida”, que alcanzan un ingreso familiar de hasta R$ 4.400. Para otros rangos de ingresos, solo determinó la suspensión del pago de las cuotas por hasta seis meses.

Mientras tanto, para las medianas empresas se estudian ayudas de 4.000 millones de reales. Y para las grandes empresas, se habla de R$ 4.500 millones.

Las medidas de Lula son insuficientes
Mientras la extrema derecha bolsonarista difunde fake news, el alcalde bolsonarista Sebastião Melo (MDB) propone, para las personas sin hogar, viviendas temporales de lona, ​​cercadas por el Ejército, además de la contratación de una empresa norteamericana, indicada por Moro, para llevar a cabo la reconstrucción, en la línea de lo que hicieron en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina.

El gobernador Eduardo Leite (PSDB) llegó incluso a quejarse de las donaciones realizadas al pueblo gaúcho, que, según él, podrían “perjudicar el comercio local”.

Sin embargo, las medidas recientemente anunciadas por Lula no son suficientes para reparar las pérdidas de la clase trabajadora y de los pequeños empresarios y reconstruir el Estado para evitar que esta catástrofe se repita.

La razón es que sus medidas, al fin y al cabo, benefician mucho más a las grandes empresas, bancos, constructoras e incluso megaempresas del agronegocio, responsables de la devastación ambiental. Empezando por el hecho de que no proponen la cancelación de la deuda de Rio Grande do Sul y mantienen el pago de la deuda de la Unión, el Marco Fiscal y todo el mecanismo de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exigirá, en el futuro, cortes en el gasto aún más grandes.

Rio Grande do Sul ya estaba endeudado, en una verdadera sangría, que creció 13% en 2023 y hoy suma R$ 92,8 mil millones. Se trata de un mecanismo que ayuda a alimentar el sistema de pago de la deuda pública de la Unión, que, sólo en 2023, desembolsó 1,89 billones de reales, entre amortizaciones y pagos de intereses a los banqueros.

La mera suspensión de la deuda del Estado con la Unión sólo retrasaría la cuestión, ya que, en el futuro, esa misma deuda se volvería a cobrar y a costa de lo ya se viene haciendo: ajuste fiscal y un plan neoliberal. Cosas que ayudaron a producir la mayor catástrofe climática del país.

Mucho para pocos, poco para muchos
Si las medidas de emergencia anunciadas recientemente por el gobierno ya expresan enormes desigualdades, como los 4,5 mil millones de reales para las grandes empresas, mientras que los más pobres recibirán el equivalente a 1,2 mil millones de reales, en un pix [transferencia] de 5.000 reales que ni siquiera reponen en los hogares los electrodomésticos y muebles arrastrados por la lluvia, lo mismo puede decirse de las medidas ya anunciadas.

Las grandes empresas y los multimillonarios agrícolas presionan para obtener aún más exenciones y utilizarán la tragedia que ellos mismos ayudaron a crear para tener más exenciones y como justificación para despedir, reducir costos y lucrar aún más encima de la destrucción de millones de personas.

Se trata de justicia. ¿Reparación o endeudamiento?
Las medidas recientemente anunciadas por Lula dejan fuera a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que perdieron todo a causa de la catástrofe.

¿Qué pasa con un jubilado, un obrero, un maestro, una enfermera o un empleado de banco, que, con gran dificultad, adquirió una propiedad o un automóvil, después de 20 o 30 años de trabajo, y que vio todo perderse en medio de la inundación, cuya responsabilidad recae en los capitalistas del agronegocio y también en los gobiernos?

Con las medidas presentadas hasta ahora, los “de abajo” no solo no tendrán de vuelta lo que perdieron, sino además saldrán de esta crisis endeudados, debiendo al banco o a la MRV, la empresa que maneja las obra de “Minha Casa, Minha Vida” en el Estado.

Es necesario garantizar ayuda inmediata y de emergencia, pero también es necesario garantizar indemnizaciones por todas las pérdidas de los trabajadores y trabajadoras que vieron sus propiedades, sus coches, sus motos ser llevados ​​por las aguas; o del pequeño empresario, que perdió su establecimiento, su stock o su maquinaria.

No puede ser una “ayuda” como una línea de crédito, para que este trabajador tenga que pagar otros 30 años por una casa que le llevó 20 años comprar. Es necesario devolver los bienes perdidos por el trabajador o por el pequeño empresario.

Esto no es un favor. Se trata de justicia. Por una reparación justa. Porque esta catástrofe tiene responsables, tanto por la devastación ambiental como de la falta de prevención y verdadera deforestación y falta de mantenimiento de las estructuras de protección, como en el caso de Porto Alegre.

La exigencia de reparación de sus muebles, electrodomésticos, etc., de su vivienda, si quedó destruida, de su pequeño negocio, por lo tanto, es un derecho fundamental. Y quienes deben pagar todo esto son los que tienen mucho dinero, que son los que lucraron con la devastación ambiental, preparando el desastre para la mayoría. Los mismos que ahora quieren volver a lucrar con la reconstrucción.

Medidas urgentes para socorrer a la población afectada
Es necesario garantizar asistencia inmediata a la población afectada y que sufre un flagelo que aún no tiene previsión para terminar. Se necesita desde ya:

• Garantizar alojamiento a todas las personas sin hogar, incluso utilizando propiedades vacías destinadas a la especulación (sólo en Porto Alegre hay 110.000), con la requisición de plazas en hoteles, además de las escuelas públicas que se están utilizando.
• Apoyo a los comedores solidarios que se están organizando por la propia población, en una solidaridad de clase, donde los trabajadores ayudan a los trabajadores, ante la ineficiencia del Estado. En lugar de quejarse de las donaciones que “perturbarían” las ganancias comerciales, el gobierno debería garantizar alimentación y alojamiento decentes y adecuados para todos los afectados.
• Formación de comités de afectados, por barrios o regiones, para gestionar las donaciones y garantizar la seguridad y autodefensa de los afectados. En cuanto a la autodefensa, también es necesario fomentar la autoorganización de las mujeres, ante las lamentables denuncias de asedio y violencia sexual en los albergues.
• Nada de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), como defienden el general Mourão y el alcalde bolsonarista, Sebastião Melo (MDB), ni el traslado de personas sin hogar a lugares remotos y “protegidos” por el Ejército, que, en la práctica, serían verdaderos campos de concentración para pobres y crearían aún más propiedades vacías para la especulación una vez que las aguas retrocedan.

Reparar pérdidas y garantizar empleo e ingresos
Además de las personas sin hogar, innumerables trabajadores han perdido todo lo que tenían y sus ingresos, sus empleos y su supervivencia están amenazados. Las “ayudas”, como el Retiro por Calamidad del FGTS [Fondo de Garantía], o la reducción salarial, a cambio de estabilidad por algunos meses, el adelanto del 13º salario o la devolución del Impuesto de Renta son medidas que hacen que el trabajador pague de su propio bolsillo las pérdidas. Es necesario garantizar medidas de emergencia para reanudar la vida, incluida la reparación de todas las pérdidas sufridas por la clase trabajadora.

• Suspensión del cobro de agua, luz e impuestos pagados por la población afectada.
• Amnistiar las deudas y préstamos de trabajadores y jubilados (incluidos los consignados).
• Beneficio de al menos R$ 10.000 para todos aquellos cuyas viviendas fueron invadidas por las aguas, con el fin de reponer electrodomésticos y muebles perdidos.
• Reparación integral para todos los trabajadores y pequeños empresarios que perdieron sus viviendas, automóviles o cualquier otro bien.
• Crédito, sin intereses y a fondo perdido, para el funcionamiento y reconstrucción de los pequeños comercios y negocios, incluso para capital de giro, pago de empleados, reparación o reposición de maquinaria y stocks perdidos. Cancelación de deudas y de pago de préstamos.
• Prohibición de despidos, no permitiéndose la suspensión de contratos ni descuentos salariales a los afectados. Las grandes empresas que despidan deben ser expropiadas y puestas bajo control de los trabajadores. ¡Despidió, expropió!
• Congelamiento de precios a los valores anteriores a las inundaciones, so pena de multas e incluso la expropiación de supermercados, farmacias y distribuidores de combustible, cohibiendo la especulación con los precios de los alimentos y del agua.

Reconstrucción bajo el control de comisiones de afectados y de la clase trabajadora
La prioridad de los gobiernos debe ser el pueblo trabajador y la inversión social, no las parcerías [asociaciones] público-privadas (PPP), una forma encubierta de privatización que coloca los servicios públicos (como el agua, la energía, la salud y la educación) en beneficio de las ganancias y por encima de la vida. Necesitamos luchar por las siguientes medidas:

• Formación de una empresa estatal de obras públicas, para reconstruir infraestructura de prevención y viviendas en lugares seguros, generando miles de empleos.
• Obras como contención de aludes, drenaje, construcción de represas y desazolve de lechos de los ríos, estudios de zonas de riesgo, creación de reservas forestales en las márgenes de ríos, fin de la deforestación, entre otras medidas encaminadas a la prevención.
• La orla del río Guaíba y las riberas de los ríos deben ser áreas protegidas, de propiedad pública, así como las áreas de preservación ambiental y los parques de protección de especies en peligro de extinción. Se necesitan áreas verdes para la absorción de las aguas hacia el nivel freático y drenaje del agua. Además, es fundamental implementar reservorios naturales de agua, que actúen como barreras efectivas contra los desbordes, protegiendo de las inundaciones las áreas urbanas.
• Control de los trabajadores sobre el plan de obras públicas. La reconstrucción no puede quedar en manos de empresas constructoras privadas, que sólo beneficiarán a quienes puedan pagar.

Para que la catástrofe no se repita
Los agromillonarios, banqueros y grandes empresarios deben pagar por la crisis que ellos mismos crearon.

• Es necesario cancelar la deuda de Rio Grande do Sul. No basta con suspender el pago por tres años, porque es poco dinero y, manteniendo la deuda y los mecanismos de la LRF, el Estado tendrá que volver a pagar y someterse al eterno recorte de gastos en inversiones, mantenimiento, servicios públicos y gastos sociales. Es necesario suspender el pago de la deuda federal a los banqueros, que sólo el año pasado generó intereses por valor de un billón de reales. El 10% de esta cantidad permitiría reparar las pérdidas de los afectados y reconstruir el Estado sobre nuevas bases, donde la naturaleza se preserve y no se destruya.
• Confiscar 50% de las grandes fortunas de los multimillonarios capitalistas. Ellos no serán pobres por eso.
• Es necesario cobrar un impuesto fuertemente progresivo sobre los grandes capitales que operan en RS: sobre el patrimonio y, también, sobre las ganancias y dividendos.
• Reestatizar, sin indemnización, empresas como la CEEE Equatorial, que deja a la población sin luz y corta la electricidad y las bombas, sin avisar a la población. Es necesario retomarla, ponerla bajo control de los trabajadores, revertir y suspender todas las PPP.
• Expropiar, sin indemnización, las grandes empresas del agronegocio.

Control obrero: el pueblo y los trabajadores deben tomar la reconstrucción en sus propias manos
Siguiendo el ejemplo de los comedores solidarios y de la organización interna en los albergues, la población afectada y los trabajadores deben organizarse para discutir sus necesidades y exigir los recursos para reconstruir o reformar sus viviendas, así como exigir obras que garanticen que no se repetirá otra tragedia por falta de prevención.

Un ejemplo de esto es lo que viene sucediendo en Santa Cruz, donde vecinos de alrededor de mil casas se reúnen en una comisión para discutir, exigir y garantizar la preservación ambiental y obras que eviten otras inundaciones. De la misma manera, los barrios de Porto Alegre también necesitan organizarse.

