Desempleo juvenil: el fracaso de un modelo que pretende abaratar el trabajo

Por Miguel Reyes

El mercado laboral peruano sigue mostrando una realidad especialmente dura para miles de jóvenes que buscan acceder a su primer empleo. Aunque en el primer trimestre de 2026 el empleo nacional creció 1,3%, esta recuperación no alcanzó a todos. Según el INEI, el desempleo entre los jóvenes de 14 a 24 años llegó al 9,6%, casi el doble de la tasa general, situada en 5,1%.

Estas cifras revelan la incapacidad del mercado laboral para garantizar empleos formales, estables y dignos para las nuevas generaciones. El problema no se explica simplemente por la falta de capacitación o experiencia, sino por una estructura económica que durante décadas ha privilegiado la rentabilidad empresarial y la reducción de costos laborales por encima de la creación de empleo de calidad.

¿Otra vez la receta de abaratar el trabajo?

En este contexto, el gobierno de Keiko Fujimori difícilmente podrá ofrecer una solución de fondo mientras defienda el mismo modelo económico que ha predominado durante las últimas décadas. Existe además el riesgo de que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo sean utilizadas para impulsar medidas que faciliten y abaraten la contratación juvenil.

La experiencia de la llamada Ley Pulpín demuestra el peligro de esta receta. Durante el gobierno de Ollanta Humala se aprobó la Ley 30288, que estableció un régimen laboral especial para jóvenes de 18 a 24 años, reduciendo derechos como las vacaciones a 15 días y excluyendo beneficios como la CTS y las gratificaciones. La movilización juvenil y popular obligó finalmente a su derogación en enero de 2015.

Un modelo incapaz de garantizar trabajo digno

El problema de fondo persiste. El modelo económico impuesto desde los años noventa no ha construido una estructura productiva capaz de incorporar de manera estable y digna a las nuevas generaciones. Ha priorizado condiciones favorables para la inversión privada y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales, mientras el Estado mantiene una limitada capacidad para planificar el desarrollo, diversificar la economía y garantizar derechos sociales.

Por ello, el desempleo juvenil no se resolverá abaratando el trabajo de los jóvenes ni flexibilizando las condiciones laborales y recortando sus derechos.

Es necesario abrir una discusión entre jóvenes, trabajadores, estudiantes y organizaciones populares sobre el derecho a un empleo formal, estable, con salarios dignos y todos los beneficios laborales, y organizarnos para impedir que una vez más la crisis sea descargada sobre quienes viven de su trabajo.

El desempleo juvenil se combate transformando las condiciones económicas que producen desempleo, informalidad y precariedad.

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