¡Debemos organizar la lucha para detener la ofensiva patronal, al gobierno asesino y al Congreso de la corrupción y el crimen!

Pronunciamiento del Partido Socialista de los Trabajadores

El mensaje navideño de la presidenta Dina Boluarte pinta un país que solo existe en su guion. Mientras la clase trabajadora vive despidos masivos, Dina dice que cada vez más peruanos y peruanas tienen empleo. Dice que cada vez más personas disfrutan de los “beneficios” del crecimiento económico. Dice que su gobierno está forjando un país más justo.

Pero ese no es el país en el que vivimos y trabajamos millones de peruanos y peruanas. Por el contrario, el país que vivimos, es uno donde 3 de cada 10 personas apenas tienen S/, 15 para vivir al día. Y 5 de cada 10, no tienen acceso a todos los servicios básicos ni poseen suficientes recursos para saber si todos los miembros de su familia comerán suficiente  cada día.

Es en ese país donde se viene imponiendo una ola de ceses colectivos (despidos masivos) afectando directamente a las familias trabajadoras, y donde el aumento del salario mínimo, equivalente a S/. 3,50 diarios, no sirve para mejorar en prácticamente nada la vida de nuestras familias. 

Entonces… ¿Cuál es, entonces, la realidad y qué debemos hacer los trabajadores y trabajadoras, y el pueblo pobre y oprimido frente a esta?

UNA OFENSIVA CONTRA LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO

La realidad es que la patronal ha decidido aprovechar el marco político, que es de retroceso en las luchas de la clase trabajadora y el pueblo, para pasar a la ofensiva y arrebatarnos los pocos derechos que nos quedan. El más elemental de ellos, el derecho al trabajo.

No basta con que el modelo económico neoliberal haya arrojado a la informalidad a millones de trabajadores y trabajadoras: según la OCDE el 6 de cada 10 familias en el Perú dependen exclusivamente del trabajo informal de por lo menos uno de sus miembros. Para los empresarios, hay que flexibilizar aún más las relaciones laborales, lo que para ellos significa tener absoluta libertad para despedir, recortar vacaciones y gratificaciones, y un largo etc.

Esta ofensiva es la que tiene como máxima arma los cese colectivos. Con ellos, la patronal no solamente echa a la calle a la porción de la clase trabajadora que ha ganado algunas mejoras con sus luchas durante los últimos 20 años, para contratar a una nueva generación obrera que realizará la misma labor en peores condiciones. También, está atacando directamente a la vanguardia obrera organizada en sindicato, para vencer toda posibilidad de resistencia inmediata y a futuro.

Un ejemplo clave es lo que viene aconteciendo en Celima, donde la empresa, tras ser derrotada por la resistencia obrera en un primer momento, ha iniciado un segundo proceso de cese colectivo, contra cerca de 200 trabajadores, el 90% sindicalizados, incluye a toda la Junta Directiva y representantes al Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, y a ex dirigentes y luchadores reconocidos.

Celima es solo uno de los últimos nombres de empresas que recurren al cese colectivo, y hasta al cierre de toda la planta, dejando en la calle a centenares de obreros y obreras. Antes sucedió en BSH-Coldex, y antes en Cogorno, Papelera Atlas, etc.

EL PAPEL DE BOLUARTE Y EL CONGRESO

El gobierno de Boluarte, y el Congreso de la gran corrupción dirigido por Fuerza Popular- APP-Avanza País-Perú Libre, dan el marco institucional a la ofensiva patronal en curso.

Boluarte, aferrada al poder con uñas y dientes, fue la cabeza de la represión que derrotó el justo levantamiento del sur, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Es esa derrota la que se hace sentir en la dinámica de retroceso que aún se percibe en las luchas, y la que le ha permitido a la patronal avanzar con confianza en sus ataques.

Por su lado los partidos que controlan el Congreso, se encuentran en una cruzada para garantizar su control del Estado, cambiando leyes y modificando la Constitución a su antojo. La más conocida es la Ley 32108, que modificó la Ley de crimen organizado, y que solo ha beneficiado a las bandas criminales, incluidos los propios partidos del Congreso, que son investigados por sus nexos con organizaciones ligadas a la economía ilegal. El propio Eduardo Salhuana, presidente del legislativo, es un conocido representante de sectores ligados con la minería ilegal, que destruye el ecosistema amazónico, crea un mercado para la trata de personas, e impone por propia mano su ley, a punta de violencia.