También es necesario exigir el retorno del Departamento de Alcantarillado Pluvial (DEP), la duplicación del personal del Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (Demae), poniéndolos bajo control de los trabajadores de estas empresas y de la comunidad, para la prevención y el funcionamiento de las casas de bombas y de toda la infraestructura antiinundaciones, ya que no será un alcalde que tiene como suplente a un negacionista quien garantice que el año que viene no pasaremos por otra pesadilla.

Esto también se aplica a la CEEE Equatorial que, además de ser reestatizada, necesita estar bajo el control de trabajadores y usuarios, de modo que se garantice el mantenimiento e inversiones suficientes para parar los cortes de luz en los barrios.

De esta manera, los comités de afectados en los barrios, los comedores solidarios y los voluntarios de los albergues, entre otras iniciativas, pueden organizar un verdadero consejo popular, donde discutir sus demandas y, posteriormente, avanzar en la construcción de un consejo de representantes de todos los barrios.



Autodefensa
La organización y movilización de los afectados es necesaria incluso para garantizar la seguridad de la población ante los robos, la presión de los delincuentes (e incluso del “tráfico”) en los albergues, o el saqueo de viviendas. Estas amenazas no necesitan del Ejército ni de la seguridad privada, sino más bien de la organización de comités que elijan personas de confianza de la población para formar comités de autodefensa.

¿Qué necesitamos? Por una verdadera política ambiental y de prevención
Los planes de reconstrucción que se están elaborando van en la misma dirección que los programas de vivienda del gobierno Lula: obras para beneficiar a las grandes empresas constructoras y no a la población en su conjunto.

Es necesario, por el contrario, construir una empresa pública, contratando a los desocupados, y controlada por afectados y trabajadores, con asesoramiento de personal técnico vinculado a la protección del medio ambiente. Una empresa pública y estatal, bajo control obrero y popular, que realice obras de contención, como los diques de Porto Alegre, el Muro de Mauá, las casas de bombas de drenaje.

Nada de privatización del Cais [Muelle]. Nada de empresas privadas en servicios públicos esenciales. Todo esto debe quedar bajo el control de los trabajadores.

En el mismo sentido, es necesario revocar, ahora, las 500 normas de flexibilización ambiental elaboradas por Eduardo Leite y la Asamblea Legislativa, así como recuperar áreas de llanuras aluviales, como las que destruyó el alcalde de Eldorado do Sul.



Política nacional de prevención
También existe la necesidad urgente de una política nacional de prevención de desastres relacionados con el clima, que serán cada vez más frecuentes y generalizados. Tuvimos inundaciones en el Noreste y, más recientemente, en Acre. Es necesario construir un sistema estatal y público que agrupe a científicos e investigadores, como el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), que sea independiente y controlado por los trabajadores.

Cambiar el sistema. Socialismo o barbarie
La tragedia revela el carácter cada vez más destructivo de un capitalismo en crisis, que amenaza la existencia misma de la humanidad. Lula, en su discurso, se opone a los negacionistas de la crisis climática, como el ultraderechista Sebastião Melo o los negacionistas del entonces gobierno Bolsonaro; al mismo tiempo, sin embargo, en su política de gestión del capitalismo, él mismo defiende la exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, que sólo puede promover aún más los combustibles fósiles en beneficio de las grandes petroleras y de la industria automotriz.

Es necesario derrotar la política económica de austeridad del gobierno, responsable del desmantelamiento de los sistemas de prevención. Pero también es necesario hacer frente a su política de beneficiar a los banqueros y a los grandes empresarios, incluidos los megainversores que hoy se benefician con la Petrobras. Es necesario reestatizar la empresa y emprender realmente una política de descarbonización, mediante investigación e inversiones.

Pero los capitalistas no renunciarán a sus ganancias, incluso si destruyen la Tierra o ahogan al pueblo en inundaciones. Se necesita otro sistema, con los trabajadores en el poder, gobernando a la gran mayoría y no a un puñado de multimillonarios. Se necesita un gobierno socialista de trabajadores, apoyado en Consejos Populares.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 16/5/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

Brasil: Las dos catástrofes que destruyeron Rio Grande do Sul

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mayo 19, 2024
Rio Grande do Sul fue víctima de dos catástrofes. Por un lado, las fuertes inundaciones están ligadas al cambio climático provocado por el calentamiento global, impulsado por la industria capitalista, y que se traduce en fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Por otro lado, el desastre “natural” ganó mayor volumen y extensión debido a las políticas neoliberales de los gobiernos estaduales, municipales y tambieen del gobierno federal, que debilitaron el sector público y desmantelaron la legislación ambiental en favor del agronegocio.

Por: Redacción Opinião Socialista, Brasil

La situación climática de la Tierra es alarmante. El año 2023 fue el más caluroso jamás registrado en la historia. Las temperaturas de los océanos también fueron las más altas (ver gráfico). Son los grandes reguladores del clima en la Tierra.

Todo esto convirtió a El Niño de 2023-2024 en uno de los más intensos jamás registrados desde el inicio de los relevamientos modernos, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Por si fuera poco, también según los registros, la concentración actual de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es la más alta de los últimos 800.000 años, totalizando 424 partes por millón (ppm). En comparación, en 1850, el nivel de CO2 era de 280 ppm.

¡Ignorando la ciencia, vendrán días peores!
Casi 80% de los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) prevén al menos 2,5 °C de calentamiento global, mientras casi la mitad prevé al menos 3 °C. Esto significa un futuro marcado por conflictos y migraciones en masa, impulsados por olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tempestades.

Todo ello con una intensidad y frecuencia muy superiores a la que ya ha ocurrido. En otras palabras, nos dirigimos rápidamente hacia una situación climática incontrolable que amenaza la civilización, especialmente a los más pobres y vulnerables.

La catástrofe en Rio Grande de Sul, lamentablemente, no es un caso aislado. A esta se suman otras ocurridas a lo largo de 2023-2024, como las olas de calor e incendios forestales en Estados Unidos, Canadá y Chile; las inundaciones torrenciales en la ciudad costera de Derna, Libia, que mató a más de 10.000 personas; o las inundaciones de Kenia a finales de abril, que acabaron con la vida de casi 200 personas.

El calentamiento fue producido por el capitalismo
Una encuesta realizada por Genial/Quaest, publicada el día 9 de mayo, muestra que 64% de la población entiende que el cambio climático provocó las inundaciones en Rio Grande do Sul. Otro 30% ve el cambio climático sólo como una de las causas; y 1% no identifica ninguna relación.

Esta percepción de la población es muy positiva. Pero los trabajadores necesitan saber que la catástrofe climática no es una venganza ciega de la naturaleza. Es resultado de la industria capitalista y del colosal consumo de combustibles fósiles, la sangre que fluye por las arterias de la acumulación del capital. Los principales responsables son los países imperialistas y sus burguesías, cuyas industrias son responsables de más de 70% de las emisiones globales de carbono.

La responsabilidad del agronegocio
En el Brasil, sin embargo, el modelo de agricultura capitalista, el llamado agronegocio, es el principal responsable de las emisiones. Sólo el sector emitió 75% de los gases de efecto invernadero en el país, según el Sistema de Estimación de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG).

Esta es una expresión evidente de la reprimarización económica del país (retorno al rol de exportador de materias primas y recursos naturales), con el crecimiento del sector extractivo agrominero, siempre apoyado en gordos incentivos estatales. De hecho, es este sector el que apoya el negacionismo climático en el Brasil, difundido por la ultraderecha bolsonarista.

El agro es también la “vanguardia del atraso” cuando se trata de la ofensiva para destruir la legislación ambiental del país. La Banca Ruralista es responsable de los 25 proyectos de ley y las tres propuestas de enmiendas a la Constitución que se tramitan en el Congreso brasileño, conocido como “Paquete de la Destrucción”.

Es necesario revocar estas leyes, organizar grandes movilizaciones y enterrar la agenda del agro, antes de que estas entierren el país.

Catástrofe social: austeridad fiscal, privatizaciones y ataques al medio ambiente
Pero, por otro lado, tenemos una catástrofe social producida por décadas de neoliberalismo, austeridad fiscal y privatizaciones, que se combina mortalmente con la catástrofe climática.

Este cóctel mortal fue llamado “Capitalismo del Desastre” por la periodista canadiense Naomi Klein, luego de que el huracán Katrina devastara la ciudad de Nueva Orleans (Luisiana, en el sur de Estados Unidos), en 2005. En el Brasil, esa ha sido la receta de todos los gobiernos. Y desde hace décadas.

El gobierno de Eduardo Leite saboteó todo el sistema de prevención y combate a desastres naturales, sector al que asignó magros presupuestos. Para enfrentar los eventos climáticos, el gobierno destinó menos de 0,2% del presupuesto total aprobado para 2024. Para la Defensa Civil, se agregaron unos miserables 50.000 reales.

Como consecuencia de esto, durante todo el período de El Niño, que siempre provoca fuertes precipitaciones en la región mientras está activo, se desmantelaron todos los equipos de prevención y combate contra desastres naturales.

El gobernador flexibilizó leyes ambientales para favorecer el agronegocio
Leite promovió una ofensiva contra las leyes ambientales del Estado. En 2020, en su primer mandato, aprobó, en la Asamblea Legislativa, la Ley 15.434, que suprimió y flexibilizó más de 500 artículos e incisos del Código Ambiental del Estado, flexibilizando reglas de protección ambiental para los biomas de la Pampa y la Mata Atlántica.

Al año siguiente, el gobierno permitió la autolicencia de grandes proyectos, mediante la emisión de una Licencia Ambiental por Compromiso (LAC). La medida permitió autorizar de forma inmediata 49 actividades económicas (31 de ellas con alto y medio potencial contaminante), independientemente de su tamaño. Entre las actividades que lograron autolicencias se destacan las plantas de concreto y de asfalto, la ganadería semiconfinada y la silvicultura (“reforestación”, con pino y eucalipto).

La autolicencia es el sueño del agronegocio brasileño, hecho realidad gracias a Leite en su Estado. Funciona así: si un capitalista quiere producir eucalipto, no necesita realizar una solicitud ni someterse a una evaluación por parte de los organismos ambientales estatales. Basta con pagar a una empresa privada de consultoría ambiental, que “certifique” que su negocio es sostenible.

El gobierno también amplió la Zonificación para Actividades de Silvicultura en el Estado. Y, más recientemente, flexibilizó aún más la legislación ambiental, para permitir la construcción de represas y embalses en Áreas de Preservación Permanente (APP), y, de esta manera, permitir el almacenamiento de agua para la agricultura y la ganadería.

Las privatizaciones completaron el desastre
Toda la situación empeoró con la privatización de las empresas estatales. Incluso antes de la catástrofe, el empeoramiento de los servicios ya era visible. Con la inundación, quedó demostrado que las privatizaciones profundizaron el colapso. La empresa privada CEEE Equatorial, por ejemplo, incluso cortó la electricidad en una casa de bombas, sin informar a la población ni al alcalde, lo que obligó a la evacuación de los vecinos de dos barrios porque el agua estaba subiendo.

Reestatizar las empresas privatizadas del Estado será absolutamente necesario para cualquier plan de reconstrucción y de adaptación al cambio climático. De lo contrario, la población quedará en manos de capitalistas sin escrúpulos, que anteponen las ganancias a las vidas.

