En momentos que miles sufren y mueren por la pandemia del covid, estalla el escándalo de la vacunación clandestina de medio millar de funcionarios del Estado encabezados por Vizcarra y Mazzetti, mostrando que la corrupción de los gobernantes es ilimitada y no tienen cuando acabar. En tanto, nuestro martirio se convierte en una larga agonía y nos demanda luchar por una verdadera salida que salve nuestras vidas, entre las cuales la clave es conseguir la pronta adquisición de dosis suficientes de vacunas y su suministro gratuito a toda la población.
Días terribles son los que vivimos en esta segunda ola del covid. Desde que empezó a fines de diciembre, en pocas semanas superó todos los records de contagios y muertes de la primera ola, y desde hace mucho que no contamos con implementos básicos para atender la enfermedad, como camas UCI, y aún peor ni siquiera hay oxígeno medicinal, y tenemos que ver el drama diario de familiares, amigos y gente desesperada buscando este insumo esencial para atender a sus enfermos.
La segunda ola era inevitable. El MINSA había anunciado que vendría y mostró los escenarios donde –en el caso más benigno– preveía la situación que estamos viviendo. Sin embargo, nada hizo para contenerla. Al contrario –bajo Vizcarra y Sagasti– desmontó lo poco que había construido durante la brutal pandemia del año pasado, y encima aplicó un tijerazo sobre el 50% del presupuesto del sector (echaron al personal contratado, dejaron de adquirir equipos), dejándonos inermes ante el retorno agresivo del virus.
Pero más escandaloso es la parálisis e ineptitud del Gobierno de Sagasti para responder a las urgencias de la hora. No ha decretado un confinamiento estricto que es la única forma de parar la propagación de los contagios. No compra camas UCI ni contrata personal especializado. En fin, no pone en pie ningún plan de contención de la pandemia, y ahora levanta las restricciones que estableció en febrero porque no evitan la propagación y solo mata de hambre al pueblo pobre.
Lo peor es que no resuelve la dramática escasez de oxígeno medicinal por la que miles están muriendo. Para obtener oxígeno medicinal solo se debe intervenir y direccionar la actividad de un grupo de empresas con capacidad de producirlo, pero no se hace porque prioriza la actividad privada sobre la vida.
Antes que la vida, las ganancias
Este es el concepto que guía la política del gobierno y la que produce el actual genocidio. Sagasti inauguró su Gobierno con un gabinete cuyo ministro de Economía, Waldo Mendoza, tenía el mérito haber “demostrado” que no habría segunda ola, y que negaba su existencia incluso cuando era ya una realidad. Un negacionismo que no es casual porque es fabricado por los voceros empresariales por miserables intereses económicos, y que aun defienden cuando la pandemia desata toda su ferocidad. Ese mismo ministro hoy, en nombre del Gobierno, se ufana de que la economía apenas sufra un “bachecito” y no cuenta la montaña de muertos que tenemos que pagar por ello.
El campamento minero de Marcona es una muestra de los escenarios de tragedia que produce esta política oficial. Shougang no detuvo un solo minuto su producción, en tanto el contagio se expande en toda la población que desesperada enferma y muere por el covid, entre ellos muchos trabajadores mineros. Y el Gobierno y la empresa no hacen nada porque eso les está permitiendo ganancias, ahora favorecido por el alza de sus precios en el mundo.
Es falso que todos seamos afectados por igual. Los que tienen dinero pueden pagar 4 mil soles por un cilindro de oxígeno y conseguir una cama UCI en una clínica privada. Pero el 50% que han sido empujado por debajo del nivel de pobreza y en la que figuran los millones de despedidos y arruinados por la política económica, es condenado a enfermar y morir en su casa como sucede estos días, incluso a morir de hambre. Es el caso de Loreto. Luego de haber sufrido la peor embestida en la primera ola cuando la gente desbordaba los hospitales y muchos morían en las calles clamando por oxígeno, y cuando se dijo que por el efecto “rebaño” ya se había “inmunizado” al 70% de la población, estos días vuelve a sufrir la misma pesadilla por la letalidad del virus.
La segunda ola en Europa fue controlada en pocas semanas con cuarentenas rígidas, y desde principios de febrero con el inicio de la vacunación ya vuelve a la normalidad. En cambio en Perú el Gobierno resolvió no hacer nada, y lo peor, sin vacuna, oxígeno ni ayuda económica. Por eso vivimos una catástrofe.
Vacunas VIP
Es por esta situación que el escándalo de las vacunas VIP cayó como una bomba desatando enorme indignación, sobre todo en los que más sufren.
Vizcarra y cerca de medio millar de su entorno inmediato tuvieron el privilegio de inmunizarse a escondidas gracias mientras morían médicos, enfermeras y personal de la primera línea. En el affaire figuran exministros y funcionarios que han seguido en el Gobierno de Sagasti, empresarios, familiares y hasta el representante del Papa en el país. Figura la que se supone era la heroína de una inexistente lucha contra la pandemia, la ministra de salud Pilar Mazzetti, que hoy se muestra mentirosa.
