Al escribir este artículo ya era evidente que la segunda vuelta electoral le favorecía a Keiko Fujimori. Los resultados, muy ajustados, con apenas 0.2% de diferencia en unos 20 millones de votos emitidos, reflejan una alta polarización del voto donde cada parte votó en contra de lo que vieron como la peor versión del adversario. En la votación dentro del territorio nacional predominó el voto anti Keiko, y son los votos de los peruanos en el exterior, donde no faltaron las sospechas de manipulación de las actas, los que terminaron inclinando la balanza a favor del fujimorismo, el peor escenario esperado por la mayoría de la población nacional.
Los resultados presidenciales se complementan con la elección de las cámaras de diputados y de senadores, donde el fujimorismo cuenta con 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores, y donde solo seis agrupaciones cuentan con representación en el Congreso. Al tener, con escaños propios, más de un tercio del senado, el fujimorismo está en condiciones de bloquear cualquier intento de vacancia y eso le brinda durabilidad durante el quinquenio, a diferencia de la volatilidad que caracterizó a los ocho gobiernos que le precedieron en los últimos diez años, en medio de una profunda crisis política.
Sin embargo, la relativa estabilidad que tendrá el gobierno fujimorista por su peso en el senado no será por sí misma garantía de ausencia de crisis política, pues el descontento social no desaparecerá por arte de magia y junto con eso hay una potencialmente fuerte oposición en Diputados, con capacidad de censurar ministros o destituir altas autoridades si así lo quisiese.
El gobierno que se viene
Ese es uno de los principales problemas que tratará de enfrentar el nuevo gobierno, y seguramente aplicará su “experiencia” en promover el transfuguismo como en la época de la dictadura de Fujimori padre, y en la actualidad por la hija en el Congreso. También en promover las componendas y transacciones, económicas o políticas, para lograr la colaboración de bancadas enteras como ocurrió con la bancada de la “extremista” familia Cerrón.
No son pocos los que albergan la ilusión de que el fujimorismo reflexione sobre la monstruosidad de su política autoritaria y haga un gobierno democrático y de conciliación, que retroceda en el copamiento de las instituciones del Estado, en las leyes “pro crimen”, en las leyes de amnistía o impunidad de militares y policías culpables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, y que retroceda también en su propósito de restablecer la “justicia militar” para militares o policías hasta por delitos comunes, como los de Colcabamba y Manchay, o incluso en el blindaje a Dina Boluarte por los asesinatos de 2022 y 2023.
Posiblemente el mensaje de unidad nacional se dé, pero más como parte de una propaganda vacía o juego político para ganar algo de legitimidad y no convertirse, repentinamente, desde el mismo 28 de julio, en Dina Boluarte II.
Los hechos mencionados más arriba no describen a un gobierno que haga centro en la democracia sino a uno que se siente bajo amenaza y que se ha preparado para la confrontación, uno que espera que será repudiado y enfrentado por amplios sectores populares en todo el país, no solo por demandas de justicia que se les ha privado, y las demandas democráticas que se les ha negado, sino también por las condiciones económicas que golpean a importantes sectores sociales, producto de las desigualdades que genera el plan económico, como también de la acción de las extorsiones y el sicariato, y de nuevos desastres climáticos sin mitigación.
Keiko Fujimori brindará a cambio otras ilusiones, a juzgar por sus anuncios de la campaña electoral. Ya es sabido que ella cree que puede compensar los atropellos a los derechos democráticos con una larga lista de obras y otras promesas. Pero estas promesas, de muy dudosa realización, serán la zanahoria que camufle al garrote con el que tratarán de reprimir la movilización popular.
En el nefasto club de Donald Trump
Como otros gobiernos derechistas de la región, una de las prioridades del gobierno fujimorista será profundizar la política entreguista ante la estrategia hemisférica del gobierno norteamericano, con efectos fatales para el país. Un adelanto de esa política ya se ha visto en el descarado pago de 3,500 millones de dólares por la compra de aviones de guerra de fabricación estadounidense, sacrificando recursos de programas sociales como Beca 18 y recursos para prevención ante desastres.
Gracias al fujimorismo el Perú pasará a formar parte del “Escudo de las Américas”, el club de entreguistas formado por Donald Trump con gobiernos afines de Latinoamérica, asumiendo la complicidad en la política intervencionista contra la soberanía de los pueblos del continente, y los ataques genocidas como los que descarga el imperialismo en el medio oriente, junto con el gobierno sionista de Israel.
Sabemos que esa complicidad se traducirá en un costo para las masas trabajadoras, en la forma de imposición de compras como la de los aviones, o de inflación, o de expoliación de la riqueza nacional, y una mayor presencia militar en el país.
Los desafíos de las organizaciones obreras y populares
Las amenazas que plantea el gobierno fujimorista a las masas trabajadoras son evidentes. Frente a eso se hace necesario avanzar en la forja de la organización y la unidad, fortalecer la coordinación y la solidaridad de clase, como parte de una estrategia que incluya resolver los problemas de dirección general y política.
