El crimen organizado se masifica y se desboca en atentados contra la población más pobre y necesitada de los distritos populares, que ahora protesta con un paro que paraliza Lima y Callao.
El paro del transporte anunciado para los días 10, 11 y 12 de octubre, paralizó Lima en su primer día, haciendo que la ciudad viva un verdadero caos en los distritos más populares: ausencia casi total de movilidad, cierre de mercados y pequeños negocios, marchas y fuerte presencia policial y militar.
Muchos no fueron a trabajar y no hubo clases presenciales, y las zonas de densidad comercial, como el emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria, o “Mesa Redonda”, en el centro histórico de la ciudad, hasta la zona residencial y empresarial del distrito de San Isidro, lucieron casi vacías. Un hecho inusual para una ciudad de 11,5 millones de habitantes.
Esto suele ocurrir en los paros nacionales verdaderos (no como la finta que ahora convoca la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP). Solo que ahora los que realizan el paro no son los sindicatos, sino la masa de trabajadores precarizados e informales que habitan los distritos populares que rodean el centro de la ciudad.
Por esto mismo, esta paralización resultó más fuerte y combativa que la organizada por las grandes empresas de transporte, el pasado 3 de octubre. Empresas que esta vez se echaron atrás, en acuerdo con el gobierno o ante las amenazas de las bandas criminales. Los que protestan ahora, dicen: “Prefiero perder mi día de sustento, en defensa de mi vida”.
El paro anterior no logró resultado alguno. Al contrario, el crimen se vengó contraatacando. El gobierno y el Congreso, ensimismados y con prepotencia, no derogaron la Ley 32108 (“Ley del crimen organizado”), hija de los peores corruptos del régimen, que al limitar la aplicación de sanciones al crimen organizado, en realidad lo incentiva.
En su lugar, a clásico estilo gorila, declararon el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao, colocaron al ejército en las calles y lanzaron una propuesta de Ley de “terrorismo urbano”, que buscaba impunidad policial y mayor represión… Es decir, solo han recortado derechos y libertades que afectan a todos dejándonos vulnerables ante las mismas fuerzas llamadas a traer seguridad.
Ante esta pantomima, el crimen organizado contraatacó para mostrar que son ellos los que mandan y no las autoridades. Buses quemados, nuevos muertos y más amenazas.
Por ello la nueva protesta esta vez viene de más abajo: de los microbuseros y mototaxistas, de los vendedores ambulantes, de todos los que a diario salen a buscarse el sustento diario. Y salieron con más indignación por las respuestas del gobierno y del Congreso, a los que también ven con odio. Son esos sectores los que se movilizaron en forma masiva desde los conos hacia el centro, donde se encuentra la sede el Congreso solo para encontrar a la policía.
La represión, que es inepta para combatir al crimen, aquí mostró una vez su eficacia para reprimir la protesta. En lugar de hacer frente a los criminales, reprimen a los que luchan contra ellos. Y peor, ante las demandas de fondo, el gobierno y el Congreso mantienen el mismo discurso prepotente; lo que enciende más la bronca.
Desde donde se lo mire, esta lucha es justa. Como en la rebelión del 2022-2023, los que hoy se rebelan contra el régimen son los más pobres, esta vez de Lima. Son pobres por culpa del régimen corrupto y su política económica que solo favorece a los ricos y corruptos. Y que ahora, como parte de esa misma política o de su propia ineptitud y desinterés, no solo permiten sino alientan el crecimiento de la criminalidad, de la común y profesional, dejando a su suerte a la población más necesitada.
Si no hay solución inmediata y efectiva la gente no va a bajar los brazos. La criminalidad tampoco, provocando más hechos de sangre. Y nuevas protestas.
Ante esto, la tarea es apoyar esta lucha y hacer nuestras sus banderas, no solo para la solución de las demandas sino para que se vayan el Gobierno y el Congreso, responsables de esta situación de y muchos males que afectan al pueblo todo, como los despidos masivos y ceses colectivos en la industria.
Es una lucha justa que la clase trabajadora debe apoyar y hacer suya. No es casual que ante ella la CGTP y las organizaciones de “izquierda” electorera no digan nada. En lugar de sumarse a la protesta y construir una sola con las urgentes demandas obreras, se hacen la vista gorda cuidando su plan de canalizar todo hacia la salida de las elecciones del 2026.
La central ha convocado a una jornada el jueves 17, por aumento del salario mínimo y otras demandas. Es una oportunidad para hacerse presentes en ella con todas las bases, con las banderas más combativas de la clase obrera y de los sectores populares en lucha.
El 29 de agosto pasado se estrenó, en el cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires, el documental “Tiempo largo y jodido. ¿Qué querés que te diga?” hecho por el cineasta Hugo Lescano sobre la base de dos largas entrevistas realizadas por el periodista Carlos Rodríguez, en 2019 y 2021, al militante y dirigente revolucionario peruano-argentino Ricardo Napurí. El documental fue realizado con el apoyo financiero y técnico del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina)[1]. El INCAA es una institución oficial. Los gobiernos peronistas/kirchneristas le dieron mucho impulso y ahora está siendo atacado (casi desmantelado) por el gobierno de Javier Milei.
Con 99 años, Napurí se mantiene plenamente lúcido y con la capacidad de referirse claramente a los hechos históricos en los que participó o de los que fue testigo, cómo estos fueron incidiendo en su pensamiento político y sobre figuras destacadas de esos acontecimientos con las que tuvo contacto personal en Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Entre ellos, el peruano Luis de la Puente Uceda, el argentino Silvio Frondizi, el Che Guevara y Fidel Castro, el chileno Salvador Allende, el venezolano Hugo Chávez.
De esa forma, va hilvanando de modo muy ameno, sus más de setenta años de acción política, iniciada en 1948 cuando era un joven teniente de aviación militar en el Perú y se negó a bombardear un barco lleno de civiles que participaban de un levantamiento contra el gobierno peruano. Fue castigado por ello y obligado a exiliarse en Argentina. La entrevista se inicia con ese recuerdo y llega hasta el momento actual. En ese marco, reivindica la revolución cubana como el gran proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XX y también a Fidel Castro, el Che Guevara, y al movimiento que encabezaban.
Aunque no utiliza estos términos en el documental, Napurí se presenta a sí mismo como un “trotskista crítico” en el campo de la “revolución permanente” formulada por Trotsky. Es decir que, en su valoración de procesos y dirigentes, no se guía por el “dogmatismo” sino por los hechos y acciones concretas.
En este sentido, el documental transmite la idea de que el proceso esencial del siglo actual ha sido el chavismo venezolano y su propuesta de Socialismo del Siglo XXI. Incluso Napurí refiere el encuentro en el que Chávez se dijo “trotskista” frente a Putin, a quien caracterizó como “estalinista”, señalando que esa era la diferencia entre ellos. El documental muestra las imágenes de la visita que realizó a Venezuela para ver y apoyar a Chávez, y su participación en el programa televisivo “Aló presidente”. Es con esta visión que analiza brevemente lo que pasaba en aquel país al momento de las entrevistas.
Napurí es parte de numerosos dirigentes y organizaciones provenientes del trotskismo que siguieron este camino de apoyo al chavismo (e incluso la integración a este movimiento). En numerosos escritos hemos debatido con estas caracterizaciones y posiciones que consideramos profundamente equivocadas[2]. Mucho más equivocado es seguir reivindicando al chavismo en este documental que se estrena en el momento en que el régimen político que ahora encabeza Nicolás Maduro muestra su más feo rostro: una dictadura capitalista al servicio de la “burguesía bolivariana” contra los trabajadores y el pueblo venezolano[3].
Hasta aquí estamos en el terreno de la evolución del pensamiento político de Napurí, de las conclusiones que ha sacado de los hechos de la realidad, y de las propuestas que se derivan de ello. Aunque no las compartamos, podemos entender ese proceso.
No obstante, la cuestión central es que el documental tiene grandes omisiones sobre el trotskismo internacional, latinoamericano, peruano, y especialmente argentino, que marcaron muchos años de su vida militante (y de los dirigentes que incidieron en él).
Napurí parte de reivindicar al argentino Silvio Frondizi como el que lo gana para el trotskismo y lo forma en esa concepción, a finales de la década de 1950 e inicios de los ’60, cuando Napurí ingresa al grupo Praxis que dirigía el propio Frondizi. Con justicia, se reivindica su discípulo.
Ahí, aparece la primera omisión. En 1964, Praxis se divide en dos sectores. Una de ellas, encabezada por Silvio Frondizi se aproxima a la propuesta castro-guevarista de formar una organización guerrillera en Argentina, impulsada por Roberto Santucho. Mantiene esta propuesta hasta el momento en que es asesinado en 1974 por la Triple A (hecho que es mostrado en el documental).
El otro sector, encabezado por Jorge Altamira, fundaría la organización Política Obrera, reivindicándose “trotskista ortodoxa”. Poco después, este sector ingresa al CORCI (Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional), organización internacional dirigida por el trotskista francés Pierre Lambert (corriente conocida como lambertismo).
Napurí adhiere a esta posición y, como militante del lambertismo, vuelve al Perú y participa en la fundación del Partido Obrero Marxista-Revolucionario (POM-R), en 1970. Como dirigente de este partido luego forma parte del FOCEP (Frente Obrero Campesino Estudiantil Peruano), en 1977, y es electo senador. Es interesante destacar que, desde la década de 1950, ya existía una organización trotskista en el Perú (el POR), impulsada desde Argentina por Nahuel Moreno. Luego del ingreso del gran dirigente campesino Hugo Blanco tomaría el nombre de FIR.
Esa experiencia de Napurí como militante y dirigente del lambertismo es completamente omitida en el documental. También es completamente omitida su ruptura con el lambertismo y su participación como fundador de la LIT, en 1982 junto con la Fracción Bolchevique (organización internacional dirigida por Nahuel Moreno)[4].
A partir de ese momento, siempre defendió públicamente que, en el Perú, “su partido” era el PST (sección peruana de la LIT). Lo más importante es que, poco después, se radica de modo definitivo en Argentina y es electo miembro del CEI (Comité Ejecutivo Internacional), la máxima dirección de la LIT. Incluso es uno de los oradores del acto público realizado luego de la muerte de Nahuel Moreno (enero de 1987) al que despide con muchísimo afecto y respeto, considerándolo como referente. Continuó como dirigente de la LIT varios años más. El documental ni siquiera se refiere a este período de militancia de Napurí, cuando la LIT-CI llegó a ser la organización trotskista más fuerte del mundo y el MAS el partido de izquierda más grande de Argentina.
Fue en esos años, cuando tuve la posibilidad de conocerlo personalmente y tener varias charlas con él ya que, como redactor de la página internacional de Solidaridad Socialista, (periódico semanal del MAS), consultaba mis artículos con él para que, como miembro del CEI de la LIT, me diera sus opiniones e hiciera sus observaciones. Napurí era muy respetuoso y amable en el trato con los cuadros más jóvenes del morenismo. En este sentido, guardo un muy buen recuerdo de él como dirigente y como ser humano.
