Por Carmen Mendoza
Las comunidades campesinas agrícolas de Piura mantienen heroicamente, como pueden, su producción agrícola; cuando no padecen la pérdida total de sus cultivos. Observan sus tierras agrícolas sedientas, suplicando por agua, mientras las tierras privadas de las grandes agroindustriales se desarrollan verdes y saludables. La agroindustrial Agroaurora, perteneciente al grupo Gloria, construyó un dique sobre el río Chira, privando de este recurso a las familias agricultoras de la comunidad campesina de Miramar-Vichayal. Las comunidades intentaron retirar el dique en varias oportunidades y Agroaurora vuelve a construirlo haciendo caso omiso a resoluciones administrativas y una sentencia judicial que ordena retirarlo.
Este abuso del que son víctimas las comunidades campesinas se agrava por la crisis hídrica y hay la necesidad de recurrir a los acuíferos para la obtención del recurso hídrico. Construir un pozo tiene un precio de hasta 150 mil dólares y solo las grandes agroindustriales están en condiciones de dotarse con ese tipo de infraestructura para apoderarse del agua subterránea. Las comunidades campesinas no pueden competir con esto y se ven obligadas a aceptar la propuesta del Estado para la construcción de pozos que los beneficiaría en la obtención de aguas del subsuelo. Es más, las comunidades siguen, hoy, esperando que se concrete el ofrecimiento. Mientras esto sucede, las comunidades campesinas se mueven cuesta arriba privadas del agua y las grandes agroindustriales y agroexportadoras se llenan los bolsillos matando de sed a las tierras de las familias agricultoras de Piura.
Las comunidades alpaqueras de Huancavelica en la cuenca de la laguna de Choclococha, Orcococha y Ccaracocha ven a sus animales, cada vez, con menos forraje o de menor calidad y con una fuente de agua que se reduce imparable, llegando muchas veces a abandonar sus tierras porque así no pueden sobrevivir. Son víctimas del trasvase de las aguas, hacia Ica, que garantizan el negocio de la agroexportación en esta parte de la costa peruana. Desde la mitad del siglo pasado se desvían las aguas de las montañas hacia la costa. El Estado y el sector privado ofrecieron diferentes formas de compensación por el uso del recurso hídrico de esta cuenca y por los efectos que el trasvase, claramente, generaría en la actividad alpaquera de la zona; más de 70 años después, las familias y comunidades alpaqueras siguen viendo cómo el agua de sus montañas enriquece los bolsillos de las agroexportadoras en Ica y cómo sus animales y familias padecen ante la indiferencia estatal y patronal.
Son las cuatro de la mañana y en el Álamo, en Ica, se concentran las personas que buscan obtener un día de trabajo en las diferentes agroexportadoras de la zona. No es un secreto que las condiciones laborales en la agroindustria de Ica se caracterizan por precariedad elevada, salarios paupérrimos, jornadas que superan las ocho horas, informalidad descontrolada, ausencia de seguridad en el trabajo, contratación temporal cuando ésta existe, aguantar el sol abrasador costero junto a la radiación solar, ausencia de infraestructura sanitaria en el campo, presencia de intermediarios (services) que timan, engañan, estafan, acosan a la masa obrera agroindustrial.
Esta agroindustria se beneficia injustamente con el agua proveniente de las montañas andinas, con la explotación y maltrato de la clase trabajadora agrícola, ahora, además, con la nueva “Ley Chlimper 2.0” (Ley N 32434) que reduce el impuesto a la renta de las agroexportadoras a 15% hasta el 2035, otorga deducciones por compras a pequeños productores y establece beneficios de depreciación para inversiones en infraestructura agrícola. Negocio redondo: usa agua sin compensar a las comunidades afectadas por el uso del recurso, explota como quiere la mano de obra local y el Estado le premia con facilidades tributarias. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, solo en 2023 las agroexportaciones de Ica superaron los 1.080 millones de dólares, con la uva de mesa como estrella, seguida por la palta y el arándano. De acuerdo con la ANA, la región cultiva más de 100 mil hectáreas, en su mayoría orientadas a la exportación.
La crisis hídrica no es una novedad en la costa peruana, la padecen todas las ciudades sin excepción. Para poner como ejemplo a la capital, Lima, indicaremos las formas y cantidades de consumo del agua en los diferentes distritos. Teniendo un consumo de agua en litros per cápita/día por distritos de la siguiente manera: San isidro 441, Miraflores 395, La Molina 258, Cieneguilla 40, Pachacamac 36 y Lurigancho Chosica 15. Mientras que San Isidro tiene a disposición abundante agua, en Lurigancho Chosica la población tiene poca agua y con suerte para cocinar. El agua que baja a la costa (Ica) desde las montañas y lagunas de Huancavelica no beneficia a la población que enfrenta constantemente falta del recurso en sus viviendas.
