Gobierno permite a empresas romper cuarentena y exponer a trabajadores

EL COVID 19 ES UNA AMENAZA REAL

CON MÁS DE 195 MIL CASOS y 7,800 fallecimientos en el mundo, nadie puede poner en duda que el COVID19 es una amenaza real para la población de todo el mundo, pero en particular para la enorme mayoría trabajadora y pobre del mundo, que además de vemos expuestos/as en el trabajo, en los buses y trenes donde viajamos hacinados, tenemos que hacer frente a la pandemia sin los recursos mínimos (dinero, agua, desagüe, medicinas) y con sistemas de salud públicos colapsados, sin oxígeno ni camas para atender la emergencia, por años de desfinanciamiento a causa del modelo económico neoliberal.

El crecimiento de los afectados en el mundo está en fase de aceleración, a ritmo de 15,000 promedio por día en los últimos días. En muchos países la expansión del virus ha escapado del control, principalmente ante la ausencia de medidas de contención.

Por esa razón, sin desmedro de exigir solución a los otros males que nos aquejan (dengue, contaminación de poblaciones enteras por los efectos de la explotación minera, reconstrucción del sur y el norte, y un largo etc.), la contención y mitigación del COVID19 es una necesidad prioritaria y exige medidas de Estado radicales donde la salud pública esté por encima de cualquier otro interés.

La medida de cuarentena o aislamiento social es una medida responde a esta necesidad. Sin embargo, también en esto el gobierno de Vizcarra muestra su hipocresía y carácter patronal.

UNA CUARENTENA HIPÓCRITA

EN NUESTRO PAÍS, HEMOS INGRESADO A LA “FASE 3” DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS, o “contagio comunitario”, lo que significa que se ha perdido el seguimiento de los infectados, y en ese sentido si bien son 145 los casos oficiales confirmados a la fecha, el número real debe ser mucho mayor.

Siendo esta la realidad, queda en evidencia que la cuarentena ha demorado más de lo debido. ¿Cuál es la razón de la demora? como ha ocurrido en otros países, Vizcarra ha puesto por encima de la salud de la población, los intereses de las empresas, que no están dispuestas a que las y los trabajadores dejemos de asistir al trabajo y seguir pagando nuestros salarios.

El estado de emergencia impone en el papel una suspensión total de actividades productivas que no son consideradas esenciales; se autoriza solo la continuidad de la producción de alimentos de primera necesidad, medicinas, y el funcionamiento de mercados, bancos, farmacias, establecimientos de salud, transportes y servicios conexos esenciales. En consecuencia, todas las empresas industriales y mineras debieran estar obligadas a suspender sus actividades. La realidad, a tres días de iniciada la cuarentena, es otra: En primer lugar, luego de indicar que los 15 días de “aislamiento social” era días de licencia con goce de haber, el gobierno ha definido que estos días deberán ser “recuperados”. Es decir, trabajados, con lo que terminamos siendo los propios trabajadores y trabajadoras quienes pagaremos los días de cuarentena. Como siempre, los patrones no pierden.

Pero más aún. Mientras de un lado, se ha impuesto prácticamente la ley marcial en las calles, miles de empresas le están sacando la vuelta a la ley de varias maneras.

Las mineras se han resistido a paralizar sus actividades. El gobierno ha cedido a sus presiones y de la Confiep, y ha autorizado sus actividades, rompiendo el aislamiento social, concretando un grave atentado contra los trabajadores y la salud pública.

Otras empresas están buscando despedir a sus trabajadores aprovechando el pánico; este ha sido el caso de Cineplanet. gracias a las denuncias los trabajadores han sido repuestos.

Y también están las empresas que han dado vacaciones forzadas desnaturalizando la finalidad de la cuarentena y en este caso alentados por la Ministra de Trabajo.

Si a esto sumamos que en medio de la emergencia los especuladores pescan a río revuelto encareciendo los productos de primera necesidad y materiales necesarios para controlar la epidemia como mascarillas y alcohol en gel, una vez más queda claro que somos los trabajadores y trabajadoras los más afectados y expuestos.

30 AÑOS DE PLAN NEOLIBERAL

A PESAR DE LA EMERGENCIA, el gobierno de Vizcarra sigue fiel a la política de austeridad del plan neoliberal que en treinta años ha llevado al colapso del sistema de salud convirtiéndolo en incapaz de enfrentar una crisis como la del COVID19.