Ninguna reconstrucción del Estado es posible sin la derogación de todas estas leyes que atacan el medio ambiente, además de la reestatización inmediata, bajo control de los trabajadores, de las empresas privatizadas.

Inversión cero: alcalde de Porto Alegre saboteó sistema de contención de inundaciones
Esta misma cartilla de promoción de la catástrofe social fue adoptada por el alcalde de Porto Alegre, el bolsonarista Sebastião Melo (MDB), y explica la falla del sistema de contención de inundaciones del río Guaíba, formado por 18 casas de bombas, diques y el Muro Mauá. El sistema colapsó y el 7 de mayo sólo cuatro casas de bombas estaban operando en la ciudad. Los diques de contención también fallaron y muchos cedieron ante la fuerza de las aguas.

Lo cierto es que el sistema estaba en total abandono, a pesar de que la alcaldía era consciente de los riesgos de nuevas y torrenciales lluvias. En 2023, la alcaldía no invirtió ni un solo dólar en la prevención de inundaciones. Así es: invirtió R$0.

Y cuando el sistema colapsó y la ciudad se inundó, la alcaldía no tenía un “plan B”. En caso de inundaciones, no existía ningún plan de contingencia ni plan de evacuación para los residentes.

«Compensación ambiental»: la alcaldía quiere pagar R$ 1.700 millones al “Véio da Havan”
Pero, si la alcaldía destinó cero reales para las inundaciones, ella fue protagonista de uno de los episodios más absurdos de toda esta tragedia, al intentar pagar R$ 1.700 millones, en concepto de “compensación ambiental”, a una cadena de tiendas de Havan, con recursos del Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillados (Dmae).

El plan de la alcaldía era pagar con dinero público una “compensación ambiental” a una empresa privada que había provocado, ella misma, los daños al instalar la empresa. Según la legislación, es la empresa la que debe pagar las compensaciones ambientales derivadas de las obras y nunca al revés. El Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) prohibió al alcalde pagar a Luciano Hang, el millonario y bolsonarista “Véio da Havan” [Viejo de la Havan], pero la administración había dicho que apelaría.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 16/5/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.

Estudiantes acampan en la Universidad de São Paulo en apoyo al pueblo palestino

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Por Redacción

La ocupación en la Universidad de São Paulo comenzó a última hora de la tarde de este martes 7 de mayo en los cursos de Geografía e Historia. Exige el fin de las relaciones académicas con la Universidad de Haifa, que viola los derechos palestinos y es cómplice del actual genocidio.
Estudiantes de la Universidad de São Paulo (USP) iniciaron un campamento de apoyo al pueblo palestino en la tarde del 7 de mayo. La acción es llevada a cabo por más de 40 organizaciones estudiantiles, que forman parte del comité “Estudiantes en Solidaridad con el Pueblo Palestino (ESPP)”, que surge inspirado en los movimientos alrededor del mundo que estallaron en Estados Unidos, y ahora están en Gran Gran Bretaña, Francia, España, Irlanda, Alemania, Holanda, Australia, Japón, México, y varios otros países.
Los estudiantes dicen que los convenios de la USP con universidades y organizaciones israelíes, como el ‘Israel Corner’, ayudan a desarrollar tanto la tecnología utilizada por Israel en el genocidio palestino, como las bases científicas y académicas para apoyar la ideología y el Estado sionista que perpetúa la producción de conocimiento centrado en el genocidio y el apartheid racista del sionismo.
El próximo jueves 9 se llevaría a cabo la reunión de la Congregación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas (FFLCH), máxima instancia de deliberación de la Facultad. El asunto sería tratado por el Centro Académico de la Facultad de Letras de la Universidad de São Paulo (CAELL). Sin embargo, la reunión fue cancelada repentinamente poco después del inicio de la movilización estudiantil.
Esta semana, el CAELL lanzó una petición en línea. Según Mandi Coelho, coordinadora del CAELL y activista del Coletivo Rebeldia, la petición “tiene como objetivo que la USP y demás universidades brasileñas rompan todos los acuerdos de cooperación académica y científica con el Estado de Israel, que desde hace siete meses impone un verdadero genocidio en la Franja de Gaza y territorios ocupados en Palestina”.
Los estudiantes piden el apoyo de la comunidad académica y de todos los que estén en contra del genocidio perpetrado por Israel, que ahora cuenta una ofensiva en Rafah, el lugar más poblado de Palestina, con 610.000 niños y más de un millón de refugiados.

La descarnada realidad de la “democracia” de los poderosos

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Un gobierno tan desastroso como el de Dina Boluarte no se sostiene, obviamente, por mérito propio. Permanece, a pesar de sus actos criminales y de corrupción, como apéndice del actual orden político, un orden producto del pacto entre las organizaciones que controlan el Congreso, en más de un caso organizaciones criminales según sostiene el Ministerio Público. Veinticuatro años después de la caída de la dictadura fujimorista y de la promesa democrática, este es, a fin de cuentas, la realidad descarnada de la democracia que sirve a las grandes empresas y corporaciones transnacionales.

Boluarte permanece en funciones para seguir haciendo un trabajo sucio por el cual tarde o temprano tendrá que rendir cuentas. En tanto el proceso de luchas sociales no se reactive, será tan tarde o tan temprano como convenga a aquellas fuerzas del Congreso que le brindan impunidad por los asesinatos de manifestantes y los indicios de corrupción que la presidenta no explica hasta el momento, principalmente los lujosos relojes suizos y la millonaria suma hallada en sus cuentas bancarias.

El ex premier Otárola no pudo sostenerse ante el escándalo que significó el uso ilegal de recursos públicos en sus gestos de generosidad donjuanesca. Pero su complicidad con el actual régimen sí se mantiene, pues no ha podido ser más evidente el cambio superficial por el premier Adrianzén, como para que nada cambie.

La clase de gobierno que el Congreso sostiene

El papel de apéndice del gobierno es tan evidente que nada importa, incluso el hecho de que no sirva para nada. Mantienen absurdamente a un ministro del Interior que grafica perfectamente la total incapacidad del gobierno ante la expansión de las organizaciones criminales internacionales que golpean masivamente a la población. Casi seguro no se hace nada por temor a equivocarse de organización criminal, no vaya a ser que golpeen a una del campo de los posibles “aliados”.

Tampoco se hace nada, o muy poco, frente a los embates climáticos, o frente a las enormes carencias en la educación y, ni qué decir, en la salud pública con el avance del dengue, la anemia infantil y el tema de los medicamentos genéricos, que las cadenas farmacéuticas desaparecen del acceso público. Sabemos que hay problemas estructurales como la pobreza y el desempleo que son inherentes al plan económico neoliberal, que genera una profunda desigualdad y promueve la austeridad y la incapacidad del Estado frente a los más básicos derechos democráticos, pero la responsabilidad de este gobierno como de los gobiernos anteriores es por su papel en la imposición de dicho plan.

Asimismo, producto de su incapacidad ante la recesión de algunos sectores de la economía y la caída de la recaudación, el gobierno no atina a otra cosa que pasar el costo de la crisis a la población trabajadora mediante medidas de austeridad, como el reciente decreto de urgencia que busca reducir el déficit fiscal que reclaman los empresarios y organismos internacionales, para proteger sus ganancias e intereses, sin que a ellos les cueste un centavo.

Finalmente, el actual gobierno no solo es incapaz de poner algún freno al accionar abusivo de las organizaciones que controlan el Congreso, sino que convalida las leyes que este aprueba autoritariamente.

Bandas políticas desbocadas

En efecto, con mucho descaro y sin ningún tipo de escrúpulo el Congreso viene aprobando leyes y hasta reformas constitucionales que contravienen la voluntad popular, y que solo favorecen su propósito de perpetuarse en el poder, legalizar la impunidad de los delitos cometidos como organizaciones criminales, favorecer escandalosamente intereses de la gran empresa, y de paso también a empresarios de la economía ilegal que en muchos casos son financistas de sus partidos.

Las leyes y reformas (o contrarreformas) tienen prácticamente nombre propio. Han debilitado la colaboración eficaz para torpedear las investigaciones y acusaciones fiscales donde los acusados son precisamente los líderes de varios de esos partidos. Ahora están a punto de extraer de la justicia penal a las organizaciones políticas que funcionaron como organizaciones criminales, que no es lo mismo que persecución judicial de partidos políticos.

Pero eso no es todo. Las mismas fuerzas políticas que demonizaron y bloquearon la demanda popular de referendo por una asamblea constituyente, so pretexto de defender la sacrosanta Constitución de 1993, han aprobado una modificación masiva de la Constitución con cambios que responden a evidentes intereses particulares, entre ellos lo referente a la bicameralidad y la reelección de congresistas que fueron rechazados mayoritariamente en el referendo de 2018; más aún, cierran la competencia en la elección de los futuros senadores poniendo como requisito haber sido congresista.

La agenda de intereses particulares abarca otros temas como la prescripción de crímenes de lesa humanidad, un antiguo anhelo no solo del Fujimori y Montesinos sino de un gran número de altos oficiales de las fuerzas armadas involucrados en genocidios y violaciones de los años ochenta y noventa.

Así también, el fujimorismo y el cerronismo son los principales defensores de la propuesta de blindar a los partidos investigados por corrupción. No se trata de una norma que proteja a los partidos de la criminalización con fines políticos. Hasta los congresistas que han cometido delitos como el de imponer contribuciones obligatorias a los trabajadores de sus despachos (los “mochasueldos”), aprovechan el pacto de la componenda para destituir al Fiscal de la Nación, que es el que los investiga.

Quién maneja el Congreso

El fujimorismo y sus principales aliados de Renovación Popular y Avanza País, han conseguido una correlación tal que les ha permitido no solo someter al gobierno Boluarte, sino además tejer una red de influencias sobre entidades claves del Estado como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo; también habían conseguido algo similar con la Fiscalía de la Nación, pero lo perdieron cuando salió a la luz la compra venta de votos de congresistas que hizo la fiscal de la nación a cambio de archivar investigaciones contra estos.

Prosiguieron con una cuestionada destitución de magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que les daría la llave para designar autoridades judiciales proclives a archivar las acusaciones de delitos de lavado de activos y otros que penden sobre ellos, así como también a las autoridades electorales que ellos puedan digitar con miras a las siguientes elecciones.

Esta última movida ha sido revertida por un amparo judicial, pero la ofensiva no se detiene. Saltan a la vista las similitudes con la instrumentalización de instituciones judiciales y electorales que se hacía en tiempos de Fujimori-Montesinos.

El fujimorismo y sus principales aliados, RP y Avanza País, no tienen por sí mismos un poder decisivo en el Congreso ya que suman apenas 41 de 130 votos. Por eso tienen componendas con el acuñismo de APP (11 votos) al que en julio pasado apoyaron para que asuma la presidencia en la mesa directiva del Congreso, y también en normas que fortalecen su bastión electoral y sus posiciones en el negocio de la educación privada, además, por cierto, del blindaje que comparten ante graves acusaciones penales como la red criminal de la ex fiscal de la nación y los congresistas “mochasueldos”.

Suman votos Podemos (10) de José Luna, también potentado de la educación privada y acusado, él y su partido, del delito de organización criminal (parece que ese es un requisito para pertenecer a la “alianza” porque es la misma acusación de Fuerza Popular); y Acción Popular (8).

Con 70 votos tendrían suficiente para los acuerdos de mayoría simple, pero no todos votan en bloque y hay votaciones como las acusaciones constitucionales y sobre todo las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada de dos tercios u 87 votos.

Y ahí es donde entra el vergonzoso papel de la representación de “izquierda” en el Congreso, es decir Perú Libre (11 votos) y sus desmembramientos.

