40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… y amenaza extenderse más a pedido de la CONFIEP
El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista.
Aunque es un problema que viene de atrás, los ceses colectivos en curso han encendido la alerta roja entre los trabajadores que, con preocupación, se preguntan si son casos aislados o son una amenaza real que está creciendo. Veamos.
Primera cuestión: ¿deben existir los ceses colectivos?
Empecemos por el principio. El primer problema que tenemos es la existencia de un marco legal (DS 003-97-TR o Texto Único Ordenado del DL 728) que facultan los ceses colectivos sustentados en las siguientes razones: a) causa fortuitas o de fuerza mayor (un terremoto, un incendio), b) motivos económicos, estructurales o cambios tecnológicos, c) quiebra de la empresa y d) reestructuración patrimonial.
Aquí se plantea un primer y grave problema: si, como dice el derecho universal y la propia Constitución vigente, el trabajo es un “derecho” y es “base del bienestar social y un medio de realización de la persona” (Art. 22), los ceses colectivos no deberían existir, o deberían prohibirse. Sin embargo existen. Dichos principios, sobre el derecho al trabajo, en realidad son letra muerta porque la ley misma los vulnera. En los ceses, los propios trabajadores son obligados a “negociar” los despidos, basados en el falso entendido de que deben garantizar la “rentabilidad” de la empresa. Cuando hay ganancias a los trabajadores nos mezquinan hasta las utilidades pero, cuando hay pérdidas, tenemos que pagar el costo, pese al enorme patrimonio que acumularon las empresas gracias a nuestro trabajo de años.
Del mismo modo debemos preguntarnos: ¿Por qué en lugar de cerrar plantas o secciones, o producir cambios tecnológicos desapareciendo puestos de trabajo, no se reduce la jornada laboral para dividirla entre todas las manos disponibles sin rebaja de salarios? ¿Por qué aceptar los cierres, como en el caso de las dos inmensas plantas de Cogorno, en las que se produce un alimento indispensable como fideos, en un país con 20% de pobreza extrema? En Argentina, producto de la crisis del año 2001 se cerraron más de cien empresas, pero los trabajadores las ocuparon para mantener sus empleos y producir bienes para la población, y el Estado tuvo que reconocerlos.
Los empresarios y autoridades jamás piensan en estas posibilidades porque, como decimos al inicio, su mentalidad es capitalista: lo que no le produce ganancia no sirve. Pero los trabajadores sí debemos plantearnos esas posibilidades, porque es la única forma de defender realmente el trabajo y el bienestar de nuestro propio pueblo.
Nada de lo dicho suena exagerado si lo vemos a la luz de lo que ocurre con la economía. Luego de un período de bonanza del 2004 al 2013 entramos a un período de estancamiento en la economía, cuyo crecimiento ronda el 3%. Este año estamos peor: en abril creció 0%, en mayo 0.63%. Además, dependemos de la economía mundial, que para muchos especialistas va hacia una nueva y grave crisis. Entonces, si hubiera una grave crisis, ya sabemos que cerrarán las fábricas y nos echarán masivamente a la calle, y para eso hay que estar preparados. Los empresarios ya se están preparando. María Isabel León, presidenta de la Confiep, visitó Palacio para solicitar que se flexibilicen más los ceses colectivos, y lo sustentó así: “Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva….”.
Los ceses en el actual momento
Desde el 2014, cuando se inició el llamado “enfriamiento de la economía”, todos vemos cómo las empresas, al ver reducir sus expectativas de obtener más ganancias, por el crecimiento de sus volúmenes de ventas, se enfocan en aumentar la rentabilidad reduciendo sus costos de producción. Y si las máquinas y materias primas mantienen sus precios, solo pueden reducir costos reduciendo el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Hay dos formas de reducir los salarios: reemplazando los obreros más “costosos” por otros más baratos; esto intentan las empresas ahora despidiendo estables y tomando contratados o tercerizando. La otra es intensificando la producción, cambiando los horarios, los lugares de trabajo, colocando cámaras, etc. Así buscan que lo que antes producían dos obreros ahora lo haga uno, con lo que la patronal se “ahorra” muchos salarios.
A esta finalidad también responden las medidas antilaborales que dicta el gobierno: el derecho de huelga es recortado con el decreto que autoriza a las empresas a declarar todo puesto de trabajo como “indispensable”; las vacaciones son pulverizadas; las inspecciones de trabajo se relajan… Y, como plato de fondo, plantean suprimir la estabilidad anulando la reposición ante el despido arbitrario (DS 345). Sin embargo, lo que en esencia buscan los empresarios es tener las manos libres para hacer lo que quieren en su interior. El obstáculo de esa libertad son los sindicatos combativos y los dirigentes que pelean y se defienden, en las calles y en los tribunales. Por eso los empresarios han encontrado en el marco legal de los ceses colectivos la herramienta perfecta para arrasar con los sindicatos y sus dirigentes. Esto es lo que viene ocurriendo.
De acuerdo con la información reunida por el dirigente Ronny Mendoza, en los últimos cuatro años se han presentado ceses colectivos en 25 empresas y se ha afectado a más de 3000 trabajadores, en su mayoría de pequeñas empresas. Todos los casos presentados a la fecha se sustentan en el punto b) de motivos económicos y estructurales, que es una definición tan genérica y laxa que sirve al propósito de las empresas para “justificar” los ceses y atacar a los sindicatos y sus dirigentes. Por ello en Hialpesa, que tiene 2300 trabajadores, la mayoría son contratados, el cese afecta casi solo a los sindicalizados y dirigentes. En Cogorno también: cesan a los sindicalizados y dirigentes, mientras en las otras plantas de la empresa se duplican y triplican funciones entre los trabajadores porque “falta de mano de obra”.
La “suspensión perfecta de labores”
Por esta razón, porque son fraudulentas, la mayoría de las solicitudes de ceses vienen siendo rechazadas total o parcialmente. ¿Por qué entonces las presentan? Como en todos los casos de atropello laboral, la empresa siempre ejerce el abuso y busca consumarlo con su poder y con la complicidad del Ministerio de Trabajo y, muchas veces, ganan por la debilidad de los trabajadores. Para hacer los juicios el trabajador debe vivir sin salario por mucho tiempo y dedicar energías y recursos para el proceso. Lo mismo ocurre en los ceses colectivos donde, además, deben soportar una presión brutal dirigida a quebrar la resistencia. En Cogorno, luego de haber fracasado el primer intento de cese, la empresa presentó una segunda solicitud involucrando a más trabajadores, y amenaza con presentar una tercera. Por ello, son pocos los que resisten y llegan al final del proceso.
