Lo central en un balance de los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori es que, al lado de la absoluta incapacidad mostrada para hacer frente a los grandes problemas que aquejan al país (criminalidad, FEN, incremento del costo de vida…), se desarrolla una nueva escalada de ataques por parte de la patronal (ceses colectivos, pliegos de reclamo sin resolver), que propician acciones de resistencia de parte de algunos sectores de vanguardia.
Una situación que ya se expresa en el desgaste del gobierno en los sondeos de opinión, y que en perspectiva, plantea la posibilidad de un incremento de las acciones de lucha que pondrán en la agenda obrera y popular la necesidad de unificar sus demandas y presentar una alternativa para el país, a partir de su movilización independiente.
Un gobierno incapaz
Desde más de un sector se compara lo hecho por el gobierno de Keiko Fujimori con el de Dina Boluarte. Particularmente, debido a la notoria incapacidad para hacer frente a los problemas más dramáticos que aquejan al país, como la criminalidad o el alza del costo de vida, mientras la presidenta muestra su faceta más frívola dedicándose a sus redes sociales.
Esa incapacidad tiene un origen conocido: la defensa cerrada del modelo económico neoliberal, que entrega los recursos de nuestro país a las grandes mineras, petroleras, etc., a cambio de la destrucción de la naturaleza y de la superexplotación del pueblo pobre, arrojado a la informalidad por millones, y maniatando al Estado para actuar con mínima coherencia.
No en vano la Sociedad Nacional de Industrias, de la mano con El Comercio y el ministro de Economía, ha realizado un foro para concluir que la reconstrucción de la infraestructura que será destruida por el FEN es un gran negocio que debe ser entregado a los privados mediante lo que llaman un “shock desregulatorio”.
Esta política no solo es “más de lo mismo”. En momentos donde el crimen crece sin cesar, y el impacto de la naturaleza hace avizorar grandes problemas para la subsistencia del pueblo pobre y trabajador, la inacción de Keiko y compañía provoca que los problemas se profundicen, no solo que se mantengan.
Empeoran las condiciones de vida del pueblo
Asistimos, además, a la continuidad de un proceso inflacionario que pegó un nuevo salto antes de la instalación del gobierno, como consecuencia de la guerra de EE.UU. contra Irán.
La inflación promedio, que ya se ubica por encima del 5%, no refleja el aumento real de los precios: los combustibles han subido hasta un 43,6%, el transporte un 16% y los alimentos, como pescados, hortalizas, legumbres y tubérculos, registran un incremento promedio del 10%.
Estas alzas se ven ahora agravadas por los efectos climáticos del Fenómeno de El Niño (FEN). Este fenómeno golpea con particular dureza a las familias obreras y a los más pobres, debido a la manifiesta incapacidad del propio Estado patronal para realizar las obras de prevención, así como por la destrucción de campos de cultivo y cosechas enteras.
Para entender la lógica de este gobierno, es preciso saber que mientras destina 1800 millones de soles para enfrentar la emergencia del FEN, crea un fondo diez veces mayor para asistir a las empresas que se verán afectadas por el fenómeno climático.
En este marco, solo pueden crecer la desigualdad y la pobreza. Y aunque es verdad que oficialmente la pobreza monetaria aparentemente se redujo al 25,7 %, también es cierto que por primera vez desde que se tienen registros en el país, la pobreza en las ciudades es mayor que en el campo: alrededor del 75 %, es decir, tres de cada cuatro personas en situación de pobreza en el Perú viven en zonas urbanas, y cerca de la mitad de ellas se concentran en Lima y Callao.
Esto sucede porque los hogares urbanos pobres dependen casi por completo de ingresos laborales inestables, caracterizados por una elevada informalidad laboral, altamente vulnerables a las vicisitudes de la marcha de la economía.
Esto también ha hecho que la población en condición de vulnerabilidad se incremente y comprenda ahora al 32,8%. Es decir, aumentaron las personas que ante el alza incesante del costo de vida, o el impacto del FEN, están en riesgo de caer en la pobreza, como sucedió en la pandemia.
A todo lo anterior se suma la continuidad de la criminalidad, la extorsión, los robos y el sicariato, que también afectan principalmente a los trabajadores y a los sectores más pobres.
El estado de los negocios y del dominio imperialista
¿Qué ocurre del lado de la patronal? Desde el primer día del gobierno, los negocios empezaron a fluir.
Las inversiones aumentaron en un promedio del 15% con el relanzamiento de diversos proyectos mineros, inmobiliarios y de infraestructura. El consumo interno de los sectores más acomodados y de las clases medias aumentó en torno al 3,5%. Y los precios de los minerales, principal producto de exportación, han mantenido un alza del 15,8% respecto al año anterior.