La venia del empresariado

Todo esto no es algo que llene de asco al gran capital. En las elecciones del 2021 los empresarios, mostrando cuáles son y dónde están sus principios, volcaron todo su poder económico para blanquear a una candidata, Keiko Fujimori, ya acusada de formar una organización criminal, Fuerza Popular, con la que cometió el delito de lavado de activos; y al mismo tiempo para demonizar a un candidato que concentraba algo de ilusión popular y adoptaba la cualidad de instrumento para derrotar a la candidata de la corrupción y los poderosos.

Ellos perdieron esa elección, y después de la caída de Pedro Castillo que ellos mismos alentaron, ayudan a sostener un régimen que para sostenerse ha tenido que masacrar a una población indignada por la usurpación de lo que ella consideraba su conquista democrática. Y como opción para la sucesión, el poder económico no tiene otra opción que tratar de blanquear nuevamente a verdaderas mafias de la política.

Finalmente, la democracia para ellos se reduce a quién tiene el poder y la autoridad para tomar las decisiones ejecutivas y aprobar las leyes que a ellos les conviene. La última muestra de ello fue la aprobación (incluso sin debate y pasando por encima de los procedimientos formales) de los cambios a la Ley Forestal que les abre el camino a extender sus explotaciones arrasando con tierras comunales y atacando los bosques y el medioambiente. Si eso es democracia en los hechos, para qué necesitan una dictadura en la forma.

Ocurrido eso, cómo interpretar las quejas de la Sociedad de Minería y Petróleo, por la aprobación por parte de ese mismo Congreso, de la norma que blanquea por un tiempo más a grupos de mineros ilegales, los poderosos de una economía ilegal creada, por defecto, por el plan económico neoliberal (a fin de cuentas “su” economía formal no absorbe ni al 20% de la población). Aquellos dirían que sus animales de tiro en el Congreso, aunque son útiles, no están suficientemente amaestrados; estos dirían: “con la plata baila el monito”.

Las amenazas y desafíos para el pueblo trabajador

El panorama para la clase trabajadora y el pueblo es de gran amenaza y obliga a tomar acción, en la organización, en la movilización e incluso en el proyecto político para evitar los embauques de nuevos “salvadores”. La lucha contra el gobierno asesino y un Congreso cómplice y mayoritariamente repudiado no tuvo continuidad, en parte por la criminal represión del gobierno, y en parte también por decisiones políticas ambiguas de los llamados a liderar una lucha nacional.

En ese sentido, develando su inconsecuente discurso democrático; y junto con eso alejaron las expectativas populares de elecciones inmediatas y asamblea constituyente. Hoy la lucha sigue planteada, pero esta vez enfrenta organizaciones criminales-políticas que han conseguido control de los sistemas judicial y político y van por el control del sistema electoral con miras al siguiente recambio.

Todo eso se mueve dentro de la democracia formal y los “demócratas” burgueses y reformistas pueden convivir con eso. Una real democracia solo puede ser construida desde las organizaciones de base y en torno a una lucha por soluciones reales a los grandes problemas que hoy golpean con fuerza: la criminalidad, de abajo y de arriba, el desempleo y subempleo, y los empleos sin derechos; la desindustrialización que crece con cada recesión económica; la pobreza y extrema pobreza que hacen la vida miserable a millones de peruanos.

La riqueza nacional sigue enriqueciendo a unos pocos y esto no cambia solo con un lema, un candidato de lenguaje florido o la promesa del paraíso de los “demócratas”, u otro candidato de discurso calculadamente incendiario para hacer de mesías. Una verdadera creación y distribución igualitaria de la riqueza pueden ser decididas y ejecutadas con el poder democrático de los trabajadores y el pueblo, y ese poder debe surgir como resultado de la organización y movilización intransigente contra el actual régimen criminal y corrupto y el poder económico que lo respalda.

Para hacer justicia es imprescindible la movilización

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Por Víctor Montes

Más de un año después, el gobierno de Boluarte, de la mano del Congreso mafioso y reaccionario, ha cubierto con un velo de impunidad y cinismo los 49 asesinatos con los que bañó en sangre las heroicas movilizaciones del sur.

Represión y reacción

Para el gobierno, el Congreso y la patronal, así como para su coro racista de la burguesía y una parte de la clase media de las ciudades, que conforman el bloque reaccionario que se ha impuesto a sangre y fuego, no basta el acostumbrado terruqueo, con el que “justifican” las masacres desatadas.

Levantando las banderas del fujimorismo, todos estos sectores embisten contra los organismos de derechos humanos del sistema interamericano y niegan la fiabilidad de sus reportes y peritajes. Niegan por ejemplo, que las personas asesinadas fueron víctimas de munición de guerra (fusiles Galil, AK y Fal), cuando no, del impacto directo de bombas lacrimógenas y perdigones disparados al cuerpo, tal como ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hechos que constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Tampoco se allanan al hecho de que las propias Naciones Unidas, vía sus oficinas de derechos humanos, hayan determinado que esas ejecuciones, y también las lesiones provocadas a la población que protestaba, fueron responsabilidad directa de la feroz represión de la Policía y las Fuerzas Armadas. Cabe acotar que de las más de 900 personas heridas, 42 sufrieron lesiones físicas permanentes.

Una justicia que sirve al poder y al dinero

Es por eso que, un año después, no hay sanción a los responsables directos (jefes policiales y de las Fuerzas Armadas), encargados de las operaciones en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca. ¡Ni un solo oficial preso! Ni siquiera se están desarrollando las investigaciones en forma transparente y diligente, lo que muestra el nulo interés del Estado por que hacer justicia.

Sin embargo esto no debe extrañarnos. La democracia de los patrones está hecha a su medida. Y la justicia burguesa, no es más que un sistema donde el dinero y el poder se imponen a la verdad y la razón sin ninguna vergüenza.

Así lo prueban los recurrentes escándalos de corrupción que envuelven a jueces y magistrados. Así como el hecho de que unos y otros aparecen ligados a los más diversos partidos políticos presentes en el congreso. Cada cual con sus propios intereses y delitos por cubrir, y favores por pagar.

Es tanta la hipocresía de este sector, que para recordarle a Boluarte sus favores, han propiciado que la fiscalía inicie una investigación contra Boluarte por sus relojes, que aparentemente valen más grande que las masacres en el sur.

El reformismo favorece la impunidad

Pero la población del sur no solo debe enfrentar al bloque reaccionario que apoya la impunidad de los responsables de las masacres, comenzando por Boluarte.

El sur también debe hacer frente a la política de las direcciones y organizaciones, todas autodenominadas ‘de izquierda’, que han otorgado a Boluarte una tregua de hecho, y entregando toda la lucha por justicia para las víctimas de la represión en manos de los staff de abogados de las ONG’s de derechos humanos.

Por supuesto, el concurso de abogados y abogadas comprometidas con la defensa de los derechos humanos es absolutamente necesario. El problema es convertir el tema legal, en la única estrategia para hacer justicia. Y peor aún, subordinar toda acción a esa estrategia legal.

Las luchas a lo largo de la historia han demostrado, por el contrario, que el único camino para la victoria de los trabajadores y pueblos, incluso en el terreno legal, es poner por delante la movilización y subordinar toda acción legal a la movilización del pueblo. Ha sido de esa forma que, una y otra vez, las masas trabajadoras hemos arrancado a nuestros luchadores y luchadoras de las cárceles de la reacción, e incluso hemos evitado que se les ejecute.

Pero eso es exactamente lo contrario que hacen hoy los mal llamados ‘partidos de izquierda’ y sus seguidores. En realidad, por medio de esta estrategia puramente legal, los partidos “de izquierda” y las dirigencias sindicales imponen una política de convivencia con el gobierno, esterilizando la lucha, limitándola a declaraciones y denuncias, cuando no a esporádicas convocatorias dispersas y poco trabajadas, incapaces de articular una pelea franca por justicia y reparación.

No es extraño, por eso, que los sectores reaccionarios continúen imponiendo su programa de impunidad y hoy pretendan cubrir con también a los asesinos de la dictadura, por medio de proyectos de leyes que buscan exculpar y volver inimputables a quienes cometieron delitos de lesa humanidad (contra la humanidad) antes de 2002… es decir, durante la dictadura fujimorista.

Esta nueva amenaza, que se suma a la falta de justicia para las víctimas de la represión del actual gobierno, debe llamar a la clase obrera a tomar en sus manos esta bandera que las dirigencias y la izquierda reformista ha abandonado estérilmente. Esto significa levantar la exigencia de juicio y castigo para los responsables de la represión, luchar para que ningún asesino del pueblo luchador sea exculpado por sus delitos, y, por supuesto, conquistar la caída del gobierno Boluarte y el Congreso, responsables absolutos de las masacres perpetradas por las FF.AA. y la Policía.

¡Abajo la ley anti forestal 31973!

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Una vez más un nuevo ataque a los intereses del pueblo trabajador y de las comunidades originarias se manifiesta desde el Congreso y con la venia del gobierno y los grandes empresarios agroindustriales del país. La modificatoria a la ley 29763, que el pasado 11 de enero se votó en el parlamento, no sólo es un peligro contra los derechos de las poblaciones vulnerables y la acción de lucha frente a la deforestación y por la conservación de la Amazonía, también es un impulso más a la expoliación y el saqueo a nuestros recursos naturales.

Una ley que favorece a las grandes empresas agroindustriales

Esta ley anti forestal 31973 aprobada en una votación el pasado mes de enero, tras la rápida aprobación del texto sustitutorio el 14 de diciembre del 2023, señala en primera instancia una modificación del ente institucional que aprobará ahora la zonificación forestal del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), reemplazando al Ministerio del Ambiente (MINAM). Un cambio que se condice con la suspensión temporal de la obligatoriedad de la zonificación forestal para el otorgamiento de títulos habilitantes señalados en la disposición complementaria de dicha ley y favoreciendo a los empresarios agroexportadores y extractivistas para seguir apropiándose de la Amazonía peruana.

Además, la legalización de las zonas sin masa boscosa donde se desarrolla actividad agropecuaria como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, beneficiaría a las empresas agroindustriales que cultivan aceite de palma, cacao, arroz, entre otros productos, sin importar que estas hayan sido poseedoras de denuncias sobre deforestación e invasión de territorio indígena, como el caso de la empresa de Dennis Melka que, alrededor del 2011, había establecido contacto con una asociación, que había adquirido 5 mil hectáreas, a quién compró los predios y desboscó rápidamente más de 6 mil hectáreas lo cual generó un escándalo por deforestación y denuncias por parte de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya. Y así como este caso, sigue habiendo otras investigaciones más sobre deforestación y posibles testaferros que buscan apropiarse de terrenos para venderlos a los grandes capitalistas.

Aquella ambición por el Amazonas también se articula con la poca fiscalización ambiental del estado y la falta de estudio técnico sobre la selva peruana. Siendo un dato alarmante del mismo MIDAGRI que, alrededor del 54% del territorio forestal del país, no haya sido aún zonificada o clasificada. Lo más grave es que, aún sin aquella ley anti forestal, según el último estudio del Global Forest Watch, el país perdió, solo en el 2022, alrededor de 162 mil hectáreas de bosques, lo que nos ubica en el quinto lugar de los diez países con mayor deforestación en el mundo.

