Una vez más un nuevo ataque a los intereses del pueblo trabajador y de las comunidades originarias se manifiesta desde el Congreso y con la venia del gobierno y los grandes empresarios agroindustriales del país. La modificatoria a la ley 29763, que el pasado 11 de enero se votó en el parlamento, no sólo es un peligro contra los derechos de las poblaciones vulnerables y la acción de lucha frente a la deforestación y por la conservación de la Amazonía, también es un impulso más a la expoliación y el saqueo a nuestros recursos naturales.
Una ley que favorece a las grandes empresas agroindustriales
Esta ley anti forestal 31973 aprobada en una votación el pasado mes de enero, tras la rápida aprobación del texto sustitutorio el 14 de diciembre del 2023, señala en primera instancia una modificación del ente institucional que aprobará ahora la zonificación forestal del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), reemplazando al Ministerio del Ambiente (MINAM). Un cambio que se condice con la suspensión temporal de la obligatoriedad de la zonificación forestal para el otorgamiento de títulos habilitantes señalados en la disposición complementaria de dicha ley y favoreciendo a los empresarios agroexportadores y extractivistas para seguir apropiándose de la Amazonía peruana.
Además, la legalización de las zonas sin masa boscosa donde se desarrolla actividad agropecuaria como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, beneficiaría a las empresas agroindustriales que cultivan aceite de palma, cacao, arroz, entre otros productos, sin importar que estas hayan sido poseedoras de denuncias sobre deforestación e invasión de territorio indígena, como el caso de la empresa de Dennis Melka que, alrededor del 2011, había establecido contacto con una asociación, que había adquirido 5 mil hectáreas, a quién compró los predios y desboscó rápidamente más de 6 mil hectáreas lo cual generó un escándalo por deforestación y denuncias por parte de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya. Y así como este caso, sigue habiendo otras investigaciones más sobre deforestación y posibles testaferros que buscan apropiarse de terrenos para venderlos a los grandes capitalistas.
Aquella ambición por el Amazonas también se articula con la poca fiscalización ambiental del estado y la falta de estudio técnico sobre la selva peruana. Siendo un dato alarmante del mismo MIDAGRI que, alrededor del 54% del territorio forestal del país, no haya sido aún zonificada o clasificada. Lo más grave es que, aún sin aquella ley anti forestal, según el último estudio del Global Forest Watch, el país perdió, solo en el 2022, alrededor de 162 mil hectáreas de bosques, lo que nos ubica en el quinto lugar de los diez países con mayor deforestación en el mundo.
Una nueva amenaza a los pueblos originarios y a la Amazonía
En la última década, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), 32 defensores y defensoras indígenas han sido asesinados mientras protegían sus tierras de la invasión y las actividades del narcotráfico. Este conjunto de homicidios tuvo lugar entre los años 2013 y 2023. Una situación preocupante que va a empeorar con la flexibilización de los mecanismos para la titulación del territorio amazónico de esta ley. Puesto que el tema de la invasión de las grandes empresas agroindustriales no es el único problema que agobia a las comunidades, también está el asunto del narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal.
El Procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, por ejemplo, señaló el año pasado que cada año se iba incrementando el número de casos de minería ilegal y no el número de fiscales ni el equipo que se dedica a estas investigaciones, indicando asimismo que “toda la Amazonía está plagada de la actividad minera, y ya no es sólo Madre de Dios como hace ocho a diez años, actualmente están también en Loreto, Amazonas, Cajamarca”. Otras investigaciones inclusive indican la acelerada articulación y el fortalecimiento de aquellas actividades ilícitas que cada vez se expanden más en territorio amazónico.
El rol de las ONG frente a este problema
Una serie de ONG ambientalistas se han pronunciado en contra de aquella ley anti forestal por el carácter depredatorio que tiene sobre la amazonia, sin embargo, casi ninguna se ha animado a convocar e impulsar la lucha en las calles para derrotarla y por consiguiente ser consecuente con la defensa de la fauna y de los pueblos originarios que tanto defienden como las ONG Arbio Perú o Amazon Conservation Association que apoya la restauración de la selva amazónica y las economías sostenibles lideradas por indígenas.
Y la razón de esto es debido a su carácter paliativo para encarar esta problemática y su acción de dependencia económica que tienen con empresas y organismos gubernamentales donde muchas de ellas se deben gran parte a dicho financiamiento.
Un estado autoritario que beneficia a los grandes empresarios
La modificación a la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ha demostrado una vez más la vinculación del poder legislativo con los empresarios del país exhibiéndose por medio de una carta de la CONFIEP al presidente del congreso, y en ese sentido los intereses capitalistas que verdaderamente le preocupa al estado. De ahí que la ley 31973 intenta sacar principalmente de apuros a las grandes empresas agroexportadoras que comercializan con la Unión Europea, dado la última ley aprobada en dicha región que indica precisamente que ya no aceptarán productos de zonas deforestadas ilegalmente.
De hecho, todo esto se consuma en medio de un autoritarismo del capital. Es por eso que ni siquiera dicha aprobación por parte del congreso fue consultada a los actores involucrados (poblaciones originarias y rurales), siendo inclusive señalados en la misma ley. Y que son uno de los principales actores sociales que luchan por defender la Amazonía, costando ya la vida de muchos de ellos, además de las amenazas a los trabajadores del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y ambientalistas. Al igual que con el rechazo al acuerdo de Escazú cuyo objetivo era asegurar y reforzar la participación ciudadana e indígena en los aspectos ambientales, esta situación se vuelve a repetir con la imposición de esta ley.
Derribar la ley 31973 como un primer paso para defender la Amazonía
La amenaza a la Amazonía no es solo de esta ley anti forestal que pone en peligro aún más a los pobladores originarios, sino de toda la estructura jurídica e institucional que prioriza y defiende los intereses de los grandes empresarios del país con el aval de la actual constitución que legitima la entrega de nuestros recursos naturales a las grandes empresas transnacionales. Es en ese marco que para el estado sólo importa adecuar y legalizar los grandes negocios agroexportadores con la norma internacional de la Unión Europea para no perjudicarlos económicamente sin tener en cuenta los estudios técnicos ni la verdadera y compleja problemática del variado territorio amazónico.
En ese sentido, los trabajadores y el pueblo necesitamos organizarnos y manifestarnos en las calles por la derogatoria de aquella ley infame que atenta contra la calidad de vida de las personas, y en ese proceso impulsar nuevamente la lucha como hace más de 1 año contra todo ese aparato estatal manchado de sangre, con la finalidad de cambiarlo todo e imponer las demandas más urgentes relacionadas al alza del costo de vida, la recuperación de nuestros recursos naturales y asegurar la verdadera participación obrera y popular en la toma de decisiones del país.
