Por Miguel Reyes
La modificación del estatuto aprobada el 27 de noviembre por la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha encendido un rechazo entre estudiantes y sectores académicos. La medida, que incrementa las vacantes asignadas a su Centro Preuniversitario (CEPREUNMSM), abre la puerta a que un mayor porcentaje del ingreso dependa de familias capaces de asumir altas mensualidades, convirtiendo el camino pagado en una vía cada vez más privilegiada de acceso.
Este cambio no ocurre en el vacío. Se inscribe en un marco normativo impulsado por la Ley Universitaria 30220, que en los últimos años ha permitido lógicas de mercado dentro de instituciones públicas. La ampliación de vacantes en el centro preuniversitario no solo redirige el ingreso hacia mecanismos de pago, sino que profundiza una privatización silenciosa: hace más atractivo el camino que puede pagar quien tiene recursos, mientras reduce de hecho el peso del mérito en el examen general de admisión.
Aquella orientación contradice el rol esencial que debería cumplir una universidad pública: la formación profesional integral, la investigación y la producción de conocimiento al servicio del país. En lugar de fortalecer capacidades académicas, infraestructura, laboratorios o programas de bienestar, la reforma estatutaria privilegia una lógica de captación de ingresos que desvirtúa la misión social de la universidad.
Frente a este panorama, se vuelve urgente abrir, en gremios estudiantiles, docentes y trabajadores, un debate profundo sobre la defensa del carácter público de San Marcos. Ese debate debe estar ligado a una exigencia central: la lucha por un mayor presupuesto para la educación, condición indispensable para garantizar que cualquier universidad cumpla su función sin recurrir a mecanismos de autofinanciamiento que trasladan el costo a los estudiantes.