En Ica, el 2023, solo el 13% de los hogares contaba con servicio continuo las 24 horas. El principal beneficiado, no solo de las aguas superficiales sino también de las subterráneas, es la agroindustria. El pueblo de Ica, en la práctica, se ve privado del agua para que la agroindustria llene los bolsillos de esta burguesía. La realidad no es muy distinta en todos los centros urbanos de la costa peruana, algunos tienen más agua a su disposición y para lo que deseen, mientras otros quedan privados de esta, padeciendo el implacable calor costero y precarizando sus condiciones de vida.
El Estado de espaldas a la realidad de los pueblos oprimidos
El Estado en Piura no puede (o no quiere) hacer respetar a las comunidades campesinas. Agroaurora (Gloria) se burla de los agricultores y hace lo que quiere. No obedece sentencias ni resoluciones, desprecia a la población local y los destina al padecimiento crónico y sin acceso al recurso hídrico; el grupo Gloria se enriquece a costa del sufrimiento de la población campesina en Piura.
En las alturas de Huancavelica todo quedó en ofrecimiento. Por lo menos tres generaciones viven bajo el engaño del Estado y el aprovechamiento de la burguesía agroexportadora. En 2023 el Congreso aprobó la ley de canon hídrico, inspirada en las demandas de comunidades de Huancavelica, pero hasta hoy no se aplica: carece de reglamento y enfrenta trabas que la Autoridad Nacional del Agua no ha resuelto. La clase trabajadora de Ica con su esfuerzo y sacrificio llena los bolsillos de la burguesía agroexportadora sin ver mejorar sus condiciones de existencia, mientras que el Estado brinda a esta burguesía todos los beneficios posibles.
En los centros urbanos de la costa son los sectores populares los que son privados del agua y pocos distritos acomodados cuentan con agua en la cantidad y en el momento que deseen. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) que se supone es la institución estatal encargada de regular el uso, aprovechamiento y destino del agua en todo el país es un fantoche que en esencia garantiza, con su halo institucional, impunidad a la burguesía agroexportadora en contra de las poblaciones campesinas agrícolas. Las sanciones se extienden durante años y el Estado tiene pocas herramientas reales para hacerlas cumplir. Hoy, las multas leves o graves van de S/. 10,700 a S/. 26,750 (entre 2 a 5 UIT). Solo las muy graves pueden alcanzar montos mayores, de hasta S/. 53 millones (10,000 UIT), cifras que recién podrían incomodar a una empresa con amplio respaldo financiero. Pero el Estado sigue actuando con total ineptitud, inoperatividad, falta de personal, corrupción generalizada, clientelismo, ausencia de una data seria y optima sobre el recurso, y desinterés crónico por la buena administración del recurso hídrico.
El gobierno está reestructurando la ANA, pero recortando controles, flexibilizando normas y debilitando la fiscalización, justo cuando más se necesita. La ANA cuenta con 59 fiscalizadores para supervisar más de 460 mil permisos en todo el país. Se vive una total ignorancia en el tema del agua. Salta a la vista que el problema no solo es el agua, sino también, la propiedad de la tierra, pues el Estado permite el neolatifundio en claro detrimento de las condiciones de vida de las mayorías poblacionales en la costa peruana. El modelo agrícola actual, basado en monocultivos de exportación como espárragos, paltas, arándanos y uvas, demanda grandes volúmenes de agua para riego. Mientras tanto, muchas comunidades rurales y altoandinas ven como descienden los niveles de acuíferos, se secan sus lagunas y ríos, y no tienen garantizado el acceso al agua para sus cultivos, su ganado e incluso para el uso básico en el hogar.
Organizar la lucha
Frente a la angurria de la patronal agroindustrial y la complicidad del Estado con ella, le queda a la población campesina, alpaquera, obrera agroindustrial y de los sectores populares organizarse y tomar el toro por las astas para garantizar su parte del pastel como corresponde y de forma retroactiva, condicionar el uso del recurso a la garantía de condiciones laborales justas para la mano obrera agroindustrial, garantizar igual dotación de agua en todos los distritos y zonas urbanas de la costa en cantidad y tiempo de suministro.
En otras palabras, es el pueblo y la clase obrera agroindustrial organizada la que debe ser parte de la administración y colocar el recurso hídrico a disposición en toda la costa peruana. Es irreversible, nos quedaremos sin glaciares en unas décadas más; la crisis actual del agua es solo una pincelada de la crisis que se viene, es momento que el pueblo organizado tome control del agua y priorice el uso del agua para cultivos que atiendan las necesidades humanas y no las del capital.