Otro tanto han hecho para garantizar impunidad a policías y militares responsables por asesinatos y crímenes de lesa humanidad, desde la década del 80 hasta la actualidad. Es sabido que los mandos de las Fuerzas y Armadas y policiales hacen parte de la base social de partidos ultra reaccionarios como Fuerza Popular y Renovación Popular, interesados en fortalecer las fuerzas represivas a cualquier costo, para usarlas contra el pueblo, como ha hecho este gobierno. 

Un Congreso repudiado, que además reproduce las práticas más deplorables de la sociedad, como el intercambio de votos por sexo, implementando una red de prostitución a su interior, que ha terminado con la vida de una extrabajadora del Congreso al más puro estilo de las bandas criminales.

Juntos, Boluarte y el Congreso, además de parasitar el poder, son el cerrojo del modelo económico neoliberal, que entrega el país al capital transnacional, al saqueo de nuestros recursos, y ahora incluso, entrega porciones del territorio para que eso capitales, ora estadounidense, ora chinos o europeos, exploten a la clase trabajadora y los recursos naturales en condiciones todavía más provechosas.

Por supuesto, en una economía como la peruana, completamente adicta al capital extranjero, la llegada de empresas transnacionales tiene un impacto en la dinámica económica, haciendo parecer que el modelo “funciona”. Eso pareció entre 2004 y 2013, cuando el precio de los minerales creo el espejismo del “milagro peruano”. La dura realidad, como ya dijimos, la vimos recién con el genocidio provocado por el gobierno Vizcarra ante el advenimiento de la pandemia de covid19.

Por eso, más allá de los “fuegos artificiales” provocados por el Megapuerto de Chancay, de fondo, no hay salida para los problemas del país mientras continúe el modelo económico neoliberal. Modelo defendido por Boluarte y todos los partidos que se encuentran en el Congreso.

Esa democracia que roba y mata, es la única que existe en el país. Es la democracia de los patrones, que defiende los intereses de las transnacionales contra los de todo el pueblo pobre y trabajador. Y que se fusiona cada vez más con el crimen organizado. Esa democracia, para los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre, no es democracia.

EL SILENCIO DE LA DIRIGENCIAS NACIONALES

Ante esta realidad, las dirigencias nacionales (CGTP, CUT, FETRIMAP…) guardan un estridente silencio. 

No solamente han renunciado a organizar e impulsar una lucha de resistencia unificada, nacional, que posibilite acumular fuerzas para revertir, en las calles, la ofensiva de la patronal y sus partidos. 

Adicionalmente, se han negado a denunciar y a hacer algo contra los ceses colectivos, que son el principal problema que enfrentan miles de familias obreras. Ni han llamado a luchar por un aumento del salario mínimo, frente al ridículo aumento decretado por el gobierno, para que sea equivalente al costo de la canasta básica de consumo.

Estas dirigencias callan ante el escándalo de la red de prostitución por votos que se ha destapado en el Congreso, y ante los casos de corrupción y evidente tráfico de influencias que involucran a Boluarte. 

No han llamado a movilizarse frente al reciente derrame de petróleo en el norte, que afecta a miles de familias que dependen de la pesca, ni ante las secuelas del derrame de petróleo responsabilidad de Repsol en la Pampilla, que hasta el día de hoy impacta sobre el ecosistema y las familias pescadoras. Ni han levantado su voz frente al inminente inicio de Tía María, contra la voluntad del pueblo del Valle de Tambo. 

Tampoco han llamado a actuar contra el proyecto de ley de promoción agraria, que favorece a las grandes agroexportadoras en contra del pequeño campesinado y de los trabajadores y trabajadoras del campo.

En pocas palabras, han renunciado a su papel, lo que les invalida como portavoces de la clase trabajadora y el pueblo, y los coloca en la vereda de quienes sostienen esta democracia corrupta, patronal y asesina.

ES PRECISO ORGANIZAR LA RESISTENCIA Y VOLVER A LAS CALLES

Por eso, el que hayan vuelto las movilizaciones y paros, esta vez de la mano de un sector del transporte, sobre todo informal, arrastrando tras de sí a mercados y el pueblo en general, que padece la violencia de las bandas criminales, ha sido una “bocanada de aire fresco” en medio de la ofensiva del gobierno, el Congreso y los patrones, y del silencio e inacción de las dirigencias nacionales.