A esta finalidad responde el tema de la “suspensión perfecta de labores”. Toda empresa, al mismo tiempo que solicita y tramita un cese colectivo, declara una “suspensión perfecta de labores”. Con esta “suspensión” el trabajador queda en el “aire”, no trabaja ni es “despedido”, por lo que no cobra ni salario ni puede buscar otro trabajo porque su situación es indefinida hasta que concluya el proceso.
Por este motivo, con independencia de anular el mismo concepto de cese colectivo, la FNTTP ha planteado una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para que se suprima de la norma la parte que permite la “suspensión perfecta de labores”, de tal manera que el cese solo proceda desde el momento que resuelva la autoridad, no antes. Del mismo modo, se plantea también la derogatoria del DS 013-2014-TR, porque hace laxa la definición de causal económica.
Dos reivindicaciones precisas que desde ahora están inscritas en las banderas de la clase obrera, y que deben enriquecerse con otras propuestas para defender el trabajo, como la reducción de la jornada laboral para no reducir personal, y, ante los cierres de empresas, que las administre el Estado y controlen los trabajadores. La crisis la deben pagar los que la generan: los mismos capitalistas.
El más grande escándalo de corrupción en América Latina viene provocando diversas crisis políticas en los países donde se han desarrollado los hechos. Vacancias presidenciales, ex presidentes presos, suicido, y grandes ejecutivos delatando a una cantidad mayor de involucrados. Mucho se habla de los corruptos, aquellos que recibieron las coimas, que robaron y dejaron que saquearan el país, pero muy poco se habla de los corruptores, de los empresarios. A ellos se les atribuye grandes cualidades, como el talento, la innovación, el optimismo, el liderazgo, etc; virtudes que, según ellos, permitirían “salir de la pobreza”. Ésta ideología del emprendedor nos oculta las verdaderas razones su éxito, y es que sin explotar a los trabajadores y sin corromper al Estado no podrían construir sus imperios.
La principal empresa en
el ámbito de la ingeniera, construcción, infraestructura y energía en América
Latina, con operaciones en más de 14 países[2].Fundada
por el ingeniero Norberto Odebrecht en 1944 en Bahía, esta constructora siempre
mantuvo una relación íntima con el poder.
¿Y
cómo lo hace, cuál es el negocio?
Es verdad, que en
términos de productividad, ésta organización posee grandes cualidades pero no
eran sólo estas fortalezas la que los hacia distinguirse de otras, entonces ¿dónde
radicaba el éxito de Odebrecht? Según las declaraciones de Marcelo, las
relaciones entre un personal de la empresa y un funcionario público se basan en
un trípode: una pata es la capacidad de
la empresa para entregar lo que el gobernador o el presidente quiere (obras),
otra pata es la relación personal que se construye, la confianza; y por último,
el dinero, para atender intereses políticos o
personales (financiar campañas)[3].
Este dinero, provenía de lo que se conoce como Departamento de Operaciones Estructuradas (caja 2). Emilio Odebrecht, declaró: “Eso [la Caja 2] fue el modelo reinante en el país, no es algo reciente; solo a partir del 2014 o 2015 hubo impedimento, existió siempre, desde la época de mi padre, en mi tiempo y también con Marcelo”. El uso de ese dinero era para fines ilícitos al igual que su origen.[4] Por supuesto todo estaba debidamente registrado en el software para administrar la contabilidad paralela, My Web Day[5], y en el sistema de comunicación Drousys.[6]
2. En Dictadura
En la dictadura militar (1964-1985), Odebrecht se nacionaliza con ayuda del gobierno. Un decreto de 1969 del dictador Costa e Silva (1967-1969), prohíbe la contratación de empresas extranjeras, garantizando un creciente mercado a las empresas nacionales. Geisel asume la presidencia de Petrobras, durante el gobierno de Medici (1969-1974), Él pasa a contratar sistemáticamente a Odebrecht; cuando Geisel asume la presidencia del país (1974-1979), la empresa da un salto. Según el historiador Pedro Campos[7], en 1971, la empresa salta del 19º lugar para ser la 2ª mayor constructora del país; siendo la que más creció en ese periodo. No es casual, que el primer proyecto de Odebrecht afuera del Nordeste ocurra en aquellos años: la construcción de la sede de Petrobras en Rio. Durante la década de 1970, Odebrecht asumió obras importantes, como el Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro, el campus de la Universidad de Guanabara (actual UERJ) y la Planta Termonuclear de Angra dos Reis.
3. En “Democracia”
El libro de Norberto
Odebrecht al inicio de los años 80’, expone la “tecnología empresarial” del
grupo, resume muy bien la filosofía de la constructora: “Sobrevivir, Crecer y
Perpetuar”. Y eso significaba también adaptarse a los nuevos tiempos.
Justamente por eso, con la redemocratización, la actuación de la empresa se
enfoca en los parlamentarios y los
partidos. Con el escándalo de los “enanos del presupuesto” (1993) se revela
el desvió de dinero a través de enmiendas parlamentarias. El plan no difería
mucho del actual: el diputado presentaba una enmienda para determinada obra de
Odebrecht y recibía después un porcentaje a cambio.
En su reciente libro, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) derrama elogios a Emilio Odebrecht, sucesor de Norberto. En su declaración, Emilio cuenta el pago desde la caja 2 para las campañas a la presidencia de Cardoso en 1993 y 1997. Además, el instituto FHC habría recibido casi 1 millón de reales entre 2011 y 2012.
4. Lula – burocracia del PT y CUT, en alianza con los empresarios
La reveladora denuncia
del ex-presidente del grupo, Emilio Odebrecht, sorprendió por la forma con la
que el empresario narra su cercanía con Lula desde finales de los 70’. Mario Covas
fue quien le presento a Lula, quien era líder sindical por ese entonces. Y el
general Golbery do Couto e Silva le alerto de que Lula nada tenía de izquierda.