En general, las estimaciones de crecimiento del PBI se han elevado del 2,6% al 3,2%, pese a los efectos de El Niño, impulsadas sobre todo por los sectores no primarios (construcción, comercio y servicios).
Por su parte, el gobierno de Keiko ha firmado dos memorandos de entendimiento con el gobierno de Trump (uno para la instalación de centros de datos en el país, otro sobre cooperación en el desarrollo de energía nuclear) que se suman al suscrito por Jerí en febrero pasado (sobre minerales críticos y tierras raras). Acuerdos que profundizan el dominio estadounidense sobre el país y la entrega de esos grandes negocios a privados estadounidenses, lo que significa, desde la perspectiva patronal, el ingreso de nuevas inversiones estadounidenses.
La patronal a la ofensiva
Pero esto no es suficiente para los patrones. De ahí la oleada de ataques que la patronal ha desatado contra los trabajadores y el pueblo pobre, alentada por la confianza y seguridad que le genera un gobierno al que considera suyo.
Nuevos ceses colectivos (Celima, Illinois-Owen, Siderperú, Yobel). Despidos antisinfdicales (tiendas Ripley) y, en general, pliegos de reclamos sin solución, hacen parte de esta nueva ofensiva.
Pero si los negocios van bien… ¿por qué despiden y ajustan más a la clase trabajadora? La respuesta tiene varias aristas. Por un lado, porque el crecimiento de los negocios no significa que las ganancias se distribuyan de manera uniforme entre las empresas. Por otro, porque esa es la lógica del capitalismo (obtener cada vez mayores ganancias a costa de una mayor explotación de los trabajadores).
Pero además, la patronal ajusta porque necesita mejorar sus condiciones de competencia frente a la burguesía chilena, argentina, colombiana, etc., que también pugnan por captar los dólares provenientes de las transnacionales imperialistas. Y esto significa que deben abaratar los costos de producción. Y el único que pueden presionar directamente a la baja es el trabajo humano.
Finalmente, los empresarios consideran que este es el momento, bajo un gobierno que sienten suyo, para profundizar sus ataques.
Carácter del gobierno
Los hechos también han confirmado la esencia continuista del régimen y del gobierno establecidos tras la caída de Castillo y que encabezó Boluarte. Sin embargo, vale la pena precisar que mientras Boluarte se sostuvo a punta de balas, en acuerdo con un Congreso relacionado profundamente con las economías ilegales y lo más reaccionario del espectro político, hoy el gobierno, que se mantiene por dentro de los límites de la democracia burguesa, se sostiene en un bloque más “decente”, constituido por la alta burguesía minera, financiera y agroexportadora.
Es un gobierno entreguista y sumiso a las órdenes de Estados Unidos, con acuerdos profundos con las FF. AA. y la PNP, dos instituciones altamente corruptas, a las cuales ha venido blindando y abriendo el camino al uso desmedido de la represión, con impunidad.
¿Va Keiko hacia un cambio de régimen? ¿Hacia la dictadura? En principio no… Siempre hay sectores recalcitrantes y reaccionarios de la gran burguesía que quisieran que el gobierno avance en la construcción de un régimen bonapartista en toda regla, como el de Bukele o el de Fujimori padre. Se trata de una deriva autoritaria que esos sectores consideran necesaria, pero que el gobierno no puede concretar fácilmente sin que cambien las actuales condiciones políticas.
Esto permite comprender por qué, desde diversos sectores, se acusa al gobierno de «debilidad», por ejemplo, por su inacción ante el avance de la criminalidad, que actúa como si nada hubiera cambiado en el país.
Sin embargo, dentro de los límites políticos que enfrenta, el gobierno sí ha logrado controlar la mayoría del Congreso. La oposición, sobre todo en la Cámara de Diputados, constituía una traba para la aprobación de sus iniciativas legislativas e incluso una amenaza para su estabilidad, debido a su facultad de censurar ministros. Para superar ese obstáculo, el gobierno recurrió a la presión pública sobre una oposición acusada de obstaculizar la atención de las emergencias de El Niño y la criminalidad. A ello se sumó el viejo recurso mercantilista del reparto de favores entre bancadas conformadas por arribistas y oportunistas, que reducen al Parlamento todo su escenario de acción. Esta combinación terminó desgastando a la oposición y otorgando mayoría al oficialismo. Así se completa el cuadro de un gobierno y un régimen que concentran, como ya sucedía bajo Boluarte, gran parte del poder en sus manos.