Una nueva amenaza a los pueblos originarios y a la Amazonía

En la última década, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), 32 defensores y defensoras indígenas han sido asesinados mientras protegían sus tierras de la invasión y las actividades del narcotráfico. Este conjunto de homicidios tuvo lugar entre los años 2013 y 2023. Una situación preocupante que va a empeorar con la flexibilización de los mecanismos para la titulación del territorio amazónico de esta ley. Puesto que el tema de la invasión de las grandes empresas agroindustriales no es el único problema que agobia a las comunidades, también está el asunto del narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal.

El Procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, por ejemplo, señaló el año pasado que cada año se iba incrementando el número de casos de minería ilegal y no el número de fiscales ni el equipo que se dedica a estas investigaciones, indicando asimismo que “toda la Amazonía está plagada de la actividad minera, y ya no es sólo Madre de Dios como hace ocho a diez años, actualmente están también en Loreto, Amazonas, Cajamarca”. Otras investigaciones inclusive indican la acelerada articulación y el fortalecimiento de aquellas actividades ilícitas que cada vez se expanden más en territorio amazónico.

El rol de las ONG frente a este problema

Una serie de ONG ambientalistas se han pronunciado en contra de aquella ley anti forestal por el carácter depredatorio que tiene sobre la amazonia, sin embargo, casi ninguna se ha animado a convocar e impulsar la lucha en las calles para derrotarla y por consiguiente ser consecuente con la defensa de la fauna y de los pueblos originarios que tanto defienden como las ONG Arbio Perú o Amazon Conservation Association que apoya la restauración de la selva amazónica y las economías sostenibles lideradas por indígenas.

Y la razón de esto es debido a su carácter paliativo para encarar esta problemática y su acción de dependencia económica que tienen con empresas y organismos gubernamentales donde muchas de ellas se deben gran parte a dicho financiamiento.

Un estado autoritario que beneficia a los grandes empresarios

La modificación a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ha demostrado una vez más la vinculación del poder legislativo con los empresarios del país exhibiéndose por medio de una carta de la CONFIEP al presidente del congreso, y en ese sentido los intereses capitalistas que verdaderamente le preocupa al estado. De ahí que la ley 31973 intenta sacar principalmente de apuros a las grandes empresas agroexportadoras que comercializan con la Unión Europea, dado la última ley aprobada en dicha región que indica precisamente que ya no aceptarán productos de zonas deforestadas ilegalmente.

De hecho, todo esto se consuma en medio de un autoritarismo del capital. Es por eso que ni siquiera dicha aprobación por parte del congreso fue consultada a los actores involucrados (poblaciones originarias y rurales), siendo inclusive señalados en la misma ley. Y que son uno de los principales actores sociales que luchan por defender la Amazonía, costando ya la vida de muchos de ellos, además de las amenazas a los trabajadores del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y ambientalistas. Al igual que con el rechazo al acuerdo de Escazú cuyo objetivo era asegurar y reforzar la participación ciudadana e indígena en los aspectos ambientales, esta situación se vuelve a repetir con la imposición de esta ley.

Derribar la ley 31973 como un primer paso para defender la Amazonía

La amenaza a la Amazonía no es solo de esta ley anti forestal que pone en peligro aún más a los pobladores originarios, sino de toda la estructura jurídica e institucional que prioriza y defiende los intereses de los grandes empresarios del país con el aval de la actual constitución que legitima la entrega de nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales. Es en ese marco que para el estado sólo importa adecuar y legalizar los grandes negocios agroexportadores con la norma internacional de la Unión Europea para no perjudicarlos económicamente sin tener en cuenta los estudios técnicos ni la verdadera y compleja problemática del variado territorio amazónico.

En ese sentido, los trabajadores y el pueblo necesitamos organizarnos y manifestarnos en las calles por la derogatoria de aquella ley infame que atenta contra la calidad de vida de las personas, y en ese proceso impulsar nuevamente la lucha como hace más de 1 año contra todo ese aparato estatal manchado de sangre, con la finalidad de cambiarlo todo e imponer las demandas más urgentes relacionadas al alza del costo de vida, la recuperación de nuestros recursos naturales y asegurar la verdadera participación obrera y popular en la toma de decisiones del país.

EL MES DE JULIO CELEBRAMOS 50 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL PST

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En las fiestas patrias de 1974, un grupo de jóvenes militantes entre los que se contaban varios obreros, acordaron fundar el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, para construir una dirección que llevara a cabo la revolución socialista en nuestro país.

50 años después nos aprestamos a celebrar un nuevo aniversario de nuestro partido. Es evidente que cumplir medio siglo, no es poca cosa en la vida de un partido que política, programática y organizativamente, y con una moral a la medida de su objetivo trazado, se propone como objetivo disputar la dirección del movimiento de masas para dirigirlas hacia su verdadero objetivo que es la toma del poder.

En esta larga historia, que es parte de la historia de la lucha de clases en el Perú con sus triunfos, derrotas y frustraciones, y en particular de la clase obrera que es donde nos construimos con prioridad, se han sucedido numerosos hechos cualitativos en el país y el mundo, hechos como aquellos que llevaron a la casi totalidad de la izquierda a cuestionar la vigencia de la revolución y del socialismo y a pasarse al reformismo.

Estos cambios crearon en nuestras filas infinidad de discusiones, con momentos de crisis, retrocesos y recuperaciones, en las que hemos tenido que actualizar nuestro programa de la mano de nuestra internacional, tarea en la que aún nos encontramos. No podía ni puede ser de otra manera. No somos un aparato sino una organización viva de hombres y mujeres, que al proponernos dirigir a los trabajadores necesitamos validar en la realidad nuestra teoría y programa. El solo hecho que estemos celebrando nuestro 50 aniversario reafirmando la estrategia fundamental del programa con la que nos fundamos, la revolución socialista, habla de un balance positivo de todo el camino recorrido.

Haremos esta celebración con una serie de actividades a lo largo de los siguientes meses. Pasaremos revista a nuestras filas. Afiataremos nuestra organización y planes para fortificarnos. Recordaremos a los camaradas que están en el retiro pero que fueron leales, como a aquellos que perdieron la vida militando con nosotros. Pero también haremos una reflexión crítica de nuestra historia. No somos dogmáticos sino marxistas, y como tales nos analizamos aplicando las mismas herramientas científicas con las que analizamos a nuestros enemigos de clase. Se trata de aprender o reaprender de una rica experiencia de 50 años del partido y de la lucha de clases, y compartirlo con los activistas más honestos, para refrescar nuestro programa y estrategia con vistas a reforzar nuestra construcción en los siguientes años.

Haremos esta reflexión con una serie de artículos abordando temas que consideramos fundamentales para comprender nuestra historia, y que hacen a los principales debates del movimiento obrero y la llamada izquierda.

En esta primera parte vamos a reflexionar sobre el problema central de por qué persistimos en construir un partido revolucionario en el Perú, en una época en la que ya casi nadie cree en la revolución y menos en uno de tipo socialista dirigido por la clase obrera. Este primer tema lo desglosaremos en dos partes: Primero, pese a los cambios fundamentales en la época o etapa de la lucha de clases que han llevado a la mayoría de la izquierda a plantear la reforma del sistema, ¿por qué siguen vigentes la revolución en el Perú y la necesidad de construir un partido revolucionario para llevarla a cabo? La segunda: ¿la tarea central es participar en las elecciones, como dice el 99% de la izquierda, o intervenir en la lucha de clases para impulsar la movilización y construir un partido revolucionario proletario, como afirmamos nosotros? 

Estos temas, que pueden ser de perogrullo para un militante o simpatizante identificados con el partido y su programa, es evidente que no lo es para los activistas de la juventud y de la clase obrera. Ellos construyen su consciencia en la realidad misma, y ésta se determina por la correlación de fuerzas entre las clases. Por eso que dependiendo de sus cambios, una etapa o situación puede ser revolucionaria o contrarrevolucionaria, o simplemente no revolucionaria, y a cada una de estas situaciones le corresponderá diversas creencias e ideologías, donde, como dice Marx, la dominante siempre será “la ideología de la clase dominante”.

El tema de la vigencia o no de la revolución cobra actualidad por la situación que atravesamos luego del retroceso (o derrota) de la rebelión que recorrió el sur peruano, y que ha producido profunda desazón de amplios sectores obreros y populares en la izquierda haciendo confusa la perspectiva y la salida que se necesitan. Esto es, se ha producido un problema de consciencia en las mayorías justo cuando asistimos a una crisis que muestra la inviabilidad de un sistema que cada día nos arrastra hacia abajo, cuando la realidad muestra de manera testaruda la necesidad de la revolución y del partido que la lleve a cabo. Esta es la importancia del tema que aquí abordamos.

I.  ¿POR QUÉ PARA EL PST LA REVOLUCION SOCIALISTA ES Y SIGUE SIENDO NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL?

El PST se fundó en 1974 en una época revolucionaria mundial iniciada con la Revolución Rusa de 1917 y que se extendería al mundo entero. En Latinoamérica la revolución cubana de 1959 daría impulso a una auténtica ola revolucionaria continental con insurgencias, guerrillas y movilizaciones de masas donde tenía protagonismo la clase obrera, planteando la cuestión del poder.

La situación misma del país era revolucionaria. Signada por una grave crisis estructural y crisis de dominio de la burguesía, que con una dictadura militar represiva enfrentaba un proceso de ascenso, la revolución no era un sueño sino una posibilidad real. La característica más importante de esa situación era el giro de amplios sectores de clase media hacia la revolución, y la emergencia de una corriente revolucionaria de masas que ponía en pie organismos de poder (asambleas populares, frentes de defensa) y llenaba de militantes a los partidos de izquierda. En este mismo proceso, nuestro mismo grupo embrionario llegaría a implantarse en sectores de la juventud y del movimiento obrero, alcanzado una acumulación militante con la que proclamaría su fundación.

En este proceso, la mayoría de la izquierda de origen pequeñoburgués y vertiente stalinista, maoista y castrista, buscaba reeditar la experiencia de Cuba o China, de las llamadas revoluciones “populares” que recorrían el mundo, y que habían tenido como actores centrales al campesinado y al pueblo y no a la clase obrera. El PST, en cambio, impulsaba una revolución de carácter socialista y de clase, buscando retomar el camino iniciado por la Revolución de Octubre de 1917 (después degenerada por el stalinismo), donde la clase obrera había tomado el poder bajo la dirección del partido de Lenin y Trotsky.

Teníamos el convencimiento (con nuestra internacional), de que aquellas eran revoluciones desfiguradas y burocratizadas que frenaban la revolución mundial, y confirmaban la estrategia o necesidad de hacer una revolución dirigida por la clase obrera que estableciera un verdadero estado obrero como parte de la revolución socialista latinoamericana y mundial. Por eso nos propusimos, a diferencia de toda esa izquierda, construir un verdadero partido obrero, como parte de una organización revolucionaria mundial, para llevar a cabo la revolución socialista en nuestro país.

Si embargo, la etapa revolucionaria mundial se cerraría en el mundo y en Latinoamérica entre 1989 y 1991. No se produjo ni la revolución “popular” ni “obrera” y todo el proceso revolucionario –el más rico de nuestra historia republicana–, sería derrotado. La etapa se cerraría con la elección de Alberto Fujimori en 1990; poco después, en 1992, la situación incluso se haría reaccionaria y duraría hasta el año 2000. ¿Cuál sería el nuevo escenario?

