El pueblo marcha contra el crimen… el gobierno y el Congreso

13 octubre, 2024

El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.

El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.

Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.

Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.

Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.

El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.

En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.

Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.

Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.

La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.

Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.

Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.

Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.

Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.

La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.

Algunos comentarios alrededor del documental sobre la vida de Ricardo Napurí

5 septiembre, 2024

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septiembre 5, 2024

Por Alejandro Iturbe

El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.

Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.

De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.

Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.

En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.

Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].

Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.

No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).

Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.

Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).

El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).

Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.

Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].

A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.

Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.

Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.

Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].

En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.

Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.

En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.

Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).

Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.

[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)

[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)

[3] https://litci.org/es/los-debates-sobre-venezuela/

[4] https://litci.org/es/nahuel-moreno-una-sola-corriente-trotskista-ortodoxa/

[5] Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario. Presentación Revista Herramienta

[6] https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7775

La lucha de los obreros de Celima contra los despidos

4 septiembre, 2024

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El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.

Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.

Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica. “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.

Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.

La calle en el Perú

Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.

Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.

El grupo Celima-Trébol

Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.

Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea.

En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.

Las multinacionales chinas

Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m² por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.

La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.

¿Qué va a pasar después?

Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.

Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.

Los trabajadores

Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.

Una discusión clave frente a la ola de despidos: ¿Confiar en la «justicia» o en la movilización?

4 septiembre, 2024

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El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.

Por Víctor Montes

Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.

Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.

¿Qué está en cuestión con los ceses?

En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.

Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.

Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.

En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.

El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.

Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.

¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?

Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.

Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.

Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.

Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.

Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.

Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.

La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.

Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.

¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?

La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.

Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.

De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.

Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.

Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.

Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.

En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.

En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.

Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.

Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.

Necesitamos una dirección para esta lucha

Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.

Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.

Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.

Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

12 julio, 2024

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Escribe: Manuel Fernández

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.
La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.
Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos.
La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?
En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.
Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.
En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.
Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos
Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.
La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.
La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.
Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

Un llamado a la rebelión obrera y popular

9 julio, 2024

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Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.
En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.
Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.
Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.
Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.
Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.
Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.
Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.
Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.
Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.
Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

¡Abajo el bloqueo imperialista contra Cuba!

15 marzo, 2026

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Por Federico Romero

Después de su exitoso ataque a Venezuela coronado con la completa subordinación del gobierno chavista de Delcy Rodríguez, ahora Trump dirige sus baterías sobre Cuba.

Al parecer, el ataque a Venezuela habría tenido como objetivo final a Cuba. Maduro, antes de su captura, ya había manifestado su disposición a entregarle el petróleo a Trump, por ello no habría sido el objetivo principal del ataque. Con este acto, además de cortarle a Cuba una fuente de suministro de petróleo, Trump habría tratado de exhibir su poderío y su capacidad de domesticar al régimen, que es lo que también buscaría en la Isla.

Trump inició su embestida contra la Isla al día siguiente de su ataque a Venezuela, declarando: “Cuba constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”.

Y ordenó bloquear el abasto de petróleo a Cuba bajo amenaza de aplicar nuevos aranceles a los países que lo hagan. El único país que venía suministrando petróleo a Cuba era México, y ante la amenaza de Trump suspendió de inmediato sus envíos.

El petróleo es la principal fuente de energía de Cuba y para abastecerse depende de su importación. Su industria petrolera es vetusta y no cubre ni 40% de sus necesidades. Sin petróleo, no prenden las turbinas de energía eléctrica, se producen apagones y las ciudades permanecen a oscuras.

La situación empeora porque el gobierno, en el marco de su política capitalista, priorizó el turismo sobre el resto de su economía, como la agricultura que se encuentra abandonada, y la industria azucarera que también está casi en ruinas. Y ahora sin luz cae el turismo. De 4,8 millones de turistas que captó en 2018 cayó a 1,8 millones en 2025. Y este año es peor.

Sin luz también se restringen las escuelas, la salud, los servicios del Estado. La jornada laboral se ha tenido que reducir a cuatro días por falta de luz.

El bloqueo impuesto por Trump ahoga al pueblo cubano. Se calcula que las reservas se acaban en marzo y desde entonces la situación se volverá más difícil.

El régimen cubano y su salida

Esta política imperialista no es una novedad. EE.UU. mantiene bloqueada a Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959, de tal manera que, incluso desde que se inició la restauración capitalista en la Isla no hay comercio ni negocios yanquis en la Isla, sino sólo europeos. Del imperialismo, y de su rostro más feo con Trump no esperamos otra cosa, el problema es la política del régimen cubano.

Siguiendo el modelo chino, el régimen dictatorial restauró las leyes del mercado capitalista en Cuba, y con ella se perdieron derechos sociales básicos volviendo a reinar en la Isla la desocupación, la pobreza y los peores lastres del capitalismo.

De la revolución solo quedan los nombres, símbolos y discursos de los que el régimen se sirve para perpetuarse en el poder; es decir quedó una simple y brutal régimen dictatorial odiado para las mayorías.

Cuando aparecieron las respuestas con la rebelión popular que estalló el 11 de julio de 2021, esta fue aplacada con cruenta represión. Y, como en Venezuela, cientos fueron encarcelados y otros cientos de miles de jóvenes emigraron. Por eso hoy que cunde la desesperación en el pueblo cubano, no se ve disposición de enfrentar al régimen y una mayoría abriga esperanzas en un acuerdo con el Imperialismo.

El régimen es tan descompuesto que vive en una burbuja, por supuesto, sin que le falte nada. El presidente Diaz-Canel dijo sobre los apagones: “…es una percepción… Cuba ha mejorado en lo referente a la crisis energética”. Seguido de él, otra vocera dijo lo siguiente: “Martí no conoció la electricidad y desarrollo una magistral obra literaria”.

¿Qué salida busca el régimen? Por supuesto, no es “defender la revolución” ni el país, pues no llaman a ninguna movilización ni hacen un llamado a los pueblos latinoamericanos que han sido solidarios con la Isla por décadas. Su política es negociar con EE.UU. El propio régimen ha reconocido que negocian con Trump, y éste ha anunciado que se vienen “buenas noticias”. Después de lo sucedido en Venezuela, cualquiera puede saber en qué consisten estas “negociaciones”.

Urge la solidaridad continental con Cuba

Ante esto las organizaciones de izquierda y de los trabajadores estamos en el deber de organizar la solidaridad inmediata con Cuba y en rechazo al bloqueo imperialista de Trump.

Al mismo tiempo que marchamos contra el ataque imperialista reclamando soberanía e independencia para Cuba, expresaremos nuestro rechazo al régimen dictatorial y reclamamos libertad de los presos políticos y plenas libertades para el pueblo cubano.

Crisis de abastecimiento de gas desvela fracaso neoliberal

15 marzo, 2026

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Por Víctor Montes

Cuando el pasado 1 de marzo, se reportó una fuga y posterior deflagración en la estación “Megantoni”, del único ducto que transporta el gas que se extrae en Camisea, no era complicado anticipar la crisis que se vendría.

No solo por la ineptitud del gobierno Balcázar, recientemente elegido en reemplazo de Jerí, que tardó tres días en declarar en emergencia el abastecimiento de gas. Sino fundamentalmente por la lógica del modelo económico neoliberal, impuesto por la dictadura de Fujimori y perpetuado por todos los gobiernos tras el “retorno a la democracia”, de Toledo a Balcázar. Lógica que entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales privadas para que hagan grandes negocios, mientras tanto, después de 21 años de iniciada la explotación del gas en Camisea, solo existe un ducto para el transporte del gas.

El impacto de la crisis

La crisis de abastecimiento ha puesto en riesgo la producción eléctrica del país. El 50% de la misma se encuentra a cargo de plantas termoeléctricas abastecidas desde Camisea.

Otro tanto ha sucedido con la industria. Promocionada como energía barata y accesible, buena parte de la gran industria está conectada a Camisea. Se estima que por lo menos un millar de centros fabriles se han visto privados de su fuente de energía.

También se ha afectado la producción de gas licuado de petróleo (GLP), paralizada desde el inicio del racionamiento, que se produce en la planta de Pisco a partir del fraccionamiento de los líquidos del gas natural. Dicha planta es responsable del 80% del GLP nacional, aproximadamente, incluyendo el uso doméstico y vehicular, con su consecuente encarecimiento en el mercado.

