La Constituyente como bandera de lucha

Por Víctor Montes

Nadie puede negar que la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura fujimorista, ha sido identificada por la vanguardia obrera y popular como uno de los pilares de la situación de abuso y explotación que vivimos en el país.

Efectivamente, dicha Constitución consagró la desaparición de la gran mayoría de conquistas sociales y económicas que la Constitución de 1979 se vio obligada a reconocer, como resultado de la poderosa movilización obrera y popular que derribó a la dictadura militar de Morales Bermúdez.

En su reemplazo, la Constitución del 93 vino a imponer el modelo económico neoliberal, bajo el cual se han saqueado nuestros recursos naturales, sobre explotado nuestra fuerza de trabajo, y languidecido la educación y la salud públicas.

Derechos como la estabilidad laboral, entre otros, fueron borrados de un solo golpe. Además, diseñó un entramado legal que desnacionalizó la economía, facilitando la entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales, y reforzó el carácter autoritario del Estado.
De ahí que la aspiración de estos sectores, de echar abajo la constitución heredada de la dictadura, sea justa.

En este marco, sin embargo, queremos abrir un debate: ¿Qué papel juega, desde los intereses de la clase obrera, la lucha por una nueva constitución?
Para la izquierda reformista, la nueva constitución es la solución a los problemas del país.
Para nosotros, en cambio, esa constitución solo podrá adoptar medidas que terminen con la pobreza, la desigualdad, la explotación el saqueo de nuestros recursos, si en el camino de su realización, echamos abajo el poder de los empresarios y el imperialismo, y los trabajadores y trabajadoras del país tomamos el poder en nuestras manos. ¿Por qué aseguramos eso?

EL ORIGEN DE LA CONSTITUYENTE

En la historia, la Asamblea Constituyente es una institución creada por la clase burguesa para establecer su poder frente a la arbitrariedad de reyes, príncipes y demás señores feudales, quienes manejaban el Estado a su antojo, y en forma completamente arbitraria, por “derecho divino”.

En la Constituyente, la burguesía se erigió como representante de “todo el pueblo”. Aprovechando el número a su favor –los señores feudales eran una ínfima minoría de la población- utilizó la Constituyente para establecer su poder en forma de ley: creó una Constitución.
Esta intención de establecer el poder burgués, se puede ver claramente en el antecedente directo de las constituciones modernas: la “Carta de derechos”, elaborada por el Parlamento inglés en 1689.

En dicha Carta se establecieron las siguientes restricciones al poder de los monarcas:
El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.
El Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Dicho en una frase: el Rey ya no tiene el poder, sino el parlamento, donde domina la burguesía.

Lo propio hicieron la “Convención de Filadelfia” (EE.UU., 1787) durante la guerra de independencia estadounidense, y la “Asamblea Nacional Constituyente” reunida en París (1789 – 1791) durante la revolución francesa: establecer el poder de la burguesía contra el poder feudal.

LA CONSTITUYENTE EN NUESTRA HISTORIA

En nuestro país, la historia muestra que las cosas no han sido diferentes. Desde que José de San Martín convocó a la primera Asamblea Constituyente (llamado “Congreso General Constituyente”) en 1822, todas han cumplido el mismo rol: establecer las bases del poder de la oligarquía, primero frente a la corona española, y después, del sector de la burguesía que ha controlado el Estado.

Así, mientras la primera Asamblea Constituyente (1822-1823) procuró establecer un Estado liberal, con predominio del parlamento sobre el ejecutivo, la realidad la obligó a entregar todo el poder a Bolívar, iniciando así una tradición autoritaria refrendada por las diversas Constituciones que fueron elaboradas con posterioridad.
Ninguna de las 12 Asambleas, ni de las 12 Constituciones, pudo terminar con el flagelo de la corrupción, que pululó por igual bajo regímenes militares, que bajo el poder de los civiles. Por el contrario, cada una estableció las bases sobre las cuales, un determinado sector de la clase dominante pretendió construir su propia dominación sobre la base de una clientela política, con que se repartiría el Estado como un botín en el periodo siguiente.

LA CONSTITUCIÓN DEL 79

Pero entre todas, fue la Constitución de 1979 la que más se acercó a expresar las necesidades y aspiraciones de la población pobre del país. Y no fue casual.
Nacida de la derrota de la dictadura de Morales Bermúdez por el gran paro nacional de 1977, la Asamblea Constituyente instalada en 1978 llevó en su seno una importante representación “de izquierda”, 28 curules de 100, expresión del ascenso en las luchas de las masas obreras y populares.