Una nueva etapa neoliberal

Fujimori no solo cerraría la etapa revolucionaria anterior sino la derrotaría con una combinación de acciones represivas (derrotas de movimientos sociales, derrota y desarticulación de los grupos armados) y de contrarreformas estructurales de sello neoliberal que cambiarían a la clase trabajadora. Los cambios fueron de shock y se realizaron en varios años. El imperialismo aún hoy los recuerda como un modelo a seguir, y lo recomienda para las crisis que atraviesan a países como Argentina. Se liquidarán las empresas públicas que representaban el 60% de la economía nacional y toda la industria de sustitución de importaciones, se entregarán los servicios públicos a los capitales monopólicos, se abrirá la economía a la inversión extranjera orientándola nuevamente a la producción primaria exportadora, y se reinsertará al Perú al mercado mundial en condiciones subordinadas y sin soberanía, creando un modelo más dominado por el imperialismo y con predominio de los monopolios y oligopolios.

El ajuste implicaría un costo social sin precedentes: cierre masivo de fábricas, privatización y más precarización de los servicios públicos, despidos masivos, empobrecimiento general. En realidad, Fujimori no haría nada nuevo, solo seguiría la onda neoliberal que impulsaba el imperialismo para salir de su largo ciclo de crisis facilitando un nuevo saqueo y recolonización de los países más pobres.

La otra cara de este cambio sería la creación de un inmenso mercado informal (con la careta de “emprendimiento” que se les dio a las economías de sobrevivencia), como forma de descomprimir la carencia estructural de empleo y, sobre todo, de empleo de calidad. Se formó así una nueva clase trabajadora donde más del 70% es informal, y aún dentro de la “formalidad” una gran mayoría será precarizada, restringiendo al mínimo su organización, lucha y la construcción de su consciencia de clase.

El ajuste logrará estabilizar la economía, pero solo empezará a mostrar resultados años después, con el crecimiento que motoriza la economía de China por dos largas décadas. La economía mundial entra a una etapa de expansión debido a la incorporación al mercado de un tercio de la humanidad conformado por los ex “estados socialistas”, de economías atrasadas y con inmensa mano de obra barata, y especialmente de China, el más poblado del mundo. En las nuevas condiciones de apertura y liberalidad del mercado, la expansión traerá masivas inversiones al país que impulsarán el crecimiento a lo largo de dos décadas, a un promedio anual del 6% del PBI. La sensación que esto crea en las clases sociales es de progreso y confianza en el futuro.

En realidad, los grandes lucros generados en este nuevo ciclo solo beneficiarán a los grandes capitales imperialistas y grupos monopólicos locales, y enriquecerá a un sector de clase media. El crecimiento apenas chorreará sobre las mayorías pobres, pero sin cambiar su estatus sino afirmando los abismos sociales preexistentes, la desigualdad, la estratificación de clase y la marginación y explotación del campo. Se configura así una sociedad con islas donde se respiran abundancia, modernidad y lujo, en un mar de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, la sensación creada será usados para confirmar el discurso oficial de que la vía para salir de la pobreza no eran la revolución o la insurgencia, y ni siquiera la lucha por mejorar la vida reformando al modelo, sino el neoliberalismo, el libre mercado y el esfuerzo individual para hacerse rico.

La relativa y contradictoria prosperidad que muestran los países donde se implementa el mismo modelo, en especial los llamados ex “socialistas”, sirven al propósito de confirmar su viabilidad. El caso más espectacular ha sido la transformación de la República Popular China. Siendo el país más poblado del mundo y esencialmente campesino y atrasado, China transitó al capitalismo a velocidad luz, en pocos años fue convertido en una fábrica mundial y hoy en una potencia que aparece disputando mercados a EEUU y los demás imperialismos; hasta se le ve como el próximo nuevo amo. Entonces, ¿China no muestra que es posible salir del atraso y construir una gran nación simplemente aplicando las recetas del libre mercado? Si el modelo neoliberal hizo crecer la economía nacional a tasas sin precedentes durante casi dos décadas, ¿por qué no puede ser posible retomar ese nivel de crecimiento abriendo más la economía, para seguir el camino chino? Estos son algunos de las ideologías más usadas estos años en la línea de que tendremos un futuro mejor con más neoliberalismo.

Así, en amplios sectores de clases medias y de la población trabajadora en cuyas consciencias antes anidaba solo la esperanza de la revolución, ahora logran que anide neoliberalismo puro, y a lo más la esperanza de su reforma para alcanzar una vida mejor. El predominio de esta ideología construida en toda esta etapa a escala mundial, será recordada en particular en los momentos de crisis, como las que se han sucedido en el último decenio, para evitar la apertura de una situación revolucionaria. No es casual que de los sectores sociales medios y marginales se apoye su continuidad, y que en la inmensa masa de informales siga predominando la creencia de que rompiéndose el lomo todos los días un día despertarán convertidos en nuevos ricos. Estos cambios de percepción y de consciencia, una característica fundamental de la nueva etapa, le ha dado sostenibilidad y continuidad al sistema establecido, al menos hasta hoy.

El impacto del derrumbe del campo “socialista”

En la misma etapa que historiamos, en los años 89-91, cayeron la ex URSS y el “campo socialista” de Este de Europa, y se había restaurado el capitalismo; luego China y Cuba le seguirán los pasos impulsando la restauración desde el mismo estado controlado por los partidos comunistas. Este escenario, que implicó el fin del “socialismo”, esto es stalinista y de férreas dictaduras burocráticas, fue presentado al mundo por los inmensos aparatos de propaganda de la burguesía, como la prueba contundente de su fracaso. Lo hicieron ocultando el hecho de que desde el mismo campo marxista fuertes corrientes cuestionábamos a esos regímenes, luchando por otra revolución que estableciera la democracia obrera en ellos.

Las direcciones predominantes del movimiento de masas reforzarán el discurso oficial sobre el “fracaso del socialismo”. Al quedar huérfanas como ex agencias de Moscú, Pekín y La Habana, abandonarán sus proyectos “revolucionarios” y pasarán a defender la restauración y al mismo capitalismo en el mundo, planteando reformarlo y hacerlo más “humano”; programa que simplificaron en el lema “un mundo más justo es posible”.

Al mismo tiempo, al haberse alejado el fantasma de la revolución, el imperialismo ya no necesitaba promover golpes militares ni dictaduras para controlar las crisis políticas y sociales, y pasará a priorizar la democracia burguesa como el mecanismo institucional para contrarrestarlas y darles estabilidad a su sistema. Con esta “democracia”, en verdad una careta, porque mantiene su esencia autoritaria, represiva y de recorte de libertades fundamentales cada que la burguesía lo necesita, no solo se alinearán viejos represores y genocidas, sino la misma izquierda. Ahora que se trataba de reformar al sistema, había que participar en él.  

Por eso se produce la integración de las direcciones y la vieja izquierda al sistema democrático burgués. Los partidos y hasta ex guerrilleros ingresan a gobernar y a ocupar cargos parlamentarios, colocando el prestigio ganado por muchos de ellos al servicio de reforzar la confianza de las masas en dichas instituciones. Con este cambio de bando, de opositores a defensores del Estado burgués, ellos pasarán a colaborar con la burguesía y el imperialismo en el sostenimiento del sistema de economía neoliberal y de falsa democracia, esencialmente antiobreros y antipopulares. Así podemos entender el cambio de la política imperialista hacia nuestros países. Por ejemplo, en Chile en 1971, el imperialismo promovió un golpe militar sangriento contra Salvador Allende para cerrar la etapa revolucionaria; hoy, por el contrario, apoya al gobierno “izquierdista” de Miguel Boric, que le sirve a su propósito de controlar y cerrar la ola revolucionaria que atravesó al país y que lo encumbró en La Moneda. Igual ocurre con Lula en Brasil y aquí sucedió lo mismo con Pedro Castillo, primer presidente de izquierda incluso acusado de estar vinculado al Movadef, ambos apoyados por el imperialismo en tanto se disciplinaban al orden y sus reglas de juego. Este es el nuevo rol de las direcciones.

Debido a este cambio, desde la “nueva” izquierda de Susana Villarán y Verónika Mendoza hasta los viejos del PC, Patria Roja, ex SL, ex MRTA y castristas de todo pelaje, pasan a tener como actividad central intervenir en las elecciones para ocupar cargos en el estado. Esta estrategia es compartida hasta por los que fungen de “radicales” como autollamados guevaristas y los herederos de Sendero. La “nueva” izquierda lo hace con discursos ecologistas o feministas, y los “radicales” abanderando al Che, Castro y Mao. Pero lo cierto es que, más allá de sus disputas y rupturas esencialmente por cargos, todos convergen en lo esencial, como se vio en su apoyo común a Pedro Castillo y su integración a su gobierno de colaboración de clases.

Los principios sagrados que el imperialismo y la burguesía defienden son pues el libre mercado y la democracia burguesa, algo así como el santo grial del capitalismo hoy. En la nueva etapa la llamada izquierda, de oponerle la alternativa de la revolución al capitalismo pasa a integrase a su sistema, haciendo suya esos dos principios. De este modo, la democracia burguesa de hoy funciona con la colaboración plena de las direcciones del movimiento de masas, y más, ellas pasaron a ser sus principales defensores, incluso con propuestas de reforma (construcción de ciudadanía, dicen) para hacerla más legítima a los ojos de los trabajadores.

La fuerza ideológica que recrea el nuevo consenso no es poca cosa. Llegará hasta a arrastrar a sectores honestamente revolucionarios y combativos, volviéndolos reformistas de hecho o encubiertos. Algunos cederán con el pretexto de “aprovechar las oportunidades”, como hizo Enrique Fernández Chacón, ex PST y presuntamente revolucionario, que ocupó una banca parlamentaria por el Frente Amplio (ahora extinto), un partido ecologista pequeñoburgués y extraño a la clase obrera. Otros, como la luchadora obrera Isabel Cortés, ingresarán al parlamento predicando proyectos de ley favorables a los trabajadores. Son posturas que tendrán impacto profundo sobre la consciencia de amplios sectores obreros y de luchadores, que son llevados a confiar en el parlamento burgués y en el Estado para la solución de sus problemas, en lugar de priorizar su movilización independiente.

Con la adaptación de toda la izquierda vieja y nueva al capitalismo neoliberal y a su sistema democrático burgués (con la solitaria excepción del PST), se refuerza o hace más creíble el discurso único de la burguesía y del imperialismo, sobre la inviabilidad de cualquier otra alternativa, creando una falsa consciencia que da soporte social y político al nuevo orden. Por eso también se explica que, en esta nueva etapa, se produzcan crisis y luchas muy profundas, pero sin que puedan saltar a convertirse en conscientemente revolucionarias, permitiendo que la burguesía las pueda encausar por dentro de su gran acuerdo.

No obstante, la caída de esos enormes aparatos que gobernaban un tercio del mundo, sobre todo en la ex URSS y en el Este de Europa y que fue llevada a cabo por el movimiento de masas, tuvieron un signo positivo porque derrocaron verdaderas dictaduras disfrazadas de “socialismo”, y porque asestaron un golpe fenomenal sobre los aparatos que controlan en el mundo a las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, este signo liberador que abre la posibilidad de poner en pie de nuevas direcciones revolucionarias y rescatar el verdadero socialismo, ha demostrado que es un proceso más lento de lo que nosotros mismo imaginamos al inicio.

La consciencia revolucionaria de la lucha por una nueva sociedad derrocando al Estado y expropiando a los capitalistas en la etapa actual, ha quedado pues reducido a su defensa por grupos pequeños como el nuestro, haciendo más titánica la labor de convencimiento de nuestras consignas y programa.

Recolonización y caricatura de democracia

En nuestro folleto Bicentenario: 200 años de resistencias y luchas, hicimos hace algunos años un balance de 30 años de neoliberalismo en el Perú y llegamos a la conclusión categórica de que los problemas que nos aquejan hoy no solo son los de siempre, sino que son más graves.