Posteriormente, en el marco de la crisis vivida por la LIT-CI en la década de 1990 y su división, Napurí (al igual que otros dirigentes) se alejó de la LIT-CI y del morenismo e inició una deriva que concluye con sus visiones y posiciones actuales. No es el objetivo de este artículo hacer el debate con esas posiciones.
Pero no podemos dejar de criticar este documental por omitir esas experiencias políticas que signaron muchos años de su vida militante de Napurí. Tal vez, eso fue el resultado de una “tijera” utilizada por el director, que podó esas partes de las entrevistas. En un libro publicado hace algunos años con su biografía, Napurí llega a conclusiones políticas parecidas a las que expone en el documental, pero incluye capítulos dedicados a esas experiencias que el documental omite[5].
En todo caso, Napurí avaló en los hechos el resultado final: antes del documental, se reprodujo en la sala del Gaumont un mensaje grabado por él en el que se lamentaba no poder asistir por su edad, pero no hace allí ninguna crítica o referencia a estas omisiones.
Aquí cabe hacer un comentario de otro documental realizado con financiamiento del INCAA sobre la figura de Nahuel Moreno y la corriente fundada por él. Nos referimos a “El trotskismo bárbaro”, del director Marcel Gonnet, estrenado en 2015, también en el Gaumont[6]. El director reunió entrevistas realizadas a varios dirigentes que militaron en diversas épocas en la corriente y organizaciones dirigidas por Moreno en Argentina y en Perú, pero que en algún momento se alejaron, rompieron con él, y le hacían duras críticas. En ese documental, Moreno que, además de la LIT, fundó y orientó organizaciones trotskistas en muchos países, es presentado como un burócrata autoritario que cerraba todo debate interno y “liquidaba” a quienes lo criticaban. Una verdadera falsificación de cómo actuaba en la realidad como dirigente.
En este documental, Napurí no realiza ninguna crítica a Moreno, la LIT-CI y el morenismo. Pero (a diferencia de lo que expone en su libro) no dice una palabra de su integración, en 1982, a la LIT-CI, su papel dirigente en ella por más de una década y la gran influencia que tuvo Moreno sobre él en esa época. En otras palabras, Moreno, la LIT-CI y el morenismo son completamente ignorados, como si no hubieran existido en la vida de Napurí ni en la vida política del trotskismo en el siglo XX.
Respetamos su figura porque mantiene, con casi 100 años y más de 70 de actividad política, su llamado a la lucha revolucionaria de las masas y a la militancia por la revolución socialista. Él tiene todo el derecho de haber cambiado sus visiones y posiciones sobre cómo lograr esta revolución e incluso de reivindicar a Hugo Chávez, como una expresión de esta lucha (aunque consideremos que se equivoca en esa posición).
Lo que lamentamos es que haya prestado su figura y su voz para avalar un documental en el que, de modo intencional, se “borra” completamente el papel de Moreno y la LIT-CI en la historia política del trotskismo latinoamericano y, en particular, del argentino.
[1] “Muchas generaciones han luchado por un mundo mejor” | ANCCOM (uba.ar)
[2] Los debates sobre Venezuela – Liga Internacional de los Trabajadores (litci.org)
El miércoles 7 de agosto los trabajadores de la fábrica Celima fueron sorprendidos cuando la empresa les notificó que 216 de ellos eran despedidos como parte de un plan de reestructuración. Un mes después, su organización sindical anuncia una nueva marcha, esta vez a las oficinas de la empresa, reiterando su determinación de luchar hasta ser repuestos, aun cuando esta se perfila larga y difícil.
Ese día miércoles 7 que quedó indeleble en sus memorias, se inició con una invitación de la empresa a una reunión con toda la Junta Directiva de la organización sindical. No era para conversar con ellos sobre el pliego de reclamos que hace un año espera solución, sino era para comunicarles que estaban despedidos. Le siguieron otras reuniones casi en simultáneo en las tres plantas que tiene la empresa, a las que fueron convocadas los 216 trabajadores para comunicarles lo mismo, entregarles una carta justificatoria e invitarlos a acogerse a una renuncia “voluntaria”.
Además de la dirección del sindicato en pleno, la lista incluía a un centenar de sindicalizados, entre ellos a reconocidos activistas del movimiento obrero peruano con más de 20 años de trayectoria de lucha, y a trabajadores con lesiones de trabajo que se encontraban con descanso médico, todos con ubicaciones especializadas y permanentes en distintas áreas de la fábrica. “Nos han escogido –dice Jack Reyes, uno de la lista y referente clasistas del sindicato–, como parte de un plan de ajuste patronal que busca defender sus ganancias”.
Como el verdugo que debe seguir protocolos antes de ejecutar a su víctima, estas reuniones en realidad solo eran parte de un procedimiento formal e hipócrita como es todo el sistema jurídico burgués que “resguarda” los derechos, para proceder al despido crudo y simple.
La calle en el Perú
Fue brutal. En cualquier parte del mundo un obrero y su familia dependen de su trabajo para vivir aun con penurias. Pero en Perú, con 80% de informalidad o subempleo, desocupación en ascenso e inseguridad y criminalidad desbordadas, la calle equivale a estar condenado al sálvense quien pueda o la muerte lenta; más tratándose de trabajadores que promedian los 45-50 años, con 20 o más en la empresa y con hijos en la adolescencia y en la Universidad; es decir con una vida ya hecha que el despido ahora desmorona.
Fue brutal también porque los tomó de sorpresa. Celima es una conocida corporación empresarial que se ha expandido y lidera el mercado desde hace varias décadas, donde sus trabajadores sentían alguna seguridad y futuro. Ahora, muchos de ellos en la calle no tendrán dinero ni para pagar el recibo de luz.
El grupo Celima-Trébol
Celima es parte de una corporación dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos o acabados de construcción. Cuenta con tres grandes plantas de producción, una red de megatiendas y otras fábricas de insumos y de sanitarios, con los que lidera el mercado nacional y exporta a diversos mercados. Fue fundada hace más de 40 años por Augusto Belmont Cassinelli que, junto a su clan familiar, comparte la propiedad del grupo. Y es gestionada por Enfoca, una financista especializada en comprar empresas en quiebra para revenderlas luego de reflotarlas, y que en su página web se presenta como especializada en “mejorar los negocios”, eslogan que los obreros de la corporación pueden dar fe de lo que esto significa en sus propios pellejos.
Su despegue se produjo en los últimos 20 años junto al despegue económico del país motorizado por un modelo liberal que promueve la ganancia capitalista sobre los intereses nacionales y la propia fuerza de trabajo. Creció hasta llegar a construir una moderna mega planta en las afueras de Lima que afirmó su posicionamiento. En el mismo periodo apareció una nueva fábrica de cerámicos de capitales mexicanos, Cerámica San Lorenzo, que apenas llegó a hacerle sombra captando el 18% del mercado. No obstante, la rentabilidad de Celima se ha sustentada no en su cualificación tecnológica ni organizativa sino en políticas de despotismo y precariedad laboral que permiten las leyes y protegen los gobiernos nacionales, en la misma línea de cómo sucedía hace un siglo, cuando los empresarios mineros usaban arrieros para transportar mineral porque resultaban más baratos que traerlo por vía férrea.
En la última década la economía nacional se resintió cayendo a niveles mínimos, y el último año incluso ingreso a su primera recesión en 30 años, lo que trajo cierre de empresas, reestructuraciones de otras y una ola de despidos que alcanzó a Celima. Pero el impacto más importante que ha sentido la empresa ha sido la reciente aparición en el mercado nacional de una nueva competencia. ¡Y qué competencias! Se instalaron en el país dos megafábricas chinas que han empezado a desplazarla, y hasta amenazan con dejarla fuera de juego en algún momento.
Las multinacionales chinas
Como si desesperadamente faltaran cerámicos en el Perú el último año se instaron dos megafábricas de cerámicos de origen chino: Portalatino, a 100 km de Lima, y Tengda, en Ica, a 300 km de Lima; cada una de ellas con inversiones que promedian los 70 millones de dólares, ocupando áreas superiores a las 30 ha. y con capacidades de producción que fácilmente alcanzan al de Celima. Por ejemplo, solo Portalatino muestra una capacidad de producción de 36 millones de m2 por año frente a Celima cuya capacidad llega en la actualidad a 43 millones. Estamos hablando de empresas que recién se instalan, que crean y desarrollan tecnología y que vienen no solo a copar el mercado nacional sino desde aquí buscan cubrir el mercado de esta parte del mundo. El plan de China es instalar fábricas en esta región para aprovechar el megapuerto de Chancay para cubrir el mercado latinoamericano, por ejemplo, fabricando autos eléctricos.
La guerra recién se ha iniciado este año y sus consecuencias ya se dejan sentir. Portalatino, operando con mil obreros ya atiende el mercado nacional y de países vecinos con precios más baratos que los de Celima, en tanto Tengda, que había anunciado su inicio de operaciones en noviembre del año pasado, aún no lo hace porque se ha enredado en varias denuncias, una de ellas por haber realizado su construcción sin los permisos de ley y otra por corrupción, vínculados con Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, que es procesado por vender favores a particulares. Pero el solo inicio de Portalatino ya produjo la paralización casi completa de Cerámica San Lorenzo, cuya mayoría de trabajadores fueron sometidos a suspensión perfecta de labores, y en Celima, donde algo más de un 10% de ellos ha sido colocados en cese colectivo.
¿Qué va a pasar después?
Nadie lo puede saber, lo cierto es que en cualquier caso se vive una nueva realidad, que estará marcada por la creciente presencia de los nuevos cerámicos de las fábricas chinas que irán desplazando a los de Celima y San Lorenzo. Por ahora lo que estas alegan es la aplicación de “reajustes”, pero tratándose de empresas con capitales y tecnologías más rezagadas su horizonte será de ajustes permanente buscando nivelarse con la capacidad productiva de las empresas chinas. No olvidemos que la finalidad del capital es obtener la ganancia media a más, y que esta la logran los que lideran en tecnología –en la que aventajan los chinos– y en el costo de la mano de obra –en el que también aventajan porque emplean mano de obra más barata que Celima y San Lorenzo donde los trabajadores acumularon algunos derechos en años de luchas.
Esta guerra de blancos recién se ha iniciado, pero como Jalisco, ellos nunca pierden sino solamente los trabajadores. En últimas, la opción de los capitalistas siempre es llevar su capital a otras áreas de inversión. La ventaja de Celima no solo es su posicionamiento de marca sino también su control de una red de distribución y de megatiendas a nivel nacional, ventaja que la coloca como candidata a pasar de principal productor a principal distribuidor de cerámicos; papel a la que el modelo de libre mercado tiende a relegar a los burgueses nacionales.
