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¡Alto a las reformas antilaborales!

El Consejo Nacional de Trabajo (CNT) aprobó un paquete de 19 medidas antilaborales. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha anunciado que tendrán forma de ley a través del Congreso y de decretos que emitirá su despacho en los próximos días, consumando así un nuevo manotazo contra los derechos laborales.
El paquete comprende cambios fundamentales en la normatividad sobre “ceses colectivos” y sobre el arbitraje potestativo. Sobre los “ceses” incluye un nuevo concepto denominado “utilidad operativa” (ingresos menos egresos) con el que cualquier empresa fácilmente podrá demostrar “pérdidas” para sustentar una solicitud de ceses colectivos. Se establece también un tope de 0.75 % de la remuneración hasta un límite de 6 meses como indemnización, con lo que abarata el despido.
Sobre el arbitraje, al que muchos sindicatos son obligados a recurrir al ver cerrarse las otras vías de negociación, se suprime el derecho elemental de apelar a un tercero cuando no existe entendimiento entre las partes, reduciéndolo a casos de “mala fe”. El acto de “mala fe” debe demostrarse, lo que hoy es casi imposible porque las empresas se cuidan de dar pruebas. Establece también que el laudo arbitral no atenuará ninguna de las propuestas de las partes, lo que llevará a que los árbitros tomen la propuesta más cercana a su parecer: la de la empresa; y excluye de él la asignación del “bono por cierre de pliego”.
La primera claramente destinada a facilitar más los despidos. La segunda orientada a estrechar más el cerco de las “negociaciones” para que las empresas impongan sin mayor trámite sus centavos en las firmas de los pliegos.
Lo peor está por venir
Como si esto fuera poco, ahora el ministro de Trabajo anuncia la puesta en discusión en el CNT de un nuevo “Código de Trabajo”.
No se trata de la discusión del proyecto de Ley General de Trabajo que obra en sus anaqueles producto de los “consensos” anteriormente logrados con las dirigencias sindicales y que las bases cuestionaron por patronal.
No. Se trata de cambios puntuales en la legislación actual que trata sobre contratación, estabilidad y despido. Una vez “consensuadas” estas reformas se dispondrá la compilación de todo en lo que será la Nueva Ley General de Trabajo.

Ahora el ministro, en lenguaje cifrado habla de “ciclo” para referirse a un periodo concreto de trabajo, donde ya no habría estabilidad. Ciclo es un periodo. Se regulará las condiciones de ingreso, de permanencia y de salida de ese periodo.

Así se trata de colocar el trabajo que es un derecho humano fundamental y por eso se consagra la estabilidad, en una mercancía más que el patrón pueda comprar, utilizar y desechar cuando le dé la gana.
Los regímenes laborales
En relación a los regímenes laborales plantea su reducción a tres:
uno general, otro para pymes y un tercero para contratos de exportación. El régimen laboral de agroexportación donde los trabajadores tenen 15 días de vacaciones, no hay CTS, etc., estaría considerado entre los dos últmos.
Lo que no explica el ministro es por qué si hay un régimen “general”, que se supone es para todos, mantenen los otros regímenes “especiales”, más si en ellos se comprende a la mayoría absoluta de los trabajadores discriminándoles derechos.
Los regímenes especiales fueron creados, como su nombre lo indica, como “especiales”, es decir con fecha de vencimiento. Pero la vida demostró que con ese cuento los patrones perennizan los abusos. El régimen de exportaciones que afecta principalmente a los textiles que tienen que firmar contratos cada tres meses hasta que los despidan, lo estableció la dictadura militar hace 40 años con decreto de urgencia. El régimen laboral que cercena derechos a los trabajadores de la agroexportación inicialmente fue fijado para 10 años, luego se lo prorrogó hasta el 2021 y ahora el Congreso de mayoría reaccionaria debate un proyecto para prorrogarlo hasta el 20031.
¿Qué pretende ahora el gobierno? Ahorrarse estas prorrogas y sobre todo las constantes luchas de los trabajadores contra ellos para convertirlos en permanentes, consagrando a perpetuidad la discriminación de derechos laborales para la mayoría absoluta de trabajadores.
Ataques con yapa: la nueva ley Pulpín
Todo esto ocurre luego que hace pocos días el mismo ministro enviara al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre empleo juvenil, que es una versión remozada de la ley Pulpín hasta en la forma como se la adorna: “para promover el empleo para los jóvenes de entre 18 y 29 años”.
El proyecto plantea que el Estado se hará cargo de pagar los costos de Essalud (equivalente al 9% de la remuneración del trabajador) de los jóvenes que sean contratados, liberando de ese pago a las empresas. Pero todos sabemos que el Estado es el principal deudor de Essalud, por esa razón esta institución se encuentra en estado tan calamitoso que los trabajadores y nuestras familias debemos vivir lo insufrible recibiendo una pésima atención de salud. Entonces lo que pretende el ministro es exonerarles costos a los empresarios a cambio de empeorar la salud de los trabajadores. Además, la norma deja abierta las puertas para que las empresas puedan reemplazar trabajadores antiguos por jóvenes más baratos.

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