Por último, miles de taxistas, y particulares que abastecen sus automóviles con gas natural vehicular (GNV) y GLP.

Y como no hay alternativa para el abastecimiento, muchos de los sectores afectados han tenido que recurrir al diesel y a la gasolina, elevando sus precios, justo cuando los precios internacionales han estado al alza debido a la guerra desatada por el imperialismo estadounidense y el estado sionista de Israel contra Irán.

El cinismo del gobierno… y del modelo

Pero nada de esto resulta “escandaloso” para el gobierno y, sobre todo, para el modelo económico. Como dijo el ministro de energía y minas, Angelo Alfaro, con el cinismo que acostumbran destilar estos funcionarios agentes de las transnacionales y el capital:

“…No queda más que, como dicen, ajustarse el cinturón y seguir para adelante…”

Para ellos está claro que las empresas nunca pierden. Basta decir que la empresa responsable del gas, Transportadora de Gas del Perú, vio crecer sus utilidades en más de 140%, entre 2015 y 2024, pasando de 108 millones a 269 millones de dólares. Acumuló así más de 2.224 millones de dólares en ganancias. Esto no impidió que no construyera el ducto de redundancia que tenía un costo aproximado de USD 600 millones, y que hubiera mantenido el suministro de gas estable. Todo de acuerdo a una investigación del portal Ojo Público.

Lo mismo sucederá en las fábricas, donde ante la paralización de la industria se ha enviado a la clase obrera de vacaciones adelantadas. Medida que será pretexto para que la patronal se niegue a resolver los pliegos de reclamo, al tiempo que intentará imponer cambios en los horarios e incrementará los ciclos de las máquinas para “recuperar” la producción perdida, aumentando la explotación.

Y en cambio el pueblo pobre, debe “ajustarse el cinturón” y pagar el costo de la crisis de abastecimiento, que se sentirá en los precios del balón de gas, los pasajes y la electricidad, encarecidos por el racionamiento.

El responsable es el saqueo capitalista

Por eso afirmamos que la crisis desatada muestra ante todo el fracaso del modelo económico neoliberal, que entrega nuestra economía y recursos al dominio transnacional.

Un modelo que ha vendido la ilusión de un país que crece. Un país que se enorgullece de su “moneda fuerte” y que camina en “piloto automático”, pero que mira a otro lado cuando las crisis lo ponen frente al espejo y evidencia la pobreza, desigualdad y precariedad que reina en el país.

El único ducto por el que sale el gas de Camisea es la prueba palpable de la indolencia del capital, el cual ha descartado hasta ahora la construcción de nuevos ductos, por falta de “mercado” para la venta del gas.

Del mismo modo que durante 1845 a 1968, los ferrocarriles unían los centros mineros con los puertos solo para extraer sus productos y obtener ganancias sin preocuparse por conectar al conjunto del país, hoy el gasoducto administrado por Transportadora de gas de Perú (TgP), conglomerado transnacional dominado por Pluspetrol, solo garantiza la conexión con aquellos lugares que le ofrecen ganancias.

Así se llega al absurdo de que, mientras Lima tiene la posibilidad de usar gas en los hogares, en la región en donde se produce, Cusco, recién se ha iniciado la conexión domiciliaria este 2026, 21 años después del inicio de las operaciones de extracción de gas en Camisea. Y en regiones aledañas, como Puno, se piensa iniciar la conexión a finales de año, razón por la cual el mercado del gas barato (GLP), es cubierto por el contrabando proveniente desde Bolivia.

No debe sorprender que bajo esa lógica, el llamado “gasoducto sur”, que hoy habría sido una alternativa ante la deflagración, haya sido rechazado, en primer lugar, y luego tomado por la constructora brasileña Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala, bajo la sombra de la corrupción, solo para quedar paralizado.

Y al mismo tiempo que la crisis pone en evidencia el fracaso del “libre mercado” para satisfacer las necesidades básicas de la población, Petroperú, ya semiprivatizada desde que cotiza en bolsa, se encuentra al borde de ser deshuesada y entregada plenamente a ese mismo indolente e incompetente capital privado.

De ahí que, contrario a lo que divulga la propaganda neoliberal, el capitalismo descarnado bajo dicho modelo condena a la postración a enormes partes del territorio nacional, privado del disfrute de sus recursos naturales y del desarrollo que ni siquiera “gotea”.

Necesitamos organizar la lucha por la recuperación de nuestros recursos

Por todo lo dicho, debería estar claro que la única salida estratégica para resolver este problema es la recuperación del gas de Camisea. Esto es, su nacionalización para poner las ganancias de su explotación al servicio del desarrollo nacional y fundamentalmente para garantizar el abastecimiento de energía barata y menos contaminante para el pueblo pobre, comenzando por los pueblos del Cusco y el sur del país.

Y la estatización del gas debe realizarse sin pagar ninguna indemnización a las empresas que lo han explotado todo este tiempo, pues ya se han llenado los bolsillos y pagado con creces la tan mentada inversión, gracias a las ganancias obtenidas en 21 años vendiendo el gas y sus derivados.

Y para lograrlo es necesario iniciar una gran lucha nacional que exija la nacionalización de nuestros recursos naturales, tal como plantearon los pueblos del Sur durante el levantamiento entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Ese fue el camino del hermano pueblo boliviano, que tras echar a dos presidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Meza), impuso al primer gobierno de Evo Morales, en 2006, la obligación de nacionalizar el gas de dicho país, obteniendo importantes recursos.

Y el momento es hoy, que ha quedado desnuda la farsa neoliberal. Es preciso discutir en cada fábrica, mina, universidad y barrio, la necesidad de generar una gran movilización por la recuperación del gas, el petróleo y las minas, y apuntar a una medida de carácter nacional para imponer así su recuperación a iniciar la conexión de todo el país.

La trampa electoral

Las principales direcciones del movimiento de masas, son las que deberían tomar la batuta en esta pelea. Sin embargo, como cada vez que hay elecciones, han metido la cabeza en la urnas y renuncian a encabezar acciones combativas por la solución inmediata a las demandas obreras y populares.

Peor aún, nos piden que posterguemos nuestras luchas para votar por ellos, ofreciendo solucionar nuestras vidas, de llegar al gobierno o al Congreso. Pero nada de eso es cierto.

La historia reciente (Odebrecht) ha demostrado también que quien pone la plata, es quien cobra los favores a los que llegan al gobierno. Y en el caso de las elecciones actuales, ni siquiera los candidatos “de izquierda” se han pronunciado demandando la recuperación/nacionalización del gas.

Romper con el modelo y conquistar la soberanía nacional

Por eso resulta clave poner rumbo a la lucha directa, levantar las banderas que el Sur puso en la agenda, desde la recuperación de los recursos hasta la constituyente, y con esto romper con el dominio económico de las transnacionales imperialistas sobre el país. Y junto con esto, hay que luchar contra la privatización final de Petroperú, quien deberá hacerse cargo de la exploración, explotación y distribución del petróleo y el gas, bajo control de sus trabajadores y las comunidades afectadas.

Esto es, conquistar nuestra soberanía respecto de los mandatos y el control económico de las empresas transnacionales imperialistas, que han dominado la escena nacional desde el nacimiento del país como república independiente.

Es una tarea inconclusa, que desde la dictadura fujimorista se hizo más urgente, ante la entrega alevosa del país a los apetitos empresariales transnacionales.

Solo será el pueblo pobre, con su acción de lucha, y con una dirección obrera al frente, el que podrá llevar a la victoria esta pelea urgente, para que no hayan nuevas crisis de abastecimiento y rompamos la condena de pobreza y exclusión que el capitalismo neoliberal ha cernido sobre el país.

¿Habrá salida al problema de la criminalidad en las próximas elecciones?

15 marzo, 2026

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Por Víctor Montes

Cuando Amílcar Marcano, chofer de “El Rápido”, cayó abatido por los disparos de un sicario mientras manejaba su unidad por San Martín de Porres, el pasado 14 de febrero, Lima y Callao se encontraba en el día 115 del “estado de emergencia” declarado por el entonces presidente José Jerí.