Emilio le cuestionó a Lula sobre la posibilidad de estatizar Petrobras. “Usted
me conoce, no soy de estatizar”, habría respondido Lula. La preocupación de
Emilio era justificada. Braskem, brazo petroquímico del grupo, ganaba cada vez
más importancia, siendo considerada como la “joya de la corona” de Odebrecht.
La relación entre la constructora y Lula habrían sido bastante cercanas, al
punto que Odebrecht habría sido, según palabras de Emilio, uno de los artífices
de la famosa “Carta al Pueblo Brasileño” en la campaña de Lula a la presidencia
en el 2002.
Bajo su gobierno, el PT
no escatimo esfuerzos para demostrar su gratitud a la constructora.
Reproduciendo un modus operandi de la dictadura, de promover grandes obras a fin de beneficiar a grupos e intereses
privados, el gobierno de Lula colocó a Petrobras y a BNDES a disposición de
Odebrecht. Entre 2007 y 2012, la mayor parte de los recursos del banco para
inversiones internacionales fue para la caja fuerte de la constructora: 8 mil
200 millones de reales de un total de 12 mil millones. Los contratos del grupo
con Petrobras hacían un total de 33 mil millones de reales en 2015.
Odebrecht era una cosa
antes del gobierno de Lula, y otra después. De una facturación de 17 mil 300
millones en 2003, el grupo vio multiplicar sus ganancias por 6 en el 2014, con
107 mil 700 millones. ¿Es justo llamar a un gobierno como el de Lula de
“izquierda” o “revolucionario”, y más aún exigir su libertad? Claro que no,
Lula al igual que sus antecesores gobernó en alianza y en beneficio de los grandes
sectores empresariales, sólo que éste representaba las esperanzas de los
trabajadores para cambiar finalmente sus destinos, pero los traicionó.[8]
5. Coimas para evitar conflictos y para formar milicias
Henrique Valadares ex
presidente de Odebrecht – y colaborador eficaz, declaró que se entregó dinero
para que las obras en la Central Hidroeléctrica de Santo Antonio no fueran
interrumpidas por trabajadores y vecinos de la Tribu. Afirmó que entregaban 5
mil reales por mes a Antenor Karitario, entre otros pagos que realizaban.
También mencionó que el pago a dirigentes sindicales era para la CUT local,
quienes cobraban mensualmente 5 mil reales para no apoyar huelgas y actos de
violencia. Los pagos se le hacían a Raimundo Enelcio Pereira, Altair Donizete
de Oliveira y Ademilton Santos Borges, entre otros.[9]
Por otro lado el propio Marcelo Odebrecht, declaró “No actúas en países con grupos guerrilleros o en favelas de Río de Janeiro sin pagar milicias, sin pagar (a grupos armados)”[10]. También pagó por rescate de trabajadores a secuestradores en Perú y Colombia.
II. Odebrecht en el Perú
Ha participado en más
de 60 obras en el país (infraestructura vial, energía saneamiento, irrigación,
etc).
El
costo de los sobornos
Éste conglomerado
empresarial que durante el periodo del 2005 al 2014 sobornó con $ 29 millones
de dólares a autoridades peruanas, según el informe de la justicia
Norteamericana, por cada dólar “invertido” en sobornos ganaban 5 a cambio.[11]
Sin embargo a partir de las delaciones de los últimos años podríamos actualizar
la cifra a casi $ 70 millones de dólares en sobornos.[12] Las
modalidades de pago que ha reconocido la constructora son por coimas y
financiamiento de campañas electorales.
A cambio de ello
Odebrecht obtuvo, en 15 años de gobiernos “democráticos”, por contratos S/. 5 mil 537 millones[13], por sobrecostos S/. 4 mil 693 (adendas en los
contratos)[14], y por arbitrajes S/. 254 millones (demandas
al Estado peruano)[15]. También firmó contratos de concesión por
S/. 29 mil 657 millones, aquí entra a tallar los famosos peajes y concesiones
por más de 30 años.
En el 2017 la corrupción le costó al país casi el 10 % del PBI[16], es decir 14 mil 247 millones de soles. Ese dinero representa 170 veces el presupuesto para el Cuerpo General de Bomberos en el 2019[17], es casi 3 veces el presupuesto para infraestructura educativa en el 2019[18], equivale a la construcción 40 Hospitales nivel III (Alta complejidad) como el de Essalud en Alto Puno[19] y vale 32 veces el presupuesto para luchar contra la violencia a la mujer en el 2019.[20]
La historia de la
constructora en el país se remonta a 1979, durante el gobierno del general
Morales Bermudez con la construcción de la Central Hidroeléctrica Charcani V en
Arequipa (1979-1988). Luego, entre 1988 y 1997, lideró el proyecto de
Irrigación Chavimochic (Etapa I y II) en La libertad, la obra se desarrolló
durante la gestión del primer gobierno de García y la dictadura
Fujimontesinista.
Es precisamente durante
el gobierno de la dictadura donde se desarrollan la mayor cantidad de contratos
entre el Estado peruano y la constructora. Las más importantes que se
realizaron fueron las Centrales Hidroeléctricas San Gabán II en Puno (1996
-1999) y la del Cañón del Pato en Áncash (1998-1999). Los sobrecostos de los contratos
durante la dictadura ascienden a S/. 516 millones[22]. Por el
momento todo este periodo no está en investigación del equipo Lava Jato.
Durante el gobierno de
Toledo se realizó la Rehabilitación de Sistemas de Agua y Desagüe en el Callao
(2001-2004) e IIRSA Sur: Construcción de 656 km de la carretera Interoceánica
Sur (2005-2010). Con el 2do gobierno de García la Linea 1 del Metro de Lima
(Tramo I y II) (2009-2014). Y finalmente, con Humala durante el 2014 se acuerda
la III Etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano.
3.
El “Club de la Construcción”
Las delaciones de los
representantes de Odebrecht en el Perú, así como la colaboración eficaz de
Rodolfo Prialé y Carlos García brindan un sustento de la existencia de un
“cártel económico”, integrado por más de 18 constructoras nacionales (GyM,
Cosapi, JJC, ICCGSA, etc) y extranjeras (Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, etc)[23].
