Por Víctor Montes
La declaración por parte del ministro de educación, Morgan Quero, con el apoyo de Ángela Hernández, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, de que la violación de más de 500 niños y niñas awajún de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, por parte de sus docentes, sería una “práctica cultural en la amazonía” vuelve a poner en la mesa incapacidad del gobierno y el Estado para poner fin a la violencia sexual en el país.
Dichas declaraciones han encendido la indignación en el pueblo awajún. La docente y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, reveló a RPP que existe un registro de 524 acusaciones formales contra docentes por abuso sexual a menores de la comunidad. Desde 2010 se denuncian estos actos ante la UGEL, pero solo 111 profesores fueron destituidos de sus cargos hasta el presente año, mientras que los otros acusados continúan en las aulas con menores. Misteriosamente, la UGEL afirmó haber sufrido un incendio en 2020, que provocó la pérdida de todos los expedientes y pruebas que correspondían a las denuncias.
Sin embargo, lo que más debe despertar indignación, además del silencio cómplice y aberrante de la FENATE y el SUTEP, es la normalización de la violencia sexual de parte de autoridades que deberían velar por la integridad física y psicológica de niños y niñas en las aulas y en todos los ámbitos de la vida. Peor aún cuando quien ejerce dicha violencia, es una maestra proveniente, en su mayoría, de otros pueblos y ciudades, y que justamente pretenden aprovechar esa mirada discriminadora y estereotipada de la sexualidad en los pueblos nativos, para violar impunemente.
El movimiento de mujeres denuncia que el Perú es un “país de violadores”. Y no cabe duda que la barbarie capitalista que vivimos perpetúa la violencia machista y nos degrada sistemáticamente. Pero que se justifique desde las máximas autoridades del país, con el silencio complicado de las dirigencias sindicales, es solo la prueba de que la única forma de poner fin a este flagelo es echando abajo justamente a esas autoridades y a toda la podrida democracia, que no puede terminar con la violencia machista, los abusos, desapariciones y violaciones, pero asesina a quienes enfrentan su podredumbre en las calles.
Una ‘democracia’ y un gobierno que resguarda a abusadores sexuales en las escuelas, más aún si estas se encuentran en el interior del país, y más, si son poblaciones nativas, esos “ciudadanos de segunda clase”, según el impune Alan García.