Los trabajadores
Esta es la magnitud de la problemática que enfrentan los trabajadores de Celima y San Lorenzo; en realidad, no es solo un problema de ellos sino de toda la clase trabajadora y que ahora incluye a los obreros de las nuevas fábricas chinas mencionadas. Los trabajadores enfrentan ataques brutales en el marco de las facultades que les da la ley a las empresas para enfrentar casos de crisis y reestructuración. Son procesos largos en los que deben sustentar sus pedidos, pero donde por lo general las decisiones de la autoridad se definen por criterios políticos. Las empresas saben de esta cuestión, pero lo hace y va a seguir cada una de las etapas de dichos procesos sabiendo que al final tienen incluso la vía judicial, dentro de una estrategia dirigida a alargar el proceso para cansar a los trabajadores que, sin recursos económicos, son tentados a vender sus renuncias. Así, por lo general, lo que sucede es que al final los trabajadores pueden ganar pero solo regresará la minoría que pudo resistir; esto es, puede haber un triunfo legal pero una derrota en el terreno de la imposición de los objetivos de la empresa, situación que viene configurando la ofensiva patronal que en los últimos años se viene cebando con los derechos de los trabajadores. Es posible revertir esta situación, por supuesto que sí. De eso se trata la batalla de los compañeros de Celima que han iniciado una dura lucha, una de cuyas manifestaciones se llevará a cabo el jueves 5 de octubre en la oficina de la empresa, al cumplirse el primer mes de los ceses. Una batalla que también representa un llamado a la lucha a toda la clase trabajadora peruana para frenar los despidos y derrotar al gobierno reaccionario de Boluarte.
El reciente proceso de cese colectivo en Celima hace parte de una larga lista de cierres, ceses e imposiciones de “suspensiones perfectas de labores”, que desde hace 5 años se ciernen sobre la clase obrera, particularmente la industrial, en el país.
Por Víctor Montes
Siendo, la derrota de los ceses colectivos, una lucha vital para el conjunto de la clase obrera, nos encontramos en un momento dominado por la confusión y falta de movilización, como consecuencia de la política que las organizaciones reformistas, como el Partido Comunista – Unidad, Patria Roja o sus acólitos del ML-19, entre otro, han venido impulsando.
Resulta crucial, entonces, poner en cuestión dicha política y abrir una discusión con el conjunto de la vanguardia obrera sobre el camino a seguir para derrotar los ceses, pero más, para imponer soluciones a la crisis económica y política que asfixia al país.
¿Qué está en cuestión con los ceses?
En primer lugar, el proceso de ceses colectivos, despidos y cierres que se viene desarrollando en el país, hace parte de la profundización de la desindustrialización y desnacionalización de la economía peruana.
Si ya desde la década de 1990 se impuso, bajo las botas de la dictadura fujimorista, un modelo de acumulación en el que el país volvía a exportador materias primas, particularmente minerales, llevando a la quiebra y desaparición a una importante porción de la limitada industria nacional que existía desde la década de 1950, hoy nos encontramos en una nueva “vuelta de tuerca” en favor de ese mismo modelo.
Sin embargo, para los patrones esto no es problema en tanto puedan mantener sus negocios contratando obreros en peores condiciones laborales y salariales, acceder a ser socios menores o ejecutivos de las empresas que vienen a reemplazar sus viejos negocios. O, incluso, si logran pasar al rubro comercial.
En cambio, para los obreros y obreras el cierre de la fábrica es una tragedia. No porque sientan “amor” a la fábrica. Los obreros y obreras odian la explotación. Y en ese sentido, aunque no sean del todo conscientes, buscan mil y una formas de sacarle la vuelta al trabajo. Pero otra cosa es quedarse sin sustento, para ellos, ellas y sus familias.
El cierre de la fábrica, o el cese colectivo, es un salto a la nada, que los lanza a la informalidad y a un mayor grado de explotación y miseria.
Por eso, la lucha contra los despidos, ceses colectivos y cierres de fábrica, hace parte de la lucha de toda la clase obrera y el pueblo pobre contra la dominación imperialista y capitalista, que privilegia sus ganancias por sobre la vida de las personas y el desarrollo del país.
¿Qué papel juega el reformismo en la lucha contra los ceses?
Como todos los reformistas a lo largo de la historia, el Partido Comunista, Patria Roja y un largo etcétera, falsean la realidad y los conceptos con los que se comprende la misma, para así desarmar a la clase obrera en su lucha y mantenerla atada a sus propios intereses electorales.
Así, hablan de “unidad”, pero dividen las luchas de los sindicatos, llevando por separado sus casos al terreno legal, para no hablar de la separación que imponen con la lucha popular en el interior del país, por la que ni siquiera se pronuncian.
Exigen la “caída del ministro de trabajo”, para callar sobre la necesidad de echar abajo al gobierno de Boluarte y al Congreso, que son los actuales garantes de la explotación capitalista e imperialista en el país. Garantes que, ya lo han demostrado, se han impuesto a sangre y fuego y restringido los espacios democráticos en el país.
Llaman “amigos” y “aliados” a congresistas y organizaciones que están completamente adaptadas a la legalidad patronal, que nunca se han manifestado siquiera por el fin de la explotación, pero que para los reformistas son claves pues les abren la posibilidad de pactar alianzas electorales.
Pero fundamentalmente, llaman “lucha” a las demandas judiciales, que es su única estrategia real de acción frente a los despidos. Con esta orientación, sacan a la clase de las calles y las acciones directas de lucha. Con esto, facilitan el debilitamiento de la lucha, que se prolonga en el tiempo y demanda gastos. Dos factores que la empresa tiene y no los trabajadores.
Justamente por eso, para quienes tenemos una comprensión marxista y de clase, está claro que la justicia de los patrones, donde todo se compra y se vende, no es el terreno en el que se desarrolla la lucha obrera en forma natural.
La legalidad burguesa, patronal, si bien ha tenido que reconocer a lo largo de la historia las conquistas que la clase trabajadora ha arrancado a su dominación en base a sus luchas, parte del reconocimiento de los derechos de los patrones por sobre cualquier otro, comenzando por su derecho a la propiedad privada, capitalistas, sobre los medios de producción (fábricas, minas, etc.) y por eso mismo, a la explotación.
Imponiendo esta ilusión en la legalidad burguesa, mantienen la acción de la clase obrera bajo control, atrapada en el mito de que el problema de los ceses se resolverá con una “buena defensa legal”, mientras la vida arrastra a los obreros a buscar nuevos trabajos y a abandonar la lucha directa, en las calles, facilitando así la materialización de los despidos y, la continuidad del gobierno que lo que menos quiere, es que se abra un frente de conflictos en la clase obrera industrial.
¿Cuál es el camino para acabar con los ceses colectivos?
La lucha contra los despidos tiene, por tanto, un conjunto de aristas que la convierten en un aglutinador de la indignación obrera y popular.
Por un lado, enfrenta la desesperación de la patronal por garantizar sus ganancias a costa de la vida de los obreros, obreras y sus familias.
De fondo, se enfrenta al avance en la subordinación de la economía nacional a las grandes transnacionales imperialistas que desindustrializan el país para ganar más.
Como pieza en el juego de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los patrones, abre la posibilidad de revertir las condiciones desfavorables que el gobierno de Dina Boluarte, de la mano con el Congreso, ha creado a partir de la feroz represión con la que se impusieron y la defección de los autodenominados sectores “democráticos” a continuar luchando.
Y en el de la organización obrera, plantea la necesidad de superar a la dirigencia reformista, encabezada por el PC, que ha adormecido a los trabajadores y trabajadoras y desmoralizado a los luchadores del sur y a la propia clase obrera.
Pero para que la lucha contra los ceses logre convertirse en un factor central de la lucha de clases, que haga frente de manera efectiva todos estos aspectos de la situación del país, es imprescindible “tejer fino”.
En primer lugar, es clave llamar a la más amplia unidad de acción contra los ceses y despidos, impulsando reuniones, asambleas y la coordinación de los sectores afectados, estén o no sindicalizados, y llamando a las organizaciones del pueblo a ser parte de la misma lucha.
En esto, las dirigencias tienen su propia responsabilidad. Aunque suene contradictorio, es imprescindible exigir a la CGTP, la CUT, la FETRIMAP y demás federaciones del ámbito sindical, que son las responsables concretas de las organizaciones obreras a nivel nacional, que se pongan al frente y concreten una acción de lucha unitaria, que debería ser un gran paro combativo, que junto a la exigencia de la caída de los ceses, y la reposición de los despedidos y despedidas, sume a sus banderas las necesidades del pueblo pobre.
Ahí donde se pueda, y lo exija la realidad, los obreros y obreras organizadas tendrían que tomar las fábricas para impedir su cierre y los despidos, poniendo a funcionar las máquinas bajo su propio control, tal como vienen funcionando más de 400 empresas en Argentina desde la crisis de 2001.
Y por último, hay que reivindicar, como salida de fondo, la nacionalización de las empresas que despidan a sus trabajadores, o que cierren sus plantas. Solo así, se puede garantizar que todos los obreros y obreras mantengan sus trabajos. La fábrica entonces debe pasar a funcionar bajo control de sus trabajadores, del comité de fábrica, que debe organizar la continuidad de la producción, mientras el Estado garantiza la compra de materias primas, el pago de la energía, etc.
Necesitamos una dirección para esta lucha
Será solo en ese terreno, el de la lucha directa, el de la acción masiva del pueblo trabajador en las calles, en el que se podrá definir el destino de los ceses.
Esto exige organizar de forma independiente y políticamente a los sectores más combativos, para construir una dirección que de forma consecuente, combativa y clasista, se ponga a la cabeza de la pelea por la reposición inmediata de todos los despedidos y despedidas, la prohibición de los ceses, de la “suspensión perfecta de labores”, y demás mecanismos con que la patronal ataca el derecho elemental al trabajo.
Solo así, pondremos coto a la ola de ceses y despidos. Y abriremos, al mismo tiempo, el camino a la lucha por el poder y el socialismo.
Esta es la tarea a la que se aboca el Partido Socialista de los Trabajadores, que sin ninguna confianza en la legalidad patronal, levanta las banderas de la lucha directa de la clase obrera por sus derechos y más sentidas necesidades.
En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que “ya no hay trabajo”, chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos. La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta. Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de defender los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una asamblea general, en la que también lograron que se resuelva romper la negociación colectiva en trato directo y preparar la huelga como respuesta a la amenaza de despidos. La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios? En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados. Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a 250 trabajadores en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue “dialogando” con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada. En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino. Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la “crisis”, y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.
El problema de la normalidad de los despidos Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias “voluntarias”. Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha. La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa “legalidad”. Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo. La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende. Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.
Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio. En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas. Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga. Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte. Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones. Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política. Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda. Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores. Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio. Ante esto, los trabajadores estamos llamados a realizar asambleas y discutir esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y recuperar la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora. Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo instrumento político, una verdadera dirección revolucionaria con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.
José Jerí, ungido “presidente” por la mafia del Congreso para reemplazar a la asesina Dina Boluarte, además de ser garante del mismo plan económico neoliberal y ejecutor de las políticas patronales (privatización de PETROPERU), ha demostrado que es corrupto y mentiroso, y por eso debe ser irse de inmediato.