Un estado de emergencia que, a todas luces, hacía tiempo había fracasado frente al crimen organizado, como evidencian las cifras.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre defunciones (Sinadef), desde el inicio del estado de emergencia, el 22 de noviembre, hasta el 3 de febrero pasado, es decir, pasados 104 días, se habían producido 244 asesinatos en Lima y Callao, a un ritmo de casi 6 homicidios por día.

Para tener elementos de contraste, durante los 3 meses anteriores a la declaratoria del estado de emergencia, el mismo Sinadef había registrado 250 asesinatos en la ciudad. Apenas 6 asesinatos por debajo.

Y si miramos el país, las cifras no son mejores. En todo el Perú se han registrado 188 asesinatos en los primeros 40 días del 2026. Casi 5 diarios.

Por eso no sorprende que la seguridad ciudadana sea el segundo mayor problema del país de acuerdo a la mirada de la población. Solo por debajo de la corrupción.

¿A qué se debe la incapacidad que muestra el estado para acabar con la ola criminal? ¿Es acaso, como pintan varios candidatos, la mano dura la salida ante este problema? ¿Qué nos enseñan los constantes paros realizados por los trabajadores y trabajadoras de transporte para hacer frente a este flagelo? Y por último ¿Los trabajadores y el pueblo tenemos la posibilidad de dar una salida desde nuestro terreno distinta a la de los patrones para terminar con la criminalidad?

Esa es la respuesta de estas preguntas que dedicaremos este artículo buscando expresar una postura de clase frente al problema del crimen organizado y el sicariato.

Corrupción y criminalidad

Algunas razones de este fracaso son conocidas. La más evidente y odiada es la corrupción del Estado. Sobre todo, la de las Fuerzas Armadas y policiales.

La corrupción es inseparable del sistema capitalista, donde todo se compra y se vende, incluido el poder. Y si hay grandes negocios (ilegales) dispuestos a pagar por el silencio, la ceguera, la inacción de las autoridades, cuando no para que actúen directamente bajo su mando, con mayor razón.

Por eso, no resulta extraño enterarse de la detención de policías que hacen parte de las bandas de extorsionadores, encargados de anticipar a sus cabecillas los operativos de detención que se realizan en su contra para posibilitar su escape, cuando no terminan siendo seguridad privada de mineros ilegales y de narcotraficantes.

Por ejemplo, en octubre pasado dos policías fueron detenidos como parte de la banda criminal “Los letales del Norte”, y en noviembre, 20 efectivos policiales fueron detenidos en Tarapoto por integrar la organización criminal “Los piratas”, dedicada a la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.

En un país saqueado al extremo por las grandes empresas imperialistas, la policía que resguarda las leyes de la patronal, y complementa sus sueldos trabajando en forma privada en la seguridad de las mineras y grandes empresas cuando hay huelgas, encuentra un medio para incrementar sus ingresos, poniéndose al servicio de la patronal lumpen que dirige el crimen organizado.

Pero las bandas no solo cuentan con el servicio pagado de la policía y los jefes militares. Necesita controlar poder. Por eso, así como compra comisarios, capitanes, coroneles y generales, compra puestos en el Congreso, el sistema de justicia y en el ejecutivo.

Probablemente el caso más conocido es el de Eduardo Salhuana, de Alianza Por el Progreso (APP). El ex presidente del Congreso (2023-2024) es conocido por sus nexos con la minería ilegal, y por impulsar leyes que favorecen a dicho sector.

La presencia de congresistas como Salhuana, que se rodean de asesores ligados a la economía ilegal, es la que llevó a que se aprueben leyes que debilitaron el tibio accionar del estado contra las organizaciones criminales. Conocidas como leyes “pro-crimen”, su derogatoria se ha convertido en una de las banderas más importantes de las acciones de lucha encabezadas por trabajadores del transporte.

Crecimiento económico y economía ilegal: torres gemelas

Sin embargo, hay más razones que explican la extensión y fuerza que ha adquirido el crimen organizado.

No es casual que el incremento del mismo se produzca en paralelo a una subida histórica y hasta ahora sostenida de los precios del oro, lo que ha llevado a que la minería ilegal se convierta en la principal actividad ilícita en el país, superando con creces al narcotráfico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, estima que entre 2015 y 2025, la minería ilegal lavó US$ 22800 millones. Para tener una idea de su importancia, la inversión total de la puesta en funcionamiento de Conga, mina de oro rechazada por el pueblo de Cajamarca, ascendía a US$ 5000 millones.

Finalmente, hay que decir que, según declaraciones oficiales, hacia finales del 2025, la minería ilegal ha sextuplicado los ingresos del narcotráfico en el país, desplazándolo como principal actividad ilegal.

Y si bien la extorsión no llega a los mismos niveles, sus montos no son una bagatela: al 2025 se estimó que la extorsión en sus distintas modalidades movió aproximadamente S/. 4000 millones.

Como es evidente, las organizaciones criminales son grandes empresas capitalistas, con sus gerentes y administradores, que mueven miles de millones. Y por tanto, sus cabezas hacen parte de la clase capitalista del país.

Son un sector que aprovecha la bonanza de los precios internacionales y el retroceso del Estado propiciado por el modelo económico neoliberal, para desarrollar sus empresas al margen de la ley.

Modelo que, adicionalmente, proporciona constantes y crecientes causes de personas en condiciones de pobreza, que no encuentran lugar en el mercado de trabajo, y que fácilmente son convertidas en carne de cañón de sus negocios, ya sea como pequeños traficantes o soldados de sus ejércitos particulares.

En conclusión, el negocio del crimen organizado brota por los poros de la economía nacional, saqueada por parte de las grandes empresas imperialistas, aprovechando cada espacio que el modelo económico y el estado neoliberal le proporciona a sus negocios.

La actitud de los patrones legales

Esta realidad es hasta cierto punto aceptada por la gran patronal. Sin mercado ‘paralelo’, informal o ilegal, enormes sectores de la población no tendrían cómo sostenerse económicamente. Esto incluye una porción que se dedica al crimen.

Sin embargo, sí existen ciertos límites que la patronal ve con preocupación. Por ejemplo, la gran patronal minera no puede permitir la “competencia desleal” que las bandas de mineros ilegales de oro le hacen, justo cuando la onza de oro se encuentra en los precios más altos de su historia.

Se sabe hoy que prácticamente la mitad del oro que se exporta desde el Perú en la actualidad, proviene de la minería ilegal. Dicho de otro modo, la patronal minera está perdiendo la mitad de los ingresos que tendría si explotara directamente los yacimientos andinos y bosques amazónicos en los que trabaja la minería ilegal.

Otro límite es el control político del país. Es decir, la imposición de su orden, leyes e intereses sobre la totalidad del territorio nacional. Con ese control compiten las bandas cuando violentamente se reparten el territorio, creando ejércitos particulares capaces de actuar e imponer su propia ley sobre la población.

Ese control, además de expropiar a la gran patronal parte de su poder, amenaza con acrecentar el malestar social, y con esto, genera el caldo de cultivo para un estallido imprevisible.

Sin embargo, aunque la gran patronal tiene conciencia sobre esto, se enfrenta a los límites que ella misma creó con la imposición del modelo neoliberal: 36 años de neoliberalismo ha construido un Estado precario, y como ya vimos, altamente corrupto… de ahí su incapacidad para enfrentar a la criminalidad organizada.

Entonces… ¿Mano dura?

La idea de que ante esta situación lo único que hace falta es poner mano dura parece demostrarse sola.

Más aún cuando se nos muestran modelos autoritarios como el del dictador Bukele en El Salvador, supuestamente exitosos en el tratamiento de las bandas criminales.

El pueblo trabajador y pobre pide mano dura, porque si tuviera en sus manos la posibilidad de enfrentar directamente al crimen organizado, impondría su orden sin dudarlo, y haría uso de las armas que fueran necesarias para reprimir y acabar con la acción de las bandas criminales.

Sin embargo, cuando se le entrega ese poder a un partido o a un representante de la burguesía, la historia demuestra una y otra vez que solo se consigue que esa mano dura se vuelva un arma de los patrones contra las organizaciones del movimiento obrero y popular, y contra su movilización.

Es lo que ha aprobado la experiencia reciente del estado de emergencia bajo el gobierno de Jerí: fracaso frente al crimen, pero efectivo para reprimir la lucha obrera y popular. Cabe recordar que entre 2002 y 2021, ya “en democracia”, la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Truko el 15 de noviembre pasado, los números desvelan la única guerra que libran las fuerzas represivas del país: una guerra contra el pueblo pobre y trabajador.

