Gobierno y el empresariado impulsan un plan de genocidio

Urge un Plan de lucha para detenerlo

Con el reinicio de actividades desde julio decretado por el gobierno y el abandono de la lucha contra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras región en una ola creciente de contagios, una secuela de miles de enfermos y muchos de estos que clamaron sin éxito por una atención médica primaria o por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muertos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando los muertos ya sobrepasaban los 47,000. 

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, fue para esconder el previsible impacto de un reinicio de actividades económicas antes de tiempo, es decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, y así justificar esta medida que solo sirve a los apetitos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El gobierno impuso como prioridad la reanudación de los negocios por encima de la vida de las personas, especialmente los grandes proyectos mineros que fueron los defendidos por el ex premier Cateriano en su fallida presentación ante el Congreso, quedando al descubierto su plan de llevarnos a un contagio general y por esa vía a un verdadero genocidio.

Con nuevo gabinete la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la pandemia elevó el número de contagios y muertes a niveles de alarma nacional colocando al Perú como el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo.

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que fue aprobado por el Congreso, la política del gobierno sigue siendo esencialmente la misma medida.

Desastres nacionales son producto de la política del gobierno

En la actualidad la población nacional es víctima de dos grandes calamidades: la pandemia y el empobrecimiento popular, y en ambos casos el causante es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno decretó una cuarentena completamente desligada de una estrategia de contención que tendría que haber incluido detección masiva de contagios y aislamiento con atención médica oportuna y condiciones sanitarias de mercados, transporte y centros de trabajo; ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitalarias ni los equipos de protección a médicos y enfermeras que se enferman y mueren en la primera línea de esta batalla.

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin brindar los medios de subsistencia para millones de trabajadores que fueron privados de sus fuentes de ingresos por más de cuatro meses sin compensación o apoyo económico, situación inútilmente compensada con unos bonos que muy pocos conocen y víveres otorgados al comienzo solo para la fotografía.

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor desastre fue por el aislamiento voluntario de muchas familias, aunque en condiciones poco o nada sostenibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal como el coronavirus hace imprescindible una cuarentena, pero no en los términos planteados por el gobierno de una cuarentena de hambre y complemente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de actividades la política de Vizcarra nos está enrumbando directamente hacia un verdadero genocidio y a una profundización de la pobreza donde no será posible diferenciar entre muertes por covid y muertes por hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el aislamiento social los días domingo, una medida totalmente ineficaz para detener la ola de contagios que se produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino durante el trabajo y en el sistema de “camas calientes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere ver más muertos antes que cortar la acumulación de ganancias de los empresarios.

Plan de Vizcarra se centra en el rescate empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de créditos con aval del Estado, y defender una reactivación de la economía de los explotadores, no soluciona la economía popular y solo agrava la pandemia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos para el país, en esta época de pandemia y recesión mundial y con una flexibilización de las obligaciones de las empresas, tendrán un impacto económico insignificante; en cambio el daño en trabajadores contagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va exactamente en sentido contrario. En sentido contrario incluso de sus anuncios en las primeras semanas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a la riqueza.

Incluso el Estado de Emergencia decretado para combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instrumento de represión de las luchas populares. Ya no se persigue la aglomeración de gente en previsión de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que crece y se difunde a nivel nacional como una reacción de supervivencia.

Por un verdadero plan  para detener el genocidio

Las medidas aisladas de la población pueden justificarse por la desesperación ante el abandono del Estado, pero la verdadera solución, aquella que es indispensable y en la que debemos centrar todas nuestras fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indispensables para defender la vida de la población:

•     Detener la expansión de los contagios con medidas de aislamiento y cuarentena;

•     Ubicar a los contagiados mediante la aplicación masiva de pruebas moleculares y no pruebas rápidas que dan falsos negativos.

•     Brindar atención médica primaria oportuna, con medicinas para todos los enfermos a nivel nacional sin excepciones;

•     Brindar atención hospitalaria a todos los enfermos avanzados y cuidados intensivos para todos los agravados, y no dejar que ningún ser humano muera por falta de oxígeno;

•     Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los aislados con un salario universal;

•     Asegurar las condiciones sanitarias de los servicios públicos como centros médicos, mercados y el transporte masivo, junto con los equipos de protección personal adecuados, y

•     No dejar de lado una solución de vivienda para toda la población que vive en condiciones de hacinamiento y expuesta a contagios en masa.

El conjunto de acciones arriba mencionadas no estaría completo sin impuestos a la riqueza en las proporciones que se requiera para enfrentar la crisis, y expropiación o control públicos de la provisión de bienes y servicios indispensables dentro del plan como medicinas, servicios de salud, equipos de protección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la economía, sobre todo en las condiciones de precariedad sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfacer a las empresas, solo ha provocado un terrible rebrote de las cifras de contagios, enfermos y muertos covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas en este terreno, además de la cuarentena para todas las actividades económicas no esenciales, tienen que incluir la reposición de despedidos con remuneración y todos sus derechos incluyendo el seguro médico y beneficios sociales, la eliminación de la suspensión perfecta de labores, y un salario universal a todos los trabajadores del sector informal, esta última incluso es una medida sugerida por organismos internacionales como la Cepal.

Una salida de los trabajadores  y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar matanza y evitar que millones de personas se hundan en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni de los partidos de oposición. Estos protagonizarán incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas organizando una lucha nacional para imponer la solución al actual desastre nacional, en el plazo más urgente y no para las elecciones.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de disputar la dirección de los destinos de la nación como una manera indispensable para asegurar un futuro sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

El apoyo político de Vizcarra

Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del impacto popular que tuvieron sus primeras iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte también por la desesperación y búsqueda de salidas individuales o aisladas de la población. Los bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y AFP fueron asumidos como una “solución” cuando se creía que la cuarentena podía durar dos o cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo contrario.

Pero lo que más beneficia al gobierno es la actitud cómplice de direcciones políticas burguesas, proempresariales y hasta reformistas de izquierda.

Todos ellos exhiben una total bancarrota política y programática frente al actual drama nacional que teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia con la mortandad más grande de toda su historia, pues no plantean un rumbo diferente al genocidio que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una frivolidad sin límites, centran sus acciones y cálculos en la perspectiva de las próximas elecciones.

Bancarrota de los partidos electoreros o sepultureros

Para los capitalistas y políticos burgueses, e inclusive para políticos de izquierda “realistas” todo esto es imposible, pero no porque no se pueda realizar sino únicamente porque para financiar un plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la bonanza económica, aquella que es la causante de otros grandes males como el achicamiento del Estado y la calamidad del sistema de salud, de la educación, del transporte público, del sistema de jubilación, etc.

Lo consideran imposible porque no quieren ir en contra del actual estado de cosas impuesto con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre con la desesperación del pueblo, donde capitalistas como aves de rapiña pueden enriquecerse legalmente provocando carestías y encareciendo medicinas, oxígeno, atención médica privada, servicios básicos como el de telefonía y electricidad, y los más grandes buitres del sistema financiero.

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