Contra el gobierno de la burguesía corrupta, opresora y explotadora
Por un gobierno de la clase obrera y el pueblo
Los trabajadores y trabajadoras del país tenemos muchos motivos para luchar.
Barata finalmente cantó, confirmando la existencia de una gigantesca red de corrupción vinculada a Odebrecht mediante la cual, con el pago de coimas, se produjo el más grande robo al país en los tiempos del post-fujimorismo.
Esa red abarcó a importantes grupos empresariales peruanos y todos los gobiernos de este periodo: Toledo, García y Humala, así como sus principales ministros y organismos de inversión pública, y hasta a los candidatos presidenciales con más opciones.
Pedro Pablo Kuczynski, hoy con prisión domiciliaria, está incluido como hombre clave de todo ese periodo, y aunque Barata solo habló de los aportes de campaña, es conocido su doble papel de ministro habilitador y asesor financiero de Odebrecht.
La red alcanzó también a los gobernadores regionales de Cusco, Jorge Acurio, y Ancash, César Álvarez, así como a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, responsable por las adendas que elevaron los costos de las obras viales que sirvieron de instrumento de robos millonarios. Se esperan revelaciones y confirmaciones similares para el caso del ex alcalde Castañeda, cuando declaren los funcionarios de las otras empresas brasileñas.
El suicidio de García: una bandera de la corrupción
Ha quedado también en evidencia que Alan García se suicidó porque su suerte ya estaba echada, y la muerte fue para él la manera de evadir la justicia y la cárcel. Los 4 millones recibidos por el ex secretario de Palacio, Luis Nava, así lo evidencian.
Sin embargo, ese hecho viene siendo utilizado por el aprismo para mostrar a García como un mártir redentor, y también para descargar una contraofensiva contra los fiscales y jueces que ven el caso lava jato peruano, con el objetivo de abrir una vía a la impunidad. El Apra y el fujimorismo, cuya lideresa Keyko Fujimori y su cúpula cumplen prisión preventiva por un evidente caso de lavado de activos; a los que se han sumado Acción Popular, el PPC (implicado no solo por los aportes de campaña sino también por traicionar los intereses del país en los arbitrajes seguidos por Odebrecht), y hasta partidarios de PPK, pretenden tumbarse la estrategia de prisión preventiva que los fiscales utilizan para asegurar las investigaciones.
Vizcarra ya ha acusado el golpe, y en una evidente intromisión, tanto él como su primer ministro Del Solar cuestionaron la forma en que la fiscalía viene utilizando el recurso de la prisión preventiva.
La corrupción está viva y coleando
Queda en evidencia que la gigantesca red de la corrupción sigue viva y actuando, cuenta nada menos que con el control del Congreso, y con nexos en el Poder Ejecutivo que podrían alcanzar hasta al propio presidente Martín Vizcarra quien, recordemos, llegó al gobierno primero como vicepresidente de PPK y su grupo lobista, y luego a la Presidencia de la República como carta de recambio de la oposición fuji-aprismo ante la renuncia de PPK.
Vizcarra se reubicó en la coyuntura del destape de los “cuellos blancos del puerto”, impulsando las reformas judicial y política que resultaron ser más pantomima que una lucha real contra la corrupción. Frente a la prisión preventiva de Kuczynski, Vizcarra le hizo a este una visita que fue una clara intromisión en el proceso investigativo, y un cínico uso de sus influencias a favor del procesado, a quien finalmente se le cambió la cárcel por detención domiciliaria. En el país hay más de 35,000 presos sin sentencia que no reciben este beneficio, muchos de ellos en peores condiciones de salud y de encarcelamiento.
La subsistencia de la red de corrupción se evidencia también en la impunidad de los empresarios del Club de la Construcción, a pesar de las numerosas evidencias y ahora las declaraciones de Barata que no dejan lugar a dudas. No solo impunidad, sino que hasta sigue haciendo negocios; hace pocos días el actual alcalde de Lima suscribió un contrato de la vía expresa del sur con Graña y Montero, reactivando un contrato lesivo que ya estaba liquidado, y retrocedió preventivamente solo por el escándalo que ya venía desatando.
Las grandes corporaciones corruptas demandan recortar los derechos de los trabajadores y los pueblos
El gobierno no es garantía de lucha contra los corruptos. Eso está claro. Y no puede serlo porque defiende los intereses de los poderosos, lo cual en sí mismo es un acto de corrupción, pues al menos en teoría un gobierno debe defender los intereses de la población nacional.
El gobierno atropelló los legítimos derechos del pueblo de Fuerabamba, autorizando por encima de la ley una carretera a favor de minera Las Bambas, y coartando el legítimo derecho del pueblo a la protesta con sucesivos estados de emergencia, es decir enfrentándolos con tropas militares, criminalizando sus protestas, encarcelando a sus líderes y asesores. El gobierno solo retrocedió porque la valiente e inclaudicable lucha de los comuneros permitió que el país se entere de semejante atropello; pero insiste en imponer salidas que favorecen a la minera.
