El “Estado de emergencia” solo sirve a la represión

Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.

¿Existe justificación para que Vizcarra mantenga el Estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, al mismo tiempo que se ha levantado la cuarentena y se reiniciaron las actividades económicas?

Desde el punto de vista de la pandemia y las medidas necesarias para hacerle frente, la respuesta es no, no hay ninguna. ¿Entonces por qué se prolonga?

El Estado de emergencia fue decretado para darle un marco legal al “toque de queda” y otras medidas de distanciamiento social ordenadas por el gobierno.

Sin embargo, tras el discurso de “guerra contra la pandemia”, el gobierno cubrió las espaldas, sacando a los militares a las calles para la verdadera guerra que temen Vizcarra y los empresarios: las protestas o estallidos sociales que se puedan producir por la situación de miseria a la que nos arrojaron desde el inicio de la emergencia.

Fue por eso que, el 26 de marzo, el gobierno llamó a 10 mil licenciados de las últimas tres promociones del Ejército a sumarse al servicio activo, incrementando su capacidad de acción represiva.

Contrabando autoritario

Pero el gobierno ya se acostumbró a “controlar la calle”, bajo las botas del Ejército. Y la tentación de extender indefinidamente ese poder es grande. No hace mucho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, declaró que su propuesta era mantener el “toque de queda” hasta diciembre, bajo el pretexto de que los “robos” se producen sobre todo de noche.

Más allá de lo absurdo del argumento, lo cierto es que, para que el “toque de queda” se extienda, debe extenderse también el Estado de emergencia, y con él, la suspensión de las llamadas “garantías”, “derechos” o “libertades” individuales.

Estado de emergencia contra el pueblo y los que luchan

Sin embargo, los luchadores y luchadoras de la clase obrera ya comienzan a ver el verdadero rostro del Estado de emergencia: las detenciones son pan de cada día en las marchas del Sitobur contra el cese colectivo que pretende imponer el alcalde Muñoz. Dirigentes del Sindicato Celima terminaron detenidos por participar en la jornada del 23 de junio convocada (a media caña) por la dirigencia de la CGTP. Y en esa misma jornada, los propios dirigentes de la Central, que lo que menos querían era “hacerle olas” al gobierno, denunciaron más de 60 detenidos a nivel nacional.

No podemos permitir que se dé carta de ciudadanía a la represión y el recorte de nuestros derechos más elementales. No podemos normalizar que nos puedan detener, que nos impidan marchar o realizar cualquier acción de protesta.

Vizcarra y la Confiep no quieren “cuidarnos” de los criminales. Quieren cuidar sus intereses y mantener a raya cualquier posibilidad de un estallido, plenamente justificado por el tamaño de la crisis sanitaria y económica.

A los trabajadores y trabajadoras conscientes nos interesa, por el contrario, defender todos los derechos y libertades que esta democracia tramposa y patronal nos otorga, con la finalidad de defender nuestra organización y acción contra el gobierno y los patrones. Para eso debemos echar abajo el mentiroso Estado de emergencia del gobierno
y los empresarios. Y solo lo lograremos con nuestra lucha.


Miembros del TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) RECONOCE DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA

El pasado 6 de julio el Tribunal Constitucional – TC reconoció, en la redacción de una sentencia, el derecho a la protesta como un derecho fundamental.

La sentencia resulta histórica. Desde la dictadura fujimorista, los gobiernos sucesivos han incorporado en el Código Penal artículos tendientes a tipificar la protesta, y sus diversas manifestaciones, como la toma de locales o el bloqueo de carreteras, como delito. Es justamente, revisando el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de “extorsión”, que el TC ha reconocido expresamente, como sustento de su sentencia, que “…resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado…”.

Es imperativo que las organizaciones obreras y populares defendamos y ejerzamos este derecho, ahora reconocido expresamente, y lo convirtamos en una herramienta al servicio de la solución de nuestras legítimas demandas. Sabiendo, además, que nadie debe perseguirnos por luchar, pues la protesta social es un derecho, no un delito.