Hoy, la mayoría de candidatos incluye en su campaña electoral el pedido de su salida, en especial los referentes de la llamada “izquierda” institucional: Patria Libre, Juntos por el Perú, Venceremos y Ahora Nación, quienes se pronuncian contra Jerí y destacan haber presentado “mociones de vacancia” para que el mismo Congreso que lo nombró, ahora lo destituya. El mismo Congreso que, antes, sostuvo a Dina Boluarte durante casi tres años sin importar las masacres desatadas en Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Delegar la solución a esa banda de corruptos que se reúnen en el Congreso solo garantiza uno de dos escenarios: el primero, la inacción —bajo el argumento de preservar la “estabilidad” hasta las elecciones de abril—. El segundo, el reemplazo de Jerí por otro impresentable del mismo régimen.
Los candidatos de la “izquierda” institucional, al reducir su pedido al juego parlamentario, en los hechos se alinean con los intereses empresariales que ven en la salida de Jerí un «peligro» para sus intereses, que disfrazan bajo el nombre de “gobernabilidad”, de cara a los comicios de abril.
¡La salida no está en ese Congreso, está en las calles!
La verdad que la enorme mayoría del movimiento obrero y popular conoce, sin embargo, es que nada se puede esperar del Congreso, y por eso, solo la movilización organizada de la clase trabajadora y el pueblo puede forzar la caída inmediata de Jerí, al mismo tiempo que abrirá el camino a las soluciones que se reclaman. La CGTP tiene la obligación de convocar de inmediato un PARO NACIONAL. Debe seguir el ejemplo combativo de la Central Obrera Boliviana y la CGT Argentina, que con paros, huelgas indefinidas y movilizaciones masivas han frenado y derrotado medidas reaccionarias de sus gobiernos.
El sur andino ya señaló el camino al levantarse contra un gobierno responsable de más de 50 muertes, exigiendo: Fuera Dina, disolución del Congreso y una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA que cambie de raíz las estructuras económicas y sociales. Esa lucha fue dejada de lado por esas mismas direcciones de izquierda y las centrales.
Los transportistas, víctimas de la inseguridad y el absoluto desamparo estatal, también marcan la ruta con sus paros y protestas, exigiendo acciones reales contra la delincuencia —del cual el propio Estado es cómplice por omisión y corrupción.
Ahora es la llamada «Generación Z» la que retoma la bandera de lucha. Tras las masivas movilizaciones del año pasado, como la del 15 de octubre —donde fue asesinado el joven Truko—, convoca a tomar las calles este 28 de enero para expulsar a Jerí. Ese es el camino: unificar las luchas del sur andino, de los transportistas, de la Generación Z y de las bases obreras.
Salgamos todos el 28 con una sola voz exigiendo:
¡Fuera Jerí! ¡Abajo el Congreso Corrupto!
¡Elecciones a una Asamblea Constituyente libre y soberana con representación directa de las organizaciones obreras y populares!
No a la privatización de PETROPERÚ! ¡Solución a las demandas obreras y populares!
Urge que organicemos el Paro Nacional desde las bases, construyendo comités de lucha en cada centro de trabajo, barrio y universidad. ¡La unidad que necesitamos hoy, más que nunca, no es la de los votos, sino la de la lucha!
Cien días han bastado para desenmascarar al gobierno de José Jerí como la continuación pura y dura del régimen de Dina Boluarte.
No es casualidad. Ambos son frutos de la misma mafia que gobierna el país y que empuja a las mayorías hacia el abismo de la miseria y la inseguridad, mientras los ricos acumulan obscenas fortunas.
Jerí llegó al poder prometiendo que combatiría la criminalidad como prioridad máxima. Pero, ¿cómo va a combatir el crimen quien tiene profundas ligazones con él? Los hechos hablan claro: el 2025 cerró con la tasa de criminalidad más alta de la historia, una tendencia al alza que se consolida bajo su mandato. Por eso los transportistas, víctimas principales, vuelven a paralizar el país y a tomar las calles exigiendo acciones, no poses mediáticas.
En el fango de la corrupción, Jerí no se queda atrás en cinismo. Recientemente fue captado ingresando encapuchado y con lentes oscuros a un Chifa para reunirse con un empresario chino, conocido por ser un operador de intereses ante políticos corruptos.
Bajo su gestión también la mafia en el poder continúa copando la Fiscalía de la Nación. Ya han conseguido archivar casos emblemáticos como el de «Los Cócteles», beneficiando a Keiko Fujimori, y desmantelaron el equipo especial que investigaba los asesinatos de las protestas del 2022 y 2023.
Hasta en política exterior queda clara su vileza. Frente al grave ataque sufrido por Venezuela, que mereció condena mundial y masivas protestas contra Trump, su gobierno solo atinó a justificarlo, alineándose con los peores regímenes que se arrodillan ante el delirio imperial de la Casa Blanca.
El gobierno se jacta de una “performance económica” que, en verdad, no es más que el fruto del alza temporal de los precios minerales y del crecimiento de la agroexportación, negocios que solo engordan los bolsillos de los grandes capitalistas. Mientras tanto, el pueblo trabajador se hunde: los pliegos de reclamos se ignoran, se imponen jornadas de 12 horas, los despidos continúan y el desempleo y subempleo crecen. Recortan el presupuesto para salud y educación –ambos colapsados, con la tuberculosis y la anemia infantil en ascenso– para aumentar el financiamiento de un Congreso servil.
Para colmo, ahora impulsan la privatización de Petroperú, después de haberla asfixiado financieramente desde el propio Estado corrupto, justo cuando el control de los recursos energéticos es estratégico a nivel global.
Frente al desastre de Boluarte, los grandes medios y los voceros empresariales inflaron las expectativas sobre Jerí, y muchos les creyeron. Pero la verdad se impone: el fracaso es tan rotundo que hasta resurge el debate sobre la vacancia.
No obstante, ante esta profunda crisis de gobernabilidad, el régimen y sus voceros insisten en vendernos humo con la salida electoral. Las elecciones de abril se promocionan así como la solución, con un menú de candidatos para todos los gustos. Pero no es así. Bajo un régimen mafioso que secuestra las instituciones destinadas a garantizar transparencia, no puede haber elecciones libres ni democráticas. La gran prensa, financiada por los partidos de los ricos y las agrupaciones criminales, ya tiene un guion escrito: asegurar un gobierno sumiso a los intereses de Trump, que con su respaldo imponga una ola de contrarreformas salvajes, a imagen y semejanza de lo hecho por Milei en Argentina y la derecha en Bolivia.
Por eso la gran mayoría, especialmente en los sectores populares, no sabe por quién votar, y al final votan sin convicción y guiados por el instinto del “mal menor”.
Ante este panorama, la llamada “izquierda”, en lugar de denunciar esta farsa y luchar por cambiar el escenario, ha optado por subirse alegremente al carro electoral pretendiendo que la “solución” es votar por sus candidatos, olvidando sus propios fiascos con Susana Villarán y Pedro Castillo, y que su representación parlamentaria, incluso la más voluntariosa, solo ofrece discursos y ninguna “solución” real.
Por eso, la salida no es electoral. La salida es luchar para echar ya al gobierno de José Jerí y al régimen corrupto y represor que encabeza.
Luchar para enfrentar la ola delictiva desde sus raíces. Luchar para arrancar las soluciones urgentes que demandan los trabajadores, los pobres, los transportistas, todos los sectores golpeados. Luchar por convocar verdaderas elecciones libres para una Asamblea Constituyente soberana.
En este contexto, la movilización convocada por la CGTP para el día 20 solo tendría sentido si formara parte de un plan de lucha consecuente hacia esos objetivos. Pero no es así. La central la plantea como un acto de protesta aislado, inscrito en una política que prioriza las elecciones como salida, e incluso impulsa sus propios candidatos que usan las luchas como trampolín electoral, en lugar de servirlas.
Frente a esto, es urgente forjar una verdadera alternativa desde los sectores más combativos y conscientes. Esta alternativa debe empezar por unir las luchas desde las bases: hoy con los trabajadores de Petroperú en pie de guerra contra la privatización de la empresa. Unirnos con los transportistas y todos los sectores con demandas postergadas, para levantar un plan de lucha nacional y un paro o huelga nacional indefinida, en el camino que señala la clase obrera de Argentina y Bolivia, que con la lucha unida y la huelga general lograron frenar y derrotar a sus gobiernos entreguistas.
El ataque de Estados Unidos a Venezuela constituye un hecho casi sin precedentes en América Latina. En el pasado ha habido varias intervenciones de este tipo, pero nunca de la magnitud de la realizada el 3 de enero, con bombardeos directos sobre una gran ciudad como Caracas, respaldados por un despliegue gigantesco de la principal fuerza militar del mundo.
Este hecho, revela que la disyuntiva para nuestro continente es ahora, de manera brutal, colonia o revolución. El ataque no es una intervención más: es la ejecución de una estrategia de reimpulso a la recolonización de América Latina por parte de Estados Unidos, como respuesta a su crisis y a la crisis mundial capitalista que solo puede ofrecernos más saqueo, miseria y explotación de lo que ya conocemos.
Pero como siempre sucede en las grandes crisis, también hay respuestas y una salida, que nos invitan a seguir luchando con más determinación que nunca.
Un ataque sin justificación, pero con motivaciones claras
Tampoco tienen precedente las motivaciones alegadas. Aunque se justificó inicialmente en la defensa nacional de Estados Unidos ante una presunta invasión del Cartel de los Soles –al que se vinculó a miembros de la cúpula del gobierno venezolano–, pretexto que luego fue desechado por el propio fiscal que lidera el proceso contra Maduro, debido a la ausencia absoluta de pruebas, como ya era evidente.
La verdadera motivación la expresó el propio Trump: Estados Unidos atacó a Venezuela para apropiarse de su petróleo, la mayor reserva del mundo. Así lo repiten funcionarios de su gobierno, lo que no deja dudas de que se trata de una operación de pillaje: un país poderoso contra otro más débil, en violación del derecho internacional y ante la mirada pasiva de los organismos que supuestamente garantizan el orden mundial. Una operación de rapiña colonial en pleno siglo XXI.
No solo eso. Además, Estados Unidos ha tomado el control del gobierno y del Estado venezolanos, como si se tratara de una colonia, sin fecha de vencimiento. Y pese a lo declarado por Delcy Rodríguez, todas las decisiones del actual gobierno se deciden con la aprobación previa de la Casa Blanca. De ahí que uno de los primeros acuerdos puestos en marcha haya sido el control total de la industria petrolera venezolana por parte de Estados Unidos, que ha encargado su explotación a empresas propias, principalmente Chevron.
El régimen venezolano ha sufrido múltiples ataques desde la asunción de Hugo Chávez en 1999, debido a su orientación nacionalista. Pero el escenario actual no tiene parangón. Se trata, definitivamente, de un hecho sin precedentes y de extrema gravedad para el mundo, y en particular para América Latina, pues no está en juego solo Venezuela ni su petróleo, sino una política global del imperialismo norteamericano y, en especial, su control y dominio de lo que considera su “patio trasero”.
