El número de infectados, hospitalizados y muertos por Covid-19 en el Perú sigue subiendo sin control a pesar de la cuarentena obligatoria. Y esto no se debe principalmente a la imprudencia de la gente que no respeta la cuarentena, tal como sostiene el gobierno.
Aquí lo que está fallando es la política del gobierno que hace agua por todos lados: faltan camas de hospitalización y salas de cuidados intensivos, falta oxígeno, falta personal médico, y cada vez son más las muertes evitables que se dan por falta de atención médica; se deja morir a la gente en sus casas o en hospitales por falta de equipos o médicos.
Y para colmo, falta incluso dónde poner a los muertos. Y nada indica que la cosa va para mejor.
Con hambre no hay cuarentena
La gran mayoría de la población entiende que la cuarentena es condición imprescindible para contener la expansión del virus, pero el gobierno dictó el encierro de millones de familias sin los medios necesarios de subsistencia. Son muchas las personas que no reciben el subsidio monetario ni la canasta de víveres, o que ni siquiera figuran en los padrones del gobierno, lo que hace que cada vez más gente no tenga otra opción que salir buscar la subsistencia del día en un desborde incontenible que hace inútil la cuarentena como medio de contención.
El colapso del sistema de salud y el desborde de la población por la subsistencia, muestran el fracaso del gobierno que no actúa a la altura de la “situación de emergencia nacional” que muchos equiparan a una situación de guerra. Una situación de “guerra al coronavirus” amerita todas las decisiones que aseguren ganar esa guerra, y eso incluye nacionalizar todos los recursos con los que cuenta la nación para la victoria. Bastaría con ver que el austero presupuesto del sector público no ha variado significativamente para comprobar lo lejos que está el gobierno de aquellas decisiones.
El gobierno aplica economía de guerra a los trabajadores y a los ricos no les toca un pelo
Solo hay economía de guerra para los trabajadores. Con la cuarentena obligatoria perdieron su fuente de ingresos más de 2 millones de trabajadores formales y más de 3 millones de trabajadores informales. Son aproximadamente 10 mil millones de soles la suma de los salarios no percibidos cada mes; esa es la “contribución de guerra” que se le exige a la clase trabajadora para vencer al coronavirus. ¿Cuál es la contribución de guerra que se ha exigido a las familias más ricas, de las cuales solo las primeras 10 o 12 poseen aproximadamente 100 mil millones de soles? Pues cero soles. ¡Nada! Por el contrario, sus empresas siguen lucrando en medio de la crisis tales como las empresas de alimentos, mineras, bancos, clínicas privadas, farmacias, telefonía, electricidad y gas.
El gobierno anunció que pidió facultades al Congreso para legislar sobre un “impuesto a la riqueza”, pero luego aclaró que sería solo un impuesto a los sueldos altos y solo una meta de 300 millones de soles. Como referencia digamos que cada 10% de las primeras grandes fortunas del país equivale a 10 mil millones de soles, pero no se toca.
Protegiendo los intereses de los ricos no se lucha contra el coronavirus
Hay que decirlo con todas sus letras. En esta emergencia que amenaza la vida de toda la población nacional, el gobierno no asume como misión principal la lucha contra el coronavirus, sino la de servir de barrera de protección de los intereses de los grandes empresarios y transnacionales, los dueños de las grandes fortunas.
Las camas de hospitalización aumentan a cuentagotas porque se recicla el mismo presupuesto del año, solo ampliado marginalmente con nueva deuda pública. Hay carencias tan absurdas y a la vez criminales como la de equipos de protección para el personal médico.
Esa economía de austeridad explica también por qué la gran mayoría de trabajadores en cuarentena no acceden al subsidio monetario, y que muchos tengan que salir a buscar la subsistencia, o que otros muchos busquen regresar a sus regiones de origen caminando miles de kilómetros sin ninguna asistencia. Y todo esto no hace más que ayudar a expandir el virus.
Sumado a esto, el gobierno, en su papel de barrera de protección de los intereses empresariales, agrava la situación permitiendo la “suspensión perfecta” de labores, empujando a más trabajadores a una cuarentena de hambre, o a gastar sus propias reservas de CTS o AFP.
Más carne de cañón
El gobierno ya había relajado la restricción a actividades no indispensables como la minería, y permitido la falta de protección de los trabajadores en actividades indispensables, lo que dio como resultados muchos obreros contagiados y enfermos, y hasta los primeros muertos.
Y ahora también relaja el límite de obesidad de 30 a 40 para el reinicio de actividades, lo que en la práctica significa exponer las vidas de las personas con obesidad severa en nombre de la ganancia capitalista.
Urge una política centrada en salvar la vida al pueblo trabajador
Si el virus se expande a su actual velocidad, en un mes sobrepasaremos las cifras fatales de Italia, España o Francia. Y si el virus no discrimina, la política del gobierno y el sistema de explotación hacen que la mayor cantidad de víctimas sean los sectores más pobres del pueblo trabajador.
Por ello, dar carta blanca al gobierno o callar la denuncia en nombre de la unidad y la concertación, como lamentablemente hacen dirigentes de gremios y congresistas vinculados a las organizaciones sociales, es condenar al pueblo a la peor masacre de su historia. Se hace imprescindible que la clase trabajadora, con todos los medios que la situación permita, desempeñe un rol fundamental en la lucha por una política centrada en emprender una verdadera guerra al coronavirus, que ponga al centro medidas de contención con una cuarentena sin hambre por todo el tiempo que sea indispensable, y un vuelco de todos los recursos necesarios al sistema de salud y sanidad pública. Y para hacer posible ese plan, crear un impuesto no menor al 10% a las grandes fortunas, y medidas de control en la distribución de bienes y servicios de consumo masivo.
Las luchas por la reposición de despedidos, o por la anulación de la “suspensión perfecta” de labores, es parte indesligable de ese objetivo.
La crisis del Covid19 ha desnudado las condiciones de barbarie no solo de la salud pública, sino también de la educación pública, del carácter precario del empleo, del descomunal robo que representan las AFP y la expropiación de un sistema de jubilación digno, todo ello producto de muchos años de medidas a favor de multinacionales y grandes empresas y en contra de los intereses nacionales y populares. Por ello, el plan alternativo contra el Covid-19 no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular que dé una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo.
