El proyecto de ley 8731, aprobado en primera votación e impulsado por sectores ultraconservadores del Congreso, pretende eliminar el enfoque de género y desmontar la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas del país. En su lugar, plantea imponer una visión reducida para toda política pública basada únicamente en “hombres y mujeres” y una supuesta “educación sexual científica” supervisada por los padres y subordinada a sus “valores morales”. Tras ese lenguaje ambiguo se esconde una peligrosa realidad: un marco legal diseñado para restringir la enseñanza efectiva sobre derechos, prevención de violencia y autonomía corporal, mientras miles de niñas y adolescentes continúan siendo víctimas de agresiones sexuales en todo el país.
Un proyecto reaccionario que avanza en el país
Este proyecto no surge aisladamente. Es la culminación de una ofensiva ideológica promovida por sectores religiosos organizados, hoy representados en el Congreso por Renovación Popular y otros partidos más como Fuerza Popular y Avanza País, que desde hace más de una década han combatido la incorporación del enfoque de género en el currículo escolar. Para estos grupos, educar en igualdad, reconocer la diversidad o hablar de identidad de género constituye una “amenaza” a su visión dogmática del mundo. Por eso han librado una campaña sostenida para borrar de la educación pública cualquier referencia a la pluralidad y a los derechos de las y los adolescentes. Con el PL 8731 buscan finalmente imponer su agenda en las políticas públicas y educativas del país.
Lo más grave es que esta propuesta legislativa ignora deliberadamente la situación concreta del Perú: un país donde las cifras de violencia sexual contra niñas y adolescentes son alarmantes, donde cada año miles de casos quedan impunes y donde la desigualdad de género sigue estructurando la vida social. Solo en el 2024 el MINSA reportó casi 11mil casos atendidos de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. En este contexto, debilitar la ESI y eliminar el enfoque de género no solo es irresponsable; es una decisión que expone a la niñez y adolescencia a mayor vulnerabilidad, silencio y desprotección.
Una realidad que no se quiere reconocer
La evidencia internacional es contundente: la Educación Sexual Integral previene embarazos forzados, reduce la violencia sexual, fortalece la autoestima, promueve relaciones respetuosas y permite identificar abusos a tiempo. Reemplazarla por una educación controlada por los “valores morales” de cada familia sin estándares claros, sin perspectiva de derechos y sin enfoque de género, significa dejar a miles de niñas sin herramientas para reconocer agresiones, denunciar a tiempo y comprender su derecho a vivir libres de violencia.
Además, esta reforma desconoce una realidad dolorosa: las niñas violadas de la Amazonía, víctimas de redes de explotación o de agresores de su propio entorno, continúan esperando justicia y apoyo real del Estado. Son ellas quienes más necesitan una escuela que eduque en derechos, que brinde información científica y que actúe como un espacio protector frente a contextos familiares o comunitarios donde el abuso suele quedar oculto. Este proyecto de ley, en vez de protegerlas, las deja aún más expuestas.
Lejos de restringir la ESI, el país necesita fortalecerla, ampliar su presupuesto, capacitar docentes y aplicar políticas integrales para contrarrestar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Necesita un Estado que asuma seriamente la prevención, no uno que ceda ante presiones moralistas disfrazadas de neutralidad científica.
La necesidad de luchar en las calles
La Ley 8731 no solo nos hace retroceder décadas en derechos; también desconoce la diversidad real del país y busca convertir la educación pública en un terreno sometido a imposiciones religiosas y morales. Frente a este retroceso, resulta urgente salir a las calles, organizarnos y enfrentar colectivamente esta arremetida reaccionaria.
Pero la lucha no puede quedarse ahí. Debe enlazarse con las luchas que hoy enfrentan al actual gobierno, marcado por graves denuncias públicas y alineado con el mismo bloque ultraconservador que ha impulsado una serie de normas regresivas que fomentan la impunidad y permiten que la delincuencia y las extorsiones sigan avanzando en el país.
