Por Federico Romero
En un proceso lleno de cuestionamientos y denuncias por su sesgo político y vengativo, el ex presidente Pedro Castillo Terrones fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel efectiva por el autogolpe del 7 de diciembre de 2022. También fueron sentenciados otros cuatro miembros de su ex equipo de gobierno, entre ellos Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México. Unimos nuestra voz de protesta a los sectores obreros y populares que se identifican con Castillo y denunciamos el carácter fraudulento de su juicio, cuya sentencia ya estaba dada desde el principio por los partidos corruptos y reaccionarios del Congreso y el gobierno, primero de Dina Boluarte, y ahora de José Jerí.
Sin embargo, la sed de sangre de la derecha más recalcitrante no ha sido saciada. Esos sectores pedían 35 años de cárcel para Castillo y sus colaboradores. Bajo la careta de “defender la democracia”, buscaban y buscan enterrar para siempre cualquier amenaza a sus intereses y privilegios, así fuera solo de palabra, que fue lo único que hizo Castillo durante sus 18 meses en el poder.
La condena es una venganza, que solo puede despertar la indignación de cualquier persona imparcial, y sobre todo, avivar el rechazo de los sectores obreros y populares —especialmente del campo— que se identifican con Pedro Castillo, y sufren el abuso de las clases pudientes, con su acostumbrada prédica racista y discriminadora, y que quiere impedir toda posibilidad de que se repita un triunfo popular en las urnas.
Pero también es una condena ilegítima, porque es producto de un régimen nacido de un golpe —el aplicado contra el mismo Castillo—, que ha copado las instituciones del Estado con personajes designados por la mayoría corrupta del Congreso, como el propio Jerí, elegido entre gallos y media noche, e inaugurado con sangre.
Allanando el camino para las elecciones
Sin embargo, hay también objetivos inmediatos en la apresurada condena contra a Pedro Castillo.
El primero es sacarlo de la contienda electoral. Castillo estaba con detención preliminar desde el mismo día del golpe, es decir, hace casi tres años, y estaba próximo a vencer el plazo máximo de 36 meses. Por eso se trataba de acelerar su condena. Pero, sobre todo, se buscaba impedir su participación en las elecciones convocadas para abril próximo, porque, pese al fiasco que representó su gobierno, él simboliza la lucha por el cambio que millones anhelan desde abajo, un anhelo que no ha hecho más que crecer desde el golpe que llevó a Boluarte al poder. Para asegurarse de que fuera así, el Congreso había votado días antes la inhabilitación de Castillo para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
El día anterior, Martín Vizcarra también fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción. Aunque en su caso se presentaron pruebas y testigos, el hecho también está rodeado de cuestionamientos, dado el arrastre electoral que tiene en sectores populares que lo ven como una opción contra el fujimorismo y la derecha.
Así, si sumamos la inhabilitación de Antauro Humala y el encarcelamiento de Guillermo Bermejo —ambos eran voceados candidatos presidenciales opuestos a la derecha—, se evidencia un intento por allanar el camino para que las elecciones generales de abril del próximo año sean favorables a cualquiera de las candidaturas del establishment que controla el poder.
El otro objetivo, más profundo, detrás de la condena a Castillo, es el escarmiento que buscan la patronal y los sectores reaccionarios contra toda propuesta de cambiar el modelo económico o la Constitución, que fue lo que realmente significó la votación por Castillo y la insurgencia del sur contra su vacancia. Esta última fue reprimida sangrientamente bajo la acusación infame de “terrorismo”.
En realidad, este odio de la derecha, potenciado por grandes medios y recursos, se incubó desde antes del triunfo electoral de Pedro Castillo en 2021 y se alimentó durante todo su corto gobierno, hasta el día de su vacancia. Así, hicieron sonar fuerte el clamor de aquellos sectores que cuestionaron el desempeño relativamente independiente de las instituciones electorales y se propusieron controlarlas. Y eso es lo que han hecho desde el golpe. La máxima expresión de esto es el propio gobierno de José Jerí, elegido por una mayoría congresal cuestionable, con la misión principal de garantizar el desarrollo del proceso electoral de acuerdo a sus planes.
El “golpe” de Castillo
La causa por la que Castillo fue vacado, detenido y ahora sentenciado fue el “golpe” que anunció en un mensaje a la nación televisado el 7 de diciembre de 2022.
