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Usurpación de tierras en Ucayali

Denuncian comuneros afectados por empresarios inescrupulosos En la Región Ucayali la posesión de la tierra para vivienda y producción de alimentos es un problema social álgido, ocasionado por parte de un sector de usurpadores en desmedro de una mayoría desposeída.

Esto data desde el siglo pasado cuando el terrateniente o gamonal hacía gala de su poder económico y político invadiendo las tierras de comunidades enteras, con apoyo oficial de la policía y el ejército. Hoy ocurre lo mismo, solo que ya no les dicen terratenientes sino empresarios.
Comunidades y caseríos se encuentran a punto de ser desalojados de la tierra que ocupan para vivienda y cultivo por mafias organizadas, quienes actúan bajo la protección del Estado que da validez a títulos que fueron adjudicados a título oneroso o gratuito para fines de agricultura y que muchos no cumplieron. Posteriormente fueron adjudicados a terceros, con aval de notarías y Registro Públicos, convirtiendo esos derechos en propiedad imprescriptibles, contradiciendo el mismo ordenamiento legal, por lo cual su desuso debería desembocar en su reversión al Estado.
Una muestra de usurpación de tierras con la consiguiente destrucción de bosques es el caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, distrito de Nueva Requena, para la siembra de monocultivo (palma aceitera); incentivadas por grupos empresariales ligados al multimillonario Denis Melcka (llamado come bosques), que destruyen la fauna y la flora.
Muestra de la indiferencia de los que administran Justicia es cómo los magistrados de la Sala Civil con fecha 15 de marzo del 2017, mediante Resolución N° 7, declararon improcedente la Acción de Amparo (EXP99-2016). Demandado: el gobierno regional de Ucayali y otros.
Demandante: Joel Nunta Barbarán, Jefe de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya. Los Jueces con fundamentos de forma y no de fondo dan luz verde para que las empresas de palma aceitera sigan deforestando y usurpando miles de hectáreas de bosque que pertenece a la comunidad nativa. Esta resolución será apelada al Tribunal Constitucional (sede Lima). Las comunidades están organizando su presencia en Lima.

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