Su existencia, según Barata, es desde el 2001 y según Raymundo Trindade Serra
desde 1996. Los tres componentes de este Club eran: los representantes de las
empresas, el lobbista Prialé (nexo entre las empresas y el ministerio) y
finalmente representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
incluyendo al ministro. [24]
Éste cártel
monopolizaba los proyectos que el MTC licitaba. Las empresas elegían su turno
por cada obra licitada, sabían de antemano cuantas habría en el año, y al
momento del concurso todas presentaban como propuestas un monto muy superior al
ofertado por el MTC, pero al que le tocaba el turno proponía un presupuesto más
económico, de esta forma aparentaban transparencia en el proceso y no
levantaban sospechas.
Tenían un acuerdo de exclusividad. Las empresas del Club coimeaban con montos 3% del valor total de la obra en licitación, a cambio de que se le otorgue la buena pro de la obra con un monto mayor (7% – 9%) al valor referencial. Las otras condiciones eran que el personal de Provias no sea removido de su puesto y que el dinero se le pagaba a Prialé, en efectivo o a través de cuentas offshore.[25]
4. Pagos a CONFIEP
Un documento incautado por
el Ministerio Público en las instalaciones del gremio empresarial, demuestra la
donación de $200 mil dólares que hizo Odebrecht para una Campaña publicitaria
de la CONFIEP. Esta se dio en el marco de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales del 2011, con un contenido en favor del modelo económico y
orientado contra Humala.[26]
5. Conclusiones
Tras las declaraciones de los dueños y ejecutivos de Odebrecht lo que se evidencia es la relación entre representantes del Estado peruano, principalmente presidentes, y la alta gerencia del sector empresarial involucrado, quienes mediante las coimas obtenían licitaciones de obras de gran envergadura con la finalidad de usufructuar los recursos del Estado. A estas alturas no caben dudas de la infiltración en los tres poderes del Estado, las coimas a miembros del Legislativo a cambio de adendas y leyes, así como también a miembros del Poder Judicial a cambio de ganar arbitrajes.
Se pone de
manifiesto que había un método y un sistema muy bien organizado para corromper
a funcionarios públicos. Las coimas Odebrecht y sus socios brasileños (OAS, Camargo
y Correa, Andrade Gutierrez) y la de sus socios en América Latina, como el
Grupo de la Construcción en Perú, han sido la regla y no la excepción para
garantizar sus ganancias y su estatus de imperio de la construcción, así lo
demuestra su historia de 40 años en el Perú y de 70 en Brasil.
Se hace evidente
la falsedad del régimen “democrático”. Odebrecht financió durante 15 años
campañas electorales, incluso a más de un candidato del mismo proceso
electoral. Independientemente del resultado, los empresarios ya habían ganado;
por eso no discriminaban en ideologías o filiación partidaria. Mientras nos
hacían creer que mediante el voto definíamos el futuro del país, a Odebrecht y
a sus socios les daba lo mismo si era un nacionalista con polo rojo, un norteamericano
bonachón o la hija del dictador. Odebrecht nunca perdió, por eso hizo negocios
con regímenes dictatoriales y “democráticos”.
La política
económica neoliberal, amparada en la Constitución del 93, la cual se inició con
la dictadura, y que los gobiernos “democráticos” continuaron y ampliaron, han
generado oportunidades para la corrupción y el saqueo del país. Medidas como la
privatización de la economía nacional, la liberación de los mercados y el
impulso a la inversión privada redujeron dramáticamente la recaudación del
Estado; lo convirtieron en una entidad sin recursos para hacer obras de
infraestructura que necesita la población y asi abrieron la puerta de la
inversión privada, hoy bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas
(APP). Todo ello bajo una garantía jurídica y tributaria que beneficia a las
empresas y funcionan como candados cuando ven amenazado sus intereses, como en
el caso de los contratos de los peajes. Hoy es Odebrecht y sus socias las que
están en el ojo de la tormenta pero no es la única que saca beneficio de este
modelo.
La actuación de
Odebrecht y sus tantos socios en América Latina, muestra cómo actúa la clase
capitalista y la necesidad que tienen en controlar el Estado para su beneficio.
Esa necesidad lo convierte en incapaz de resolver los problemas más apremiantes
de la población, pues en lugar de construir más hospitales y más escuelas, o en
proyectos para mitigar el impacto de la naturaleza, ese dinero se lo llevan
estas sanguijuelas en los peajes y en sobrecostos de las obras. El
financiamiento de campañas y las coimas han sido una se han usado para
modificar la legislación laboral, tributaria, ambiental, para otorgar
licitaciones, hacer enmiendas, controlar los medios de des-información, y todo
ello independientemente del régimen político. La perversión del Estado
capitalista, su Constitución, su Congreso, su sistema de Justicia y su sistema
presidencialista no pueden continuar.
[7] Pedro Campos, autor del libro “Estranhas
Catedrais”, hace un análisis crítico a la dictadura civil militar del periodo
1964-1988, su origen, y subordinación del Estado a los intereses del sector
empresarial. Se enfoca en el crecimiento y consolidación de las empresas
del sector de la construcción pesada en Brasil, una articulación que, según el
autor, propicio el desarrollo, la modernización capitalista y la
internacionalización de los gigantes del sector.
Contra el gobierno de la burguesía corrupta, opresora y explotadora Por un gobierno de la clase obrera y el pueblo
Los trabajadores y trabajadoras del país tenemos muchos motivos para luchar.
Barata finalmente cantó, confirmando la existencia de una gigantesca red de corrupción vinculada a Odebrecht mediante la cual, con el pago de coimas, se produjo el más grande robo al país en los tiempos del post-fujimorismo.
Esa red abarcó a importantes grupos empresariales peruanos y todos los gobiernos de este periodo: Toledo, García y Humala, así como sus principales ministros y organismos de inversión pública, y hasta a los candidatos presidenciales con más opciones.
Pedro Pablo Kuczynski, hoy con prisión domiciliaria, está incluido como hombre clave de todo ese periodo, y aunque Barata solo habló de los aportes de campaña, es conocido su doble papel de ministro habilitador y asesor financiero de Odebrecht.
La red alcanzó también a los gobernadores regionales de Cusco, Jorge Acurio, y Ancash, César Álvarez, así como a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, responsable por las adendas que elevaron los costos de las obras viales que sirvieron de instrumento de robos millonarios. Se esperan revelaciones y confirmaciones similares para el caso del ex alcalde Castañeda, cuando declaren los funcionarios de las otras empresas brasileñas.
