Gobierno Vizcarra dicta normas antilaborales

Mientras Vizcarra hace el espectáculo de enfrentarse al Congreso, continúa sus ataques a los trabajadores con medidas que solo favorecen a las patronales.
[Manuel A. Fernandes – BS N° 114 – Noviembre 2018]

Plantón de bases sindicales ante el Ministerio de Trabajo.

Aprovechando las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Gobierno, éste modificó el derecho al goce ininterrumpido de 30 días de vacaciones y el pago de una multa si es que no se respetaban.

El Decreto legislativo 1405 faculta el fraccionamiento de las vacaciones en 2 partes: 15 días a fraccionarse en 7 y 8 días, y los otros 15 días (que además de darle la facultad al empleador de “comprarlos”) a fraccionarse hasta en 1 día calendario. Por más que la norma señale que debe existir “acuerdo de partes” para estos cambios, los trabajadores sabemos que en la fábrica es la patronal quien manda.

Mutilan nuestras vacaciones de 30 días ininterrumpidas

Las vacaciones son un derecho que busca reponer el desgaste físico y psíquico que padecemos tras estar expuestos a un largo periodo de trabajo alienante y sobre explotado. Ahora, además de lidiar con un salario miserable, tenemos que sufrir la mutilación del descanso vacacional, sin duda un nuevo ataque dirigido a favorecerlas ganancias empresariales.

Derecho a huelga con los puestos mínimos indispensables

Otra perla de este gobierno es el Decreto Supremo 009-2018 TR, dizque para “regular” el procedimiento para la calificación de“puestos mínimos indispensables”para casos de huelga.Durante los últimos años hemos sido testigos de cómo las patronales en complicidad con el MT, utilizaron este procedimiento para unilateralmente declarar a numerosos trabajadores como“puestos mínimos indispensables”, con la única finalidad de impedir que el sindicato pueda ejercer su derecho a huelga.

Las patronales llegaron al absurdo de calificar a más del 80% del personal de las fábrica como indispensables,haciendo imposible que los sindicatos hagan uso de su derecho a huelga, y si lo hacíamos quedábamos expuestos al despido, como sucedió con la reciente huelga en Backus que, con ese pretexto, dejaron a 16 trabajadores en la calle.

Ahora la norma precisa que la empresa y el sindicato tendrán que acompañar los procedimientos con “informes técnicos”, los que, por supuesto, cuestan. Una forma fácil de lavarse las manos de parte de la autoridad cuando fácilmente puede resolverlo aplicando la ley, como hacía antes.

Pero si en el mejor de los casos cumpliéramos con los plazos y los sustentos técnicos que exige la norma, nada garantiza que la divergencia se resuelva, porque las empresas la cuestionan y ni siquiera brindan facilidades para que se realicen las inspecciones.

Al no haber “acuerdo” –dice el nuevo decreto–, queda consentida la comunicación que realiza la empresa sobre los puestos indispensables.Una medida patronal que legaliza la vulneración de nuestro derecho a huelga.

Limitan la negociación colectiva a los trabajadores públicos

La cereza del pastel la han puesto los decretos legislativos 1442 y 1450 que atropellan los Convenios de la OIT y la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que no se puede supeditar elderecho a la Negociación Colectivay a las mejoras salariales de lostrabajadores públicos, al presupuestoque designa el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichosdecretos dejan a un millón y medio de trabajadores sin derecho anegociación colectiva.

Conclusión

Lo misma podemos apreciar en los más de 100 decretos legislativos aprobados por el gobierno,como el que amplía el régimen laboral y tributario del sector agrario al sector acuícola (DL 1431), y otros que disminuyen, recortan y anulan impuestos y requisitos en beneficio de los empresarios.Todo esto muestra que el gobierno continúa con la misma política antipopular del gasolinazo, los despidos y sanciones a los maestrosque acataron una huelga enel mes de junio y la no atención a la infinidad de demandas de diversossectores.

Asimismo, en Cogorno han declaradocese colectivo afectandoa dirigentes y sindicalizados, sentandoun nuevo precedente dedespidos masivos que ya afectana miles de trabajadores.

En Textil Hilandera se intenta liquidarla empresa dejando sinempleo a centenares de obreros.

En Ajinomoto, luego de constituirsu sindicato la empresa despidióa loa dirigentes y a 300 trabajadores.En Cerámica San Lorenzo se empiezana movilizar ante el peseteode la patronal.

Los mineros de Doe Run siguen luchando en defensa de su empleo.

La lista de conflictos es larga y muestran la unidad gobierno Confiep. Ahora, incluso, pretenden avanzar con una norma que permita una “mayor flexibilidad laboral”. (Declaraciones del ministro de Economía Carlos Oliva, 01.09.18)

Unifiquemos las luchas

La respuesta a esta situación no pasa por lo que haga la dirigencia de la CGTP. En lugar de librar una batalla a muerte contra el paquete antilaboral la Central se dedica a brindarle apoyo al gobierno,sembrando ilusiones y expectativas en sus falsas reformas, justo cuando éste nos sigue atacando.

Hay necesidad de centralizar las luchas reeditando la experiencia con la cual echamos abajo la Ley Pulpín, y junto a los organismos juveniles y populares, discutir y aprobar un Plan de lucha hacia el paro y la huelga general para derrotarla política anti popular del gobierno Vizcarra y conquistar la solución de las reivindicaciones.Para ello es indispensables formar espacios democráticos de auto organización, donde tomemos en nuestras manos las tareas de centralización y unificación delas luchas.