La razón de fondo es la crisis imperialista y su respuesta para salir de ella
Desde 2008 se desarrolla una crisis mundial que tiene su epicentro en el principal país capitalista, Estados Unidos. Esta crisis es resultado del agotamiento del modelo neoliberal y de globalización impuesto tras el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque soviético. El principal impulsor y beneficiario de ese orden fue y es EE.UU., pero su agotamiento ha abierto una prolongada crisis de la que aún no se sale. La crisis afecta no solo su capacidad de acumulación económica, sino que también profundiza el desorden mundial con conflictos y convulsiones en los cinco continentes, poniendo en entredicho su hegemonía. En este mismo contexto han emergido otras potencias, como China, que disputa espacios y segmentos del mercado mundial.
Para enfrentar esta crisis, el imperialismo norteamericano ha elaborado un plan global orientado a fortalecer su economía y su dominio. Parte de este plan es lo que, hace algunas semanas, dio a conocer la administración de Donald Trump con el documento denominado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que tiene el objetivo declarado de volver a convertirlo “en el país más rico, fuerte, poderoso y próspero del mundo”. Sobre los objetivos generales allí planteados, en realidad, existe consenso en el establishment estadounidense, más allá del énfasis personal que imprime Trump con su estilo desacomplejado y su base MAGA, vinculada a grandes capitales tecnológicos. El documento, no obstante, ayuda a comprender la política actual de Washington para enfrentar la crisis, con el sello de esa administración.
En síntesis, el documento plantea un repliegue del orden mundial de posguerra fría –basado en la globalización y la liberalización– y pone énfasis en la prioridad de la economía norteamericana para fortalecer su liderazgo y su papel de policía mundial. Así, se propone hacer de EE.UU. “la economía más fuerte, dinámica, innovadora y avanzada del mundo”, sustentada en una sólida base industrial (o de reindustrialización) y “respaldada por un robusto sector energético” basado en industrias extractivas como el petróleo. Junto a esto, busca construir “la fuerza militar más poderosa, letal y tecnológicamente avanzada del mundo, para disuadir guerras y, si es necesario, ganarlas de forma rápida y decisiva”, con el fin de asegurar su hegemonía.
En este marco, actualiza el concepto de la Doctrina Monroe, con la cual, hace más de doscientos años, Estados Unidos definió a América Latina como zona de su dominio exclusivo. Ahora se trataría de “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas geográficas clave”, en un contexto que considera vulnerado. A este enfoque se lo denomina en el propio documento “el corolario de la Doctrina Monroe”, al que Trump se refirió jocosamente como la “doctrina Donroe”.
Bajo esta política, Washington ha venido alineando a distintos gobiernos latinoamericanos, tanto de derecha como de sectores autodenominados progresistas. Con algunos aplica acuerdos directos; con otros, presión política y económica. Asimismo, interviene de manera sistemática para influir en procesos electorales. Trump también anunció la caída próxima de los regímenes de Nicaragua y Cuba, y manifestó su intención de ejercer control directo sobre el Canal de Panamá y sobre Groenlandia –territorio danés con enormes reservas de tierras raras, posibles yacimientos de petróleo y una ubicación geoestratégica clave–.
Esto representa un mensaje directo a China. El documento precisa una orientación: “impedir que competidores no hemisféricos posicionen fuerzas u otras capacidades amenazantes, o que posean activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. China ha desarrollado importantes relaciones comerciales con varios países del continente, inversiones estratégicas y grandes infraestructuras logísticas, como el megapuerto de Chancay en Perú. Sobre todo, ha construido una relación avanzada con Venezuela en torno al aprovechamiento de su principal recurso petrolero, sacando ventaja del bloqueo y aislamiento aplicado por EE.UU. durante años.
En este marco general puede ubicarse y entenderse mejor el actual ataque a Venezuela. Desde la perspectiva imperialista, en nuestro hemisferio, el cuestionamiento a su hegemonía tendría el nombre de Venezuela: no solo por ser un país clave por su peso y ubicación geoestratégica, y por su referencia simbólica de resistencia a la dominación imperial, sino también porque cuenta con la principal reserva de hidrocarburos del mundo, la cual está siendo aprovechada por China y Rusia.
El ataque también tiene otra lectura: es un mensaje al resto del mundo de que la administración Trump no solo amenaza, sino que actúa, respaldada por la fuerza militar que considera la más poderosa. Por ello se ha esforzado por presentar el operativo en Venezuela como uno impecable, en el que se habrían atacado varios objetivos militares y civiles, ingresado al país con una flota de aviones, vulnerado un búnker y capturado al presidente, asesinando a su guardia pretoriana, todo “a costo cero” y “sin derramar una gota de sangre”, según dicha narrativa.
En concreto, y como aspecto más importante, esta política imperialista hacia América Latina significa un reimpulso al proceso de recolonización en la que encuentra al menos desde inicios de siglo, lo que traerá más saqueo de recursos naturales, dependencia económica, presencia militar e intervención en asuntos internos, apuntalado por la colaboración de agentes políticos locales serviles. Todo lo cual, según el análisis presentado, agravaría el atraso, la pobreza y la explotación de la clase trabajadora en la región.
La caída del régimen y el futuro de Venezuela
La rápida operación que derivó en el secuestro de Maduro y la inmediata sujeción del gobierno a los mandatos de Estados Unidos constituye un hecho que exige múltiples explicaciones. Resulta difícil comprender un ataque de tal magnitud sin que se haya producido una mínima respuesta o resistencia, y más aún que el régimen se sometiera de forma inmediata a Washington, considerando que Venezuela cuenta con un sólido sistema de defensa antiaérea y una flota de aviones Sukhoi SU-30 que se encontraba en estado de alerta.
Las versiones difundidas sobre una supuesta colaboración del comandante de la Fuerza Aérea –quien habría ordenado neutralizar las defensas– y sobre la existencia de agentes infiltrados en el círculo íntimo de Maduro, que habrían facilitado su captura, aun de ser ciertas, no resultan suficientes para explicar lo ocurrido. Más aún, ¿cómo se entienden las primeras declaraciones de los principales jerarcas del régimen –Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte del poder, y Vladimir Padrino, jefe de las Fuerzas Armadas– llamando a la calma, así como las de la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien, apenas asumió el mando, aceptó la “colaboración” con Estados Unidos? No hubo respuesta militar, ni llamado a la movilización ni a la defensa nacional, como tantas veces se había anunciado. ¿Qué ocurrió con los “líderes” de la llamada “revolución bolivariana”, con su discurso antiimperialista y su pregonado “nacionalismo”, presentado durante años como símbolo y ejemplo para luchadores de todo el mundo? Simplemente se desvaneció.
Dado que los acontecimientos aún están en desarrollo, puede afirmarse que el régimen fue derrotado y transformado en su opuesto: un régimen colonial que conserva sus rasgos dictatoriales, mafiosos y represivos. Este viraje abrupto solo puede explicarse por la condición de clase pequeño-burguesa y/o burguesa de sus dirigentes, quienes, llegado el momento decisivo, priorizan sus intereses materiales por encima de cualquier proclama ideológica. Y esos intereses no son menores: las Fuerzas Armadas administran, en promedio, unas 200 empresas, y tanto ese control económico como el dominio del Estado –fuente central de poder y enriquecimiento– se vieron amenazados, junto con la posibilidad concreta de correr la misma suerte que Maduro. La propia administración Trump anunció que las cuentas secretas de la cúpula gobernante, alojadas en Qatar, Turquía y otros paraísos fiscales, serían congeladas si no colaboraban, bajo la amenaza de nuevos ataques.
Esta capitulación de la cúpula ha sorprendido a amplios sectores del chavismo y a sus seguidores, muchos de los cuales hablan ahora de traición. Sin embargo, cuando no traicionan uno o dos dirigentes, sino toda una dirección, no se trata de una traición individual, sino del desplazamiento de una casta o sector social con intereses propios. Lo cierto es que este viraje y la ausencia total de respuesta efectiva han dejado en evidencia a la corriente chavista y a los estalinistas que la apoyan, quienes, tras años de retórica antiimperialista y de presentar al régimen venezolano como un “modelo”, se limitan hoy a declaraciones formales y hacen poco o nada para impulsar una movilización masiva de rechazo al ataque imperialista y de apoyo real a Venezuela. Esto revela, al menos, un desarme y confusión de dichos sectores tras la deriva de su propia dirección.
La comprensión del carácter de clase de los que administran el régimen venezolano también permite comprender su trayectoria pasada, marcada por constantes oscilaciones entre la presión del movimiento de masas y la del imperialismo. Esa dinámica limitó su nacionalismo burgués y fundamentó una posición crítica e independiente frente al chavismo (como la nuestra), mientras la mayor parte de la izquierda mundial –incluidos sectores que se reivindican trotskistas– le brindaba apoyo político.
Un elemento a favor de esta cúpula, como salvavidas lanzada por el enemigo, ha sido el abandono de Trump a su principal agente y socio local, la oposición de derecha que encabeza María Corina Machado, que esperaba asumir el poder tras la caída de Maduro. Desde la perspectiva de Estados Unidos, resulta evidente que era –y es– más eficaz controlar la transición a través de un chavismo casi muerto, que conserva el control del aparato estatal y represivo y aún cuenta con el respaldo de un sector del movimiento de masas, que hacerlo mediante una oposición fragmentada y con menor capacidad de contención social.
En estas condiciones, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué ocurre y qué ocurrirá en Venezuela? ¿De qué tipo de transición se trata? Todo indica que se avanza hacia una transición tutelada, al estilo pinochetista, con un férreo control del movimiento de masas por parte del régimen chavista, orientada a la construcción de una “democracia” neocolonial bajo control monopólico del petróleo y de otros recursos estratégicos por parte de Estados Unidos. En el Estado que comienza a perfilarse, los ex dirigentes chavistas se preparan para desempeñar el rol de administradores o coadministradores, siguiendo el camino de la antigua burocracia de la ex URSS, que terminó convertida en una nueva burguesía y en gestora del capitalismo restaurado.
Todo lo dicho no significa que esté definitivamente resuelto. Insistimos en que el proceso sigue abierto y que nada está completamente definido. En el seno del régimen –como en toda estructura mafiosa– existen disputas entre distintos grupos de interés, así como tensiones en las bases que aún controlan, lo que puede generar cambios o giros en la situación. Lo fundamental es identificar el rumbo que hoy sigue la cúpula chavista. En ese marco, la última palabra siempre lo tiene la lucha de clases.
Este desenlace ha sido posible y puede seguir rigiendo por un tiempo, porque las masas han sufrido un doble golpe. Por un lado, el de un régimen que durante años alimentó expectativas y terminó defraudándolas, empujando a amplios sectores hacia la órbita de la burguesía liberal y proimperialista. Por otro, la derrota infligida a las propias bases chavistas que aún subsistían, al transformar el régimen que apoyaron y defendieron en su contrario, en uno tutelado por el imperialismo, el enemigo que decía combatir.
Este golpe pudo consumarse también debido a la ausencia de un campo independiente y de una alternativa revolucionaria para el movimiento de masas, resultado tanto de la capitulación de la mayoría de las fuerzas de izquierda que apoyaron al chavismo, como de la dura represión estatal contra toda expresión independiente del movimiento popular y su vanguardia. Sin embargo, esas mismas experiencias abren hoy las condiciones para que dicha alternativa comience a levantarse y desarrollarse, en lucha abierta contra el imperialismo, el capitalismo y las direcciones traidoras.
