Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, encuentra al Perú bajo la presidencia ahora de José Balcázar, cuyas declaraciones públicas favorables al matrimonio infantil y otras en relación a las relaciones sexuales tempranas de la mujer resultan condenables en un país atravesado por altos índices de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.
Tales posturas no son un exabrupto aislado, sino la expresión del carácter reaccionario y ultraconservador del régimen político que se consolidó y se mantiene aún tras el ascenso de Dina Boluarte hace tres años. En medio de un contexto internacional marcado además por escándalos de explotación y abuso sexual como el caso de Jeffrey Epstein, queda en evidencia que la violencia contra mujeres y niñas no es un problema “cultural” o nacional aislado, sino un fenómeno profundamente ligado a redes de poder y privilegio que atraviesan fronteras.
Las cifras oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres en el Perú continúan percibiendo ingresos menores que los hombres, presentan mayores tasas de informalidad laboral y dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
A ello se suma que una proporción alarmante ha sufrido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida.
Esta desigualdad no es accidental: responde a una estructura económica y social que se beneficia del trabajo precarizado y del trabajo doméstico gratuito que realizan millones de mujeres, mientras limitan su autonomía económica y política en la sociedad.
Una campaña electoral sin propuestas claras
En medio del actual proceso electoral, sin embargo, ningún candidato coloca esta problemática en el centro del debate ni propone medidas radicales que apunten a resolverla desde la raíz.
No se discute seriamente la implementación de una red nacional de guarderías públicas y gratuitas que permita socializar las tareas de cuidado, ni la creación de servicios comunitarios como lavanderías o comedores que reduzcan la carga doméstica que recae mayoritariamente sobre las mujeres.
Tampoco se asume con claridad la defensa del aborto libre, gratuito y de calidad como parte de una política integral de salud pública y de reconocimiento pleno del derecho a decidir.
Las propuestas, cuando existen, suelen limitarse a programas focalizados o campañas de sensibilización que no alteran la estructura que produce la desigualdad.
Por eso, el 8 de Marzo no debe reducirse a una fecha de celebración simbólica promovida por el propio sistema que invisibiliza su origen combativo y obrero.
Es, ante todo, un día de lucha internacional. Una jornada para cuestionar al sistema económico mundial que no solo oprime a las mujeres por su género, sino que también las explota como trabajadoras, y que necesita de su subordinación para sostenerse.
La emancipación de las mujeres no será obra de discursos oficiales ni de reformas superficiales, sino de la acción organizada junto a sus compañeros de clase, que también padecen un modelo capitalista basado en la explotación y la concentración del poder.
Solo así la indignación podrá transformarse en fuerza capaz de cambiar de raíz las condiciones que hoy sostienen la opresión.
