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Gobierno PPK encabeza plan de impunidad

El gobierno, con el evidente aval de la oposición en el Congreso, busca la impunidad de los corruptos, al tiempo que dicta medidas para las grandes empresas, mientras ignora las urgentes demandas populares.

En medio del más grande escándalo de corrupción después de la dictadura fujimorista, el gobierno, el Congreso (con partidos implicados en la corrupción) y el Poder Judicial, de la mano con la patronal, tratan de salvar al régimen y el plan económico como una prioridad nacional. El gobierno, incluso en condiciones de debilidad y crisis, con el evidente aval de la oposición en el Congreso, tanto de derecha como de la izquierda reformista, busca la impunidad de los corruptos, al tiempo que sigue dictando medidas que favorecen a las grandes empresas, mientras priva a los miles de damnificados de una ayuda afectiva, e ignora las urgentes demandas populares. La lucha consecuente contra la corrupción y por la defensa de los intereses nacionales, pasa por enfrentar y derrotar al gobierno PPK y su plan económico, y forjar una alternativa de gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Han pasado varias semanas desde que se destapó el pago de coimas de Odebrecht por US$ 29 millones, a altos funcionarios de los últimos tres gobiernos, pero hasta el momento solo están en la cárcel un puñado de personajes de segunda y tercera línea. El ex Presidente Toledo, también imputado, se encuentra prófugo de la justicia, y los otros dos ex Presidentes se pasean libremente y solo son citados como testigos. PPK, que avaló como ministro de Toledo beneficios claves para Odebrecht, hasta el momento ni siquiera es interrogado.
Todos ellos han sido responsables directos de uno de los robos al país más grandes de la historia; no se trata solo de las coimas que cobraron, sino también los miles de millones de dólares en sobrevaluaciones, concesiones entreguistas, concursos amañados, sin contar las adendas que extendieron ilimitadamente el tamaño de las obras. Y existe el peligro real de que los culpables queden impunes, sumando nuevas páginas infames a la historia nacional.
Frente a la corrupción, el gobierno, su flamante Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) y la Fiscalía, han centrado su estrategia en una total dependencia de las delaciones de los funcionarios corruptos de Odebrecht que se acogieron a la “colaboración eficaz”, una sospechosa colaboración que hasta el momento no menciona nombres claves como los de Alan García, Ollanta Humala, Alberto Fujimori y el actual Presidente (al momento de redactar este artículo se añadía el nombre de Nadine Heredia como receptora de 3 millones de dólares como donación para la campaña electoral 2011). Y tampoco hay novedades de los últimos dos alcaldes de Lima que también negociaron con Odebrecht. En otros países, por el mismo caso, se actuó con arrestos, allanamientos y congelamiento de cuentas.
La procuradora Julia Príncipe, presidenta del CDJE por designación del gobierno, y que cuenta con un férreo apoyo de las bancadas fujimorista y aprista en el Congreso, sostuvo que no hay indicios para encauzar a Alan García, lo cual se ha convertido en un escándalo luego de conocerse que ella admitió -luego de haberlo negado tajantemente- ser amiga de uno de los abogados de García. Si la procuradora no ve indicios en Alan García, tampoco los verá en PPK.
La “colaboración eficaz” de los funcionarios de Odebrecht, obviamente estará limitada por el interés de la empresa de recuperar todo lo que pueda de sus activos en Perú, y para eso depende de PPK y el Congreso. Y es evidente que PPK hizo todo lo posible para que Odebrecht sacara sus activos fuera del país.
El plan económico es la matriz en que se gesta la corrupción
Mientras tanto, como si nada hubiera pasado, el gobierno sigue firmando contratos entreguistas y nuevos decretos legislativos patronales, supuestamente para reactivar la economía. Pasó con el contrato del aeropuerto de Chinchero. Pasó con el Decreto Legislativo 1320, con el cual el Estado dejará de recaudar más de US$ 70 millones por año por concepto de penalidades de concesiones mineras no operativas (el decreto amplía de 6 a 10 años el plazo sin penalidades, y reduce la penalidad de 10 a 2 dólares por hectárea por año, para concesiones inoperativas por más de 10 años). Los mayores beneficiaros son, cuándo no, las grandes mineras BHP Billiton, Buenaventura, Golden Ideal Gold, Minera Ares, Barrick Misquichilca, Newmont, Votorantim, Yanacocha, Southern y Angloamerican, poseedoras de 5.5 millones de hectáreas en concesión (US$ 33 millones en penalidades por año en conjunto).
Además, PPK emitió el Decreto de Urgencia 003-2017, que posibilita la continuidad de Proyectos de Inversión en casos de corrupción, con el cual se permite continuar, simplemente sustituyendo al consorciado implicado en corrupción, contratos que están sobrevaluados y en condiciones excesivamente entreguistas.
Mientras en el otro extremo las medidas para los trabajadores son de mayores recortes de derechos. Por ejemplo, la CGTP denuncia que el gobierno alista un paquete de decretos que crean nuevos tipos de contratos de trabajo y que recortan los derechos laborales.
La “democracia” de los patrones
En la actual “democracia” patronal, mientras se firman decretos, contratos y concesiones para los ricos, a espaldas del pueblo, las urgentes demandas populares no se toman en cuenta; por ejemplo, más de 10 mil participaron en la marcha “Ni una menos”, pero el gobierno no destina ni un sol adicional para implementar programas de apoyo efectivo y defensa de mujeres agredidas; ningún interés empresarial ha sido afectado frente a la urgente necesidad de atender a los miles de damnificados por huaycos y desastres por lo demás completamente previsibles.
En este mismo régimen, la patronal controla el Poder Judicial al extremo de conseguir fallos inauditos, como aquel que legaliza una forma de recorte salarial. Mientras el fallo del Tribunal Constitucional a favor de los empleados públicos, en su derecho a la negociación colectiva, es letra muerta, tal como la homologación de los docentes universitarios.
Pero esta “democracia” patronal también promueve la impunidad de los corruptos. Por ejemplo, el Fujimorismo, una organización ilícita para delinquir el 2000, se legitimó como partido y hasta alcanzó el control mayoritario del Congreso, y ahora aspira con grandes posibilidades a ser gobierno el 2021. En esta misma “democracia”, mientras los corruptos andan sueltos, hasta hoy hay decenas de pobladores de Puente Piedra procesados solo por rechazar el peaje ilegal de Odebrecht en defensa de su justo derecho al libre tránsito.