El suicidio de García: una bandera de la corrupción
Ha quedado también en evidencia que Alan García se suicidó porque su suerte ya estaba echada, y la muerte fue para él la manera de evadir la justicia y la cárcel. Los 4 millones recibidos por el ex secretario de Palacio, Luis Nava, así lo evidencian.
Sin embargo, ese hecho viene siendo utilizado por el aprismo para mostrar a García como un mártir redentor, y también para descargar una contraofensiva contra los fiscales y jueces que ven el caso lava jato peruano, con el objetivo de abrir una vía a la impunidad. El Apra y el fujimorismo, cuya lideresa Keyko Fujimori y su cúpula cumplen prisión preventiva por un evidente caso de lavado de activos; a los que se han sumado Acción Popular, el PPC (implicado no solo por los aportes de campaña sino también por traicionar los intereses del país en los arbitrajes seguidos por Odebrecht), y hasta partidarios de PPK, pretenden tumbarse la estrategia de prisión preventiva que los fiscales utilizan para asegurar las investigaciones.
Vizcarra ya ha acusado el golpe, y en una evidente intromisión, tanto él como su primer ministro Del Solar cuestionaron la forma en que la fiscalía viene utilizando el recurso de la prisión preventiva.
La corrupción está viva y coleando
Queda en evidencia que la gigantesca red de la corrupción sigue viva y actuando, cuenta nada menos que con el control del Congreso, y con nexos en el Poder Ejecutivo que podrían alcanzar hasta al propio presidente Martín Vizcarra quien, recordemos, llegó al gobierno primero como vicepresidente de PPK y su grupo lobista, y luego a la Presidencia de la República como carta de recambio de la oposición fuji-aprismo ante la renuncia de PPK.
Vizcarra se reubicó en la coyuntura del destape de los “cuellos blancos del puerto”, impulsando las reformas judicial y política que resultaron ser más pantomima que una lucha real contra la corrupción. Frente a la prisión preventiva de Kuczynski, Vizcarra le hizo a este una visita que fue una clara intromisión en el proceso investigativo, y un cínico uso de sus influencias a favor del procesado, a quien finalmente se le cambió la cárcel por detención domiciliaria. En el país hay más de 35,000 presos sin sentencia que no reciben este beneficio, muchos de ellos en peores condiciones de salud y de encarcelamiento.
La subsistencia de la red de corrupción se evidencia también en la impunidad de los empresarios del Club de la Construcción, a pesar de las numerosas evidencias y ahora las declaraciones de Barata que no dejan lugar a dudas. No solo impunidad, sino que hasta sigue haciendo negocios; hace pocos días el actual alcalde de Lima suscribió un contrato de la vía expresa del sur con Graña y Montero, reactivando un contrato lesivo que ya estaba liquidado, y retrocedió preventivamente solo por el escándalo que ya venía desatando.
Las grandes corporaciones corruptas demandan recortar los derechos de los trabajadores y los pueblos
El gobierno no es garantía de lucha contra los corruptos. Eso está claro. Y no puede serlo porque defiende los intereses de los poderosos, lo cual en sí mismo es un acto de corrupción, pues al menos en teoría un gobierno debe defender los intereses de la población nacional.
El gobierno atropelló los legítimos derechos del pueblo de Fuerabamba, autorizando por encima de la ley una carretera a favor de minera Las Bambas, y coartando el legítimo derecho del pueblo a la protesta con sucesivos estados de emergencia, es decir enfrentándolos con tropas militares, criminalizando sus protestas, encarcelando a sus líderes y asesores. El gobierno solo retrocedió porque la valiente e inclaudicable lucha de los comuneros permitió que el país se entere de semejante atropello; pero insiste en imponer salidas que favorecen a la minera. Hoy la lucha de los comuneros de Fuerabamba pone en cuestión la ley de criminalización de la protesta establecido por el corrupto Toledo tras el “arequipazo”, y reforzado por el también corrupto segundo gobierno de García, al servicio de las transnacionales mineras dentro de su concepción del “perro del hortelano”.
Hoy los comuneros exigen amnistía general a todos los procesados. Esa misma ley de criminalización de la protesta es la que se utiliza en contra de todos los sectores sociales que luchan por sus justos derechos. Por tanto, no podemos menos que respaldar y unirnos a la lucha de los comuneros de Fuerabamba en su reclamo.
Por otro lado, la víspera de la llegada a Lima de Mike Pompeyo, secretario de estado de Estados Unidos, el gobierno en un afán servil al amo norteamericano lanzó una criminal intervención policial contra el pueblo de San Gabán en Puno, que trajo como resultado dos agricultores cocaleros muertos y varios heridos. Y en Loreto el gobierno se pone del lado de la transnacional Pluspetrol, en contra de las poblaciones afectadas por la constante contaminación de los ríos que son su medio de vida.
El gobierno es también cómplice de los empresarios en la proliferación de ceses colectivos que ponen en la calle a cientos de trabajadores, además que su propósito es mantener y extender los diversos regímenes laborales precarios, como ha anunciado que hará con el régimen especial del agro por 20 años más. Para ello no hay más motivación ni sustento técnico que la constante presión de los empresarios por una reforma laboral. Y es justamente eso lo que el gobierno se propuso hacer, por la vía de la imposición, con el Decreto Supremo N° 345-2018-EF.
El gobierno, en fin, es la continuidad del nefasto neoliberalismo que paraliza al Estado frente a las necesidades esenciales del pueblo, con una salud y educación que se envilecen cada vez más mientras crecen los negocios privados que lucran con la salud y la educación; un gobierno inoperante frente a la reconstrucción, frente a la inseguridad ciudadana; un gobierno cómplice del robo sistemático de las AFP, y que protege el robo a las grandes empresas en el robo de tributos al Estado.
Los trabajadores no podemos maquillar ni defender el sistema político de democracia corrupta de los patrones: ¡Es preciso sepultarlo!
No estamos ante una crisis más, ni ante un lado podrido de la manzana, el sistema de la corrupción al descubierto y el involucramiento de prácticamente todos los partidos del sistema político ponen en evidencia que la manzana del capitalismo y la democracia burguesa está en total descomposición.