Más del 30% sigue viviendo en la pobreza y cerca al 20% en pobreza extrema. La desocupación (más del 14%) se hizo estructural y ahora domina el semiempleo y la informalidad con más del 75% de la PEA; de los que son formales 3 de cada cuatro son tercerizados. Dentro de esta “informalidad” cobran peso significativo la economía que impulsan el narcotráfico, la minería y la tala ilegales y el crimen organizado. Se conformó así una nueva clase trabajadora de carácter precario y pobre. Los servicios sociales como educación y salud siguen siendo calamitosos: en educación seguimos a la cola a nivel mundial, y en salud la mejor prueba fue la pandemia del Covid 19 donde Perú produjo la tasa de muertes por millón de habitantes más alta del mundo. La pobreza se concentra en las grandes urbes, pero golpea más en el campo y sobre todo en el sur andino y en la Amazonía, donde 7 de cada 10 niños menores sufren de anemia, entre otros flagelos que deja el capitalismo de moda. Asimismo, sectores cada vez más numerosos de la población se acercan o ya viven en la barbarie, cuya expresión más dramática son el aumento del feminicidio y la violencia machista, al mismo tiempo que crece la delincuencia, la inseguridad y el crimen.

La otra cara de esta realidad es que las grandes riquezas generadas en dos décadas de crecimiento fugaron al exterior, y la otra parte la acaparan 17 familias con control monopólico y oligopólico de las principales actividades económicas, con rentas que alcanzan a toda la riqueza que el país produce en un año.

Todo este sistema brutalmente desigual solo será exitoso en el imaginario social y en especial en el de las clases medias. La pandemia del Covid 19 se encargará de mostrar su profunda fragilidad cuando un gran sector de las “clases medias”, niña mimada del modelo, fue empujado a la quiebra masiva, la mitad de la clase trabajadora fue echada a la calle, y todos ellos ellos junto a los pobres fueron condenados a morir por el virus o por hambre. Mire desde donde se le mire, el modelo neoliberal solo hizo más rico a los grandes capitalistas, profundizó el atraso del país de tal manera que no tenemos una economía nacional propiamente dicha sino colonizada o dependiente del imperialismo, creó una clase trabajadora predominantemente pobre e informal y el campo fue dejado en abandono.

En cuanto a la democracia burguesa, el balance no es mejor. Se reveló como una careta que solo sirve para enmascarar a un régimen esencialmente autoritario y represivo que, cada que lo necesita, saca las garras para garantizar el funcionamiento del modelo y a sus beneficiarios, dejando sangre y dolor entre los que luchan o reclaman. La llamada “democracia”, para las mayorías, se reduce al derecho a votar cada cierto tiempo, y las autoridades elegidas que normalmente burlan sus promesas, son repudiadas masivamente. Al mismo tiempo, el discurso antiterrorista se institucionalizó para etiquetar como tales a los que luchan, y combinados con los prejuicios raciales de la gran burguesía, se usan como justificativos para la represión indiscriminada que se desata contra toda lucha, sobre todo en el campo. Los reclamos democráticos de una nueva constitución vía una Asamblea Constituyente o toda pretensión de introducirle cambios desde el movimiento de masas, también son etiquetados de la misma manera; mientras el Congreso, con una mayoría espuria, puede aprobar cambios fundamentales conforme a sus intereses.

Si se pretendió crear una “república de ciudadanos” el neoliberalismo sólo nos trajo una reedición aumentada y más pueril de república aristocrática que gobernó el Perú hace un siglo, la república de los hacendados, mineros y agroexportadores que son los mismos grupos que hoy ejercen el poder. La actuación del gobierno Boluarte en la represión criminal de las protestas del sur causando medio centenar de víctimas bajo la forma de ejecuciones sumarias, es una muestra del tipo de democracia establecida.

Esta forma de funcionamiento del régimen, junto al “enriqueceos” del discurso neoliberal, por último, abrieron las compuertas para el crecimiento de la megacorrupción que afecta a todo el Estado y los partidos del orden, de derecha e izquierda, haciéndola endémica y prácticamente sin solución.

De todo esto no se salva ni el medio ambiente, donde pese a los compromisos suscritos por el Estado peruano, se sigue deforestando la Amazonía, ahora con una nueva norma que la propicia, mientras sigue creciendo la tala ilegal como la minería ilegal sin que se haga nada para evitarlos, y alentando nuevos proyectos mineros. 

Reformismo sin reformas

En este contexto de fracaso y decepción para las mayorías pobres, con el neoliberalismo y de su régimen de democracia burguesa, ¿cuál fue el papel del nuevo reformismo? ¿Qué fue de su propuesta de darle un “rostro humano” al modelo económico y de democratizar al régimen “construyendo ciudadanía”?

El reformismo en el movimiento obrero surgió en la etapa de ascenso del capitalismo (fines del siglo XIX y principios del XX), y se basaba en algo real: era posible obtener mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Pero esa fase concluyó con el surgimiento del imperialismo que anuncia el inicio de la decadencia del sistema capitalista y abre una época revolucionaria donde la principal tarea pasará a ser construir partidos y una Internacional para hacer la revolución, caracterizaciones que serían confirmadas por los eventos que llevan al triunfo de la Revolución Rusa de 1917 y las que se extienden a lo largo del siglo XX. El “reformismo” devendría en contrarrevolucionario y será combatido ferozmente por los marxistas.

Sin embargo, sin que haya cambiado esta época sino solo la correlación de fuerzas que permitieron el auge neoliberal, casi toda la izquierda se hace reformista, y pasa a convertirse en un puntal del orden, con el librero de “otro mundo es posible” o de humanizar al sistema capitalista e imperialista. Sin duda alguna, un absurdo por donde se le mire, pero un discurso útil para engañar a las masas y servir mejor a la burguesía luego que “enterraron” al socialismo. 

Los ejemplos de estas políticas vergonzantes son abundantes y están presentes aquí y en todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué hizo Susana Villarán en la alcaldía de Lima? No realizó ninguna “reforma”. ¿Qué hizo Ollanta Humala? Renunció a su programa de “la gran transformación”, incluso antes de sentarse en Palacio. Pedro Castillo firmó junto a Keiko Fujimori y antes de la segunda vuelta el llamado “Compromiso por la Democracia”, comprometiéndose a no realizar ningún cambio. Todos, en las alcaldías, en el parlamento y en el gobierno, se disciplinaron al régimen y al modelo neoliberal, olvidando sus prometidas “reformas”. Todos se mostraron capitulando al imperialismo, cuya categoría incluso borraron de sus programas. Incluso, cuando necesitaron salir en defensa del orden ante las amenazas que representaban las luchas en respuesta a las promesas incumplidas, apelaron a la represión y al recorte de libertades como cualquier gobierno burgués.

¿Qué hicieron los parlamentarios de izquierda como Fernández Chacón o Isabel Cortez que en sus campañas ofrecieron de todo para resultar elegidos? Tampoco nada. Solo fueron útiles para reproducir las ilusiones de que los cambios pueden provenir del parlamento y no de las luchas.

Muchos de los nuevos líderes de esta nueva y vieja izquierda han sido tan leales al modelo que incluso muchos de ellos hicieron parte de la megacorrupción, razón por la que hoy se encuentran procesados o en la cárcel. Lo esencial aquí es que, aun cuando estos personajes fueran “honestos” — como se dice desde esos sectores del ex presidente de izquierda uruguayo Pepe Mujica–, todos colaboran con la burguesía y el imperialismo y no aportaron ningún cambio en la vida de los trabajadores.

Así, su promesa de “otro mundo es posible” ha sido y es puro fraude. Un engaño consciente útil para conseguir votos y ocupar cargos en el Estado. Para peor, tras su fracaso y desnudado su fraude, lo único que traen es desazón y desconfianza de las masas en la “izquierda” en general, y le allanan el camino a la reacción burguesa que vuelve con más odio, en un ciclo que se repite y de cuyo juego ellos hacen parte.

Vigencia de la revolución

Esta realidad que no deja la etapa neoliberal y sus defensores. La misma situación se vive en Latinoamérica y en el mundo, mientras dicho sistema decae y produce caídas cada vez más espectaculares, arrastrando a los países más pobres a nuevas crisis y obligándolas a aplicar nuevos ajustes que los empobrecen más. En la disputa por los mercados, los conflictos imperialistas se agravan y aparecen nuevos y distintos tipos de guerras en varios con efectos catastróficos en todos los terrenos, con amenazas de su extensión global. La locura capitalista por ganar más, también produce graves daños al ecosistema y destruye al planeta.

Ante toda esta realidad del mundo neoliberal pero más imperialista que nunca, las masas no han dejado de luchar ni de producir nuevas revoluciones. La respuesta se extiende por todo el mundo con gigantescas movilizaciones, por ejemplo, estos días contra el genocidio israelí e imperialista en Gaza y en solidaridad con Palestina. Explotan rebeliones y algunos procesos revolucionarios en distintos puntos del planeta, en especial en Latinoamérica, haciendo frente a los planes de ajuste de las burguesías a tono con su modelo neoliberal. La caracterización marxista de que vivimos en una época de guerras y revoluciones y de que hay que prepararse para la revolución, muestra toda su vigencia en esta nueva realidad.

Los importantes cambios que dieron lugar a la nueva etapa o ciclo de crecimiento del capitalismo mundial, ahora se agotan. Ahora queda más claro que, estos cambios no fueron posibles por méritos del sistema, o como se dice, de su capacidad de “autoajuste”. No. Fue debido a la traición de las viejas direcciones que jugaron a su favor cuando, luego de fracasar su “socialismo” en el tercio del mundo, los llevaron de vuelta al capitalismo, contribuyendo a su recuperación, al mismo tiempo se colocaban al servicio del nuevo modelo de acumulación confundiendo y traicionando a los trabajadores. Así lograrían reequilibrar la situación mundial por un periodo que ahora se acaba, tendiendo todo a volver las crisis, guerras y revoluciones, signos distintivos de esta época actual.

Estas características generales son las que explican la propia situación nacional. Solo hay que ver la lucha que desencadenó el sur contra el régimen para reconocerlas plenamente. La lucha se realizó bajo las banderas de Fuera Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente, es decir, buscaba tumbarse al régimen sobre el que se asienta el modelo neoliberal y de recolonización. Se desencadenó cuando los más pobres concentrados en el sur andino, vieron frustradas sus esperanzas de cambio cuando se vacó al presidente Pedro Castillo, y se propusieron echarlo buscando con banderas de la democracia revolucionaria. Incluso sus métodos de lucha, de autoorganización y autodefensa y de lucha frontales contra el Estado y sus agentes represivos, fueron revolucionarios e impactaron al mundo.

El proceso no llegó a abrir una situación revolucionaria en el país por la traición de las direcciones que salieron a salvar al régimen, poniendo de relieve el papel que les corresponde en la defensa del régimen. Ellas la aislaron y dejaron la rebelión del sur a expensas de la represión, que no por casualidad fue una de las más sangrientas de los últimos tiempos e instigada por las clases altas. Así le infligieron una derrota política, y, aunque su retroceso refleja la profundidad y grado de represión desplegada, en esas regiones hoy solo se respira odio contra las élites, principalmente limeñas, incluida las direcciones traidoras, y sus banderas muestran su absoluta vigencia en cada manifestación o acto social.

Esta conflictividad ha dejado un régimen odiado y precarios, cada vez más descompuesto, que únicamente es sostenido por la traición y colaboración de las direcciones.

