Por Víctor Montes
Cuando Amílcar Marcano, chofer de “El Rápido”, cayó abatido por los disparos de un sicario mientras manejaba su unidad por San Martín de Porres, el pasado 14 de febrero, Lima y Callao se encontraba en el día 115 del “estado de emergencia” declarado por el entonces presidente José Jerí.
Un estado de emergencia que, a todas luces, hacía tiempo había fracasado frente al crimen organizado, como evidencian las cifras.
De acuerdo al Sistema Nacional de Información sobre defunciones (Sinadef), desde el inicio del estado de emergencia, el 22 de noviembre, hasta el 3 de febrero pasado, es decir, pasados 104 días, se habían producido 244 asesinatos en Lima y Callao, a un ritmo de casi 6 homicidios por día.
Para tener elementos de contraste, durante los 3 meses anteriores a la declaratoria del estado de emergencia, el mismo Sinadef había registrado 250 asesinatos en la ciudad. Apenas 6 asesinatos por debajo.
Y si miramos el país, las cifras no son mejores. En todo el Perú se han registrado 188 asesinatos en los primeros 40 días del 2026. Casi 5 diarios.
Por eso no sorprende que la seguridad ciudadana sea el segundo mayor problema del país de acuerdo a la mirada de la población. Solo por debajo de la corrupción.
¿A qué se debe la incapacidad que muestra el estado para acabar con la ola criminal? ¿Es acaso, como pintan varios candidatos, la mano dura la salida ante este problema? ¿Qué nos enseñan los constantes paros realizados por los trabajadores y trabajadoras de transporte para hacer frente a este flagelo? Y por último ¿Los trabajadores y el pueblo tenemos la posibilidad de dar una salida desde nuestro terreno distinta a la de los patrones para terminar con la criminalidad?
Esa es la respuesta de estas preguntas que dedicaremos este artículo buscando expresar una postura de clase frente al problema del crimen organizado y el sicariato.
Corrupción y criminalidad
Algunas razones de este fracaso son conocidas. La más evidente y odiada es la corrupción del Estado. Sobre todo, la de las Fuerzas Armadas y policiales.
La corrupción es inseparable del sistema capitalista, donde todo se compra y se vende, incluido el poder. Y si hay grandes negocios (ilegales) dispuestos a pagar por el silencio, la ceguera, la inacción de las autoridades, cuando no para que actúen directamente bajo su mando, con mayor razón.
Por eso, no resulta extraño enterarse de la detención de policías que hacen parte de las bandas de extorsionadores, encargados de anticipar a sus cabecillas los operativos de detención que se realizan en su contra para posibilitar su escape, cuando no terminan siendo seguridad privada de mineros ilegales y de narcotraficantes.
Por ejemplo, en octubre pasado dos policías fueron detenidos como parte de la banda criminal “Los letales del Norte”, y en noviembre, 20 efectivos policiales fueron detenidos en Tarapoto por integrar la organización criminal “Los piratas”, dedicada a la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.
En un país saqueado al extremo por las grandes empresas imperialistas, la policía que resguarda las leyes de la patronal, y complementa sus sueldos trabajando en forma privada en la seguridad de las mineras y grandes empresas cuando hay huelgas, encuentra un medio para incrementar sus ingresos, poniéndose al servicio de la patronal lumpen que dirige el crimen organizado.
Pero las bandas no solo cuentan con el servicio pagado de la policía y los jefes militares. Necesita controlar poder. Por eso, así como compra comisarios, capitanes, coroneles y generales, compra puestos en el Congreso, el sistema de justicia y en el ejecutivo.
Probablemente el caso más conocido es el de Eduardo Salhuana, de Alianza Por el Progreso (APP). El ex presidente del Congreso (2023-2024) es conocido por sus nexos con la minería ilegal, y por impulsar leyes que favorecen a dicho sector.
La presencia de congresistas como Salhuana, que se rodean de asesores ligados a la economía ilegal, es la que llevó a que se aprueben leyes que debilitaron el tibio accionar del estado contra las organizaciones criminales. Conocidas como leyes “pro-crimen”, su derogatoria se ha convertido en una de las banderas más importantes de las acciones de lucha encabezadas por trabajadores del transporte.
Crecimiento económico y economía ilegal: torres gemelas
Sin embargo, hay más razones que explican la extensión y fuerza que ha adquirido el crimen organizado.
No es casual que el incremento del mismo se produzca en paralelo a una subida histórica y hasta ahora sostenida de los precios del oro, lo que ha llevado a que la minería ilegal se convierta en la principal actividad ilícita en el país, superando con creces al narcotráfico.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, estima que entre 2015 y 2025, la minería ilegal lavó US$ 22800 millones. Para tener una idea de su importancia, la inversión total de la puesta en funcionamiento de Conga, mina de oro rechazada por el pueblo de Cajamarca, ascendía a US$ 5000 millones.