El especialista en temas constitucionales, Dr. César Azabache, [1] señala que en la historia peruana (fuera del de Leguía en 1919) hubo dos autogolpes claros: el de Alberto Fujimori en 1992 y el intento de Pedro Castillo en 2022. Sin embargo, el único juzgado y sentenciado ha sido Castillo. En 1992, Fujimori dio un autogolpe real: las Fuerzas Armadas, con tanques y soldados, cerraron el Congreso y tomaron el control del Poder Judicial, la Fiscalía y medios de prensa. La presión internacional lo obligó a convocar a un Congreso Constituyente. Por este hecho, Fujimori nunca fue procesado por el autogolpe en sí. Comparado con esto, el acto de Castillo fue una simple declaración, un mensaje sin efecto práctico, una tentativa “inidónea”, como argumentan sus abogados, que no causó daño concreto. Sin embargo, a él sí lo vacaron por ello, le aplicaron 36 meses de prisión preventiva y ahora lo condenan a 11 años y 5 meses con saña.
Lo acusaron de rebelión, pero no hubo ni se produjo ningún alzamiento armado. Por ello, en la sentencia final, tuvieron que retirar esta acusación y solo señalar que hubo “conspiración”.
La misma vacancia fue un acto arbitrario. Se inventó el concepto de “flagrancia” para evitar, como ordena la norma, que pudiera asumir su defensa ante el Congreso, y lo vacaron con 101 votos, cuando el mínimo requerido era de 104.
En realidad, el “golpe” de Castillo fue un acto suicida que hasta ahora resulta inexplicable. Martín Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 con mayor astucia y logró una alta aprobación popular. Pedro Castillo, en cambio, fue un aventurero, ni siquiera tenía control de nada: su propia escolta fue quien lo entregó a sus captores.
Todos sabemos que la vacancia fue un plan promovido abiertamente por la derecha desde el primer día. Hubo una campaña mediática y en las calles, movilizando grupos violentos y sectores de clase media asustados con el fantasma del “comunismo”, para vacar a Castillo. Así, y pese a que este no tomó ninguna medida que afectara seriamente los intereses empresariales ni entregó concesiones importantes a los sectores populares, no lo dejaron gobernar ni un solo minuto e intentaron vacarlo en todo momento.
Hasta que lograron construir un pretexto: reunieron pruebas y testigos para montar una denuncia constitucional e investigarlo por corrupción, con la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien después revelaría sus propios vínculos con la corrupción y fue destituida. Así, la mayoría de derecha en el Congreso lo intentó de nuevo en diciembre de 2022.
Ante el temor de que esta moción lograra los votos necesarios, Castillo urdió un falso “golpe” de Estado, uno de palabras, destinado a cubrir su escape para refugiarse en la embajada de México; así su caso cobraría un carácter más político que corruptivo. Pero, como sabemos, tan improvisado era todo que ni siquiera logró asilarse. Este acto, sin embargo, les proporcionó una causal real para su vacancia, tipificada en el Art. 117 de la Constitución: el presidente puede ser acusado “por disolver el Congreso”. Así, Castillo les entregó gratuitamente su cabeza en bandeja de plata, hasta el punto de que incluso algunos de sus propios correligionarios votaron a favor de la vacancia.
El verdadero golpe es el de la derecha
Ahora, los defensores de la derecha, al oír la sentencia, celebran gritando: “Así se defiende la democracia, con firmeza”. Estos mismos señores muestran el tipo de democracia que defienden cuando, al mismo tiempo, reivindican el golpe de Fujimori de 1992, que instauró un régimen dictatorial que cometió genocidio, impuso el modelo neoliberal que nos rige hoy, barrió derechos laborales y robó a manos llenas; del mismo modo que reivindican el golpe que colocó a Boluarte en el poder, un régimen manchado con la sangre de manifestantes y sumido en la corrupción, además de servil a los grandes empresarios.
Hubo un golpe, pero ese golpe fue de la derecha contra Castillo y contra la voluntad popular. Y Castillo fue responsable por no ser capaz de enfrentarlo apoyándose en el movimiento obrero y popular, por no cumplir sus promesas electorales, por no ser transparente en sus actos de gobierno y por ser absolutamente improvisado, incluso en su último acto “golpista”. Pero estos hechos deberían juzgarlos quienes lo eligieron.
En tanto, no reconocemos la autoridad de este régimen ilegítimo para juzgarlo y condenarlo. Por ello, vamos a luchar y reclamar su libertad y la de los condenados con él, exigiendo un juicio justo ante un tribunal realmente independiente.
[1] “Los vacíos narrativos en la historia del golpe de Estado de Pedro Castillo”. https://lpderecho.pe/vacios-narrativos-historia-golpe-estado-pedro-castillo/