Esta experiencia muestra el camino que va a seguir el conflicto social en el Perú en los próximos años: no hay ninguna solución al interior del sistema sino todo es para peor. Ante su clamorosa precariedad, la respuesta de la reacción es monopolizar el poder y atacar, y el papel de las direcciones es colaborar con ella con la prédica de reforma del régimen. Pero ni la mano dura ni el maquillaje van a darle más respiro al régimen y la tempestad que se inició en el sur va a volver, espoleada por el agravamiento o profundización de los problemas que la originaron. La lucha podrá retroceder y tomarse un aliento, pero será retomada en algún momento.

Por eso creemos que en el Perú hay un proceso revolucionario en ciernes, y que vamos camino a su completa apertura en las calles y en la consciencia de amplias masas que en algún momento decidirán tomar en sus manos el control de sus propios destinos. Entonces, a la pregunta inicial: ¿está vigente la revolución en Perú? Sí, por supuesto que sí. Por ello también, está vigente y es más urgente que nunca la tarea de construir un verdadero partido revolucionario, una necesidad que estuvo lejos de la comprensión de amplios sectores de masas en el periodo anterior. Un partido revolucionario que la impulse y haga posible su realización victoriosa.

La segunda pregunta: Para construir este partido, ¿se debe priorizar la intervención electoral o la intervención en las luchas de la clase trabajadora? En consonancia con lo anterior, el centro es intervenir en la lucha de clases, para construir el partido y los organismos y consciencia de los trabajadores. No somos antielectorales: usamos todos los espacios formales, como las elecciones, para propagandizar nuestro programa revolucionario y educar a las masas trabajadoras en la idea de que lo principal es su movilización y lucha. Por ello denunciamos a toda la izquierda electorera que ha devenido desvergonzadamente en la pata izquierda del régimen, y en especial a aquellos que, utilizando su prestigio como luchadores, alientan ilusiones en la democracia burguesa solo con el propósito de alcanzar una curul parlamentaria.

Por todo esto podemos decir también que, gracias a que somos parte ser parte de la corriente revolucionaria que es la LIT CI, hemos podido comprender el signo de la etapa que atravesamos e identificar sus potencialidades revolucionarias, así como la vigencia de nuestro programa y estrategia, y mantener la construcción de nuestro partido como una organización revolucionaria.

El PST: pasando la prueba de la historia

Sin embargo, no vamos a subestimar que los cambios de tipo histórico que hemos descrito, trajeron golpes, presiones centrífugas y fuertes retrocesos sobre nuestra pequeña organización. En ella se inscribe la ruptura de nuestro partido el año 92, donde un grupo importante de camaradas pretendiendo defender ciertos principios, fue llevado a desaparecer. Explica también nuestra desarticulación durante la reacción de los años 90. Y desde el año 2000 iniciamos una etapa de rearme y reorganización, pero enfrentando numerosas dificultades para nuestra construcción, poniendo en evidencia sobre todo de una mejor comprensión de la etapa y sus particularidades, y de las tareas que nos corresponde realizar.

Entonces, si ubicamos en la línea de tiempo nuestro recorrido, tenemos que decir que la primera etapa en la que el PST da sus primeros pasos como partido revolucionario, de 1974 a 1990 (dieciséis años), representa un periodo corto pero al mismo tiempo intenso y rico en acontecimientos por su signo revolucionario.

El periodo posterior que dura 34 años, que es más del doble de aquel, no es de signo revolucionario, incluso se abre con el decenio dictatorial fujimorista de retroceso y derrota. Se han sucedido periodos de ascenso como el que llevó a la derrota de la dictadura, pero ha dominado la relativa y ahora precaria estabilidad. Esto significa que hemos mantenido nuestra construcción como partido revolucionario, en el periodo más largo, duro y lleno de dificultades.

Por esta razón el PST hoy constituye una vivencia clara de la lucha histórica de la clase trabajadora peruana de los últimos 50 años, y es una referencia fundamental para la construcción del partido de la revolución socialista en el Perú.

Netanyahu reproduce el exterminio nazi ¡Sí! Lula tiene que romper relaciones con el Estado genocida

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Por: Redacción PSTU Brasil

El domingo 18, el presidente Lula celebró una conferencia de prensa en la capital de Etiopía, Addis Abeba, y expresó su indignación por el genocidio en curso en Gaza, comparándolo con el holocausto nazi, y abogó por un alto el fuego inmediato y la libre entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza.

El mismo día, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu declaró que comparar las acciones de los nazis en Europa con las acciones del Estado de Israel en Gaza era inadmisible, y calificó la declaración de Lula como antisemita (en este caso, discriminación contra los judíos).

Al día siguiente, el Estado de Israel montó una provocación y convocó al embajador de Brasil para «amonestarlo» en un lugar público, el memorial del Holocausto Yad Vashem en la Jerusalén ocupada, donde el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró que el presidente Lula es “persona non grata”.

El gobierno brasileño decidió entonces retirar a su embajador de Tel Aviv durante diez días, señal diplomática de desacuerdo con la provocación sionista.

Contra Netanyahu, el sionismo y la derecha abiertamente prosionista

Es necesario repudiar estas acciones diplomáticas de Netanyahu y del Estado de Israel que, de hecho, son un ataque y una provocación contra el Brasil y todos aquellos que critican a Israel. Vale recordar que el Estado de Israel es la correa de transmisión de los países imperialistas. También es ridículo que 91 diputados pidan el impeachment de Lula por esto. Sólo muestra el nivel de sumisión de parte de la derecha brasileña a la pauta sionista e imperialista. Además, el hecho de que 20 firmas de esta solicitud provinieran de la propia base aliada del gobierno debería dar que pensar. Sirve como alerta de la importancia de ser una oposición de izquierda a él.

No hay nada de antisemitismo en criticar el Estado de Israel. Y no hay nada en contra de que los judíos estén contra Israel, tanto es así que hay muchos judíos que se oponen a la política sionista y al Estado de Israel, más allá del desastroso gobierno de Netanyahu.

Netanyahu aislado

Esta controversia diplomática llega en un momento en que el gobierno de Netanyahu ha perdido la guerra por corazones y mentes en la mayoría de los países del mundo donde el genocidio israelí en Gaza es impopular. Además, Netanyahu cuenta con el apoyo de sólo 15% de la población israelí, y el fin del genocidio significará el fin de su gobierno y su juzgamiento por crímenes de corrupción.

Por eso Netanyahu quiere mantener el genocidio en Gaza a cualquier costo, así como expandir el conflicto al Líbano, Siria e Irán. Incluso en medio del genocidio, las manifestaciones de israelíes que piden la caída del gobierno de Netanyahu y nuevas elecciones crecen cada semana.

Además, los patrocinadores del Estado de Israel, como Estados Unidos y los países europeos, también enfrentan protestas obreras y populares. 

La política de Lula

Desde el inicio del genocidio en Gaza, el gobierno de Lula ha buscado una posición equidistante criticando tanto lo que él denomina “las acciones terroristas de Hamás” como el genocidio israelí. Además, en un coqueteo con los sionistas, Lula defiende la liberación de los prisioneros israelíes en Gaza, pero no dice nada sobre los miles de prisioneros políticos palestinos encarcelados por el Estado de Israel.

 Más de cuatro meses después, la cruel realidad en Gaza, con 29.000 muertos, nueve mil desaparecidos, más de cien mil heridos, hogares, hospitales y escuelas destruidos por la acción genocida israelí, enciende la solidaridad internacional con Gaza y obliga a varios gobiernos a realizar gestos simbólicos de desagrado. Este es el caso del presidente Lula.

Lula apoyó el pedido de Sudáfrica de llevar al Estado de Israel al banquillo de los acusados ​​ante la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio. También anunció la ampliación del financiamiento a la agencia de la ONU de asistencia a los millones de refugiados palestinos, la UNRWA. Y, ahora, la comparación de las acciones israelíes con las acciones nazis y el retiro del embajador brasileño por diez días. 

Estos gestos simbólicos son importantes, pero, a través de ellos, Lula busca atraer el apoyo del pueblo palestino y evitar una medida de ruptura con el Estado de Israel. 

El problema de la declaración de Lula es lo contrario de las críticas que recibe. El problema es que esta todavía es limitada. El pueblo palestino, en este momento, necesita mucho más. El reconocimiento de que hay un genocidio en curso debe ser acompañado de la ruptura de todas las relaciones diplomáticas, económicas y políticas con Israel. De lo contrario, sería similar a mantener relaciones con la Alemania nazi o la Sudáfrica del apartheid. Otro problema es que, ante un genocidio en curso, cualquier equiparación entre la resistencia del pueblo palestino y la violencia del Estado de Israel sirve al Estado de Israel.

En la historia de la diplomacia brasileña, la defensa del Estado de Israel siempre estuvo presente. Al principio, la línea diplomática de Osvaldo Aranha, de alineamiento incondicional con Estados Unidos, condujo al apoyo incondicional al Estado de Israel desde su formación. En los años 1970, durante la dictadura militar, el ministro Azeredo da Silveira mantuvo el apoyo al Estado de Israel pero hizo pública la posición brasileña a favor de la constitución de un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Durante los trece años de gobiernos del PT, esta posición de dos Estados se mantuvo, pero el Brasil se convirtió en uno de los cinco mayores importadores de la industria armamentista israelí. Con Bolsonaro hubo un alineamiento incondicional con Israel, y ahora el gobierno de Lula busca que la política brasileña retome la defensa de los dos Estados y de crítica a las atrocidades israelíes.

La polémica sobre el Holocausto

El Holocausto nazi en Europa representó el asesinato en escala industrial de millones de judíos, gitanos, disidentes de izquierda y los pueblos de la ex Unión Soviética, en campos de exterminio y ejecuciones sumarias.

Sin embargo, este no fue el único holocausto en la historia. El holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki es otro ejemplo. El conocido intelectual Mike Davis escribió “Holocaustos coloniales, la creación del tercer mundo” en el que denuncia el exterminio de 50 millones de personas. La periodista Daniela Arbex escribió “El Holocausto brasileño” sobre la tragedia del sistema de manicomios brasileño, en particular el hospital colonia de Barbacena.

De modo que el uso del concepto de holocausto no es exclusivo al exterminio nazi. Tampoco deberíamos comparar un holocausto con otro. Se deben combatir todos los holocaustos y respetar el sufrimiento de sus víctimas.

Lo que es necesario es entender lo que está sucediendo en la franja de Gaza. La deshumanización de las familias palestinas, su asesinato en masa, ya sea mediante bombardeos indiscriminados, ejecuciones en masa, o haciendo imposibles las condiciones de supervivencia en la Franja, se caracteriza como un holocausto. No es ni mayor ni menor que cualquier otro exterminio en masa. Por eso, organizaciones de judíos antisionistas y supervivientes del holocausto utilizan el llamado “Nunca más, para nadie más”. 

Rompiendo relaciones con el Estado genocida

Los palestinos enfrentan un genocidio y Lula no puede limitarse a hacer gestos diplomáticos. Es necesario que Lula rompa todas las relaciones diplomáticas, comerciales, militares e institucionales con el Estado de Israel, medida defendida por los movimientos de solidaridad con Palestina.

El PSTU llama a la clase trabajadora, las organizaciones sindicales, los movimientos populares, los grupos de Derechos Humanos y los partidos de izquierda a fortalecer la movilización en apoyo al pueblo palestino y a sumarse a la campaña para que Lula rompa todas las relaciones con el Estado terrorista de Israel.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 19/2/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.