Finalmente, hay que decir que, según declaraciones oficiales, hacia finales del 2025, la minería ilegal ha sextuplicado los ingresos del narcotráfico en el país, desplazándolo como principal actividad ilegal.
Y si bien la extorsión no llega a los mismos niveles, sus montos no son una bagatela: al 2025 se estimó que la extorsión en sus distintas modalidades movió aproximadamente S/. 4000 millones.
Como es evidente, las organizaciones criminales son grandes empresas capitalistas, con sus gerentes y administradores, que mueven miles de millones. Y por tanto, sus cabezas hacen parte de la clase capitalista del país.
Son un sector que aprovecha la bonanza de los precios internacionales y el retroceso del Estado propiciado por el modelo económico neoliberal, para desarrollar sus empresas al margen de la ley.
Modelo que, adicionalmente, proporciona constantes y crecientes causes de personas en condiciones de pobreza, que no encuentran lugar en el mercado de trabajo, y que fácilmente son convertidas en carne de cañón de sus negocios, ya sea como pequeños traficantes o soldados de sus ejércitos particulares.
En conclusión, el negocio del crimen organizado brota por los poros de la economía nacional, saqueada por parte de las grandes empresas imperialistas, aprovechando cada espacio que el modelo económico y el estado neoliberal le proporciona a sus negocios.
La actitud de los patrones legales
Esta realidad es hasta cierto punto aceptada por la gran patronal. Sin mercado ‘paralelo’, informal o ilegal, enormes sectores de la población no tendrían cómo sostenerse económicamente. Esto incluye una porción que se dedica al crimen.
Sin embargo, sí existen ciertos límites que la patronal ve con preocupación. Por ejemplo, la gran patronal minera no puede permitir la “competencia desleal” que las bandas de mineros ilegales de oro le hacen, justo cuando la onza de oro se encuentra en los precios más altos de su historia.
Se sabe hoy que prácticamente la mitad del oro que se exporta desde el Perú en la actualidad, proviene de la minería ilegal. Dicho de otro modo, la patronal minera está perdiendo la mitad de los ingresos que tendría si explotara directamente los yacimientos andinos y bosques amazónicos en los que trabaja la minería ilegal.
Otro límite es el control político del país. Es decir, la imposición de su orden, leyes e intereses sobre la totalidad del territorio nacional. Con ese control compiten las bandas cuando violentamente se reparten el territorio, creando ejércitos particulares capaces de actuar e imponer su propia ley sobre la población.
Ese control, además de expropiar a la gran patronal parte de su poder, amenaza con acrecentar el malestar social, y con esto, genera el caldo de cultivo para un estallido imprevisible.
Sin embargo, aunque la gran patronal tiene conciencia sobre esto, se enfrenta a los límites que ella misma creó con la imposición del modelo neoliberal: 36 años de neoliberalismo ha construido un Estado precario, y como ya vimos, altamente corrupto… de ahí su incapacidad para enfrentar a la criminalidad organizada.
Entonces… ¿Mano dura?
La idea de que ante esta situación lo único que hace falta es poner mano dura parece demostrarse sola.
Más aún cuando se nos muestran modelos autoritarios como el del dictador Bukele en El Salvador, supuestamente exitosos en el tratamiento de las bandas criminales.
El pueblo trabajador y pobre pide mano dura, porque si tuviera en sus manos la posibilidad de enfrentar directamente al crimen organizado, impondría su orden sin dudarlo, y haría uso de las armas que fueran necesarias para reprimir y acabar con la acción de las bandas criminales.
Sin embargo, cuando se le entrega ese poder a un partido o a un representante de la burguesía, la historia demuestra una y otra vez que solo se consigue que esa mano dura se vuelva un arma de los patrones contra las organizaciones del movimiento obrero y popular, y contra su movilización.
Es lo que ha aprobado la experiencia reciente del estado de emergencia bajo el gobierno de Jerí: fracaso frente al crimen, pero efectivo para reprimir la lucha obrera y popular. Cabe recordar que entre 2002 y 2021, ya “en democracia”, la policía y las FF.AA. asesinaron a 162 personas reprimiendo acciones de protesta. Si les sumamos las 49 que mató el gobierno de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y el asesinato de Truko el 15 de noviembre pasado, los números desvelan la única guerra que libran las fuerzas represivas del país: una guerra contra el pueblo pobre y trabajador.
No debe llamarnos la atención que sea Fuerza Popular, organización que reivindica la dictadura represiva y corrupta de Alberto Fujimori, la que plantee que las mismas Fuerzas Armadas a las que han cubierto con un velo de impunidad, se conviertan en un actor central en la “seguridad interna” controlando fronteras, calles y cárceles.
Esto parece recordar la entrega de amplias regiones del país a los militares a partir de 1983, bajo el gobierno de Fernando Belaunde Terry, bajo el pretexto de la “lucha antisubversiva”. Hay que recordar que en ese contexto se produjeron gran parte de las más de 15,000 a 19,000 desapariciones forzadas registradas por la CVR.