La capitulación del reformismo y la respuesta del movimiento de masas
Al igual que la capitulación del chavismo, resulta escandalosa la del reformismo a escala mundial. Los gobiernos de izquierda de América Latina, que se presentan como antiimperialistas ante el movimiento de masas, no fueron más allá de emitir declaraciones formales contra el ataque de Estados Unidos. Ninguno llamó a la movilización popular para enfrentarlo, ni mucho menos decidió romper relaciones diplomáticas o afectar intereses estratégicos del imperialismo, lo que habría constituido una respuesta real. En una situación como la que atraviesa Venezuela, las palabras son insuficientes.
La respuesta genuina provino del movimiento de masas. Se registraron movilizaciones significativas en numerosos países, incluso en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, donde las protestas alcanzaron una magnitud considerable. Esto confirma que la lucha efectiva contra el imperialismo la protagonizan las masas y no las direcciones reformistas.
Ejemplos de esta dinámica se observan también en Argentina y Bolivia. En Argentina, tras el triunfo electoral de Milei bajo el padrinazgo y la presión directa de Trump, la clase trabajadora respondió con un paro nacional y una movilización multitudinaria frente a los intentos del gobierno de aplicar la agenda impuesta desde Washington. En Bolivia, luego de la elección de Rodrigo Paz –una suerte de Fujimori con fujishock incluido–, surgido del desgaste y la decepción generados por el MAS, se desarrolla una huelga general de la clase obrera, encabezada por la histórica Central Obrera Boliviana, contra el ajuste neoliberal y proimperialista.
Por una alternativa revolucionaria en la lucha contra el imperialismo
Vivimos una etapa de creciente polarización de la lucha de clases, marcada por nuevos ataques del imperialismo y por una resistencia heroica del movimiento de masas, incluida la clase trabajadora. Palestina y Ucrania son expresiones extremas de este escenario, que se extiende prácticamente a todo el planeta. América Latina, que hasta ahora parecía ocupar un lugar secundario, ha sido empujada al centro de la escena tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.
La lucha antiimperialista está presente en las batallas que libran los trabajadores de Argentina, Bolivia y otros países, pero ahora se presenta con mayor claridad para amplios sectores del movimiento de masas, al evidenciarse que el enemigo principal es el imperialismo norteamericano.
Como nunca antes, esta situación coloca en el centro de la lucha de clases en América Latina la confrontación con el imperialismo estadounidense y con las burguesías locales y sus agentes políticos. Hoy, la principal bandera es el rechazo al ataque contra Venezuela, la defensa de su independencia nacional, la exigencia de plenas libertades democráticas y el fin de la dictadura chavista. Al mismo tiempo, se vuelve urgente la lucha contra las políticas de ajuste, contra la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países, contra los tratados de subordinación y contra la presencia de bases militares extranjeras en la región.
Esta polarización plantea de manera cruda la disyuntiva de Colonia o Revolución para nuestro subcontinente. Frente a una crisis capitalista mundial cada vez más profunda, la mera subordinación ya no resulta suficiente para el imperialismo, que avanza hacia formas abiertas de recolonización. La alternativa es aceptar el camino impuesto a Venezuela y los planes de ajuste que se aplican en Argentina y Bolivia, o luchar por una verdadera independencia y soberanía.
Esta lucha solo puede ser llevada adelante por la clase trabajadora y el pueblo pobre, que nada tienen que perder salvo sus cadenas. Pero requiere un programa que vincule de manera clara las demandas nacionales con la ruptura con el imperialismo y el capitalismo, y que apunte a un socialismo auténtico, basado en el gobierno de las organizaciones de los trabajadores. Y, fundamentalmente, requiere la construcción de un partido verdaderamente revolucionario, de carácter obrero y popular, capaz de luchar por ese programa y por esa salida histórica.
Mientras el presidente transitorio José Jerí cumple dos meses en el cargo con apariciones en público tratando de cultivar una imagen efectista, aunque inútil, frente a los principales problemas nacionales, las medidas más trascendentes se siguen tomando en el Congreso bajo la batuta del fujimorismo y sus aliados, sobre todo las medidas que refuerzan su control del sistema judicial y del sistema político, para imponer impunidad, eliminar competidores políticos del proceso electoral así como también favorecer a la clase patronal a la que sirve y que los patrocina.
El pasado 10 de octubre el Congreso le bajó el dedo a una ya insostenible Dina Boluarte que venía asediada por la protesta popular, y colocaron en su reemplazo, con el mismo libreto, a uno de sus representantes más directos, miembro del pacto de los corruptos y “galardonado” con procesos por enriquecimiento injustificado, cobro de coimas y violación sexual. Y el libreto incluye el uso de la represión criminal contra las protestas populares, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Confirmando el vínculo, el converso fujimorista Fernando Rospigliosi lanzó desde el Congreso sus instrucciones de que la policía debe reprimir las protestas, so pretexto de actos de violencia.
La hiperactividad presidencial, aunque inútil, le ha valido algo de aprobación y sostenibilidad, pero más allá de eso, la desaprobación al gobierno y al Congreso sigue siendo más alta como reflejo del descontento.
No hay cambios
Los problemas sociales y la crisis política no dejan de profundizarse, a pesar incluso del actual proceso preelectoral rumbo a las elecciones 2026. El problema de las extorsiones y el sicariato sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que golpea más a sectores populares y que no se detiene incluso bajo el estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal que por más de treinta años viene profundizando las desigualdades económicas y sociales con bajos salarios, precarización del trabajo y la marginación de una porción mayoritaria de la población.
Asimismo, el esquema tributario “promocional” para poderosos capitalistas explica en parte la incapacidad estructural del Estado para implementar siquiera políticas redistributivas y asegurar la salud y la educación pública, y hasta atender los problemas de inseguridad ciudadana. Las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, con cifras récord de exportaciones mineras y agrícolas mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La “misión” del gobierno Jerí
El gobierno Jerí no solo se encarga de asegurar la continuidad del modelo económico sino también de sostener las posiciones de control que ejercen los partidos del Congreso en el sistema judicial y el sistema político electoral, es decir la manipulación fraudulenta para su impunidad, para la eliminación de rivales políticos, y para asegurar un resultado electoral favorable al fujimorismo o a otro de los partidos del pacto de los corruptos, y con ello “legitimar” un gobierno reaccionario y autoritario desde julio 2026.
En esa dirección, sus principales esfuerzos y el apoyo del Congreso están orientados a impedir las protestas sociales haciendo uso de medidas represivas extremas en un marco de estado de emergencia que no está hecho precisamente para detener el crimen organizado.
La trampa electoral
El descontento social se manifiesta de manera indirecta en el actual proceso electoral. La encuesta de IEP de noviembre muestra una rotunda mayoría de más de 70% que no respaldaba a ninguna de las opciones electorales en juego, incluso mayor en sectores rurales y en el sur (78%), y los candidatos del pacto de los corruptos solo recibían en conjunto un minúsculo 15% de las preferencias.
Eso, en este momento al menos, es una derrota o castigo a la extrema derecha lo que anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo vienen haciendo al eliminar del camino a posibles competidores, y de una nueva “guerra” electoral como la de 2021.
Los corruptos buscan un escenario electoral sin protestas ni movilizaciones sociales, ya que las movilizaciones motivan al movimiento obrero y popular a confiar en sus propias fuerzas, ponen en la agenda inmediata la solución de las demandas y eso amenazaría la continuidad del actual gobierno y sus planes electorales. Lamentablemente, la política de desmovilización y desarticulación que aplican las direcciones políticas y sindicales contribuye a ese escenario, en pro de un plan meramente electoral desligado de la movilización.
Sin embargo, el movimiento tiene como fortalezas la combinación de banderas de lucha urgentes y justas, y reivindicaciones que tienen que ver con la vida misma. Banderas como la derogación de las leyes pro crimen, el fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, juicio y castigo por los asesinatos de manifestantes, los de Dina Boluarte y también de Jerí. Y reivindicaciones vitales como la de los transportistas y otros sectores afectados por las extorsiones y el sicariato, lo cuales no se adaptarán necesariamente al juego o cronograma electoral.
Es claro que el gobierno de José Jerí, después de cerca de dos meses en el poder, es la continuidad del gobierno de Boluarte y del régimen que ella, junto con la mayoría congresal corrupta, instaló para gestionar los intereses de los grandes grupos empresariales y de las economías ilegales que azotan el país.
Este régimen ha pretendido lavarse la cara deshaciéndose de la odiada Boluarte, para allanar y ordenar el camino hacia las elecciones de abril, buscando así asegurar su triunfo con alguno de sus candidatos de derecha. Unas elecciones que, además, están siendo amañadas por esa misma mafia. Varios precandidatos han sido sacados de la carrera (algunos de manera forzada, como Pedro Castillo y Bermejo), y se avanza en el copamiento de las instituciones, como sucede ahora con la Fiscalía de la Nación, donde intentan reinstalar a la corrupta Patricia Benavides.
De este modo, una vez legitimado con unas elecciones manipuladas y encumbrado en el poder uno de sus candidatos, planea nuevos ataques, como impulsar los proyectos mineros que son cuestionados por la población. Es decir, buscan su propio «Milei con motosierra».
Ante esto, es evidente que las fuerzas de «izquierda» que participan en la contienda actúan con inmensa miopía. En lugar de impulsar la lucha contra el gobierno y denunciar su plan, le hacen el juego y se suben al carro electoral arrastrando consigo a luchadores honestos para que hagan campaña, con la ilusión de que ese es el camino correcto.
En esa misma línea, las dirigencias de las centrales sindicales mantienen al movimiento obrero en luchas dispersas y abandonan la lucha popular que venía en ascenso, al mismo tiempo que promueven sus propios candidatos alimentando la misma idea sobre la salida electoral.
Digámoslo claro y con todas sus letras: este es un camino falso que solo puede llevarnos al retroceso e incluso a derrotas. La vanguardia y los luchadores honestos no debemos permitirlo. Más aún cuando las luchas de base van a continúan porque nada se ha resuelto y los problemas, como la criminalidad, siguen avanzando. Avanza entre otras razones porque este gobierno es el padre de las leyes procrimen.
Hay que llevar esta discusión a cada base y a cada asamblea al mismo tiempo que seguimos impulsando las luchas, esforzándonos por unirlas en cada sector y a nivel nacional. Y hay que hacer todo esto colocando en el centro el problema de los problemas que es la continuidad del gobierno y el régimen, para que se vayan ya y denunciando su plan electoral amañado, por la solución de las reivindicaciones como la criminalidad, por el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En especial, necesitamos trabajar por recuperar el protagonismo obrero, uniendo las luchas y haciendo que las centrales unifiquen la lucha contra los despidos, los ceses colectivos y por la solución de los pliegos. Desde ahí, debemos colocar nuestras fuerzas al lado de la lucha popular por las soluciones de fondo que necesitamos.
El incremento de la criminalidad organizada se perfila como uno de los puntos centrales de la agenda electoral hacia el 2026.
