Grave enfrentamiento entre la fiscal de la Nación y el gobierno desnudan su podredumbre y los ponen al borde del abismo.
Bandera Socialista N° 42
El 14 de septiembre del año 2000 los peruanos fuimos sorprendidos por unos vídeos difundidos en cadenas de Tv. en los que se veía a Vladimiro Montesinos en su salita del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) entregando fajos de dinero a empresarios, periodistas y políticos que entonces apoyaban al gobierno. Nadie en aquel momento abrigaba dudas sobre la entraña corrupta y dictatorial del régimen. Pero el vídeo hizo caer el último velo que lo ocultaba y prendió la chispa que detonó la enorme movilización que condujo a su caída.
Los vídeos –o vladivideos como se conocerían– serían filtrados por una estrecha colaboradora del régimen, Matilde Pinchi Pinchi, mostrando que entre bandidos y criminales no existe lealtad sino predomina la traición. Esta historia vuelve a repetirse ahora bajo el régimen reaccionario de Boluarte y sucede nada menos a días de cumplirse un año de su imposición sangrienta contra las protestas populares colocando en agenda la urgencia de echarlo.
Ante qué estamos
El 27 de noviembre se hicieron públicos algunos chads (luego aparecieron otros audios) intercambiados por un asesor de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y un congresista. En ellos se escuchan acuerdos mafiosos de venta de votos a cambio de impunidad para un grupo de parlamentarios, votos que nada menos serían para favorecer el plan de copamiento de instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la misma Fiscalía de la Nación, en favor del régimen actual, que pretende perennizarse para favorecer a los grandes grupos de poder económico.
Ante estas revelaciones, el equipo anticorrupción de la Fiscalía –subordinados de la propia Patricia Benavides–, allanaron sus oficinas y ordenaron la detención de sus asesores bajo la acusación de “presunta organización criminal”. Esto es: nada menos que la principal operadora del régimen, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, la que armó todo el tinglado acusatorio contra Pedro Castillo por “encabezar una organización criminal” para propiciar su destitución, hoy es acusada de lo mismo, pero con pruebas reales.
La fiscal Benavides, por su parte, que ya venía de destituir a otros magistrados que no le eran adictos y de desmontar los equipos que investigan Lava Jato y los Cuellos Blancos, los casos de corrupción más grandes de la historia de la República y entre los que se cuenta la que se sigue a Keiko Fujimori, contratacó apuntando más arriba: contra Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, planteando otra denuncia por los crímenes cometidos en la represión de las protestas del sur; a todas luces, con manotazos de ahogado.
Ampliando el drama, una resolución del Tribunal Constitucional volvió a actualizar el tema del indulto al ex dictador Alberto Fujimori, que purga una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La resolución, aunque es insuficiente para resolver el indulto, solo sirvió para despertar entusiasmo en el antro fujimorista desatando una mayor indignación nacional que ya se pronuncia con movilizaciones, como la del sábado 03.
La inestabilidad creada es tan grande que los grupos mediáticos y de poder que crearon y amamantaron a esta criatura que encabeza Boluarte, y a la que pintaron como legítima, democrática, impoluta y verdadera salvadora de la Nación, hoy se rasgan las vestiduras, piden calma, diálogo y, en el peor de los casos, aceptan sacrificar a Patricia Benavides para que todo siga igual hasta el 2026.
Pero ya nada será igual. El trípode del poder (Gobierno, Fiscalía, Congreso) se ha fracturado y ninguno puede sostenerse sin el otro. Aunque pretenda continuar, lo que todo el mundo ve es a un régimen zombi, un muerto en vida que clama por ser enterrado.
De mal en peor
Lo que sucede, junto con poner al desnudo la entraña reaccionaria del régimen, también descubre su precariedad. Precariedad de origen porque surgió producto de un pacto de bandidos entre grupos mafiosos del Congreso (los “niños”, representantes de bancadas dueños de universidades), la “izquierda” predadora del Estado (Perú Libre, Bloque Magisterial) y la derecha; donde esta última es la que dirigía el pacto con el plan de copar las instituciones para ponerlos a tono de los grandes intereses empresariales y para contrarrestar las protestas y toda amenaza de cambio venida de abajo. Pero como todo pacto entre bandidos, era precario y, sobre todo, odiado por las mayorías. Hasta que se produjo el actual quiebre.
Así, con la desgracia del régimen, se cae toda la narrativa con la que se justificó el cambio de Castillo por Boluarte. Se decía “Castillo ahuyenta la inversión”; pero con el actual gobierno hay menos inversión y, peor, hay recesión y una mayor crisis que eleva la pobreza a un tercio de la población. Se decía “Castillo y su entorno son corruptos”, y la derecha buscó destituirlo ungida de ropajes puritanos hasta que dieron pie a su suicidio político; pero el actual gobierno resulta más corrupto, y hasta le abre las puertas de la impunidad a los peces gordos de Lava Jato, Los Cuellos Blancos y a la propia Keiko Fujimori.
Con la destitución de Castillo se pretendió también restablecer el “orden democrático” y “constitucional”; pero el “orden” que nos devolvieron fue el de las balas, el asesinato impune y la criminalización de la protesta.
Con Castillo estábamos muy mal porque traicionó sus promesas; pero aun así mantenía legitimidad. Con el gobierno actual estamos mil veces peor y sus crímenes, como el absoluto rechazo popular que lo rodea, lo volvió del todo ilegítimo.
Lo que sucede, entonces, no solo vuelve legítimas y justas las grandes luchas de diciembre-enero, y sobre todo sus banderas democráticas en contra del gobierno, el Congreso y el podrido régimen, y en busca de un cambio verdadero planteado a través de una Asamblea Constituyente.
¿Tanto nadar para ahogarnos otra vez en la orilla?
Esta es la problemática de fondo por la que el país vive polarizado desde hace un año, y no la que se pinta desde los salones de Palacio. La gran lucha de inicios de año no ganó pese a la precariedad del régimen, solo por la traición de las direcciones que la dejaron sola a expensas de la represión. Ahora puede suceder lo mismo, o dejarla en medio camino.
Ante el hundimiento de la alianza derechista de gobierno ahora los partidos y sectores del centro democrático burgués buscan canalizar una salida institucional, “dialogo” mediante, entre los diversos sectores burgueses incluidas a los que sostienen a Boluarte, para un adelanto de elecciones. Antes de perder todo pretenden darle una salida ordenada al desecho en que se han convertido el gobierno, el régimen y todo el Estado, es decir toda la “democracia burguesa”, para volver a ella con las mismas elecciones de siempre.
Este plan de salvataje, sin embargo, solo puede realizarse con el apoyo de las direcciones de la CGTP y del sector de Verónica Mendoza, quienes desde el inicio ya tomaron distancias de la sublevación del sur pretendiendo ser más leales a la “democracia” burguesa. Por eso, mientras con una mano buscan el dialogo para presionar un nuevo calendario electoral, con la otra tratan de utilizar el descontento nacional y las movilizaciones para llevarlas hacia ese objetivo. El adelanto de elecciones no sirve con la continuidad de Boluarte y el Congreso. Deben irse todos, y los cabecillas a la cárcel.
La movilización y lucha son fundamentales en estas horas, sobre todo de la clase obrera, pero con independencia de clase y levantando más que nunca las banderas del sur legitimadas con la sangre de muchos luchadores.
