Las agencias meteorológicas internacionales advirtieron hace meses sobre el fenómeno de El Niño global y El Niño costero. Alertaron acerca de la sequía, el aumento de la temperatura y los fuertes vientos; factores que hoy facilitan la rápida propagación de los incendios.
En lo que va del 2026, según el Midagri, se registraron más de 380 incendios con un saldo de 12 fallecidos, hectáreas incalculables devastadas en sierra y selva, flora y fauna ardiendo, ganaderos altoandinos en la ruina, viviendas y colegios devorados o amenazados por el fuego, una sensación térmica que alcanza los 30 grados Celsius y glaciares que aceleran su derretimiento; es decir, comunidades enteras en peligro por las llamas. Las regiones que registran más siniestros son Apurímac, Puno, Ayacucho, Junín, Cusco y Huancavelica.
¿El Estado al servicio de quién?
El Ejecutivo está empeñado en que le otorguen facultades legislativas para aplicar un paquetazo antilaboral y antiambiental. Mientras tanto, Keiko anda distraída haciendo videos en TikTok o defendiendo a su ministro del Interior. En medio de esta situación, los incendios no solo se expanden, sino que también están arruinando los campos de cultivo de los pequeños agricultores y los medios de vida de los ganaderos; en otras palabras, están destruyendo la fuente de subsistencia de estas pequeñas economías rurales e incrementando el riesgo de desabastecimiento de alimentos en las ciudades.
Sin embargo, más voraz que el fuego es el nivel de descoordinación, la ausencia de políticas para contrarrestar los siniestros y la falta de prevención. Las autoridades nacionales y regionales tienen serios problemas de articulación institucional y gestión para responder a la emergencia. Es decir, no hay vigilancia ni capacidad de respuesta ante cualquier desastre natural.
Keiko Fujimori estuvo en Cusco días después de iniciada la propagación del fuego para inspeccionar los incendios en el sector del Valle Sagrado de los Incas. Llevó aeronaves para extinguir las llamas porque allí se ubica una ruta turística y, sobre todo, porque es donde operan los empresarios y capitalistas hoteleros con instalaciones de lujo, como la cadena internacional Belmond o Casa Andina. Mientras tanto, los campesinos y pobladores de las provincias de La Convención (Quillabamba), Anta, Canchis, Chumbivilcas, Acomayo, Calca y demás regiones batallan por apagar el fuego sin ningún apoyo estatal. Les prometen que llegarán helicópteros y equipos especializados, pero no aparecen; y si lo hacen, llegan sin agua o solo para la foto. Se evidencia una indiferencia total del gobierno de Fujimori, que para colmo brinda declaraciones indolentes como «tengan mucho cuidado», sin ofrecer nada en concreto para combatir la emergencia.
¿Quién es el responsable?
El Gobierno y la prensa corporativa no quieren ver el trasfondo de esta catástrofe socioambiental; buscan castigar únicamente al «responsable» individual que inicia el fuego. Tampoco quieren reconocer que estos desastres son el resultado de la ausencia de políticas de prevención, la falta de equipos especializados, la carencia de incentivos y presupuesto para nutrir las filas de los bomberos, y la escasez de aviones y helicópteros para el combate de siniestros. A esto se suma el abandono a la pequeña agricultura y ganadería —que año tras año sufren no solo los incendios, sino también el friaje y las lluvias intensas—, así como la precariedad en servicios básicos como salud, educación y saneamiento. Entonces, ¿quién es el responsable de esta tragedia: el individuo o la administración del Estado?
El modelo económico neoliberal empuja al agricultor, ante la falta de fertilizantes baratos y acompañamiento técnico, a despejar sus parcelas quemándolas para poder cultivar dos o más veces al año y así obtener un ingreso de subsistencia. Estos productores no reciben subvenciones ni financiamiento estatal como sí lo hacen las agroexportadoras, pues el sistema está diseñado para beneficiar a los más ricos y priorizar las ganancias del gran capital. Por ello, sostenemos que los incendios son consecuencia directa y responsabilidad de los operadores políticos que aplican este modelo económico, ya sean de derecha o de izquierda.
¿Entonces, cuál es el camino?
Ante la desidia e indiferencia del gobierno de Fujimori para atender estos desastres que amenazan nuestra subsistencia e ingresos económicos, es menester retomar nuestra organización. Las rondas campesinas, las juntas de regantes, los frentes de defensa y la población en general deben coordinar asambleas y tomar acciones, no solo para ayudar a controlar estos siniestros, sino también para exigir acción inmediata con equipamiento de emergencia para atender los incendios, impuestos a las grandes mineras y petroleras para incrementar el presupuesto para prevención ante fenómenos recurrentes en nuestro territorio, como el friaje y los incendios forestales, y que dicho presupuesto esté bajo control de las organizaciones campesinas y de trabajadores, para asegurar el correcto uso.
Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras sabemos bien que, así como arrancamos la reforma agraria tomando las tierras, solo garantizaremos plenamente la prevención y la acción frente a estos fenómenos de la naturaleza, tomando los destinos del país en nuestras manos. Esto es, tomando el poder para construir una economía razonable con la naturaleza y que prevenga los desastres.