Sin embargo el 62% de la constituyente estuvo formada por el aprismo (37 curules) y el PPC (25 curules). Partidos que pactaron con los militares para que la Constituyente no ponga en peligro su “retorno ordenado a los cuarteles”.
Sin embargo, ese 62% de apristas y pepecistas no pudo evitar que la Constitución del 79 consagrara una serie de reivindicaciones democráticas básicas: reconoció como ciudadanos/as del país a todas las personas mayores de 18 años nacidas en el Perú. Estableció la estabilidad laboral como un derecho, etc.

Sin embargo, lo que la Constitución del 79 jamás puso en cuestión, fue la continuidad de la explotación y la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la continuidad de la dominación burguesa sobre la sociedad.

Y es así porque, sin importar lo democrática que haya sido la Constituyente de 1978 (que haya sido elegida por voto universal, directo y secreto), los militares, en nombre de los patrones, seguían gobernando el país para único beneficio de los empresarios y el imperialismo. O dicho de otra manera, porque la clase obrera, a pesar de su enorme lucha y de haber asestado un golpe mortal a la dictadura, no logró tomar el poder.

LATINOAMÉRICA Y LA CONSTITUYENTE EN EL SIGLO XXI… NO HA SIDO DIFERENTE

Las experiencias recientes de convocatorias a Asambleas Constituyentes en otros países de la región, han seguido el mismo derrotero.
Dichas Asambleas, durante la primera década del siglo XXI, redactaron nuevas cartas para Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde partidos o movimientos de corte nacionalista (burgués), montados sobre procesos de lucha poderosos, llegaron al gobierno.

De esta forma, estos movimientos volvieron a “diseñar” los poderes del Estado, sus atribuciones, cómo se relacionan entre sí, así como sus propósitos y un largo etc. El cambio respondió a que un sector distinto de la burguesía, al que venía usufructuando el poder del Estado, tomó control del mismo. Y para mantenerse en el poder, buscaron convertir en ley esa nueva situación.

Sin embargo, por eso mismo, fueron incapaces de romper con el carácter burgués (patronal) de la economía y el propio Estado, en esos países. Mantuvieron incólumes las instituciones fundamentales que imponen el poder de la burguesía (las fuerzas armadas y policiales), así como el derecho del gobierno de reprimir y suspender las garantías democráticas cuando lo considera conveniente (a razón de pretextar una “emergencia”). Del mismo modo, mantuvieron tal cual la propiedad privada de los medios de producción, y el derecho de los patrones a colocar el precio de nuestro trabajo garantizando así la explotación.

Mantuvieron también, el carácter primario – exportador de sus economías, en línea con el rol que el imperialismo ha designado para nuestra región, aunque arrancaron una tajadita adicional de la renta proveniente de dichos recursos. Y era posible hacerlo, pues coincidió con una coyuntura económica favorable: el alza del precio de las materias primas que vivimos entre 2004 y 2013, aproximadamente.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Más recientemente, en Chile, la movilización popular, que se hizo revolución hacia octubre de 2019, identificó a la Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet, como la base de los más de 30 años de saqueo “en democracia” y superexplotación. Por eso, desde las calles, el pueblo trabajador impuso que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Por eso es una Constituyente cualitativamente más democrática que otras: está compuesta en forma paritaria entre mujeres y hombres, compuesta en un 50% por independientes y tiene curules reservadas para los pueblos originarios.

Y sin embargo los límites son los mismos: convive con el gobierno asesino de Piñera, y está atada de pies y manos por el pacto de los partidos políticos tradicionales, quienes le niegan el poder de decidir sobre los problemas de fondo del país.

Como dicen nuestros camaradas del Movimiento Internacional de los Trabajadores:
“El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros).”

Por eso podemos afirmar que la experiencia chilena muestra, en primer lugar, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede venir de una victoria en el terreno de la lucha. Una conquista que en Chile ha sido arrancada a la burguesía con miles de heridos y detenidos en las calles de todo el país. Nada que ver con campañas para recoger firmas o planteamientos de modificaciones constitucionales pactadas en las alturas del Congreso. Y en segundo lugar, que la Constituyente chilena, a pesar de su composición cualitativamente más democrática que otras experiencias, no ha podido romper los límites de la dominación burguesa e imperialista: la propiedad privada de los medios de producción, la explotación y la entrega del país a las transnacionales.

¿LA CONSTITUYENTE TIENE UN PAPEL EN EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO?