No debe llamarnos la atención que sea Fuerza Popular, organización que reivindica la dictadura represiva y corrupta de Alberto Fujimori, la que plantee que las mismas Fuerzas Armadas a las que han cubierto con un velo de impunidad, se conviertan en un actor central en la “seguridad interna” controlando fronteras, calles y cárceles.

Esto parece recordar la entrega de amplias regiones del país a los militares a partir de 1983, bajo el gobierno de Fernando Belaunde Terry, bajo el pretexto de la “lucha antisubversiva”. Hay que recordar que en ese contexto se produjeron gran parte de las más de 15,000 a 19,000 desapariciones forzadas registradas por la CVR.

Por su parte, Renovación Popular, y la menos conocida Libertad Popular de Belaunde Llosa, se enfocan en la idea de crear cárceles al estilo Bukele, tanto en medio de la selva amazónica como en las alturas de los Andes. Cárceles que se llenarán, tal como hace el dictador salvadoreño, con opositores/as y luchadores/as, papel ya cumplido anteriormente por El Frontón.

Lo cierto es que más temprano que tarde, esa “mano dura” solo puede abrir camino a la dictadura, como tantas veces ha sucedido en la historia, para garantizar el control de la gran patronal sobre el país, disciplinando a todos los sectores patronales y, sobre todo, reprimiendo al movimiento obrero y popular.

Organizar la movilización contra la inseguridad y tomar en nuestras manos la defensa de nuestros barrios

Los distintos paros de los trabajadores y trabajadoras del transporte, a los que en más de una ocasión se han sumado pequeños comerciantes, mercados, mototaxistas, sectores de la juventud popular y organizaciones de la clase obrera, señalan el único camino que tenemos los trabajadores del pueblo para hacer frente a la criminalidad: organización y movilización.

Es así porque, como ya hemos planteado, el estado patronal y corrupto es incapaz de enfrentar y acabar con ese flagelo por las distintas ramificaciones y conexiones que existen entre ambos.

En primer lugar, hay que movilizarse por echar abajo las “leyes pro crimen” que este congreso de impresentables aprobó en los últimos dos años. Normas que debilitaron el sistema de lucha contra el crimen organizado que tenía el Estado, respondieron a los intereses de los partidos corruptos para evitar ser investigados como organizaciones criminales.

Sin embargo, no podemos solo echar abajo esas leyes. Tenemos que extender la movilización y organización también debe extenderse a nuestros barrios y distritos. En ellos debemos conformar rondas o comités de autodefensa, confirmados por personas voluntarias, con los cuales defender nuestras calles, casas y espacios públicos.

Por último, debemos sumar a nuestras demandas la exigencia de castigo ejemplar a las autoridades corruptas que se relacionan con el crimen organizado: expropiación de sus bienes y cuentas bancarias y cárcel inmediata.

Medidas para acabar con la corrupción

Cómo hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, la corrupción del Estado es una pieza clave dentro del esquema criminal.

Como se ha puesto al descubierto, gracias al escándalo en torno a Odebrecht y la compra de presidentes, ministros, gobiernos regionales y alcaldías, en esta sociedad capitalista, con dinero bailan todos.

Por eso necesitamos romper con la concesión del poder de esta democracia patronal corrupta.

Clásicamente cuando el pueblo trabajador a tomado el poder en sus manos, tomó cuatro medidas clave para hacer frente a este flagelo:

Todos los puestos del estado deben ser elegibles y revocables en cualquier momento. Nada de cheques en blanco por cinco años.
Que las organizaciones obreras y populares elijan almas autoridades y las saquen si no cumplen bien con su encargo.
Ningún funcionario/a debe ganar más que un obrero calificado. El servicio público no puede ser un negocio para quien asume un cargo, ni una carga para el pueblo, que sostiene al estado pagando sus impuestos.
Que nadie en los ministerios, municipalidades, el Congreso, el poder judicial, etc. gane más que un obrero o un maestro/a de escuela.
Para terminar con la mafia en el poder judicial, reemplazar a las actuales cortes y jueces por tribunales elegidos entre el pueblo para cada caso.
Y por último, para romper con la corrupción policial, reemplazo de la policía Nacional por una organización centralizada de las rondas urbanas y campesinas conformadas democráticamente en los distintos distritos, provincias y regiones del país.

Trabajo estable y bien pagado para no morir

Es sabido que la criminalidad saca sus soldados de los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Es uno de los síntomas más despreciables de la pobreza a la que nos somete el sistema capitalista junto a la prostitución y la esclavitud, entre otros.

De ahí que otra tarea clave para romper el círculo de la criminalidad sea garantizar trabajo a la totalidad de la población.

Trabajo estable y con salarios iguales al costo de la canasta de consumo. Canasta que en estos tiempos incluye por fuerza el acceso a internet así como a computadoras y celulares.

Para esto es necesario repartir las horas de trabajo entre todas las personas que requerimos un empleo. Es decir bajar la jornada laboral a cuatro o incluso 3 horas diarias, sin disminuir los salarios, sino por el contrario, asegurando los ingresos que ya hemos mencionado.

Junto con esto se deben derogar todas las normas que contravienen el derecho esencial a la estabilidad laboral. Es decir eliminar la tercerización, las services, contratas, y los contratos modales.

Solo así romperemos con esa condición que obliga a los jóvenes más pobres a convertirse en pequeños traficantes o sicarios asalariados del crimen organizado.

Gobierno de Perú se alinea con Trump y su plan recolonizador sobre Latinoamérica

15 marzo, 2026

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Por Federico Romero

La situación mundial, y latinoamericana en particular, ha cambiado desde que Trump asumió su segundo mandato a inicios del año pasado. Luego de una serie de anuncios sobre la recuperación del Canal de Panamá, la conversión de Canadá en el estado 51 de su país, del ataque a Irán y otras intervenciones, vino el anuncio de la Estrategia de Seguridad de los EE. UU. a inicios de diciembre pasado.

En este documento se traza el lugar de los EE. UU. como país dominante en el mundo y lo que hará para reafirmarlo. Haciendo una somera evaluación de sus primeros meses del mandato de Trump afirma, que “Estados Unidos vuelve a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos construyendo la paz en el mundo”.

Sin embargo, lo que vemos es un mundo convulsionado, con fricciones entre los principales bloques económicos y países con EE. UU., guerras y conflictividad social en todas partes y, sobre todo, masivas protestas fuera y dentro de EE. UU. contra Trump.

América Latina

En este cuadro, lo que sucede en América Latina cobra relevancia. Desde la independencia, el subcontinente fue considerado por EE. UU., casi por derecho propio, como su zona natural de influencia y dominio y así lo estableció con la llamada doctrina Monroe. Así fuimos convertidos en economías dependientes y subordinadas a los intereses de EE. UU., y quedamos bajo su tutela política y militar. Ante esto se desarrolló una gran corriente antiimperialista que impulsaron luchas independentistas y algunas revoluciones. La mayor conquista fue la Revolución Cubana. Esto cambió.

Hoy el imperio actúa con mayor libertad en Latinoamérica. La dimensión del ataque a Venezuela no ocurrió antes. El último ataque del imperialismo inglés en Las Malvinas fue respondido en el campo de batalla y con gigantescas movilizaciones, aunque fue traicionado y derrotado. Esta vez el ataque a Venezuela no tuvo grandes respuestas.

Luego de Venezuela, Trump se ha centrado en Cuba, donde ahonda el cerco de la Isla para forzar la caída del régimen. Y tampoco hay respuestas.

Mientras la mayoría de los gobiernos de derecha apoyan y celebran las acciones de Trump, los de “izquierda” no pasan de las palabras mientras se subordinan a él. Destaca el caso de Gustavo Petro (Colombia) por su verborrea antiimperialista; tras reunirse con Trump, su verborrea cambió para enaltecerlo: “me gustan los gringos francos”; y justificando un posible pacto con él, agregó: “entre contradictores se pueden encontrar los caminos de una hermandad humana”.