Nadie puede dudar hoy de que estamos como estamos debido a una política centrada en privilegiar los grandes negocios sobre la salud de la población, agravada por ineptitud y corrupción.
Sagasti ha intentado desmarcarse del escándalo apartando a los implicados y abriendo una investigación. Pero este acto es como el de las vacunas: más show que realidad. Él no puede mostrar toda la verdad y colocar en la cárcel a los culpables porque se caería su propio Gobierno y el mismo régimen. Lo mismo sucede con el Congreso, que solo apunta a castigar a Vizcarra, Mazzetti y algunos más, en un juego dirigido a obtener réditos políticos y electorales.
Ninguno de ellos va a investigar ni castigar hasta el final a los responsables del “vacunagate” como no lo han hecho en seis años desde que estalló el caso Odebrecht.
Estado podrido
El tema de las vacunas VIP es un caso más de corrupción capitalista y de sus agentes colocados en el Estado y Gobierno. Sicopharm entregó un paquete de dosis con una mascarada de “investigación” para que los miembros del Gobierno protegieran sus vidas a cambio de beneficiarla en la compra de sus vacunas. Por esa razón Vizcarra ni Sagasti compraron las vacunas a tiempo y hasta se dieron el lujo de rechazar otras ofertas de Pfizer y Sputnik. Por eso mismo el contrato con Sicopharm es secreto. Es así que el Perú es uno de los últimos que empezó a recibir vacunas y a aplicarlas, mientras países vecinos –como Chile– avanzan rápido en la inmunización de su población.
El héroe de ayer Vizcarra es un “lagarto”, sí. La Mazzetti es la hipocresía en persona, sí. Todos los inmunizados VIP son “inmorales”, sí. En plena y terrible pandemia se ha producido más de mil casos de corrupción. Todo esto ocurre porque el Estado está podrido.
El Estado es de la clase capitalista que la usa para proteger sus negocios y enriquecerse más. Con el modelo neoliberal desmantelaron y fragilizaron más al Estado para empoderar y permitir más corrupción a los capitalistas. Por eso los mayores corruptos y corruptores son los grandes grupos empresariales. Por ello los gobiernos serviles de los últimos veinte años también robaron, incluido los autoproclamados de “izquierda”.
Por eso mismo todos los que nos ofrecen “limpiar” al Estado nos venden humo porque no hay forma de arreglar lo que está podrido. La única salida es enterrar ese Estado y a la clase capitalista y reemplazarlo por uno nuevo, un Estado de los trabajadores.
Vacunas, ya
Solo ante el estallido de la indignación nacional el gobierno apura la compra de vacunas, aunque esta ahora no se presenta fácil por las condiciones leoninas de los monopolios y el acaparamiento de los países ricos. Lo que debemos demandar ahora es la pronta adquisición de suficientes dosis, y la publicación y fiscalización de los contratos. Debemos exigir también la liberación de las patentes (y que se financie la investigación y producción nacional de vacunas), oxígeno y otros equipamientos médicos, para no depender de los monopolios.
Ahora la CONFIEP quiere meter mano en las vacunas. Ella, que solo tiene ojos para sus ganancias, tiene la mayor responsabilidad en la crisis. Pero se lavan las manos y le atribuyen toda la responsabilidad al Gobierno y el Estado. Lo hacen mientras tratan de mostrarse generosos regalando oxígeno, mientras con la actividad empresarial promueven los contagios y muertes. Ahora ofrecen traer la vacuna. Pero la verdad es que están desesperados por inmunizar ya a todos los que le garantizan la producción de sus ganancias, al mismo tiempo que pretenden abrir las puertas de otro suculento negocio con la vacunación privada.
Es cierto que, además de la compra, hay un grave problema con la organización de la vacunación. El gobierno ofrece vacunar entre 10 y 11 millones hasta julio e inmunizar al 70% hacia fines de año. Pero está vacunando a un promedio de 15 mil diarios, lo que significa que la inmunización de toda la población se terminará en diez años, y eso que se necesitan dos dosis y que es una inmunización que deberá renovarse al menos cada año. Así es imposible que la haga.
La ineptitud del Gobierno no puede llevarlo a renunciar a su responsabilidad entregando dicha labor al negocio de privados. En su debilidad, Sagasti suelta su tarea. Lo que debe hacer es convocar a todos los recursos humanos y a disponer de todos los recursos de los privados para resolverlo, y en ella la clase trabajadora debe comprometer sus activos para poner manos a la obra. No aceptemos seguir muriendo por la corrupción e incapacidad de la élite gobernante. ¡Basta de genocidio!
Y hay que actuar para poner en pie a la clase trabajadora y a las organizaciones populares para luchar ahora por un programa de solución a los inmensos déficits del sistema sanitario y por las demandas sociales. Nuestras vidas importan, más que las ganancias capitalistas.