Necesitamos derrotar al gobierno
En ese sentido, la situación nos plantea una necesidad política urgente: derrotar al gobierno y su plan de impunidad y de continuismo neoliberal. Esa es la clave para asegurar que los corruptos vayan a la cárcel, al igual que los empresarios corruptores; que paguen por el perjuicio ocasionado, que los derechos percibidos por contratos y concesiones sean anulados y reviertan al Estado. Así también, para derrotar los decretos legislativos que recortan derechos laborales, con lo cual el gobierno y a patronal buscan descargar la crisis sobre los trabajadores. Son los ricos y los corruptos los que deben pagar la crisis.
Contrariamente a esa orientación política, todavía la izquierda reformista no impulsa la lucha para derrotar en las calles al gobierno de la impunidad y del continuismo neoliberal, sino por una solución institucional a la actual crisis. Y la razón es que sigue tratando de ilusionar a los trabajadores y el pueblo con promesas de nuevos gobiernos “patrióticos”, “democráticos”, en alianza con figuras “progresistas”; es decir, con las mismas ideas con las que en su momento llamaron a votar por Toledo y Humala para gobierno, y Villarán para la alcaldía de Lima, en la misma línea en la que llamaron a votar por PPK so pretexto de la amenaza fujimorista, con los nefastos resultados conocidos.
Más que nunca los trabajadores y el pueblo necesitan impulsar una alternativa política con independencia de clase, sustentada en su propia organización de base y con auténticos líderes obreros y populares, por una sociedad sin explotados ni explotadores, sin corruptos ni corruptores.

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