El caso de Perú

Algunos hechos vienen mostrando a Perú como otro escenario donde se manifiestan las nuevas relaciones que promueve EE. UU. con América Latina, bajo el paraguas de su llamada Estrategia de Seguridad.

El Perú, desde la caída de Pedro Castillo, se encuentra bajo un régimen de derecha alineado a EE. UU. y a los grandes intereses capitalistas. En medio de su descomposición, el régimen (con sus distintos gobiernos), se mantiene fiel a esa línea y forma parte del coro derechista de la región que adula a Trump, junto con Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, Paz en Bolivia y Kast en Chile; todos, próximos a reunirse en Washington convocados por Trump para armonizar acuerdos.

En esta línea, el gobierno peruano también fue uno de los que dio apoyo al ataque estadounidense a Venezuela. Y lo hizo en nombre de las “libertades y los derechos humanos” violentados por Maduro. Resulta que el mismo gobierno es responsable de violar esos derechos, como sucedió con la represión y muerte del joven Truko en la marcha del 15 de setiembre.

Además, los hechos mostraron que la intervención en Venezuela no se hizo para rescatar los derechos humanos del pueblo, sino para saquear su petróleo, para lo cual EE. UU. ha reafirmado al mismo régimen dictatorial convirtiéndolo en su socio y aliado.

Presiones desde Washington

En esta línea de capitulación se han producido otros hechos. Hace un tiempo las autoridades gestionan, a través del Comando de la Fuerza Aérea la compra de una flota de aviones para reemplazar el equipamiento actual, y evaluaban las ofertas de Francia, Suecia y EE. UU., inclinándose por la oferta francesa. Pero poco después del ataque estadounidense a Venezuela, el ex premier sorprendió en una declaración al decir: “Para todos es notorio que Estados Unidos ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial… Por tanto, esa adquisición (de armas) no corresponde a comprar camiones ni autos, sino que es parte de una política estratégica que involucra el futuro del país”.

El megapuerto de Chancay

Ya había sucedido algo similar con la remodelación de la base naval del Callao, proyecto encargado a China. Se considera que la base naval tiene relevancia estratégica porque se encuentra ubicada al lado del principal puerto comercial del Perú. No se sabe si el gobierno recibió un llamado de la Casa Blanca o solo vio el ataque a Venezuela, lo cierto es que hizo un giro de 360° y se la entregó a EE. UU., quedando China desplazada de otro gran proyecto.

Otro hecho es la controversia en torno al megapuerto de Chancay. De capital principalmente chino, fue construido como un hub logístico con la perspectiva de ser la mayor puerta de ingreso y salida del comercio de América Latina con China. El hecho inquietó a EE. UU. El proyecto fue inaugurado un año y la controversia abierta apareció bajo ahora.

En su Estrategia de Seguridad ya mencionada, EE. UU. traza claramente las áreas estratégicas de su interés: defensa (presencia militar en zonas clave, en nuestro caso la cuenca del Pacífico); y tierras raras e infraestructura logística. En este punto, el megapuerto de Chancay se convierte en fuente de grave conflictividad entre China y EE.UU.

Ahora EE.UU. presiona a las autoridades para ejercer injerencia o supervisión sobre el puerto de Chancay. La empresa Cosco Shipping Chancay, operadora del megapuerto, presentó una acción de amparo y obtuvo un fallo a su favor, fallo que sustenta que la empresa “es propiedad privada” y no pública.

El hecho obligó al gobierno, mediante la PCM, a objetar la decisión judicial afirmando que “protege la inversión privada”, pero “dentro de un marco normativo que también contempla mecanismos de regulación y fiscalización” por parte de los organismos estatales”.

Tras estos hechos, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró: “Preocupados por los últimos informes de que Perú podría verse impedido de supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo jurisdicción de propietarios chinos depredadores, apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio…”.

En la forma, la controversia gira en torno a la supervisión del megapuerto por los organismos reguladores del Estado, pero en el fondo se trata de limitar sus operaciones u obstaculizarlas para luego, al parecer, desplazar a los chinos.

¿Qué viene después?

El conflicto recién empieza. El imperialismo, en su decadencia, se vuelve más voraz. Su crisis hace que corra hacia adelante, a la recolonización de Latinoamérica: más presencia militar, control de los recursos naturales, control de actividades económicas clave, un nuevo relacionamiento comercial para su proyecto de reindustrialización y mayor dependencia financiera.

Por su parte, China ha ganado terreno y, por su inmensa industria, se ha convertido en el principal socio comercial de varios países, entre ellos Perú, y con esa fuerza defenderá sus intereses. Pero es un hecho que no podrá desplazar a EE. UU. fácilmente. El mundo, ya repartido por las superpotencias, no se puede repartir así nomás sino con un conflicto de mayor escala, como la guerra. Por ello, EE. UU. centra sus esfuerzos en mantener su predominio militar.

Por esto mismo es claro el alineamiento de la mayoría de los gobiernos con Trump y la subordinación hasta de los llamados “progresistas”, como el de Sheinbaum y Lula.

Si esto es así, no hay duda de que quien resulte elegido en las próximas elecciones también se alineará con la Casa Blanca. Y más si resultan electos López Aliaga o Keiko Fujimori, lo harán con especial entusiasmo, al estilo Milei.

¿Qué hacemos?

Lo descrito pone de relieve la necesidad de colocar en el centro la lucha de los trabajadores y pueblos de Latinoamérica contra el imperialismo, sus planes recolonizadores y por una salida socialista.

En el momento actual, esta respuesta pasa por rechazar la intervención en Venezuela, denunciando también la colaboración del gobierno chavista, así como el bloqueo y cerco que se establece sobre Cuba buscando forzar la caída o capitulación del régimen.

En este marco debemos responder a cada hecho que ocurre en el país contra la intervención del imperialismo y contra el gobierno por su apoyo, y en defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, el verdadero ataque vendrá después de las elecciones. El gobierno que resulte electo –más aún si es de derecha– buscará, con la “legitimidad” del voto, implementar todas las exigencias del imperialismo, al estilo Milei en Argentina.

8 de marzo: con el nuevo gobierno, la opresión y explotación persisten

15 marzo, 2026

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Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, encuentra al Perú bajo la presidencia ahora de José Balcázar, cuyas declaraciones públicas favorables al matrimonio infantil y otras en relación a las relaciones sexuales tempranas de la mujer resultan condenables en un país atravesado por altos índices de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.

Tales posturas no son un exabrupto aislado, sino la expresión del carácter reaccionario y ultraconservador del régimen político que se consolidó y se mantiene aún tras el ascenso de Dina Boluarte hace tres años. En medio de un contexto internacional marcado además por escándalos de explotación y abuso sexual como el caso de Jeffrey Epstein, queda en evidencia que la violencia contra mujeres y niñas no es un problema “cultural” o nacional aislado, sino un fenómeno profundamente ligado a redes de poder y privilegio que atraviesan fronteras.

Las cifras oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres en el Perú continúan percibiendo ingresos menores que los hombres, presentan mayores tasas de informalidad laboral y dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

A ello se suma que una proporción alarmante ha sufrido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de su vida.

Esta desigualdad no es accidental: responde a una estructura económica y social que se beneficia del trabajo precarizado y del trabajo doméstico gratuito que realizan millones de mujeres, mientras limitan su autonomía económica y política en la sociedad.

Una campaña electoral sin propuestas claras

En medio del actual proceso electoral, sin embargo, ningún candidato coloca esta problemática en el centro del debate ni propone medidas radicales que apunten a resolverla desde la raíz.

No se discute seriamente la implementación de una red nacional de guarderías públicas y gratuitas que permita socializar las tareas de cuidado, ni la creación de servicios comunitarios como lavanderías o comedores que reduzcan la carga doméstica que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Tampoco se asume con claridad la defensa del aborto libre, gratuito y de calidad como parte de una política integral de salud pública y de reconocimiento pleno del derecho a decidir.

Las propuestas, cuando existen, suelen limitarse a programas focalizados o campañas de sensibilización que no alteran la estructura que produce la desigualdad.

Por eso, el 8 de Marzo no debe reducirse a una fecha de celebración simbólica promovida por el propio sistema que invisibiliza su origen combativo y obrero.

Es, ante todo, un día de lucha internacional. Una jornada para cuestionar al sistema económico mundial que no solo oprime a las mujeres por su género, sino que también las explota como trabajadoras, y que necesita de su subordinación para sostenerse.