El plan del gobierno
Todo lo anterior sucede sin que el gobierno haya puesto en marcha su verdadero plan, revelado en el «borrador» inicial del pedido de facultades, que contenía decenas de contrarreformas en materia laboral, desregulaciones y ajustes en el Estado.
En un contexto de crisis en el entorno internacional, lo que buscan la alta burguesía y sus agentes directos, como el fujimorismo, es poner el pie en el acelerador: «destrabar» nuevos proyectos mineros, agroexportadores y de infraestructura, y avanzar hacia una mayor liberalización del mercado, reduciendo los costos empresariales en todos los niveles para aumentar sus márgenes de competitividad y ganancia. Esto, por supuesto, mientras se continúa llevando a la ruina a los medianos y pequeños negocios.
Por su impopularidad, el proyecto de contrarreformas fue postergado y, en su lugar, solo se presentó al Congreso un proyecto de facultades acotado a los temas de seguridad y el FEN, cuyo debate y aprobación final llevaron dos meses. Por ahora, la elaboración de las contrarreformas ha sido derivada a cuatro comisiones de alto nivel dependientes de la propia presidenta, integradas por altos tecnócratas empresariales, para trabajar reformas en materia laboral, financiamiento, inversión pública y evasión tributaria. El plazo para presentar sus propuestas vence en abril.
Esta postergación ha llevado a sectores empresariales y a sus voceros políticos a mostrar cierto desencanto con el gobierno, al que reprochan su inercia o falta de decisión para aprobar las medidas ofrecidas. Esas críticas, junto al descontento de amplios sectores por el encarecimiento del costo de vida y la inacción ante la inseguridad, han hecho caer la aprobación inicial del gobierno, del 60% al actual 37%.
¿Estamos ante una falta de decisión o de «temple», como se dice, o ante la falta de planes e improvisaciones, como sostienen otros? Hay algo de todo ello, pero, ante todo, se trata de un cálculo político condicionado por la debilidad con la que se inició el gobierno.
Fujimori pasó a la segunda vuelta con el 14% de los votos emitidos (menos que los votos nulos y en blanco) y finalmente resultó elegida por una ventaja mínima. Una mayoría de votantes que desconfiaba profundamente de ella decidió darle su voto porque consideraba peor al otro candidato. Por tanto, inició su gobierno con una legitimidad electoral muy limitada, en medio de una profunda desconfianza y de expectativas y temores contrapuestos. Iniciar su mandato con un ataque frontal contra los trabajadores y los sectores populares era casi suicida.
Por eso inauguró su gobierno con un mensaje conciliador, cargado de anuncios y promesas. Su estrategia consistió, primero, en generar confianza, afianzarse en el poder, tejer alianzas y apoyos en el ámbito nacional e internacional y conseguir el control de la mayoría de un Congreso que inicialmente le era adverso. Solo después de avanzar en esos objetivos estaría en condiciones de empezar a aplicar su plan.
Cumplidos los primeros 100 días en el poder, podemos decir que el gobierno ha logrado relativamente su primer y más importante objetivo, que ha sido estabilizarse. Ahora, incluso con la llegada del Papa y su plan para enfrentar el FEN, Fujimori aspira a consolidar y ampliar su base de apoyo. Adicionalmente, muchos esperan que, una vez pasado El Niño (febrero), la economía «despegue», creando una sensación de mejora hacia fines del primer semestre del próximo año. Así se prepara el terreno para aplicar su plan de fondo, retirando derechos al servicio de un nuevo impulso de los grandes negocios capitalistas.
Efectos y amenazas de la crisis internacional
Fiel a su origen y a sus vínculos con los altos grupos de poder, el gobierno de Fujimori también se ha presentado como uno de los más sumisos al imperialismo. Así lo muestran su ingreso al «Escudo de las Américas», el discurso de Fujimori en la ONU, su postura ante la guerra contra Irán y su apoyo al Estado sionista de Israel, que expresan un giro hacia la derecha en la política exterior.
Esto tiene implicancias para el país. Contra la idea de que esta ubicación geopolítica del gobierno atraerá inversiones, apoyo en seguridad y otras ventajas, lo cierto es que el imperialismo atraviesa una grave crisis que ya está impactando sobre el mundo y que afectará aún más a los países que se subordinan a él, como el Perú.
Esta subordinación ya llevó al gobierno anterior, por presión del fujimorismo, a comprar una flota de aviones de guerra por un valor de 3.500 millones de dólares, tan inútiles para EE.UU. como para el Perú en estos tiempos de guerra con drones. Todo ello, nada menos, cuando se aducen problemas en la caja fiscal.