Nada tenemos que ver los trabajadores con toda esa podredumbre. Los partidos y frentes izquierdistas que desde distintos niveles de gobierno hicieron parte de la corrupción, lo hicieron al servicio de sus bolsillos como parte de proyectos de colaboración de clases y con políticas al servicio de los empresarios y del plan neoliberal, casos del nacionalismo de Ollanta Humala y la izquierda liberal de Susana Villarán y todos sus aliados que hoy no pueden hacerse los desentendidos.
Hoy, los partidos de la izquierda en el Congreso, y las direcciones burocráticas de la central sindical, insisten en mostrar la realidad como dos bandos donde el peor es el fuji-aprismo y el gobierno el mal menor; más allá del discurso a veces radical, en los hechos se ponen del lado del gobierno. Esa izquierda conciliadora utiliza y malbaratea la actitud combativa del movimiento obrero y popular, mendigando precarias cuotas de poder, como un ministerio o un asiento en el Consejo Nacional del Trabajo. Por ello, a pesar de la profunda crisis política solo se observa en el horizonte, como si no hubiera más alternativa, el fuji-aprismo y sus aliados en corrupción, y el gobierno que actualmente detenta el poder al servicio de su propia impunidad.
Necesitamos soluciones de fondo: necesitamos hacer una revolución
Necesitamos construir el poder de los trabajadores para hacer una revolución. Y ese poder no se va a forjar de otro modo que no sea impulsando una lucha consecuente e inclaudicable que ponga al centro la derrota del gobierno por las principales demandas obreras y populares, como son una lucha hasta el final, sin retrocesos, contra la corrupción hasta poner en la cárcel a todos los corruptos y exigir las correspondientes reparaciones; la amnistía general a los procesados de Fuerabamba y de todos los procesados por ejercer su legítimo derecho a la protesta y que hoy enfrentan injustamente acusaciones penales; solución a las demandas de los pueblos afectados por transnacionales mineras y petroleras.
Asimismo, solución inmediata a todos los despedidos en ceses colectivos, eliminación de los regímenes laborales precarios, que son instrumentos de opresión y super explotación de trabajadores y derogación del Decreto Supremo N° 345 que busca imponer una reforma laboral desfavorable a los trabajadores; así como también aumento general de sueldos, salarios y pensiones, y eliminación de la privatización de la salud y la educación, y una auténtica y efectiva reconstrucción.
Viva el 1° de Mayo clasista, de lucha contra el gobierno y el plan neoliberal
Construyamos el poder de la clase obrera por una revolución socialista
El gobierno de Martín Vizcarra amenaza a los comuneros y comuneras de Fuerabamba (Apurímac) con desatar una represión de terribles consecuencias. ¿La razón? Defender los bolsillos de Minerals and Metals Group (MMG), empresa que explota “Las Bambas”, la segunda mina de cobre más importante del país.
El problema
LA
COMUNIDAD DE FUERABAMBA (APURÍMAC) PROTESTA por el uso, por parte de MMG-Las Bambas,
de una carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi (Chumbivilcas – Cusco).
Terreno, este último, entregado a la comunidad como compensación por la pérdida
de territorio que significaba la concesión minera.
En
consecuencia, la comunidad exige que se le repare en dinero el costo de un
terreno que, habiendo sido dado para remediar el impacto de la mina en su
comunidad, se ha hecho inservible para los fines que le habían deparado debido
al paso de 300 camiones diarios cargados de mineral. Transporte que provoca
contaminación ambiental.
Un gobierno al servicio de MMG – Las
Bambas
Pero
el problema no queda ahí. MMG – Las Bambas se rehúsa a pagar lo exigido por la
comunidad, pretextando que la ruta es una “vía nacional”, es decir, parte de
las carreteras del país y, por tanto, de uso público.
Sucede
que el gobierno de Vizcarra declaró muy convenientemente, el año pasado, la
carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi como “vía nacional”.
Vizcarra anuncia represión
Bastaría
esto para evidenciar que Vizcarra y sus ministros –los que se fueron y los que
están hoy-, son agentes del empresariado
y, en particular, de los intereses mineros en el país.
Pero
el tema no queda ahí. Tras 200 días de reiniciado el conflicto, y más de 50 de
iniciado el bloqueo del paso de los camiones de MMG- Las Bambas por el Fundo
Yavi Yavi, el gobierno ha trasladado policías y miembros del Ejército para
“resguardar” el ingreso a la mina, hasta donde se había dirigido un piquete de
comuneros y comuneras que participan de la protesta.
Como
hemos visto tantas veces antes (Conga, Tía María, Espinar, Bagua…), dicho
“resguardo” en realidad es la preparación de una acción represiva que busca
liberar la carretera para que los camiones de MMG – Las bambas vuelvan a pasar.
Al mismo tiempo, con la intención de descabezar el
movimiento y crear zozobra, han detenido a Gregorio Rojas, presidente de la
comunidad de Fuerabamba, junto a Jorge y Franck Chávez, abogados de la
comunidad, tras participar del “diálogo” establecido con el Ministerio de Energía
y Minas en Lima. ¿De qué se les acusa? De ser una “organización criminal” que
planificó el bloqueo de la carretera en Yavi Yavi como un medio para “extorsionar” a MMG – Las Bambas.
Con esto, Vizcarra y compañía –que se escudan en la
supuesta “independencia” del ministerio público- sientan precedente en la
criminalización de la protesta social, al mismo estilo de Macri en Argentina.
Unir las luchas para derrotar la represión que Vizcarra se
cierne sobre los comuneros y comuneras de Fuerabamba
Está
claro que el único interés del gobierno, que en sus declaraciones se muestra
partidario de “dialogar”, pero que detiene a los dirigentes de la protesta y
llena de policías y efectivos del ejército la zona en conflicto, es defender
los intereses de MMG – Las Bambas, contra los intereses del pueblo de Fuerabamba.
En
esto, Vizcarra no es original: hace lo mismo cuando defiende los intereses del
empresariado contra los de la clase obrera, al promulgar la “Política nacional
de competitividad y productividad” (D.S. 345-2018-EF), base de la “reforma
laboral” que pretende legalizar el despido arbitrario.