La emancipación de las mujeres no será obra de discursos oficiales ni de reformas superficiales, sino de la acción organizada junto a sus compañeros de clase, que también padecen un modelo capitalista basado en la explotación y la concentración del poder.

Solo así la indignación podrá transformarse en fuerza capaz de cambiar de raíz las condiciones que hoy sostienen la opresión.

La clase obrera frente a la trampa electoral

10 marzo, 2026

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¡Las urnas no detendrán los despidos ni las balas!

Hoy queda claro que el reemplazo de Dina Boluarte por José Jerí, y ahora por José María Balcazar no es más que un recambio de piezas diseñado por el «pacto de corruptos» del Congreso. El objetivo es asegurar su propia impunidad y evitar que el descontento popular se desborde en las calles, garantizando que el modelo económico neoliberal llegue intacto a abril de 2026. Un cambio en palacio que en ultimas será el garante de los despidos colectivos y la explotación laboral, amparado en leyes hechas a medida de la patronal.

Sin embargo, la amenaza más peligrosa para la clase trabajadora no solo proviene del gobierno, sino de la falsa salida electoral que se intenta imponer como única vía de solución a la infinidad de problemas que atravesamos.

El circo electoral y la complicidad de las izquierdas

En los hechos, mientras la clase obrera convive con salarios de hambre, soporta despidos y el abuso patronal, y regresa a casa con el miedo de ser una cifra más de la delincuencia que ha tomado por asalto las calles de la ciudad, se encienden las luces del circo electoral y nos venden el cuento de que debemos esperar pacientemente a las elecciones de 2026, que nuestro destino se decidirá en las urnas.

Mientras tanto, las patronales y sus empleados en el Congreso, ya prepararon el terreno eliminando la competencia, copando las instituciones como la Fiscalía y el sistema electoral para favorecer a la derecha más reaccionaria y explotadora, que se alista a tomar el poder y aplicar la motosierra al estilo Milei a los pocos derechos laborales que nos quedan.

Pero hay que decirlo fuerte y claro: Estas elecciones son la trampa perfecta para que nada cambie en favor de los trabajadores y el pueblo pobre.

A estas alturas no es novedad que la llamada izquierda esté de lleno en este juego, mostrando que su único interés es llegar como sea a copar una curul para hacer lo mismo de siempre: conciliar.

Pero lo más preocupante es que las direcciones de las principales centrales sindicales como la CGTP y la FETRIMAP también estén legitimando este amañado proceso electoral, levantando proyectos reformistas de conciliación de clases y vendiendo la falsa idea que llegando al Congreso o al Gobierno por la vía electoral mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.

Esto lo hacen de espalda a la propia experiencia del movimiento obrero que sabe que sin luchas ningún cambio es posible. Y en lugar de utilizar las elecciones para llamar a los trabajadores a organizar la lucha para echar abajo a este Gobierno y al Congreso corrupto, denunciando el carácter tramposo de estas elecciones, por el contrario, mantienen al movimiento obrero preso de sus ofrecimientos de campaña y en los hechos abandonando la oportunidad de convertirnos en una fuerza que enfrente a la patronal y sus planes hoy y así prepararnos para lo que se viene más adelante.

Al dejar de lado esta explicación y su principal tarea que es la de organizar y preparar la lucha, para dedicarse a lanzar promesas de nuevas normas laborales, que no se podrán realizar dentro de este sistema corrupto, solo puede conducir al retroceso en la conciencia de clase de los trabajadores y por consiguiente a cosechar nuevas derrotas.

La experiencia de los trabajadores de SINTRACELIMA: La salida no son las elecciones, es la lucha

Frente a la salida que propone las dirigencias de la CGTP y la FETRIMAP, que optaron por el «cronograma electoral» antes que la lucha, la experiencia de las bases nos marca el camino. El triunfo del SintraCelima contra los ceses colectivos es la prueba de que las victorias se arrancan con la lucha e independencia de clase, no confiando en las instituciones de este gobierno de los patrones.

Su triunfo no se logró con promesas electorales de cambio, sino con la organización y unidad de base, la solidaridad de clase y la firmeza y combatividad en las calles. Esa es la única «elección» que los patrones respetan: la de una clase obrera organizada que entiende que sus derechos se conquistan con lucha. Así nos ha mostrado también nuestros hermanos de la COB en Bolivia que hicieron derogar normas patronales y conquistar aumentos salariales.

¡Nuestro programa es la lucha en las calles! No permitamos que el descontento y el hartazgo se ahogue en un ánfora. No necesitamos «salvadores» ni dirigentes que usen nuestras luchas como trampolín para ser candidatos. Lo que necesitamos es Unificar las luchas actuales de los transportistas, comerciantes y de la clase obrera en una sola plataforma para derrotar al gobierno y su plan. Junto con ello denunciar el plan electoral amañado en curso, y al calor de esta tarea, luchar por soluciones de fondo, como el cierre del Congreso corrupto y una Asamblea Constituyente que realmente ponga el país en manos de los trabajadores.

Necesitamos un programa y un partido obrero para sacar al país de la grave crisis

9 marzo, 2026

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El país y el mundo miran anonadados la grave crisis nacional. Estos días acaba de jurar el cuarto presidente en cinco años y el segundo “encargado” o “de transición”, con su propia mochila al hombro de acusaciones activas en la Fiscalía.

Algunos acusan que esto se debe a la precariedad del mandato presidencial y el excesivo poder que tendría el legislativo. Pero nadie puede justificar la conducta corrupta y el descarado aprovechamiento del poder que hacía el recién censurado, como tampoco los negociados bajo la mesa de la mayoría de grupos del Congreso, que sacan un presidente como un mago saca un conejo de un sombrero.

El actual cambio claramente no es una solución. Pero tampoco lo son las próximas elecciones diseñadas para dar continuidad al mismo régimen, renovando a sus componentes con nuevos personajes que serán de igual o peor calaña. Los candidatos de “izquierda” que se presentan como “salvadores” en realidad engañan, porque en la práctica conviven con ese mismo sistema y solo se plantean cambiarlo en sus proclamas reservadas para los días de fiesta.

Lo que necesitamos es cambiar el régimen, tal como lo planteó e intentó el sur heroico en su rebelión del 2022-2023 con las demandas de Fuera Todos y Asamblea Constituyente Libre y Soberana. En realidad, esta es la verdadera salida democrática que necesitamos y que a la vez permita limpiar el sistema de reaccionarios, corruptos y delincuentes. Sin duda esta tarea volverá a mostrar toda su actualidad después de las elecciones, porque, con independencia de quien resulte ganador, los problemas seguirán siendo los mismos y hasta peores.

Sin embargo, hay que anotar que el problema es aún más profundo y lo planteamos ahora de cara a las elecciones donde se postulan salidas para el país. Por ejemplo, el giro de la política del imperialismo que siempre nos ha considerado su patio trasero amenaza con una mayor injerencia sobre el país, sus recursos naturales, las actividades estratégicas (infraestructura logística y puertos) y una mayor presencia y dominio económico y militar. Estamos ante un proceso de recolonización, y este traerá más atraso, dependencia y pobreza. La “izquierda” ni nadie que participa en las elecciones ha planteado esta tarea de defensa de la soberanía nacional, ruptura de todos los pactos que nos atan a él y desconocimiento de la deuda externa, ni defienden la construcción de un proyecto nacional propio.

No lo han planteado porque todos defienden el sistema capitalista neoliberal que rige en el país, y que forma parte del sistema de dominación imperialista. Todos los gobiernos de Latinoamérica, hasta los que presumen de “izquierda” como Lula (Brasil) y Sheinbaum (México), aplican dicho modelo y en esa línea se sujetan a las órdenes del imperialismo de Trump. Esto plantea otra de las tareas pendientes para producir un verdadero cambio: romper con el sistema económico y el ordenamiento capitalista y contraponerle un plan obrero y popular, que empiece por la expropiación de los grandes grupos capitalistas y un plan nacional de desarrollo hacia el socialismo.

Y, por último, un gobierno alternativo de las organizaciones obreras y populares, que lleve a cabo este programa.