Para el partido obrero revolucionario, marxista, como el PST, la Constituyente tiene un lugar en el programa como la más importante demanda democrática de las masas oprimidas. Su papel tiene un peso enorme en países como el nuestro, donde el imperialismo y la burguesía imponen su dominio violentando la voluntad del pueblo pobre una y otra vez, como lo demuestra la penetración de las grandes mineras y petroleras, al amparo de la Constitución vigente.

Y al mismo tiempo, la confianza que tienen las masas en su número, las lleva a pensar que es posible “cambiarlo todo”, por medio del voto universal.
Es una demanda que, en tanto es una bandera de lucha que moviliza a esos sectores, la clase obrera -y con mayor razón su vanguardia revolucionaria- debe levantar. Solo así puede disputar la conciencia de esas mismas masas frente a los sectores reformistas y de clase media, que levantan la consigna de la Asamblea Constituyente desde una perspectiva completamente diferente: la “democratización” del Estado, sin tocar las bases económicas de la dominación burguesa, que son un obstáculo absoluto a la solución de los problemas nacionales.

Desde una perspectiva de clase, la Constituyente debe ser acompañada de tareas específicas que debe cumplir, para expresar la necesidad de conquistar la soberanía del país y terminar con la explotación. Por ejemplo, demandamos una Constituyente que prohíba los despidos y asegure el derecho democrático al trabajo para todos.

Una Constituyente que recupere nuestros recursos naturales como medio para frenar su expoliación y poner esos recursos al servicio de la salud y la educación. O para entregar la tierra a los campesinos, como parte de un conjunto de medidas que aseguren el desarrollo de la producción alimentaria. Etc.

Esto fue lo que hicieron Lenin y los bolcheviques en 1917. Entonces, en medio de la revolución rusa, el gobierno de conciliación de clases conformado por el Partido Socialista Revolucionario -de amplia inserción en el campesinado-, los mencheviques -con importante presencia en los consejos obreros- dilataba la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era una de las principales banderas del movimiento obrero y popular, junto a las conocidas demandas de pan, paz y tierra.
Las masas entendían que, tras la caída del zarismo (que era una monarquía absoluta), correspondía la convocatoria a la Asamblea Constituyente – como en Francia en 1789 – para definir los contornos y el funcionamiento de una república democrática. Los bolcheviques supieron explicar que sólo con el poder en manos de los consejos obreros era posible hacer realidad su convocatoria, pues para el gobierno provisional, la prioridad no era la convocatoria a la Constituyente, sino cumplir con el imperialismo francés e inglés continuando con la participación rusa en la guerra mundial.

Y fue la movilización revolucionaria la que, tras entregar el poder a los consejos obreros, campesinos y de soldados de Rusia, convocó a la Constituyente.

SOLO EL PODER DE LA CLASE OBRERA PUEDE GARANTIZAR UNA CONSTITUYENTE QUE LOS “CAMBIE TODO”

Son estas experiencias las que nos llevan a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la bandera de la Constituyente es una demanda justa que levantan importantes sectores del pueblo pobre y trabajador para expresar sus anhelos de cambio profundo de la sociedad. En ese sentido, hace parte de nuestro programa de reivindicaciones, pero dándole tareas específicas que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre frente a los problemas del país. tareas que vayan contra la dominación imperialista y patronal.

En segundo lugar, esto es necesario para que la vanguardia revolucionaria de la clase obrera pueda disputar la conciencia de las masas, que en general siguen confiando en la democracia burguesa como medio para cambiar las cosas y dar solución a sus problemas.

En tercer lugar, que su conquista será producto de la movilización revolucionaria de las masas pobres y trabajadoras de la ciudad y el campo, y no de “pactos” o “acuerdos” con los partidos de los patrones -por más “democráticos” que digan ser-. Reivindicamos, por eso, la Constituyente, en tanto sea una bandera de lucha, de movilización objetiva de la clase obrera y el pueblo.

Por último, que la historia demuestra que, la única garantía para que se puedan imponer los cambios de fondo necesarios para resolver los problemas del país, conquistar su verdadera independencia, y terminar con la explotación y la pobreza, la clase obrera y sus organizaciones deben tomar el poder en sus manos, en alianza con el pueblo pobre y oprimido.

Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea todo el reformismo, y la razón por la cual, en la actualidad, lejos de encabezar una verdadera movilización nacional levantando las banderas de la constituyente, los llamados “partidos de izquierda” y el propio gobierno de Castillo se han centrado en enviar proyectos de ley al Congreso, buscando que, en acuerdo con otros partidos patronales que han hecho parte de la gran corrupción de las últimas décadas, aprueben su convocatoria. Un camino muerto que solo puede traer desmoralización.