Y no es extraño: la sensación de desprotección de parte de una policía que además de corrupta, termina siendo parte de las bandas criminales, y de los gobiernos que son incapaces de resolver este asunto, han llevado a la población a realizar medidas de lucha exigiendo acciones concretas y efectivas contra la criminalidad.
Exigencia que buscará una expresión electoral este 2026 y por eso resulta clave postular una perspectiva obrera frente al flagelo del crimen organizado.
Cuando el crimen paga
¿Cuál es el origen de este pico en el accionar de las bandas criminales? Como hemos dicho antes, las bandas criminales no son iguales a los ladrones que roban en los barrios populares.
Por el contrario, son organizaciones empresariales, que mueven miles y hasta millones de dólares (narcotráfico o minería ilegal). Y por eso defienden sus negocios (territorios que explotan, rutas de comercialización y mercados donde venden) a balazos.
Pero no siempre fue así. La actual situación del crimen organizado es hijo legítimo del modelo económico neoliberal y los precios altos de las materias primas de las últimas décadas, que han hecho de ciertas actividades negocios inmensamente lucrativos.
Estos (minería, petróleo, agroindustria, tala…) son acaparados por las grandes transnacionales imperialistas. Mientras, montones de medianos y pequeños capitales nacionales, definen actuar al margen de la Ley para “rascar la olla” de las ganancias capitalistas.
Ese es el caso, por ejemplo, de la minería ilegal. El precio internacional del oro se encuentra en niveles crecientes desde hace tiempo. Y hoy ha sobrepasado los US$4000 por onza. Y por eso, por una pepita de oro, es rentable actuar fuera de la legalidad, y hasta matar…
Las extorsiones siguen el mismo patrón
Algo semejante sucede con las extorsiones: el cobro de “cupos” a cambio de “seguridad” es la forma en que las bandas parasitan a los medianos y pequeños empresarios, pero también a las bodegas, barberías y vendedores ambulantes… que en realidad hacen parte del pueblo trabajador que lucha por sobrevivir.
El saldo de más de 70 choferes y cobradores muertos en lo que va de 2025 prueba que quienes ponemos los muertos, seguimos siendo el pueblo pobre.
Y el Estado también cobra
Pero para que el crimen organizado se desarrolle y crezca, es necesario, además, que las autoridades que deberían velar porque las leyes se cumplan, “miren para otro lado”.
Por eso la corrupción de funcionarios, particularmente de la policía, y otras dependencias estatales que tratan directamente con las personas, crece en forma simétrica a las bandas criminales.
Y ahí donde puede, el crimen convierte en su asalariado al policía o al alcalde, cuando no al congresista.
Solo entre 2020 y 2025, 120 efectivos han sido investigados por las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas. Y entre 2019 y 2024, 309 efectivos policiales han sido sancionados administrativamente por la propia Policía por narcotráfico.
Un ejército de desocupados como carne de cañón
Pero además de mercado, y autoridades corruptas, el crimen requiere “soldados”. Hombres y mujeres dispuestos incluso a morir por sus ganancias.
¿El crimen, de dónde saca esos “soldados”? De la población más pobre del país, obligada por el modelo económico neoliberal a conformar la masa de desempleados que luchan por no morir en la miseria.
Una parte de esa población se encuentra en la informalidad (entre el 75 y el 78% de la masa laboral en el país). La enorme mayoría, mujeres y jóvenes, con salarios miserables y condiciones infrahumanas. Jorge Huamán (21 años) y Jovi Herrera (20 años), muertos en el incendio de la Galería Nicolini en 2017, mientras trabajaban encerrados en un conteiner hasta 14 horas por un salario de 20 soles al día, son el más crudo ejemplo de esta situación.
Otra parte, busca un “atajo” en la criminalidad organizada. No es casual que habiendo pasado apenas un par de meses desde que se promulgó la ley que trata como adultos a los menores de 16 y 17 años en casos de delitos graves, ya existan 99 menores encarcelados. La juventud es, dentro de los sectores obreros y populares, la que peor lo pasa: de acuerdo con el INEI, a octubre de este año, el 15,4% de los jóvenes no logra acceder a un empleo, mientras que el 74,9% de quienes trabajan lo hace sin contrato formal.
Vista la realidad, para algunos parece una estupidez no aceptar el riesgo de convertirse en sicario, traficante o minero ilegal…
Y peor aún si te encuentras en calidad de migrante, como sucede con miles de hermanos venezolanos y venezolanas totalmente vulnerables a la arbitrariedad y el abuso de las empresas que les contratan, o de las autoridades que les acosan, cuando no son directamente sometidos a condiciones de esclavitud.
Entonces… ¿Qué hacer?
Es por todo esto que el Estado, sin importar quien gobierne, no puede poner fin al crimen organizado. Y ninguna de las alternativas electorales que se presenten en campaña hacia 2026 puede cambiar esto. Ni siquiera, aunque algunas personas así lo piensan, aquellos candidatos o candidatas que ofrezcan “mano dura”, pues suelen ser esos mismos gobiernos los que más se benefician de la corrupción que proporciona la criminalidad.
Por el contrario, una salida obrera y popular para la terminar con la criminalidad debe atacar justamente el negocio, al Estado y la pobreza, además de fomentar la organización de base para enfrentar a las bandas criminales.
De ahí que desde el PST planteamos:
1. Inmediata disolución de la policía nacional y su reemplazo por rondas urbanas y campesinas armadas, organizadas en cada barrio y distrito.
2. Recuperación, vía expropiación, de las minas, tierras y pozos petroleros para poner su explotación al servicio del pueblo (educación, salud…)
3. Trabajo para todos y todas: Jornada laboral de 4 horas diarias y 20 horas semanales, con sueldos iguales a la canasta básica de consumo, para dar más trabajo.
4. Prohibición de despidos. Nacionalización de las fábricas o empresas que pretendan despedir para que funcionen bajo control de sus trabajadores.
5. Gobierno de las organizaciones obreras y campesinas donde nadie gane más que un maestro/a de escuela pública, y todos los cargos sean elegibles y revocables en cualquier momento.
Solo tomando en nuestras manos, como trabajadores y trabajadoras, el destino del país, podremos abrir camino a este programa inmediato y enfrentar decididamente la criminalidad.
Los trabajadores debemos elevar la mirada más allá de nuestros pliegos de reclamos, de los problemas laborales y de las organizaciones sindicales, que parecen no tener fin.
Estos problemas no dependen únicamente del patrón, sino de lo que sucede en el país (la situación económica, el tipo de gobierno) e incluso de factores internacionales. Ver solo lo interno, como si fuera un asunto exclusivamente nuestro y de abogados, nos debilita para enfrentar la verdadera naturaleza de nuestros problemas.
En cierta forma, los trabajadores intentamos comprender estos temas cuando buscamos una solución en las elecciones generales, eligiendo a quienes creemos que son “la mejor opción”. Sin embargo, esta idea es falsa porque la construye el mismo sistema que así se reproduce, y esa falsa ilusión es reforzada por las direcciones sindicales que también alientan esperanzas en las salidas electorales.
Pero la experiencia nos enseña que ninguna salida electoral es una solución. En las últimas elecciones, los trabajadores votaron con gran entusiasmo por Pedro Castillo y Perú Libre. ¿Qué sucedió? Fue un fiasco. Es cierto que la representación patronal obstaculizó su gobierno y lo llenó y llena epítetos. Pero el propio Castillo no cumplió ni una sola de sus promesas y mantuvo inalterables los intereses patronales. De sus socios, ni hablar: ahí están Boluarte, los hermanos Cerrón y su bancada de vividores…
Una experiencia más modesta es la elección de la compañera Isabel Cortez. Una reconocida luchadora, sin duda. Como cualquier político burgués, ella se enfocó en ofrecernos leyes para que votáramos por ella, y lo sigue haciendo; algo que ella misma sabe que es imposible porque el Congreso está controlado por una mayoría de pillos. Un luchador honesto solo ofrece poner su representación al servicio de las luchas, y no miente ofreciendo tal o cual cosa, sembrando ilusiones en esa cueva de bandidos que es el Congreso.
Ahora se revive la misma historia en la carrera electoral que ha comenzado. En cierto sentido, esta es aún peor porque la “izquierda” se presenta fragmentada en al menos tres listas, reduciendo así sus posibilidades de lograr algo importante.
Una de estas listas, encabezada por Alfonso López Chau, lleva como vicepresidente a Luis Alberto Villanueva, de la Federación de Construcción Civil, y en la misma lista aspira a una curul Gilmer Ibañez Melendrez, abogado y secretario general de la FETRIMAP.
Respetamos el entusiasmo que han despertado en algunos sectores estas candidaturas, y la creencia de que, si son elegidos, vamos a estar mejor.
En última instancia, algunos podrán decirnos: “algo es algo comparado con las otras opciones, donde unas son peores que otras, como la derecha. Alguna opción tenemos que apoyar”.
Sin embargo, siendo muy respetuosos de estas creencias y de la decisión que tomen los trabajadores de apoyar a cualquier candidato, nosotros pensamos diferente y preferimos decirlo claramente: los trabajadores no tenemos una alternativa electoral, por el simple hecho de que las elecciones no son la salida a nuestros problemas.
Esta es la experiencia de toda América Latina, incluso con varios gobiernos de “izquierda” como los de Lula, Maduro, Evo Morales, Gustavo Petro y Boric, que luego de ser elegidos en medio de una inmensa expectativa popular, dejaron a un lado sus compromisos y gobernaron o gobiernan de la mano de los patrones. Esto sucede así porque ellos gobiernan, pero quien reina, el poder real descansa en los empresarios que son los que digitan todo. Si no se derrota a ese poder luchando, es engañarnos, como hace esa “izquierda”. Por eso la clase trabajadora bajo dichos gobiernos de “izquierda” es llevada a la frustración, y amplios sectores viran y votan por la derecha. Ahí tenemos a los derechistas Milei en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia, y pronto a José Kast en Chile.
La experiencia nos enseña que solo la lucha cambia nuestra vida. Por eso, lo que necesitamos es fortalecer la unidad y la combatividad de nuestras organizaciones, para pelear y ganar. Para pelear ahora por los pliegos y contra los despidos y ceses colectivos. Para luchar contra el gobierno de José Jerí y derrocarlo, porque cada día mueren más trabajadores debido a la extorsión.
Cuando se siembran ilusiones en las elecciones, se busca que bajemos los brazos. Por ejemplo, Gerónimo López Sevillano dice que el salario mínimo debe ser de 1,500 soles y plantea que esa sea la discusión central en estas elecciones (veáse en https://diariouno.pe/columna/salarios-de-supervivencia-y-agenda-electoral-el-2026-debe-cambiar-el-rumbo/).
Esto es un engaño. Gerónimo López Sevillano es líder de la CGTP y puede y debe organizar las fuerzas de la clase obrera para conquistar dicha demanda con la lucha.
Esto es lo que queremos destacar: que los dirigentes, para no luchar, siembran ilusiones en las elecciones y en el voto. Y lo que necesitamos más que nunca es unir y fortalecer las luchas.
Para avanzar en esta dirección, necesitamos construir un auténtico partido de los trabajadores, integrado por los mejores luchadores.