Ahora bien: ¿cómo hacemos posible esta salida? Luchando por ella cada día con más fuerza y decisión, enfrentando a los agentes de la burguesía y a los reformistas conciliadores. Y, en ese proceso, organizando y construyendo un verdadero partido de los trabajadores con lo mejor de la vanguardia obrera y de la juventud luchadora, hasta que sea capaz de dirigir a las grandes masas hacia la conquista del poder.

Estos son, en forma resumida, los ejes de un verdadero programa obrero y de un partido obrero para llevarlo a cabo, como salida ante la crisis nacional.

A los mejores luchadores de la juventud y la clase obrera, los convocamos a debatir esta propuesta y, sobre todo, a sumar fuerzas para construir juntos esta alternativa.

Emergencia nacional ante el Fenómeno de El Niño

9 marzo, 2026

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Nuevamente nos encontramos ante una emergencia nacional con el retorno del fenómeno de El Niño Costero. Las intensas lluvias, combinadas con las altas temperaturas que afectan a toda la costa, parte de la sierra y la región amazónica, vienen provocando inundaciones, huaycos y múltiples destrozos en varias localidades del país, especialmente en la ciudad de Arequipa.

El fenómeno reaparece con fuerza como consecuencia del efecto invernadero, propiciado por la intensa actividad capitalista basada principalmente en la quema de combustibles fósiles. Esta realidad es constantemente negada por las élites capitalistas mundiales, encabezadas por figuras como Donald Trump, con el objetivo de favorecer a las multinacionales petroleras.

Para este año, se prevé que el fenómeno se extienda hasta noviembre. En 2017, este evento climático, que afecta especialmente a Perú y Ecuador, causó más de un millón de afectados, además de muertes, personas desaparecidas y miles de damnificados.

Como entonces, la historia vuelve a repetirse. Las obras preventivas que se necesitan nunca se realizan, ya sea por la corrupción de los gobiernos subnacionales y la propia ineficiencia del Estado, o –como ocurre ahora– por el recorte fiscal aplicado por el gobierno central, que con una mano reduce impuestos a las empresas agroexportadoras mientras con la otra recorta el presupuesto en prevención.

Además, para enfrentar la emergencia, la población no cuenta con motobombas que le permita vaciar las viviendas y terrenos inundados. Ya no hablemos de maquinaria pesada, tanques y cisternas, ni de las asistencias básicas que necesita la población afectada. De tal manera que, una vez más, el desamparo y la improvisación son casi totales.

Y como siempre, los más afectados siguen siendo la población más pobre y necesitada, aquella que reside en viviendas precarias y, en muchos casos, ubicadas en zonas de alto riesgo. Ahora, esta población debe sumar este flagelo a sus sufrimientos cotidianos, como la criminalidad y las desastrosas políticas sociales del Estado.

No faltarán quienes, en la presente campaña electoral, usen esta tragedia para sumar una nueva oferta a su larga lista de promesas. Lo cierto es que esta situación no puede esperar ni el cumplimiento de ofertas futuras ni los resultados electorales; las necesidades deben ser atendidas ya. Esto solo va a ser posible con la movilización ciudadana que exija al gobierno atender la emergencia con maquinaria, equipos y ayuda efectiva, recurriendo si es necesario al uso de los medios y recursos que poseen las grandes empresas. Y mediante la lucha autoorganizada de los sectores afectados y en situación de vulnerabilidad.

Congreso reemplazó a Jerí por Balcázar y todo sigue empeorando

9 marzo, 2026

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Pelea electoral con chaira en mano y continuidad del control del gobierno por parte de los partidos que conforman el pacto corrupto, son dos caras del actual régimen político en descomposición. Los partidos procesados o vinculados al crimen organizado –según la Fiscalía– están enfrentados en una guerra electoral ya sea por prevalecer o por sobrevivir, pero a la vez están unidos por sus transacciones e intereses comunes.

Es muy importante tener esto en cuenta porque la campaña electoral se irá convirtiendo más y más en la madre de todas las batallas del engaño y la confusión, tanto por interés propio como para distraer la atención de los verdaderos problemas nacionales y sus responsables. Tenemos, en esa línea: los hechos que rodearon la censura de Jerí y la elección del nuevo presidente; el carácter del gobierno de José María Balcazar; y, lo que se espera de los responsables del régimen, del actual gobierno y de los candidatos ante los conocidos problemas nacionales, como el sicariato y el regreso de las lluvias torrenciales, y ante las nuevas amenazas que viene lanzando el imperialismo norteamericano bajo el gobierno de Donal Trump.

Enfrentados por los votos, pero unidos en el pacto de gobierno

Respecto al primer tema, la censura a Jerí y los delitos que motivaron su destitución han pasado a segundo plano gracias a que el Congreso ha producido un acto más escandaloso al elegir a otro de sus “legítimos” exponentes, esta vez a José María Balcázar, de las filas de Perú Libre, con no menos procesos judiciales en su prontuario y responsable, como la mayoría de sus colegas, de la aprobación de las repudiadas leyes pro crimen.

La descomposición del régimen político va más allá. La prensa enfoca lo insólito de elegir presidente del Congreso y presidente de la República a alguien de Perú Libre, siendo más fuertes las bancadas derechistas; de hecho, Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Podemos, Somos Perú sumaban más de 75 votos, suficientes para elegir a su “favorita” María del Carmen Alva.

Es claro que Balcázar fue elegido con muchos votos derechistas, lo que ha puesto en evidencia la vigencia del pacto y también la pelea a cuchillos que están librando en el terreno electoral los principales socios, Fuerza Popular de Keyko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga.

Cuando José Jerí ya era un apestado, López Aliaga madrugó con la propuesta de la censura para mostrarse como abanderado de la moral, logrando que el fujimorismo quede como defensor del censurado. Luego, la elección del remplazante se usó como arma destructiva: provocar una “tragedia” con la elección de un supuesto “comunista” como presidente, para culpar al otro de semejante perversión.

La guerra electoral se hace más salvaje porque ninguno de sus candidatos logra un despegue significativo. López Aliaga lleva la delantera, pero con un 12% que muestra un crecimiento insignificante después de varios meses de campaña, seguido por Fujimori con rígido 8%, mientras más abajo figuran cuatro candidatos con 4%, entre ellos César Acuña de Alianza para el Progreso; y hasta la fecha el voto por “ninguno” lidera por mucho con 42%. La próxima encuesta revelará si el ardid le dio ventaja a alguno de ellos.

Con Balcázar presidente, no hay cambios

El segundo tema tiene que ver con el carácter del actual gobierno. La designación de Balcázar como presidente, seguro será usado por la derecha patronal y corrupta como blanco de un cínico discurso de defensa de la “democracia” contra la “amenaza comunista”; así pretenderán asustar al electorado para ganar votos, de paso que soplarán la pluma de su responsabilidad en la descomposición política y los crímenes del periodo Boluarte y Jerí. Pero Balcázar fue elegido por ellos mismos, con negociaciones bajo la mesa, incluidas repartijas de ministerios y otros altos cargos.

Por eso las primeras declaraciones de Balcázar no fueron para combatir la corrupción sino priorizar la conciliación “sin izquierdas ni derechas”; no fueron para combatir el crimen organizado sino para callar la boca sobre las leyes a favor del crimen que él mismo ayudó a aprobar.

Balcázar tampoco se refirió a medidas de cambio para atender las demandas sociales o las emergencias de pueblos afectados por desastres, sino para ofrecer por encima de todo la defensa del actual modelo económico y acceder a las demandas de los empresarios por más reformas (como la Ley “Chlimper 2.0” o la norma de ceses colectivos) que terminan pagando las masas trabajadoras.

Cuando dice “es fácil gobernar”, no se refiere a otra cosa que seguir con el piloto automático de gobernar sin tocar el modelo, ya que el tema económico lo deja, como han hecho los sucesivos gobiernos anteriores, a lo que dicten las misiones del FMI a través del Ministerio de Economía. Por tanto, no tendrá nada que ofrecer a las poblaciones que demandan soluciones, es decir nada distinto que mecidas y represión a las justas luchas.