Por
eso, la clase obrera sólo puede colocarse del lado de los pobladores de
Fuerabamba en esta contienda que coloca al frente a los mismos enemigos que
enfrentamos día a día: las empresas y al gobierno.
LO
DECIMOS FUERTE Y CLARO: VIZCARRA ES EL RESPONSABLE SI, COMO TANTAS VECES, EL CONFLICTO
EN YAVI YAVI SE CIERRE CON MUERTOS Y HERIDOS.
Urge
que las dirigencias nacionales concreten la unidad en la lucha con la población
de Fuerabamba contra la represión de Vizcarra, enemigo del pueblo pobre del
campo y la ciudad. No se puede afirmar que el gobierno “actúa bien” frente a la
corrupción, pero “hace mal” frente a los trabajadores y el pueblo de
Fuerabamba: el gobierno es uno solo y Vizcarra es su cabeza. La jornada del 3
de abril debe ponerse al servicio de la necesidad de derrotar la política de
Vizcarra para Fuerabamba, su política para la “reforma laboral” y su falsa
política “anticorrupción” que solo golpea a un bando.
Desde
el PST llamamos a la clase obrera, que viene sufriendo los ataques de la
patronal mediante ceses colectivos abusivos, a solidarizarse y movilizarse en
defensa del pueblo fuerabambino. Nadie más puede levantar las banderas de la
solidaridad con la comunidad de Fuerabamba de forma más legítima que la clase
obrera. Afirmamos que el derecho que asiste al pueblo fuerabambino de velar por
sus intereses recurriendo a las medidas de lucha que considere conveniente, es
el mismo que nos asiste como trabajadores y trabajadoras cuando vamos a la
huelga y, de manera cínica, la patronal nos acusa de violentistas o “vagos”.
Respaldamos
a la comunidad de Fuerabamba en sus demandas, de cese inmediato del estado de
emergencia que impone el gobierno desde el año pasado, la liberación inmediata
de su presidente Gregorio Rojas y sus asesores, hechos que no ha amilanado a
los comuneros sino todo lo contrario, ha llevado el conflicto a un escalamiento
desatando una crisis, que se extiende con la lucha de nuevos pueblos vecinos y
pronunciamientos de solidaridad regionales.
Si
el gobierno y la minera, y todo el aparato judicial y mediático que se ha
montado para liquidar la lucha popular terminaran imponiéndose, aumentará su
ambición al imponer una “reforma laboral” más explotadora. Por eso es
indispensable derrotar la amenaza represiva que el gobierno cierne sobre la
población del lugar; una victoria de la lucha del pueblo fuerabambino nos
acercará más a la derrota del gobierno afirmando la lucha de la clase obrera
contra la reforma laboral anunciada por Vizcarra.
¡NO A LA REPRESIÓN DE VIZCARRA-MMG LAS
BAMBAS!
¡SOLUCIÓN INMEDIATA LAS DEMANDAS DE LOS COMUNEROS Y COMUNERAS DE
FUERABAMBA!
Por Laura Sánchez, en Bandera Socialista N° 116, marzo 2019
El 8 de marzo se realizaron movilizaciones en todo el mundo y, por supuesto, en Perú. En esta ocasión, además de la tradicional de feministas, colectivos y partidos que tuvo una gran concurrencia, ésta al llegar a la Plaza San Martín tuvo la presencia de las y los obreros del Sitobur de Lima Metropolitana y de Miraflores.
Despidos en Municipalidad de Miraflores
En esta ocasión, se realizó una marcha, decidida de manera independiente y autónoma, que tuvo que ver con la concurrencia de las obreras y obreros de limpieza de Miraflores y Lima Metropolitana, donde 250 fueron despedidas/os.
Al frente de esta gran movilización estaban las obreras y obreros de Sitobur del Municipio de Lima Metropolitana, en solidaridad y exigiendo la reposición de los despedidos de Miraflores. Resulta que la municipalidad de Miraflores, decidió rescindir el contrato con la empresa Innova, una tercerizadora que abarca a varios municipios de la capital.
Hay que ver el cómo la empresa Innova se lava las manos, ya que en su comunicado del 10 de marzo publicado en Perú21, reconoce que “durante 10 años de servicios ininterrumpidos” en dicha municipalidad contó con un “equipo de colaboradores”, a los que “agradece”. Estos 250 obreras y obreros que “agradece”, simplemente quedaron en la calle, sin nada para sus hijos ante el inicio de clases.
¿De qué sirve este “lava manos” de Innova? Fundamentalmente para protestar, entre líneas, por la nueva empresa concesionada “única invitada, a las 12 horas de la convocatoria, con un sobreprecio del 84%…, con el lamentable detrimento de las arcas municipales…”. ¿Y el detrimento de las obreras y obreros que quedan en la calle, y sus familias? Y el reconocimiento de los vecinos de Miraflores del 90% no es para Innova, sino para las obreras y obreros que limpian las calles del distrito.
Con la presencia del Sitobur y otros sindicatos
En este contexto es que se realiza esta marcha de clase, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha comenzó con la consigna “Aquí están, estas son, las obreras del 8 de marzo”, y otra como “Despidos de obreras también es violencia”, y muchas más, irrumpiendo el tránsito desde Larcomar hasta casi la Av. 28 de Julio, atravesando la Av. Arequipa, seguidas en el recorrido por infinidad de vecinos y vecinas de los distritos saludando la marcha, en especial de Miraflores, donde reconocieron el trabajo que realizan diariamente.
Ha sido una marcha de lucha, antecedida de muchos plantones. Una movilización de cientos de obreras y obreros, con la solidaridad presente de sindicatos como Cogorno, Celima y Molitalia conmovieron las calles de la ciudad, haciendo honor al Día Internacional de las Trabajadoras.
Solidaridad con las y los despedidos
Por su reposición y la exigencia del pase a planilla de las obreras y obreros de Lima Metropolitana del Sitobur no dejaron de vocear la corrupción de las municipalidades y los “arreglos” con tercerizadoras para la contrata de trabajadoras/os con salarios bajísimos y sin derechos laborales.
Y, asimismo, la lucha de las más 700 de obreras y obreros de Lima Metropolitana, cuya resolución suprema hasta ahora no fue cumplida ni por Castañeda ni por el actual Jorge Muñoz, que pasea al sindicato con reuniones sin solución, tomando en cuenta que el Poder Judicial emitió una conminación para que cumpla con el mandato judicial de pase a planilla.
