Las elecciones recientes volvieron a poner sobre la mesa una realidad que los partidos del régimen autoritario, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas intentan ocultar: la profunda bronca acumulada en las regiones del sur del país sigue viva. La rebelión popular que estalló tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo a finales de 2022 y comienzos de 2023 continúa presente en la memoria colectiva de miles de trabajadores, campesinos, jóvenes y pobladores que protagonizaron una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas.
El descontento del sur permanece vivo
Aquella gran rebelión fue respondida con una brutal represión estatal. El gobierno de Dina Boluarte, respaldado por el Congreso, las Fuerzas Armadas y los sectores empresariales, desató una ofensiva que dejó decenas de muertos y centenares de heridos, principalmente en las regiones del sur. Las masacres de Juliaca, Ayacucho y otras localidades quedaron grabadas como una muestra del verdadero carácter de un régimen dispuesto a defender sus privilegios y los de los grandes capitalistas mediante la violencia cuando las masas irrumpen en la escena política.
La votación obtenida por Roberto Sánchez en diversas regiones del sur, impulsada también por el respaldo político de Castillo, puede interpretarse como una expresión parcial y distorsionada de ese descontento social que permanece abierto. No se trata simplemente de una adhesión electoral, sino de una manifestación de rechazo a quienes gobernaron y reprimieron al pueblo. Muchos sectores buscaron utilizar las urnas para expresar una bronca que no encontró una salida organizada y consecuente en las calles. Ya que dicha energía social enorme fue desviada hacia los canales de una democracia profundamente desprestigiada y corrompida, en lugar de orientarse hacia la movilización independiente para derrotar al régimen responsable de las masacres.
La traición de las direcciones políticas
Esa desviación no fue casual. Las direcciones de la CGTP, junto a diversos partidos y organizaciones de la izquierda reformista, jugaron un papel fundamental en contener y desactivar la movilización. Mientras miles exigían la caída del gobierno, justicia para los asesinados y una transformación de fondo de la situación política, estas direcciones apostaron por la negociación, la espera institucional y posteriormente por la salida electoral. Incluso sectores que hoy ocupan escaños en el Congreso terminaron adaptándose a las reglas del mismo régimen que había ordenado la represión, contribuyendo a sembrar expectativas en una institucionalidad completamente desacreditada ante amplios sectores populares.
Continúan la precariedad social y el endurecimiento del régimen
El resultado es que las causas que dieron origen a la rebelión siguen presentes. La pobreza, la desigualdad regional, el abandono histórico de las provincias, la corrupción estructural del Estado y el desprecio de las élites limeñas hacia las mayorías populares continúan intactos. A ello se suma el avance de tendencias cada vez más autoritarias. Un ejemplo reciente es la aprobación de la nueva ley que fortalece la impunidad de policías y militares, permitiendo que hechos ocurridos durante “el ejercicio de sus funciones” puedan ser juzgados por el fuero militar o policial. Una medida que busca blindar a los responsables de la represión pasada y preparar las condiciones para futuras acciones contra la protesta social.
Por eso, la lucha del sur sigue siendo una tarea pendiente. Sigue pendiente la justicia para los asesinados, el castigo a todos los responsables políticos y materiales de las masacres, y sigue pendiente también la derrota de un régimen que se mantiene gracias a acuerdos entre el gobierno, el Congreso, las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales. Ninguna de estas tareas podrá resolverse confiando en las mismas instituciones que garantizaron la impunidad durante estos años.
Desde el Partido Socialista de los Trabajadores sostenemos que la principal orientación continúa siendo la organización independiente de los trabajadores, la juventud, las comunidades campesinas y los sectores populares para enfrentar a este régimen en crisis. Lo planteamos durante todo el proceso electoral, mientras gran parte de la izquierda reformista optaba por callar sobre la necesidad de luchar contra el régimen y se limitaba a prometer «mejores condiciones de vida», como si ello fuera posible dentro de un marco cada vez más autoritario, sostenido por un sistema de explotación capitalista y un modelo económico que profundiza la desigualdad. La experiencia de estos años demuestra que las demandas populares no encontrarán una solución real en las instituciones de este régimen. La tarea sigue siendo construir una alternativa de lucha, organización y movilización capaz de retomar las banderas que quedaron pendientes en las jornadas heroicas del sur y llevarlas hasta el final.