Solo así también abriremos camino para las soluciones de fondo que necesitamos, como la conquista de una Asamblea Constituyente y un Gobierno de los Trabajadores.
El PST se esfuerza por aportar a la construcción de este verdadero partido de clase, y por eso te llamamos a sumarte y organizarte junto a nosotros en este proyecto.
La modificación del estatuto aprobada el 27 de noviembre por la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha encendido un rechazo entre estudiantes y sectores académicos. La medida, que incrementa las vacantes asignadas a su Centro Preuniversitario (CEPREUNMSM), abre la puerta a que un mayor porcentaje del ingreso dependa de familias capaces de asumir altas mensualidades, convirtiendo el camino pagado en una vía cada vez más privilegiada de acceso.
Este cambio no ocurre en el vacío. Se inscribe en un marco normativo impulsado por la Ley Universitaria 30220, que en los últimos años ha permitido lógicas de mercado dentro de instituciones públicas. La ampliación de vacantes en el centro preuniversitario no solo redirige el ingreso hacia mecanismos de pago, sino que profundiza una privatización silenciosa: hace más atractivo el camino que puede pagar quien tiene recursos, mientras reduce de hecho el peso del mérito en el examen general de admisión.
Aquella orientación contradice el rol esencial que debería cumplir una universidad pública: la formación profesional integral, la investigación y la producción de conocimiento al servicio del país. En lugar de fortalecer capacidades académicas, infraestructura, laboratorios o programas de bienestar, la reforma estatutaria privilegia una lógica de captación de ingresos que desvirtúa la misión social de la universidad.
Frente a este panorama, se vuelve urgente abrir, en gremios estudiantiles, docentes y trabajadores, un debate profundo sobre la defensa del carácter público de San Marcos. Ese debate debe estar ligado a una exigencia central: la lucha por un mayor presupuesto para la educación, condición indispensable para garantizar que cualquier universidad cumpla su función sin recurrir a mecanismos de autofinanciamiento que trasladan el costo a los estudiantes.
El pasado 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU, aprobó la resolución presentada por EE.UU. basado en el plan de 20 puntos elaborado por presidente estadounidense Donald Trump para Gaza. Este plan reafirma la política de colonización de Gaza por parte del régimen sionista de Israel, y desecha toda posibilidad de crear un Estado Palestino independiente. La resolución fue aprobada con 13 votos a favor. China y Rusia solo se abstuvieron cuando muy bien podrían haber ejercido su derecho a veto.
Hoy, dos meses después del «Plan de paz» impuesto por Trump, que en la primera fase significaba un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes supervivientes, más de 350 gazatíes fueron asesinados, entre ellos más de 150 niños/niñas, víctimas de los continuos bombardeos sobre las ciudades de Gaza. El alto al fuego solo duró unos días y el exterminio contra los gazatíes continúa.
En Cisjordania los colonos israelíes –apoyados por su ejército sionista– siguen destruyendo casas y sembríos, y se apropian de los terrenos palestinos. Al mismo tiempo, las tropas sionistas detienen a cientos de personas. Ya varios de ellos han sido tomados prisioneros, y muchos han muerto torturados o enfermos en sus cárceles. Las Fuerzas de Defensa Israelíe –FDI– dicen que atacan «objetivos militares» y detienen «terroristas» sin que presenten evidencias probadas.
Cabe recordar que, tras dos años de continuos bombardeos el 70% de las infraestructuras: agua, electricidad, alcantarillado, edificios y viviendas, escuelas, hospitales y el 81% de tierras de cultivo de Gaza han sido destruidas por el régimen israelí. La hambruna deliberada y sistemática es usada como arma de guerra contra los gazatíes. Las intenciones del enclave colonial de Israel no han cambiado, por el contrario, se profundizaron con «sus políticas despiadadas, restringiendo el acceso a la ayuda humanitaria vital y a los servicios esenciales e imponiendo deliberadamente condiciones calculadas para destruir físicamente a los palestinos en Gaza» (Francesca Albanese, Relatora de la ONU).
¿Por qué intervino Trump?
Lo hizo para salvar el pellejo de Netanyahu, muy cuestionado internamente porque Israel estaba perdiendo la guerra políticamente, como lo evidencia su aislamiento internacional. Además, desde el punto de vista militar, no había logrado sus objetivos: liberar a todos los rehenes y derrotar a Hamás. Trump también intervino para lograr lo que Netanyahu no pudo: profundizar la colonización.
Este plan de colonización recibió el apoyo de todos los países imperialistas y de la mayoría de gobiernos del mundo, principalmente de casi todos los gobiernos árabes, incluso de la propia Autoridad Palestina. Por último, logró que sea refrendado en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Este apoyo revela el verdadero rostro de estos gobiernos, incluso algunos se consideraban «amigos» de los palestinos y denunciaban a viva voz el genocidio (Lula, Boric, etc.) mientras simultáneamente mantienen relaciones económicas, diplomáticas y militares con el Estado genocida de Israel.
Pero ahora se les cayó la careta, porque están apoyando un falso «plan de paz» destinado a consolidar la ocupación del territorio gazatíe por tropas extranjeras (el FIS), poniendo fin a la mínima autonomía que ha tenido Gaza en los últimos 18 años, a pesar del asedio al que es sometido por Israel.
El plan de colonización de Trump para Gaza
Si Trump logra imponer o no [el plan] es otra cuestión. Pero ese es su objetivo, incluso algunos analistas burgueses se ven obligados a admitirlo. Es difícil negarlo cuando, entre los 20 puntos del «acuerdo» propuesto, se incluye: 9. Gaza estará bajo una administración de transición encabezada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, con la supervisión de un nuevo organismo internacional, la «Junta de Paz», presidida por Donald Trump. 10. Plan económico centrado en la inversión extranjera. 11. Se creará una zona económica especial, con aranceles y tasas de acceso preferenciales que se negociarán con los países participantes. 13. Hamás y las otras facciones renuncian a todo rol en el gobierno de Gaza. Toda la infraestructura militar será destruida y no reconstruida. 15. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI, en inglés) que se establecerá en Gaza. La FSI entrenará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas en Gaza, en coordinación con Jordania y Egipto.
La resistencia palestina continúa y crece la solidaridad mundial
Se viene dando importantes reacciones internacional contra las declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra en Gaza.
La población palestina salió a las calles a celebrar el alto al fuego. El regreso al territorio, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de casi dos mil prisioneros palestinos representan un gran alivio para un pueblo que ha soportado un sufrimiento indescriptible.
Nos solidarizamos y compartimos esta alegría por el alivio logrado. Esta actitud es fundamental para recuperar fuerzas, porque la lucha continúa. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo de paz. Lo que se ha dado es solo un acuerdo de intercambio de rehenes para detener los bombardeos.
La guerra no ha terminado. Hamás ha rechazado la resolución de la ONU que respalda una fuerza internacional en Gaza porque «no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional, que los palestinos y las facciones de la resistencia no aceptan».
Hamás se niega a entregar sus armas ni a aceptar la intervención extranjera, tanto política como militar, liderada por Trump. Al contrario, ha avanzado en la recuperación militar del territorio dejado por la retirada parcial de las tropas israelíes.
Los bombardeos no han cesado, los ataques continúan porque Israel incumple el alto al fuego.
La clase obrera y pueblos oprimidos del mundo deben continuar firmes en la solidaridad mundial hasta poder derrotar la política genocida y de limpieza étnica de Israel, apadrinado por el imperialismo estadounidense, europeo, de gran parte de gobiernos árabes, latinoamericanos y la complicidad de potencias capitalistas como China y Rusia, principales socios comerciales de Israel.
El imperialismo estadounidense ha atacado Venezuela. Según ha anunciado el gobierno estadounidense, Maduro ha sido capturado y llevado por la fuerza fuera de Venezuela. La acción reedita la captura del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, un 3 de enero de 1990, tras la invasión yanki a Panamá.
UNA AGRESIÓN CONTRA LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA
Las imágenes del bombardeo en diversas localidades del hermano país son el episodio más reciente de una política que fue escalando, y con la cual Trump llenó el mar del Caribe con buques de guerra y ataques a pequeñas embarcaciones, con el saldo de un centenar de personas asesinadas, bajo las banderas de la supuesta lucha contra el narcotráfico.
Todo esto ocurre ante la inacción de la dictadura de Nicolás Maduro, que más allá de discursos, durante este tiempo se dedicó a negociar con Trump buscando salvar su pellejo.
La acción encabezada por Trump constituye una agresión no solo a la soberanía venezolana sino al conjunto de los pueblos de América Latina y abre la ventana a nuevas y diversas intervenciones y agresiones, en una dinámica semejante a la que vivíamos cuando Estados Unidos financiaba golpes de estado e intervenciones militares en único beneficio de sus intereses económicos y políticos.
No por casualidad los gobiernos más adictos al imperialismo estadounidense, como el de Milei en Argentina, han festejado públicamente la agresión militar del imperialismo, y el de Jerí ha emitido un pronunciamiento vergonzante, de apoyo velado a la agresión imperialista, en la línea de sometimiento a los Estados Unidos que replican los gobiernos de nuestro país.
RECHACEMOS LA AGRESIÓN IMPERIALISTA
Desde el Partido Socialista de los Trabajadores repudiamos y rechazamos el ataque estadounidense a Venezuela, pues constituye una agresión imperialista que viola la soberanía de todos nuestros pueblos.
No hay libertad ni posibilidad de un desarrollo digno para los pueblos latinoamericanos sin expulsar al imperialismo estadounidense de nuestros territorios, tanto a nivel económico como político y militar. Por eso llamamos a las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras del Perú (CGTP, FETRIMAP), las organizaciones de izquierda y las que se consideran democráticas a convocar acciones unitarias rechazando la agresión imperialista liderada por Donald Trump.
En ese marco queremos dejar claro que nosotros, como socialistas revolucionarios, no apoyamos políticamente a la dictadura capitalista de Nicolás Maduro, responsable del brutal empobrecimiento del pueblo venezolano, y que benefició únicamente al nuevo sector capitalista, la boliburguesía, asociado a las fuerzas armadas venezolanas en base al reparto de la renta petrolera. Esquema creado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.
Es lo que explica hoy por qué millones de venezolanos y venezolanas fueron obligados a migrar de su país por la miseria que vivían, y explica también por qué otros tantos que se vieron en la necesidad de quedarse en Venezuela, puedan incluso sentir simpatía por las acciones del imperialismo. Pero también dejamos claro que para Donald Trump lo menos importante es la libertad del pueblo venezolano, y, lo que busca con los bombardeos en Venezuela y la captura de Maduro, violentando la soberanía venezolana, es asegurar sus propios intereses sobre el petróleo sin importarle el bienestar del pueblo de Venezuela, que es el único con derecho a derrotar y echar abajo a Maduro y a los capitalistas rentistas que han sostenido su régimen de hambre y represión.
¡Fuera Trump y Estados Unidos de Venezuela y de América Latina!
¡Viva la lucha del pueblo venezolano por su liberación de manos del imperialismo yanqui y de la dictadura de Maduro!