Hoy la lucha de los comuneros de Fuerabamba pone en cuestión la ley de criminalización de la protesta establecido por el corrupto Toledo tras el “arequipazo”, y reforzado por el también corrupto segundo gobierno de García, al servicio de las transnacionales mineras dentro de su concepción del “perro del hortelano”.
Hoy los comuneros exigen amnistía general a todos los procesados. Esa misma ley de criminalización de la protesta es la que se utiliza en contra de todos los sectores sociales que luchan por sus justos derechos. Por tanto, no podemos menos que respaldar y unirnos a la lucha de los comuneros de Fuerabamba en su reclamo.
Por otro lado, la víspera de la llegada a Lima de Mike Pompeyo, secretario de estado de Estados Unidos, el gobierno en un afán servil al amo norteamericano lanzó una criminal intervención policial contra el pueblo de San Gabán en Puno, que trajo como resultado dos agricultores cocaleros muertos y varios heridos. Y en Loreto el gobierno se pone del lado de la transnacional Pluspetrol, en contra de las poblaciones afectadas por la constante contaminación de los ríos que son su medio de vida.
El gobierno es también cómplice de los empresarios en la proliferación de ceses colectivos que ponen en la calle a cientos de trabajadores, además que su propósito es mantener y extender los diversos regímenes laborales precarios, como ha anunciado que hará con el régimen especial del agro por 20 años más. Para ello no hay más motivación ni sustento técnico que la constante presión de los empresarios por una reforma laboral. Y es justamente eso lo que el gobierno se propuso hacer, por la vía de la imposición, con el Decreto Supremo N° 345-2018-EF.
El gobierno, en fin, es la continuidad del nefasto neoliberalismo que paraliza al Estado frente a las necesidades esenciales del pueblo, con una salud y educación que se envilecen cada vez más mientras crecen los negocios privados que lucran con la salud y la educación; un gobierno inoperante frente a la reconstrucción, frente a la inseguridad ciudadana; un gobierno cómplice del robo sistemático de las AFP, y que protege el robo a las grandes empresas en el robo de tributos al Estado.
Los trabajadores no podemos maquillar ni defender el sistema político de democracia corrupta de los patrones: ¡Es preciso sepultarlo!
No estamos ante una crisis más, ni ante un lado podrido de la manzana, el sistema de la corrupción al descubierto y el involucramiento de prácticamente todos los partidos del sistema político ponen en evidencia que la manzana del capitalismo y la democracia burguesa está en total descomposición.
Nada tenemos que ver los trabajadores con toda esa podredumbre. Los partidos y frentes izquierdistas que desde distintos niveles de gobierno hicieron parte de la corrupción, lo hicieron al servicio de sus bolsillos como parte de proyectos de colaboración de clases y con políticas al servicio de los empresarios y del plan neoliberal, casos del nacionalismo de Ollanta Humala y la izquierda liberal de Susana Villarán y todos sus aliados que hoy no pueden hacerse los desentendidos.
Hoy, los partidos de la izquierda en el Congreso, y las direcciones burocráticas de la central sindical, insisten en mostrar la realidad como dos bandos donde el peor es el fuji-aprismo y el gobierno el mal menor; más allá del discurso a veces radical, en los hechos se ponen del lado del gobierno. Esa izquierda conciliadora utiliza y malbaratea la actitud combativa del movimiento obrero y popular, mendigando precarias cuotas de poder, como un ministerio o un asiento en el Consejo Nacional del Trabajo. Por ello, a pesar de la profunda crisis política solo se observa en el horizonte, como si no hubiera más alternativa, el fuji-aprismo y sus aliados en corrupción, y el gobierno que actualmente detenta el poder al servicio de su propia impunidad.
Necesitamos soluciones de fondo: necesitamos hacer una revolución
Necesitamos construir el poder de los trabajadores para hacer una revolución. Y ese poder no se va a forjar de otro modo que no sea impulsando una lucha consecuente e inclaudicable que ponga al centro la derrota del gobierno por las principales demandas obreras y populares, como son una lucha hasta el final, sin retrocesos, contra la corrupción hasta poner en la cárcel a todos los corruptos y exigir las correspondientes reparaciones; la amnistía general a los procesados de Fuerabamba y de todos los procesados por ejercer su legítimo derecho a la protesta y que hoy enfrentan injustamente acusaciones penales; solución a las demandas de los pueblos afectados por transnacionales mineras y petroleras.
Asimismo, solución inmediata a todos los despedidos en ceses colectivos, eliminación de los regímenes laborales precarios, que son instrumentos de opresión y super explotación de trabajadores y derogación del Decreto Supremo N° 345 que busca imponer una reforma laboral desfavorable a los trabajadores; así como también aumento general de sueldos, salarios y pensiones, y eliminación de la privatización de la salud y la educación, y una auténtica y efectiva reconstrucción.