Pero para pasar adelante, romper la ofensiva patronal, e imponer nuestra propia agenda y necesidades como trabajadores, aliados al pueblo pobre y oprimido, es clave retomar el camino de la lucha conscientemente. Hay que organizar la resistencia, volver a las calles y desarrollar un plan de lucha que una en la acción a los sectores que hoy enfrentan al gobierno y al Congreso, así como a la voracidad y explotación capitalista.

Esto es lo que viene haciendo, por ejemplo, el sindicato Celima, además de continuar la lucha contra el cese colectivo en plenas fiestas, hace un llamado constante a la más amplia unidad en la lucha, para echar abajo la Ley de Ceses Colectivos, sumando esfuerzo en una medida nacional que ponga un alto a los ataques de la patronal.

Desde estas líneas, llamamos a rodear de solidaridad la lucha de los compañeros despedidos en Celima, exigimos su inmediata reposición, y demandamos, junto a su sindicato, una acción de lucha unificada contra los ceses colectivos, los contratos modales, y todos los regímenes que precarizan el trabajo. La lucha de los compañeros de Celima es un ejemplo que nos exige entrar en acción. 

LEVANTAR LAS BANDERAS DEL SUR

Será en este camino de lucha que extraña planteado retomar las exigencias y banderas que levantó el sur en su lucha contra el gobierno de Dina Boluarte.

La exigencia de la caída inmediata del gobierno y el Congreso, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, han sido la expresión genuina de un pueblo que quiera echar abajo el entreguismo de los patrones y su democracia. Quiere terminar con la miseria que produce el modelo económico neoliberal, y conquistar la anhelada igualdad entre los distintos pueblos que componen el país. Igualdad negada por 200 años en esta república patronal, oligárquica y racista. 

POR UN PARTIDO OBRERO QUE COMBATA A LA PATRONAL Y SU DEMOCRACIA CORRUPTA Y ASESINA

Por último, resulta clave avanzar, junto a la movilización, en la construcción de una herramienta política obrera, disciplinada y de combate, que se ponga al frente de toda la clase trabajadora y el pueblo pobre, para guiar su lucha.

A esta tarea, nos entregamos por completo desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Porque sabemos que no basta con ganar una huelga. Hay que echar abajo todas las leyes patronales, corruptas y represivas que han creado para garantizar sus ganancias.

Por eso, como Partido llamamos a luchar por poner fin a los despidos y ceses colectivos en las fábricas, puertos y minas del país. Ordenar la inmediata reposición de todos los trabajadores y trabajadoras que hayan sido despedidos y nacionalizar las empresas que hayan realizado ceses colectivos o despidos para ponerlas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.

También, a luchar por un aumento general de los salarios y pensiones para que sean iguales al costo de la canasta básica de consumo, así como a luchar contra la nueva Ley de promoción agraria para garantizar plenos derechos a los trabajadores y trabajadoras de la agroindustria. 

A luchar para recuperar la tierra de manos de las mineras y agroexportadoras, nacionalizándolas y poniéndolas en manos de sus trabajadores y las comunidades. 

A luchar por juicio, sanción y confiscación de bienes, tanto de los corruptos como de los represores que asesinaron al pueblo cuando salía a luchar.

A organizar y armar rondas urbanas que hagan frente al crimen organizado y la delincuencia común.

En suma, a luchar porque el poder pase a manos de la clase trabajadora y el pueblo pobre de nuestro país, a través de sus organizaciones de lucha, para que abramos las puertas a la solución de nuestras más sentidas y urgentes necesidades, incluida la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

A esa tarea es que se dispone el PST, con sus modestas fuerzas, y así acabar con la dominación imperialista, conquistar la verdadera independencia nacional, de nuestro pueblo y de todo el continente, en la perspectiva del socialismo.

Hoy que se acaba el 2024, y se abren las puertas del 2025, reafirmamos esta convicción y compromiso, y llamamos a los luchadores y luchadoras honestas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a construir esta herramienta junto con nosotros.

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO POBRE!

¡ABAJO LOS CESES COLECTIVOS! ¡REPOSICIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DESPEDIDOS!

¡POR UN 2025 DE LUCHAS Y VICTORIAS!

Diciembre de 2024

Partido Socialista de los Trabajadores

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