El presupuesto extraordinario a las justas alcanzó para dotar de papel higiénico y jabón los baños de los principales hospitales, pero muchos de ellos en el interior del país permanecen en estado de ruindad, con baños insalubres, sin agua y sin servicios higiénicos, verdaderos focos infecciosos.

Es decir, no se enfrenta el problema de la infraestructura de salud construyendo nuevos hospitales, salas de cuidados intensivos y respiradores artificiales y otros equipos que según los especialistas son esenciales para esta crisis.

Tampoco contrata el personal médico, técnico médico, enfermería y servicios para atender la crisis. Se conoce la necesidad, pero este gobierno renunció a tocar las ganancias empresariales para financiar un verdadero plan de emergencia médica nacional.

Además, en momentos como este es cuando resalta la tragedia de los millones de trabajadores informales (65% de la población empleada) que no recibirán remuneraciones durante la cuarentena; el subsidio de 380 para tres millones de familias es inferior a la mitad del salario mínimo y no llegará a todos los necesitados.

También resalta el drama de millones de personas que no tienen acceso al agua potable, o que no cuentan con una vivienda mínimamente salubre, tanto en la Capital como en el interior del país, y a causa de esto miles mueren por consumir agua contaminada desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Y no existe de parte del gobierno un plan de emergencia para dotarlos de agua potable y vivienda digna. Es otra gran perforación del aislamiento social.

A LAS Y LOS TRABAJADORES DEBE QUEDARNOS CLARO: EL GOBIERNO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA PARA CONTENER, NI MITIRGAR, LA EXPANSIÓN DE LA EPIDEMIA DE COVID 19, PORQUE ESTÁ SUBORDINADO AL PLAN ECONÓMICO NEOLIBERAL Y AL INTERÉS DE LAS GRANDES EMPRESAS Y TRANSNACIONALES.

URGE UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL

RESULTA INCONGRUENTE, DE PARTE DE LA DIRIGENCIA DE LA CGTP, denunciar el estado de emergencia como una maniobra del gobierno para impedir las movilizaciones, y al mismo tiempo suspender la jornada del 19 de marzo sin brindar ninguna orientación de organización para esta situación. Por otro lado, la política de las organizaciones de la izquierda reformista, en particular la representación en el congreso lleva su apoyo al gobierno al extremo de subordinarse a un plan de emergencia que subordinado a los intereses empresariales y que no garantiza la contención del COVID-19.

Está en las manos de la clase trabajadora, esa misma que hoy está en primera línea en esta batalla para salvaguardar la vida de toda la sociedad, tomar acción para asegurar un verdadero Plan de Emergencia Nacional que contenga y elimine la epidemia. Para ese fin se requiere fortalecer las organizaciones obreras y populares, y discutir y aprobar una plataforma de medidas como las siguientes:

  1. ASEGURAR CON URGENCIA EL AISLAMIENTO SOCIAL EFECTIVO, paralizando sin excepción las actividades industriales y mineras y toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales (como alimentos básicos, medicinas, transportes y telecomunicaciones), decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
  2. Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
  3. Plan de infraestructura y equipos médicos de cuidados intensivos. Requisa de clínicas privadas y grandes hoteles, lo mismo que los productos de los laboratorios bajo control del sistema de salud ante un agravamiento de la crisis.
  4. Dotar gratuitamente de materiales y equipos de esterilización y de higiene, como papel, mascarillas y alcohol, así como acciones de fumigación y desinfección en todos los puntos de tránsito de las personas.
  5. En todos los centros de trabajo incluidos en la prohibición, licencia por cuarentena con goce de haber, no compensable ni con horas extras ni vacaciones ni ningún otro medio. Las empresas no deben lucrar con la necesidad social.
  6. Plan de urgencia económica para los trabajadores informales. Plan de trabajo social con salarios dignos.
  7. Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento.
  8. Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
  9. Un servicio de transporte en máximas condiciones de higiene y seguridad.
  10. Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
  11. Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis.

Por esa razón, si bien las medidas de aislamiento social impiden la realización de movilizaciones masivas y otras medidas de lucha popular, y es necesario acatar el aislamiento social, los trabajadores necesitamos ahora más que nunca fortalecer nuestra organización y nuestra independencia sin ninguna confianza en el gobierno, para imponer e incluso liderar un verdadero Plan Nacional de Emergencia.

Como parte de esto necesitamos continuar la defensa de nuestros derechos contra los ceses colectivos y despidos, con medidas de vigilancia y denuncia, y medidas de contención de los abusos empresariales.

Lima, 18 de marzo de 2020