Por Víctor Montes
El incremento de la criminalidad organizada se perfila como uno de los puntos centrales de la agenda electoral hacia el 2026.
Y no es extraño: la sensación de desprotección de parte de una policía que además de corrupta, termina siendo parte de las bandas criminales, y de los gobiernos que son incapaces de resolver este asunto, han llevado a la población a realizar medidas de lucha exigiendo acciones concretas y efectivas contra la criminalidad.
Exigencia que buscará una expresión electoral este 2026 y por eso resulta clave postular una perspectiva obrera frente al flagelo del crimen organizado.
Cuando el crimen paga
¿Cuál es el origen de este pico en el accionar de las bandas criminales? Como hemos dicho antes, las bandas criminales no son iguales a los ladrones que roban en los barrios populares.
Por el contrario, son organizaciones empresariales, que mueven miles y hasta millones de dólares (narcotráfico o minería ilegal). Y por eso defienden sus negocios (territorios que explotan, rutas de comercialización y mercados donde venden) a balazos.
Pero no siempre fue así. La actual situación del crimen organizado es hijo legítimo del modelo económico neoliberal y los precios altos de las materias primas de las últimas décadas, que han hecho de ciertas actividades negocios inmensamente lucrativos.
Estos (minería, petróleo, agroindustria, tala…) son acaparados por las grandes transnacionales imperialistas. Mientras, montones de medianos y pequeños capitales nacionales, definen actuar al margen de la Ley para “rascar la olla” de las ganancias capitalistas.
Ese es el caso, por ejemplo, de la minería ilegal. El precio internacional del oro se encuentra en niveles crecientes desde hace tiempo. Y hoy ha sobrepasado los US$4000 por onza. Y por eso, por una pepita de oro, es rentable actuar fuera de la legalidad, y hasta matar…
Las extorsiones siguen el mismo patrón
Algo semejante sucede con las extorsiones: el cobro de “cupos” a cambio de “seguridad” es la forma en que las bandas parasitan a los medianos y pequeños empresarios, pero también a las bodegas, barberías y vendedores ambulantes… que en realidad hacen parte del pueblo trabajador que lucha por sobrevivir.
El saldo de más de 70 choferes y cobradores muertos en lo que va de 2025 prueba que quienes ponemos los muertos, seguimos siendo el pueblo pobre.
Y el Estado también cobra
Pero para que el crimen organizado se desarrolle y crezca, es necesario, además, que las autoridades que deberían velar porque las leyes se cumplan, “miren para otro lado”.
Por eso la corrupción de funcionarios, particularmente de la policía, y otras dependencias estatales que tratan directamente con las personas, crece en forma simétrica a las bandas criminales.
Y ahí donde puede, el crimen convierte en su asalariado al policía o al alcalde, cuando no al congresista.
Solo entre 2020 y 2025, 120 efectivos han sido investigados por las fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas. Y entre 2019 y 2024, 309 efectivos policiales han sido sancionados administrativamente por la propia Policía por narcotráfico.
Un ejército de desocupados como carne de cañón
Pero además de mercado, y autoridades corruptas, el crimen requiere “soldados”. Hombres y mujeres dispuestos incluso a morir por sus ganancias.
¿El crimen, de dónde saca esos “soldados”? De la población más pobre del país, obligada por el modelo económico neoliberal a conformar la masa de desempleados que luchan por no morir en la miseria.
Una parte de esa población se encuentra en la informalidad (entre el 75 y el 78% de la masa laboral en el país). La enorme mayoría, mujeres y jóvenes, con salarios miserables y condiciones infrahumanas. Jorge Huamán (21 años) y Jovi Herrera (20 años), muertos en el incendio de la Galería Nicolini en 2017, mientras trabajaban encerrados en un conteiner hasta 14 horas por un salario de 20 soles al día, son el más crudo ejemplo de esta situación.
Otra parte, busca un “atajo” en la criminalidad organizada. No es casual que habiendo pasado apenas un par de meses desde que se promulgó la ley que trata como adultos a los menores de 16 y 17 años en casos de delitos graves, ya existan 99 menores encarcelados. La juventud es, dentro de los sectores obreros y populares, la que peor lo pasa: de acuerdo con el INEI, a octubre de este año, el 15,4% de los jóvenes no logra acceder a un empleo, mientras que el 74,9% de quienes trabajan lo hace sin contrato formal.
Vista la realidad, para algunos parece una estupidez no aceptar el riesgo de convertirse en sicario, traficante o minero ilegal…
Y peor aún si te encuentras en calidad de migrante, como sucede con miles de hermanos venezolanos y venezolanas totalmente vulnerables a la arbitrariedad y el abuso de las empresas que les contratan, o de las autoridades que les acosan, cuando no son directamente sometidos a condiciones de esclavitud.
Entonces… ¿Qué hacer?
Es por todo esto que el Estado, sin importar quien gobierne, no puede poner fin al crimen organizado. Y ninguna de las alternativas electorales que se presenten en campaña hacia 2026 puede cambiar esto. Ni siquiera, aunque algunas personas así lo piensan, aquellos candidatos o candidatas que ofrezcan “mano dura”, pues suelen ser esos mismos gobiernos los que más se benefician de la corrupción que proporciona la criminalidad.
Por el contrario, una salida obrera y popular para la terminar con la criminalidad debe atacar justamente el negocio, al Estado y la pobreza, además de fomentar la organización de base para enfrentar a las bandas criminales.
De ahí que desde el PST planteamos:
1. Inmediata disolución de la policía nacional y su reemplazo por rondas urbanas y campesinas armadas, organizadas en cada barrio y distrito.
2. Recuperación, vía expropiación, de las minas, tierras y pozos petroleros para poner su explotación al servicio del pueblo (educación, salud…)
3. Trabajo para todos y todas: Jornada laboral de 4 horas diarias y 20 horas semanales, con sueldos iguales a la canasta básica de consumo, para dar más trabajo.
4. Prohibición de despidos. Nacionalización de las fábricas o empresas que pretendan despedir para que funcionen bajo control de sus trabajadores.
5. Gobierno de las organizaciones obreras y campesinas donde nadie gane más que un maestro/a de escuela pública, y todos los cargos sean elegibles y revocables en cualquier momento.
Solo tomando en nuestras manos, como trabajadores y trabajadoras, el destino del país, podremos abrir camino a este programa inmediato y enfrentar decididamente la criminalidad.