Por su parte, Renovación Popular, y la menos conocida Libertad Popular de Belaunde Llosa, se enfocan en la idea de crear cárceles al estilo Bukele, tanto en medio de la selva amazónica como en las alturas de los Andes. Cárceles que se llenarán, tal como hace el dictador salvadoreño, con opositores/as y luchadores/as, papel ya cumplido anteriormente por El Frontón.
Lo cierto es que más temprano que tarde, esa “mano dura” solo puede abrir camino a la dictadura, como tantas veces ha sucedido en la historia, para garantizar el control de la gran patronal sobre el país, disciplinando a todos los sectores patronales y, sobre todo, reprimiendo al movimiento obrero y popular.
Organizar la movilización contra la inseguridad y tomar en nuestras manos la defensa de nuestros barrios
Los distintos paros de los trabajadores y trabajadoras del transporte, a los que en más de una ocasión se han sumado pequeños comerciantes, mercados, mototaxistas, sectores de la juventud popular y organizaciones de la clase obrera, señalan el único camino que tenemos los trabajadores del pueblo para hacer frente a la criminalidad: organización y movilización.
Es así porque, como ya hemos planteado, el estado patronal y corrupto es incapaz de enfrentar y acabar con ese flagelo por las distintas ramificaciones y conexiones que existen entre ambos.
En primer lugar, hay que movilizarse por echar abajo las “leyes pro crimen” que este congreso de impresentables aprobó en los últimos dos años. Normas que debilitaron el sistema de lucha contra el crimen organizado que tenía el Estado, respondieron a los intereses de los partidos corruptos para evitar ser investigados como organizaciones criminales.
Sin embargo, no podemos solo echar abajo esas leyes. Tenemos que extender la movilización y organización también debe extenderse a nuestros barrios y distritos. En ellos debemos conformar rondas o comités de autodefensa, confirmados por personas voluntarias, con los cuales defender nuestras calles, casas y espacios públicos.
Por último, debemos sumar a nuestras demandas la exigencia de castigo ejemplar a las autoridades corruptas que se relacionan con el crimen organizado: expropiación de sus bienes y cuentas bancarias y cárcel inmediata.
Medidas para acabar con la corrupción
Cómo hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, la corrupción del Estado es una pieza clave dentro del esquema criminal.
Como se ha puesto al descubierto, gracias al escándalo en torno a Odebrecht y la compra de presidentes, ministros, gobiernos regionales y alcaldías, en esta sociedad capitalista, con dinero bailan todos.
Por eso necesitamos romper con la concesión del poder de esta democracia patronal corrupta.
Clásicamente cuando el pueblo trabajador a tomado el poder en sus manos, tomó cuatro medidas clave para hacer frente a este flagelo:
- Todos los puestos del estado deben ser elegibles y revocables en cualquier momento. Nada de cheques en blanco por cinco años.
- Que las organizaciones obreras y populares elijan almas autoridades y las saquen si no cumplen bien con su encargo.
- Ningún funcionario/a debe ganar más que un obrero calificado. El servicio público no puede ser un negocio para quien asume un cargo, ni una carga para el pueblo, que sostiene al estado pagando sus impuestos.
- Que nadie en los ministerios, municipalidades, el Congreso, el poder judicial, etc. gane más que un obrero o un maestro/a de escuela.
- Para terminar con la mafia en el poder judicial, reemplazar a las actuales cortes y jueces por tribunales elegidos entre el pueblo para cada caso.
- Y por último, para romper con la corrupción policial, reemplazo de la policía Nacional por una organización centralizada de las rondas urbanas y campesinas conformadas democráticamente en los distintos distritos, provincias y regiones del país.
Trabajo estable y bien pagado para no morir
Es sabido que la criminalidad saca sus soldados de los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Es uno de los síntomas más despreciables de la pobreza a la que nos somete el sistema capitalista junto a la prostitución y la esclavitud, entre otros.
De ahí que otra tarea clave para romper el círculo de la criminalidad sea garantizar trabajo a la totalidad de la población.
Trabajo estable y con salarios iguales al costo de la canasta de consumo. Canasta que en estos tiempos incluye por fuerza el acceso a internet así como a computadoras y celulares.
Para esto es necesario repartir las horas de trabajo entre todas las personas que requerimos un empleo. Es decir bajar la jornada laboral a cuatro o incluso 3 horas diarias, sin disminuir los salarios, sino por el contrario, asegurando los ingresos que ya hemos mencionado.
Junto con esto se deben derogar todas las normas que contravienen el derecho esencial a la estabilidad laboral. Es decir eliminar la tercerización, las services, contratas, y los contratos modales.
Solo así romperemos con esa condición que obliga a los jóvenes más pobres a convertirse en pequeños traficantes o sicarios asalariados del crimen organizado.