A pesar del contingente de policías que intentaron reprimir y disipar la columna, violentando a las compañeras y agarrándolas y sacudiéndolas, no pudieron con la marcha. La gran lección de esta jornada, organizada, luchadora y decidida a llegar a la victoria, es que fortaleció a todos y señaló que las mujeres obreras están al frente de la lucha contra los ataques laborales y de género que no cesan de crecer. Y, además, que su lucha compromete a trabajadores de distintos sectores, lo cual imprime un carácter de unidad en la lucha contra los ataques antilaborales del gobierno de Vizcarra.
¡Solución ya a las demandas! ¡Reposición de las y los despedidos de Miraflores! ¡Pase inmediato a planilla de las y los obreros del Sitobur de Lima Metropolitana!
Mientras Vizcarra hace el espectáculo de enfrentarse al Congreso, continúa sus ataques a los trabajadores con medidas que solo favorecen a las patronales. [Manuel A. Fernandes – BS N° 114 – Noviembre 2018]
Plantón de bases sindicales ante el Ministerio de Trabajo.
Aprovechando las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Gobierno, éste modificó el derecho al goce ininterrumpido de 30 días de vacaciones y el pago de una multa si es que no se respetaban.
El Decreto legislativo 1405 faculta el fraccionamiento de las vacaciones en 2 partes: 15 días a fraccionarse en 7 y 8 días, y los otros 15 días (que además de darle la facultad al empleador de “comprarlos”) a fraccionarse hasta en 1 día calendario. Por más que la norma señale que debe existir “acuerdo de partes” para estos cambios, los trabajadores sabemos que en la fábrica es la patronal quien manda.
Mutilan nuestras vacaciones de 30 días ininterrumpidas
Las vacaciones son un derecho que busca reponer el desgaste físico y psíquico que padecemos tras estar expuestos a un largo periodo de trabajo alienante y sobre explotado. Ahora, además de lidiar con un salario miserable, tenemos que sufrir la mutilación del descanso vacacional, sin duda un nuevo ataque dirigido a favorecerlas ganancias empresariales.
Derecho a huelga con los puestos mínimos indispensables
Otra perla de este gobierno es el Decreto Supremo 009-2018 TR, dizque para “regular” el procedimiento para la calificación de“puestos mínimos indispensables”para casos de huelga.Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo las patronales en complicidad con el MT, utilizaron este procedimiento para unilateralmente declarar a numerosos trabajadores como“puestos mínimos indispensables”, con la única finalidad de impedir que el sindicato pueda ejercer su derecho a huelga.
Las patronales llegaron al absurdo de calificar a más del 80% del personal de las fábrica como indispensables,haciendo imposible que los sindicatos hagan uso de su derecho a huelga, y si lo hacíamos quedábamos expuestos al despido, como sucedió con la reciente huelga en Backus que, con ese pretexto, dejaron a 16 trabajadores en la calle.
Ahora la norma precisa que la empresa y el sindicato tendrán que acompañar los procedimientos con “informes técnicos”, los que, por supuesto, cuestan. Una forma fácil de lavarse las manos de parte de la autoridad cuando fácilmente puede resolverlo aplicando la ley, como hacía antes.
Pero si en el mejor de los casos cumpliéramos con los plazos y los sustentos técnicos que exige la norma, nada garantiza que la divergencia se resuelva, porque las empresas la cuestionan y ni siquiera brindan facilidades para que se realicen las inspecciones.
Al no haber “acuerdo” –dice el nuevo decreto–, queda consentida la comunicación que realiza la empresa sobre los puestos indispensables.Una medida patronal que legaliza la vulneración de nuestro derecho a huelga.
Limitan la negociación colectiva a los trabajadores públicos
La cereza del pastel la han puesto los decretos legislativos 1442 y 1450 que atropellan los Convenios de la OIT y la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que no se puede supeditar elderecho a la Negociación Colectivay a las mejoras salariales de lostrabajadores públicos, al presupuestoque designa el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichosdecretos dejan a un millón y medio de trabajadores sin derecho anegociación colectiva.
Conclusión
Lo misma podemos apreciar en los más de 100 decretos legislativos aprobados por el gobierno,como el que amplía el régimen laboral y tributario del sector agrario al sector acuícola (DL 1431), y otros que disminuyen, recortan y anulan impuestos y requisitos en beneficio de los empresarios.Todo esto muestra que el gobierno continúa con la misma política antipopular del gasolinazo, los despidos y sanciones a los maestrosque acataron una huelga enel mes de junio y la no atención a la infinidad de demandas de diversossectores.
Asimismo, en Cogorno han declaradocese colectivo afectandoa dirigentes y sindicalizados, sentandoun nuevo precedente dedespidos masivos que ya afectana miles de trabajadores.
En Textil Hilandera se intenta liquidarla empresa dejando sinempleo a centenares de obreros.
En Ajinomoto, luego de constituirsu sindicato la empresa despidióa loa dirigentes y a 300 trabajadores.En Cerámica San Lorenzo se empiezana movilizar ante el peseteode la patronal.
Los mineros de Doe Run siguen luchando en defensa de su empleo.
La lista de conflictos es larga y muestran la unidad gobierno Confiep. Ahora, incluso, pretenden avanzar con una norma que permita una “mayor flexibilidad laboral”. (Declaraciones del ministro de Economía Carlos Oliva, 01.09.18)
Unifiquemos las luchas
La respuesta a esta situación no pasa por lo que haga la dirigencia de la CGTP. En lugar de librar una batalla a muerte contra el paquete antilaboral la Central se dedica a brindarle apoyo al gobierno,sembrando ilusiones y expectativas en sus falsas reformas, justo cuando éste nos sigue atacando.
Hay necesidad de centralizar las luchas reeditando la experiencia con la cual echamos abajo la Ley Pulpín, y junto a los organismos juveniles y populares, discutir y aprobar un Plan de lucha hacia el paro y la huelga general para derrotarla política anti popular del gobierno Vizcarra y conquistar la solución de las reivindicaciones.Para ello es indispensables formar espacios democráticos de auto organización, donde tomemos en nuestras manos las tareas de centralización y unificación delas luchas.