Una línea roja del modelo económico es la del déficit fiscal, que ya venía rebasado desde hace varios años pero que el FMI aflojó en 2023 en plenos asesinatos de Boluarte para priorizar la sostenibilidad del gobierno. El ajuste regresó con la aprobación de un presupuesto 2026 más austero, y en los últimos días de Jerí con un mayor ajuste del gasto corriente del gobierno nacional en 10 por ciento, equivalente a unos S/. 2,000 millones. Es la lógica del modelo económico, de ajustar por el gasto público agravando la incapacidad absoluta del Estado para atender los problemas de salud y educación públicas, entre otros, sin tocar los intereses del empresariado con más impuestos.

Con la citada medida se busca también asegurar el financiamiento de inversiones donde se prioriza la compra de aviones para la fuerza aérea, lo cual no solo plantea el problema de prioridades donde se dejan de lado múltiples carencias de la población, e incluso otras inversiones como la nueva carretera central cuya suspensión ha causado indignación y protesta popular, sino las relaciones que encierra esa compra, como una sujeción colonial del gobierno (todavía en los días de Jerí) a los dictados del imperio, y aquí entramos al tercer tema de la actitud del Estado ante los ataques y amenazas del imperialismo norteamericano.

Ataques y amenazas del imperio

El plan económico neoliberal y la globalización son los instrumentos de un proceso de recolonización de América Latina del que el Perú no solo no ha sido excepción, sino que hasta es uno de sus casos más extremos en privatización, liberalización de la economía y expoliación de recursos naturales.

Ahora que Estados Unidos constata su decadencia en el orden mundial que él mismo construyó, ha decidido resolver su rezago frente a otras potencias económicas, especialmente China, tratando de imponer un nuevo orden y desempolvando en ese marco la vieja doctrina Monroe para recuperar el terreno perdido en los países de la región latinoameric-ana (véase un amplio análisis en artículo de esta edición).

La decisión en tiempos de Jerí fue allanarse a los planes geopolíticos de EE. UU. autorizando la transferencia de S/ 1,137 millones para la compra de aviones cazas producidos por empresas norteamericanas, incluso a pesar de las preferencias de la parte técnica por aviones suecos y franceses.

Esta postura capituladora de Jerí, es evidente que no será revisada por el actual gobierno de Balcázar, como tampoco será cuestionada por los candidatos de los partidos que conforman el pacto de los corruptos.

El asunto es que tampoco ninguna candidatura que se reclama de izquierda, para no contar ya el caso descarado de Perú Libre, se ha propuesto asumir las banderas del antiimperialismo, mostrando el grado extremo al que ha llegado su regresión programática y su adaptación al sistema.

Otras expresiones de esa capitulación de la izquierda reformista han sido su política predominantemente conciliadora incluso en los momentos más críticos en que se imponía el gobierno de Boluarte a sangre y fuego, y su renuncia a liderar las luchas sociales contra la corrupción, el sicariato y las extorsiones, así como las demandas de justicia de los pueblos del sur y los familiares de asesinados, incluso las banderas más sentidas de estas luchas como la de asamblea constituyente, que muy bien podían haberse articulado con las luchas obreras contra los ceses colectivos y despidos.

La debilidad electoral de las candidaturas de la izquierda reformista, solo reflejan el abstencionismo y la política desmovilizadora de los últimos años, para no ir tan lejos, sino también su regresión programática que hace que no se diferencie de la más tibia de las opciones de la derecha patronal, y que desmoraliza al movimiento obrero y popular, que no la ven como alternativa, que sienten que no tienen candidatos.

Y ese retroceso es lo que favorece a la derecha que, a pesar de su responsabilidad directa en la situación, y con muy poco, buscarán hacerse del gobierno con el propósito de instaurar un periodo más reaccionario y antipopular, más alineado al modelo y a los dictados imperialistas, reclamando el padrinazgo del amo imperial.

Sigue siendo un misterio hacia qué candidato se volcará el descontento y qué forma tendrá la polarización electoral de este año, pero es claro que un programa de cambio real no hay.

Sin embargo, las elecciones serán finalmente un episodio más del que antes han salido gobiernos de todo tipo, todos al servicio de plan económico, todos corruptos, que han llevado al país a una descomposición cada vez mayor. La clase trabajadora y el pueblo todavía pueden organizarse y prepararse para el partido de fondo en las calles.

Tras la censura de José Jerí: ¡Ninguna ilusión en el nuevo gobierno!

18 febrero, 2026

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José Jerí ha sido censurado por el mismo Congreso corrupto y reaccionario al que no le importa solucionar los problemas del pueblo pobre y trabajador del Perú.
El mismo Congreso que le encargó la presidencia y lo ha sostenido hasta hoy, sin atender las acusaciones de abuso sexual, enriquecimiento ilícito o su responsabilidad por la represión el 15 de noviembre pasado.

¿Por qué lo sacaron? Porque la continuidad de Jerí al frente del gobierno ponía en riesgo sus posibilidades electorales.

No era sostenible, desde el punto de vista de los votos, sostener a un presidente que se reunía en secreto con empresarios con los que el Estado tiene contratos y utilizaba Palacio de gobierno para realizar fiestas y, todo indica, aprovechar su poder para obtener favores sexuales.

Pero tampoco era posible sostener un gobierno que, habiendo intentado identificarse con el dictador salvadoreño Bukele para dar sensación de que se hacía algo contra las bandas del crimen organizado, ha mostrado su completo fracaso, en medio de continuos asesinatos contra trabajadores del transporte en Lima, Callao y otras grandes ciudades, propiciando el descontento y la movilización popular.

Dicho de otra forma, salvo el fujimorismo, nadie ha querido cargar con esa mochila llamada José Jerí, de cara al 12 de abril.

Las direcciones sindicales impidieron que el pueblo trabajador derrote a Jerí en las calles

Los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre tampoco tenían interés alguno en cargar con esa mochila.

Nada más impuesto por el Congreso, la juventud movilizada junto a importantes sectores obreros y populares salieron a enfrentar y echar abajo a Jerí. La gran movilización del 15 de noviembre, duramente reprimido por el gobierno, expresó esta intención.

Sin embargo, las direcciones sindicales nacionales, principalmente la dirigencia de la CGTP (controlado antidemocráticamente por el Partido Comunista), renunciaron a organizar y dirigir esta lucha, para abrazar sus propios cálculos electorales.

Una victoria de la lucha obrera y popular, hubiera puesto a la defensiva al pacto corrupto de los partidos del Congreso, y hubiera abierto el camino para que las demandas de las organizaciones obreras y populares se posicionen en primer plano, como sucedió con la huelga de los trabajadores y trabajadoras del campo después de la caída de Merino, que terminó echando abajo la Ley agraria fujimorista.

Pero no ha sido así. Con esto, los partidos reformistas, que se autodenominan “de izquierda”, han traicionado los intereses inmediatos de los sectores obreros y populares, y como consecuencia indirecta han entregado incluso sus propias posibilidades electorales, en función de las cuales han vendido la lucha.

Nada que esperar

Siendo el mismo Congreso corrupto y reaccionario, el que elegirá al próximo presidente o presidenta del país, los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre no tenemos nada positivo que esperar.

Será un gobierno igualmente corrupto, reaccionario e incapaz de resolver las más sentidas demandas de la clase obrera y el pueblo, que mantendrá la línea represiva que Jerí impuso con los “estados de emergencia”, para garantizar un proceso electoral a la medida de los mismos partidos del Congreso.

Por eso, el único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo es retomar nuestra movilización franca y consecuente. Está claro que los dirigentes nacionales tienen la cabeza en las elecciones y no en organizar la lucha. Por eso urge que discutamos en cada fábrica, mina, universidad y centro de trabajo, la necesidad de ir a un gran Paro nacional, como los realizados por los trabajadores transportistas, para exigir soluciones concretas e inmediatas a nuestros problemas y demandas.

No tenemos ninguna razón para esperar del nuevo gobierno –ni del que salga electo del Congreso, ni del que se elija en abril/junio– ningún cambio o solución.

¡Retomar la movilización obrera y popular!
¡Asambleas de base para discutir y votar la movilización unitaria!
¡Cárcel y confiscación inmediata de las cuentas y bienes de todos los corruptos, comenzando por Jerí!
¡Plan de lucha y Paro Nacional contra la criminalidad, contra la impunidad policial y de las Fuerzas Armadas, por juicio y castigo a los corruptos y asesinos y en defensa del trabajo!

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