En cada centro laboral, los trabajadores asistimos a una ráfaga de ataques contra nuestro derecho al trabajo y condiciones laborales que golpean a nuestras organizaciones, en consonancia con el gobierno Boluarte-Congreso que garantiza la continuidad del modelo económico que beneficia a la burguesía.
Los ataques patronales no son nuevos y ahora se intensifican. Su objetivo es maximizar la mano de obra y recuperar rápidamente sus tasas de ganancias afectadas por la caída económica del último periodo, lo que significa explotarnos más.
En el sector obrero, 200 trabajadores del grupo AJE propiedad de los Añaños, fueron sometidos al nefasto y traumático Cese Colectivo por tercera vez; y aunque un heroico grupo de trabajadores ha decidido hacerle frente y cuentan ya con una resolución ministerial que desaprueba la abusiva medida, no se ha podido evitar que algunos se vean obligados a vender su puesto de trabajo para poder sobrevivir.
La emblemática fabrica BSH electrodomésticos decidió cerrar sus operaciones y acabar con el empleo formal de más de 300 trabajadores y sus familias. Su cierre se suma a otras empresas que bajo la misma práctica liquidaron puestos de centenares de trabajadores, sin que la central diga o haga algo (Cogorno, Panasonic, Miyasato, Eximport, etc.)
En otras fábricas como Celima, Molitalia y Cifarma se generaliza la “invitación al retiro”, que no es más que una forma de despido selectivo de trabajadores que se realiza bajo amenazas y aprovechando la pasividad de los sindicatos, que así se acostumbran y normalizan esta práctica que constituye una vulneración del derecho al trabajo.
De esta forma el plan patronal avanza y se prepara para arrancar un nuevo ciclo de explotación con nuevas reglas y con nueva mano de obra, más joven, barata y con menos derechos de los ganados.
Los problemas se agravan en tanto Boluarte y el Congreso, convertidos en mafias de corrupción, garantizan su impunidad y continuidad al servicio de los intereses del gran empresariado. Así por ejemplo, aprobaron la reciente ley forestal que permite arrasar los bosques de la amazonia en favor del lucro de un puñado de empresarios, debilitando el ecosistema y los derechos de los pueblos indígenas. De igual forma se impulsan la reforma del sistema pensionario y se amenazan subir la edad de jubilación a 75 años, solo para profundizar más la precariedad laboral.
En medio de todo esto los trabajadores y el pueblo lidiamos el alza del costo de vida con un estancado y miserable sueldo mínimo insostenible para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias. Ni que hablar de la salud pública que hace agua frente al virus del Dengue y de la educación pública en decadencia.
De toda esta situación surge la necesidad impostergable de organizar y unificar a los trabajadores y el pueblo para implementar una lucha en la perspectiva de imponer nuestra agenda y revertir todos estos ataques.
Esta es tarea es responsabilidad de las centrales sindicales y federaciones que estamos en la necesidad de poner en discusión en nuestras bases y asambleas.