Asimismo, esa misma subordinación llevó al gobierno a aceptar la imposición de aranceles del 12,5% a las exportaciones peruanas hacia ese país, renunciando a responder con una medida recíproca.
La guerra de EE.UU. contra Irán, que ya lleva ocho meses, ha provocado que los precios de los combustibles y los fertilizantes suban en un promedio del 50%. Estos precios podrían aumentar aún más si el conflicto se agrava y se prolonga la resistencia iraní. Ante esta situación, la subordinación del gobierno al imperialismo solo hace más vulnerable al país.
En lugar de recuperar la soberanía energética potenciando a Petroperú para desarrollar la industria petrolera e impulsar la masificación del gas natural y los proyectos petroquímicos para producir urea y fertilizantes, se hace exactamente lo contrario: se busca terminar de liquidar a la empresa estatal y, en particular, a su principal activo, la nueva Refinería de Talara, para dejar el negocio en manos privadas, que terminarán haciendo su agosto en medio de la grave crisis energética global.
Por otra parte, en la radiografía de la economía mundial presentada durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada entre el 12 y el 18 de octubre, se expuso la responsabilidad de EE.UU. en el incremento de la inflación mundial, el encarecimiento del crédito y la consiguiente ralentización de la economía global, en particular de los países de América Latina y el Caribe.
Las tasas de interés de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron al 4%, elevando las tasas globales de los créditos y agravando la crisis financiera de muchos países. Esto implica no solo el encarecimiento de las hipotecas, créditos y préstamos en el país, sino también la fuga de capitales y la disminución del financiamiento para proyectos de inversión.
Junto a esto, lo que se observa en la economía norteamericana es el crecimiento de una nueva burbuja, esta vez en torno a las gigantes tecnológicas de la inteligencia artificial, que eventualmente podría desembocar en un nuevo crack como el de 2008, que provocó una gran recesión mundial, con efectos brutales sobre economías dependientes como la peruana. Los síntomas están a la vista: la reciente caída del Nasdaq en un 4% y el descenso acumulado del 35% del índice que agrupa a los gigantes de los semiconductores.
Esta es la realidad hacia la que nos conduce la administración Fujimori. Los negocios fluyen en el país mientras la procesión va por dentro. Así suele suceder: los de arriba no aceptan o no quieren aceptar el agravamiento y las amenazas de la crisis global, porque sus propios negocios también se alimentan de las burbujas.
El movimiento de masas
La clase obrera libra una larga resistencia a los ataques patronales. Importantes contingentes obreros han salido a marchar contra el gobierno hasta en tres oportunidades; también se han producido paralizaciones y plantones por diversas demandas. Ahora, con el sindicato Celima, vuelve a colocarse en el centro la lucha contra los ceses colectivos.
En el desarrollo de esta resistencia sigue pesando la política de negociación de las dirigencias de la CGTP y Fetrimap, que mantienen aisladas las luchas y las encierran en la vía legal.
Ante la situación descrita, desde abajo se han producido importantes respuestas de diversos sectores. La huelga en Pucallpa y los paros de Iquitos contra el alza de los combustibles fueron combativos, masivos y hasta violentos. Lograron triunfos parciales, pero tenían posibilidades de ir más lejos, incluso de extenderse y asestar una primera derrota al gobierno. Sin embargo, fueron llevadas al terreno de la negociación y de las elecciones por los grupos dirigentes.
Otros gremios estatales también se vienen movilizando, como las diferentes organizaciones del magisterio, pero bajo los límites impuestos por sus dirigencias burocráticas. Los transportistas, por su parte, anuncian nuevamente paralizaciones ante el accionar del sicariato y la extorsión. La generación Z se reactivó y volvió a las calles con una importante movilización el 24 de octubre contra la inseguridad, el alza de los combustibles y la inoperancia del gobierno de Keiko.
Así los mismos actores sociales que desgastaron y contribuyeron a derrotar al gobierno de Boluarte muestran que siguen activos y pueden reaparecer con más fuerza a medida que crezcan los ataques del gobierno y los problemas derivados de sus políticas.
¿Qué o quién frena las luchas?
La gravedad de la situación y la desesperación que atraviesan amplios sectores, sumadas a las promesas incumplidas de un gobierno que apenas ha cumplido 100 días, configuran un escenario con varios puntos calientes a punto de estallar. Esto ya lo vimos en Pucallpa, donde, al inicio del gobierno, un pequeño grupo de estudiantes impulsó desde abajo un paro regional que terminó desarrollándose por encima de las direcciones. Lo mismo sucedió en Iquitos.
