Mientras el presidente transitorio José Jerí cumple dos meses en el cargo con apariciones en público tratando de cultivar una imagen efectista, aunque inútil, frente a los principales problemas nacionales, las medidas más trascendentes se siguen tomando en el Congreso bajo la batuta del fujimorismo y sus aliados, sobre todo las medidas que refuerzan su control del sistema judicial y del sistema político, para imponer impunidad, eliminar competidores políticos del proceso electoral así como también favorecer a la clase patronal a la que sirve y que los patrocina.
El pasado 10 de octubre el Congreso le bajó el dedo a una ya insostenible Dina Boluarte que venía asediada por la protesta popular, y colocaron en su reemplazo, con el mismo libreto, a uno de sus representantes más directos, miembro del pacto de los corruptos y “galardonado” con procesos por enriquecimiento injustificado, cobro de coimas y violación sexual. Y el libreto incluye el uso de la represión criminal contra las protestas populares, como quedó de manifiesto en la movilización del 15 de octubre con el saldo de un muerto y muchos heridos.
Confirmando el vínculo, el converso fujimorista Fernando Rospigliosi lanzó desde el Congreso sus instrucciones de que la policía debe reprimir las protestas, so pretexto de actos de violencia.
La hiperactividad presidencial, aunque inútil, le ha valido algo de aprobación y sostenibilidad, pero más allá de eso, la desaprobación al gobierno y al Congreso sigue siendo más alta como reflejo del descontento.
No hay cambios
Los problemas sociales y la crisis política no dejan de profundizarse, a pesar incluso del actual proceso preelectoral rumbo a las elecciones 2026. El problema de las extorsiones y el sicariato sigue agravándose día a día con una sangría económica y una ola de asesinatos que golpea más a sectores populares y que no se detiene incluso bajo el estado de emergencia.
Al lado de ese problema siguen agravándose problemas estructurales derivados del plan económico neoliberal que por más de treinta años viene profundizando las desigualdades económicas y sociales con bajos salarios, precarización del trabajo y la marginación de una porción mayoritaria de la población.
Asimismo, el esquema tributario “promocional” para poderosos capitalistas explica en parte la incapacidad estructural del Estado para implementar siquiera políticas redistributivas y asegurar la salud y la educación pública, y hasta atender los problemas de inseguridad ciudadana. Las grandes corporaciones continúan enriqueciéndose de manera desproporcionada, con cifras récord de exportaciones mineras y agrícolas mientras trabajadores mineros y agrarios sobreviven con salarios cercanos a la línea de pobreza.
La “misión” del gobierno Jerí
El gobierno Jerí no solo se encarga de asegurar la continuidad del modelo económico sino también de sostener las posiciones de control que ejercen los partidos del Congreso en el sistema judicial y el sistema político electoral, es decir la manipulación fraudulenta para su impunidad, para la eliminación de rivales políticos, y para asegurar un resultado electoral favorable al fujimorismo o a otro de los partidos del pacto de los corruptos, y con ello “legitimar” un gobierno reaccionario y autoritario desde julio 2026.
En esa dirección, sus principales esfuerzos y el apoyo del Congreso están orientados a impedir las protestas sociales haciendo uso de medidas represivas extremas en un marco de estado de emergencia que no está hecho precisamente para detener el crimen organizado.
La trampa electoral
El descontento social se manifiesta de manera indirecta en el actual proceso electoral. La encuesta de IEP de noviembre muestra una rotunda mayoría de más de 70% que no respaldaba a ninguna de las opciones electorales en juego, incluso mayor en sectores rurales y en el sur (78%), y los candidatos del pacto de los corruptos solo recibían en conjunto un minúsculo 15% de las preferencias.
Eso, en este momento al menos, es una derrota o castigo a la extrema derecha lo que anticipa intentos de manipulación electoral, como ya lo vienen haciendo al eliminar del camino a posibles competidores, y de una nueva “guerra” electoral como la de 2021.
Los corruptos buscan un escenario electoral sin protestas ni movilizaciones sociales, ya que las movilizaciones motivan al movimiento obrero y popular a confiar en sus propias fuerzas, ponen en la agenda inmediata la solución de las demandas y eso amenazaría la continuidad del actual gobierno y sus planes electorales. Lamentablemente, la política de desmovilización y desarticulación que aplican las direcciones políticas y sindicales contribuye a ese escenario, en pro de un plan meramente electoral desligado de la movilización.
Sin embargo, el movimiento tiene como fortalezas la combinación de banderas de lucha urgentes y justas, y reivindicaciones que tienen que ver con la vida misma. Banderas como la derogación de las leyes pro crimen, el fin del control mafioso de los sistemas judicial y político, fin del blindaje, la impunidad, las repartijas, juicio y castigo por los asesinatos de manifestantes, los de Dina Boluarte y también de Jerí. Y reivindicaciones vitales como la de los transportistas y otros sectores afectados por las extorsiones y el sicariato, lo cuales no se adaptarán necesariamente al juego o cronograma electoral.
