Por Freddy Salazar
La clase obrera y el pueblo boliviano llevan adelante una huelga general contra el gobierno de Rodrigo Paz, a quien exigen su renuncia inmediata.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las cooperativas mineras, el sindicato de profesores y diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y vecinales –es decir, la casi totalidad de la clase trabajadora del país– se declararon en huelga indefinida, bloquearon carreteras y marchan hacia La Paz con el objetivo de derrocar al Ejecutivo.
Los manifestantes reclaman la caída del mandatario porque, desde que asumió hace seis meses, impulsa paquetazos contra el pueblo trabajador al estilo de Javier Milei en Argentina o del “Fujishock” de 1992 en Perú, medida que nos dejó sin trabajo y sumió al pueblo en el hambre. El gobierno de Rodrigo Paz, de perfil claramente derechista, responde a los intereses de la gran burguesía vinculada al agronegocio. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica heredada del fracaso del gobierno del MAS de Evo Morales, que terminó internamente dividido, enfrentado y debilitado por la corrupción tras 20 años en el poder.
Apenas asumió, Paz restableció las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se alineó con Donald Trump. Suscribió acuerdos que entregan los recursos naturales del país, como el litio, y permiten el regreso de la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense), que es una fachada para proteger a los cárteles de la droga y justificar la presencia militar norteamericana en la región. También reanudó las relaciones con Israel, rotas hace dos años por la masacre en Gaza, evidenciando su alineamiento con las potencias que promueven y sostienen la guerra en Medio Oriente.
En materia económica, el nuevo gobierno, liberó los precios de los combustibles, lo que provocó un alza generalizada que golpea a las mayorías. Además, impulsa una ola de despidos y ataques contra los derechos laborales. Recientemente promulgó la Ley 1720, que coloca en el mercado las pequeñas propiedades de tierra –base de la economía de subsistencia del pueblo boliviano, similar a la de las zonas altoandinas de Perú–, permitiendo que sean hipotecadas, vendidas o adquiridas por grandes terratenientes.
Esta ofensiva ha venido siendo respondida desde el primer día. La COB ya había protagonizado una gran huelga general en diciembre, que logró la anulación del decreto que aumentaba los precios de los combustibles. En distintos sectores se mantienen luchas contra los despidos y los ajustes. Hace un mes, en rechazo a la Ley 1720, campesinos e indígenas se levantaron, bloquearon las principales vías del país y marcharon cientos de kilómetros a través de montañas hasta llegar a La Paz, lo que obligó al gobierno a subrogar dicha ley. En ese contexto, la central obrera y las otras organizaciones en lucha declararon la huelga general con la demanda explícita de salida del gobierno, anunciando que no negociarán con él.
En estos días, las protestas se concentran en La Paz y El Alto. Decenas de miles de manifestantes se enfrentan a la policía e intentan tomar el centro de la ciudad, donde se encuentra la sede del gobierno. La respuesta del gobierno es criminal: gases lacrimógenos, bombas y disparos ya han dejado muertos, heridos y detenidos. El Ejecutivo amenaza con decretar el estado de sitio y poner la represión en manos de las Fuerzas Armadas. Lo que aterra a las autoridades y a la burguesía es la determinación de los huelguistas. Con piedras, armas caseras y dinamita –aportada por los mineros– se enfrentan a las fuerzas represivas. En 1952, la clase obrera boliviana derrotó al ejército mediante una revolución protagonizada por milicias obreras que usaron la dinamita como arma fundamental. Esa experiencia sigue viva en la memoria colectiva.
Los aliados de Rodrigo Paz ya salen en su defensa. Donald Trump llamó a respaldar al gobierno y condenó la lucha popular. Javier Milei envió armas bajo la fachada de “ayuda humanitaria”. En el plano interno, los grupos de poder exigen una intervención internacional para “salvaguardar la democracia”.
Estos días son cruciales para el futuro inmediato de Bolivia: o el gobierno, con el apoyo de Trump y sus aliados, aplasta el movimiento en un baño de sangre, o el levantamiento popular lo derroca y conquista una victoria histórica.
Los obreros y los pueblos del mundo debemos expresar nuestra solidaridad activa con la lucha de la clase trabajadora boliviana bajo la exigencia: ¡Fuera Rodrigo Paz! ¡Fuera las manos de Trump de Bolivia!
En nuestro país, llamamos a discutir esta situación en cada fábrica y en cada lugar de trabajo, porque este ejemplo de lucha obrera es una muestra de lo que necesitamos hacer aquí también para enfrentar los múltiples ataques patronales, y para reconocernos en su vívida experiencia que no es muy distante a la que enfrentamos nosotros.
Y desde ahí, desde las fábricas, organizar plantones y movilizaciones hacia las embajadas de Bolivia y de EE.UU.
Al mismo tiempo, creemos que, al final, todo el problema se concentra en quién debe gobernar Bolivia. Ahora, después del fracaso del MAS y después del fracaso de la falsa “democracia” en cuyo nombre se pretende matar de hambre al pueblo trabajador, la única opción que queda es la lucha por un gobierno de esas mismas organizaciones que hoy se encuentran al frente de la lucha, en especial de la histórica Central Obrera Boliviana.
