Las luchas universitarias sacuden a la capital. En San Marcos y la UNE-La Cantuta, los estudiantes tomaron la ciudad universitaria. En San Marcos denuncian a la actual rectora Jerí de pretender reelegirse, para tal fin coordina con la mafia del Congreso un proyecto ley que la beneficia. En la UNE reclaman la restitución de la residencia universitaria, destruida desde hace más de treinta años bajo la dictadura de Fujimori. La Pontificia Universidad Católica – PUC fue sacudida con una rebelión contra el rector que había elevado la pensión más baja a mil soles más. La pensión más baja involucra a la mayoría de estudiantes. Todas estas luchas estudiantiles chocan contra la política de ajuste del gobierno-Congreso… y pueden triunfar, a condición de que sus direcciones estudiantiles impulsen la más amplia unidad y acciones de masas con toda la comunidad universitaria y la hacen extensiva a otras universidades.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es escenario de una importante lucha estudiantil desde el pasado 12 de mayo. Un sector del alumnado ha tomado la ciudad universitaria en rechazo a las elecciones virtuales, al incremento de la valla electoral y al proyecto de ley que permitiría la reelección de rectores, vicerrectores y decanos. Los estudiantes denunciaron que la iniciativa favorecería directamente a la actual rectora Jerí al abrir la posibilidad de su permanencia en el cargo.
Congreso busca aprobar la “Ley Jerí”
El debate creció luego de que el pasado 7 de mayo la rectora acudiera al Congreso bajo el argumento de participar en actividades por el aniversario de San Marcos. El verdadero objetivo habría sido coordinar una propuesta legislativa destinada a garantizar la continuidad de las actuales autoridades universitarias. El proyecto incluso evitó el trámite regular y fue llevado directamente a la Junta de Portavoces, dejando de lado el debate correspondiente en la Comisión de Educación.
Para la comunidad universitaria, esta maniobra evidencia la estrecha relación entre las autoridades universitarias y el actual régimen político. Las críticas apuntan a que la iniciativa busca consolidar estructuras burocráticas y redes de poder que administran importantes presupuestos públicos, mientras persisten graves problemas dentro de la universidad. A ello se suma el rechazo al papel que desempeñó la gestión de Jerí durante las protestas nacionales de 2023 contra Dina Boluarte, cuando autorizó el ingreso policial al campus de San Marcos generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos.
Alto a la privatización
El conflicto también reabrió el debate sobre la situación de la universidad pública y los efectos de la actual Ley Universitaria 30220. Los estudiantes denuncian que, lejos de resolver los problemas estructurales, las reformas recientes han profundizado la precarización de servicios, las deficiencias en infraestructura, las dificultades económicas y el avance de criterios empresariales dentro de las casas de estudio. Mientras las autoridades disputan cargos y cuotas de poder, miles de estudiantes continúan enfrentando limitaciones para acceder a una educación pública de calidad.
En ese contexto, desde el PST, venimos planteando la necesidad de articular la lucha de San Marcos con los conflictos que atraviesan otras universidades del país. Señalamos que los ataques contra la educación pública forman parte de una crisis política más amplia marcada por la corrupción, el autoritarismo y la política neoliberal del régimen político actual.
Por ello, proponemos impulsar asambleas de base entre estudiantes, docentes y trabajadores, a la vez que impulsemos coordinaciones interuniversitarias para acordar acciones unitarias y, al mismo tiempo, el llamado a las organizaciones sindicales y populares, con el objetivo de enfrentar de manera conjunta las políticas que afectan a las universidades públicas y al conjunto de los trabajadores.
