foto: La República
Por: Miguel Reyes
Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.
Sigue impune la tragedia
Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.
Las limitaciones de la denuncia
Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.
Luchar en las calles por justicia
Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.