En el desarrollo de la conflictividad nacional sigue desempeñando un papel central el freno que imponen las direcciones: la burocracia tradicional y los sectores ligados al ex CONARE, ahora con bancada propia en el Congreso. Más allá de las formas obsecuentes o «radicales» que adopten en sus actuaciones, todos ellos convergen en una misma orientación: llevar los reclamos a la vía parlamentaria, es decir, a la negociación con el fujimorismo.
La burocracia sindical plantea esta orientación negociando directamente con el gobierno y buscando consensos con la patronal en el Consejo Nacional de Trabajo. Sus posiciones han sido claras y explícitas. El propio Luis Villanueva, presidente de la CGTP, dijo en la concentración realizada frente al Congreso al inicio del gobierno que el objetivo era «dialogar», nada menos que cuando el gobierno había amenazado con barrer los derechos laborales.
Asimismo, Gilmer Ibáñez, de la Fetrimap, les dice a los compañeros de Celima que exigir la «derogatoria» de la norma de ceses colectivos no es posible, porque toda su visión está enmarcada en reclamar dentro de las normas patronales.
Con esta política, la clase obrera queda sin salida frente a los despidos, los cierres de fábricas y los pliegos de reclamos sin solución, mientras los empresarios se apoyan precisamente en las normas vigentes para imponer sus ataques. Además, esa orientación de luchar solo por lo posible niega la propia historia de la clase obrera, que ha conquistado sus derechos enfrentando y derribando las normas impuestas por la burguesía, como ocurrió con la jornada de ocho horas.
Debemos construir una nueva dirección
No obstante, estas conducciones burocráticas son débiles. Por ello se ven obligadas a convocar, de tanto en tanto, movilizaciones para desahogar la presión de las bases y fingir que luchan. Incluso, como ocurrió en Iquitos, convocan paros, pero luego intentan suspenderlos cuando sienten que se les van de las manos. Esta política se hace más evidente bajo el gobierno de Keiko Fujimori, ampliamente rechazado por la clase obrera. Las direcciones burocráticas buscan capitalizar ese descontento en favor de sus propias opciones electorales.
Esta política de la burocracia deja un amplio espacio para el surgimiento de direcciones independientes o semiindependientes que se pongan al frente de las luchas. Esto ya sucede con el movimiento GZ. Es posible que, en el desarrollo de la crisis, surjan nuevas conducciones al frente de los estallidos y las movilizaciones.
En el movimiento obrero, la lucha anterior del sindicato Celima fue ejemplar y permitió ganar para la lucha contra la ley de ceses colectivos a un importante sector de las bases, rebasando a su propia dirección. Esta vez, con la nueva lucha que se inicia, puede suceder lo mismo y avanzarse en la consolidación de un polo obrero clasista y de combate.
Perspectivas
100 días de balance del nuevo gobierno nos confirman que estamos ante un agente directo de la gran patronal y del imperialismo, que desarrolla una ofensiva y aún prepara sus mayores ataques. Al mismo tiempo, las mayorías ya sufren las consecuencias de la crisis global. En estas condiciones, vamos camino a una agudización de los conflictos de clase. En ese proceso crecerá la demanda de «Fuera Keiko» y se abrirán mayores espacios para construir nuevas direcciones alternativas frente al freno que representan las conducciones conciliadoras, oportunistas y burocráticas.
En lo inmediato, los próximos meses estarán atravesados por los efectos del Fenómeno de El Niño. Ante ello, la vanguardia obrera debe colocar en primer lugar la demanda de atención a las víctimas, exigiendo que se utilicen todos los recursos estatales y privados y llamando a la población afectada a autoorganizarse para enfrentar el desastre.
También debe enfrentar el alza de los precios de los combustibles y del costo de vida, levantando demandas de congelamiento de precios y subsidios para la agricultura familiar en situación de emergencia, y un salario mínimo acorde a la canasta familiar. Asimismo, debe enfrentar las amenazas de la inseguridad, denunciando la responsabilidad del gobierno por mantener vigentes las leyes pro crimen.
A estas demandas se suman las reivindicaciones propias de la clase obrera, como la lucha contra los despidos y los ceses colectivos. Para ello, es necesario emplazar a las dirigencias y llamar a las bases a tomar iniciativas para unir las luchas y construir un plan de lucha que permita preparar un paro o una huelga general.
En ese camino, se requiere poner en pie comités de lucha y coordinadoras que permitan centralizar la movilización desde las bases, avanzando en la construcción de una nueva dirección para las luchas.
Todo esto debe tener un eje estratégico: ¡Derrotemos al gobierno de Keiko Fujimori! ¡Por una Asamblea Constituyente soberana y libre, en camino hacia una salida de fondo de carácter obrero y popular!


