Por Víctor Montes
105 homicidios se han registrado hasta el 20 de agosto, es decir, en los primeros 23 días de gobierno de Keiko Fujimori. La cifra muestra que nada ha cambiado con la llegada del fujimorismo al gobierno.
Y no podía ser de otra forma, pues las causas estructurales del incremento del crimen organizado (la desigualdad y la pobreza, la falta de trabajo y salarios que cubran las necesidades de la población, la informalidad extrema, la corrupción y mercantilización de todas las relaciones sociales) no han sido ni van a ser tocadas por un gobierno que tiene por tarea principal profundizar esos mismos rasgos por medio de la aplicación del modelo económico neoliberal.
Keiko Fujimori y Luis Galarreta, su primer ministro, han ofrecido que las Fuerzas Armadas “se involucren” en la labor de seguridad. Sin embargo, la experiencia de los “estados de emergencia”, en los que las FF.AA. fueron llamadas a participar del cuidado de la seguridad interna, prueban que no es una solución al problema.
Nadie duda que, por momentos, la presencia de la tropa en las calles puede generar sensación de seguridad. Sin embargo, los datos hablan solos. Solo en 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se promulgaron 71 resoluciones de este tipo, la mayor cantidad en lo que va del siglo. Pese a eso, la inseguridad no menguó. En el mismo año se registraron cerca de 2 mil casos de homicidios dolosos a nivel nacional, según los reportes oficiales y de registros de muertes violentas, solo para marcar un nuevo récord en 2025 con 2218 homicidios… y ninguno de los soldados apostados en paraderos o esquinas ha hecho la diferencia.
Una política de impunidad y represión
En su lugar, y bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, lo que prepara el gobierno, es un endurecimiento de las condiciones de impunidad y la represión en el país.
El plan, que comenzó a aplicarse con las leyes que declararon “inimputables” por delitos de lesa humanidad a los militares y policías violadores de los derechos humanos durante 1980 y 2000, y que continuó trasladando la investigación, juicio y supuesto castigo de los crímenes que cometen policías y efectivos de las FF.AA. al fuero militar, es decir, para que se “juzguen” entre ellos mismos.
Y ahora pretende dar un salto implementando nuevos sistemas de detección de identidad por medio del uso de un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que, aunque no lo digan, no se limitará a identificar y perseguir delincuentes, sino también dirigentes y activistas obreros y populares que resulten molestos al gobierno.
¿Cómo podemos cambiar esta realidad?
Por eso, ante la ola criminal, el pueblo trabajador solo puede confiar en sí mismo.
Frente a una policía corrupta e ineficiente, que solo sabe “crecerse” cuando enfrenta a quienes luchan, los trabajadores y el pueblo debemos oponer la conformación de rondas urbanas que tomen en sus manos la seguridad de nuestros barrios y centros de trabajo, tomando para sí los recursos que eran de la policía, incluidas sus armas.
Dicha organización, deberá responder únicamente a las asambleas territoriales a las que se deben, donde todos los miembros de la ronda, hombres y mujeres, podrán ser elegidos y revocados en cualquier momento por la misma asamblea de la comunidad, que juzgará si lo actuado por los miembros de la ronda, ha sido correcto.
Será así, y no fortalecimiento a instituciones incapaces y corruptas, cómo la policía, que avanzaremos en el enfrentamiento a la criminalidad. Y habrá que arrancar con nuestra movilización contra el plan del gobierno, y por un plan de seguridad obrero y popular, el derecho a ejecutar esta tarea.
