¿En verdad es “clave” reactivar la minería?

Escribe Víctor Montes

En el marco de la política de “reactivación económica” impuesta por Vizcarra, política que ha provocado el incremento de los contagios en todo el país, una idea ha sido colocada en la agenda: “es necesario poner a funcionar las minas del país y destrabar la inversión minera para que la economía peruana salga a flote”. ¿Realmente es así?

Cateriano, durante los pocos días que ejerció el premierato, retomó un mantra conocido para intentar justificar la postura del gobierno frente al reinicio de las actividades y concesiones mineras: el Perú es un país minero.

Sin embargo, dicho discurso no se ajusta a la verdad. Por el contrario, lo que pretenden con esa idea es reforzar la ubicación del país como exportador de materias primas en la división mundial del trabajo, el único beneficio del gran capital transnacional.

Esta ubicación fue impuesta por el imperialismo y aceptada por los patrones “nacionales”, quienes pasaron a ser “socios menores” de las transnacionales mineras, a principios de los noventa.

Ha sido esta ubicación la que les llenó los bolsillos entre 2003 y 2012, cuando los precios de los minerales subieron exponencialmente, dando pie al mito del “milagro peruano”.

No hubo milagro sino saqueo

Sin embargo la llegada de la pandemia de Covid19 mostró el verdadero rostro de ese “milagro”: el país sigue siendo un mendigo, en el que el 21% de la población era pobre y un 30% más estaba “en peligro” de “volver” a la pobreza (INEI 2019). El 75% de los trabajadores y trabajadoras es informal. El sistema de salud está desfinanciado y colapsado. El 50% de los hogares no tiene refrigerador. Aproximadamente 30% de la población no tenía acceso al agua potable.

¿A dónde fue la riqueza?

Esto porque mientras las grandes mineras se llevaron las riquezas del país a manos llenas, el pueblo trabajador apenas conoció migajas y “fuegos artificiales”.

El Perú tiene una enorme riqueza minera. El país tiene la primera reserva mundial de plata. La segunda de cobre y molibdeno. La cuarta de plomo. La quinta de zinc. La sétima de oro y la novena de estaño.

Sucede que el modelo económico neoliberal impuesto en el país permite que las grandes mineras se lleven nuestras riquezas a manos llenas, mientras nos dejan algunas migajas.

Durante estos años, la producción minera ha representado en promedio el 10% del PBI anual y el 60% de los ingresos provenientes de las exportaciones.

Sin embargo su aporte al fisco en forma de impuestos –único dinero que puede percibir el Estado por la explotación minera, debido a que este sector se encuentra 100% en manos privadas–, resulta mínimo. En el 2007, cuando la producción minera se encontraba al tope en el marco del “boom” de los precios de las materias primas, la tributación minera alcanzó el 3,1% del PBI. Hoy bordea el 1% del PBI.

Entre otras cosas, porque las mineras acceden al beneficio de la devolución anual del IGV por ser empresas exportadores. Beneficio que ha provocado que en 2016 se devolviera a las mineras más dinero del que tributaron. Mientras en 2017 se devolvió 88 soles por cada 100 tributado al Estado.

Por todas estas razones, la reactivación de la minería, o el ingreso de nuevas inversiones, tiene por único objetivo que las transnacionales retomen sus ganancias.

Una trampa mortal

Pero en el contexto de la pandemia, esta conclusión pone en evidencia un hecho aún más terrible: el gobierno está dispuesto a que se extiendan los contagios de los trabajadores y trabajadores mineras, de sus familias, con el único propósito de permitir que las mineras vuelvan a hacer dinero con nuestros recursos.

700 trabajadores mineros infectados en Marsa (La Libertad), sin que la empresa tome medidas para hacer frente a los contagios, prueban que para las mineras la salud y vida de los trabajadores no valen nada.

La clase obrera debe rodear de solidaridad la lucha de los mineros de Marsa, que han parado sus labores denunciando la inacción de la empresa ante la expansión de la enfermedad, y levantar las banderas de una cuarentena general, con salario, comida y medicinas garantizadas por el Estado, como única salida frente a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.