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Gobierno alista paquetazo antilaboral

El mayor peligro es la modificación de la norma sobre ceses colectivos porque abre las puertas para que las empresas, pretextando cualquier problema, despidan a diestra y siniestra.

En medio de la mayor crisis política del gobierno que también está envuelto en los casos de corrupción, las patronales no cesan en su plan de descargar sobre nuestras espaldas los efectos de lo que llaman “enfriamiento” de la economía y de la que nosotros no tenemos culpa alguna. A inicios de diciembre, el ministro de Trabajo Alfonso Grados, presentó 19 propuestas de reforma laboral, luego de consultar con ex ministros y abogados patronales entre quienes se cuenta Nancy Laos, asesora legal de los grupos Ripley y Celima respectivamente. Ahora ese paquete se encuentra listo para su aprobación en el Consejo Nacional de Trabajo, organismo donde participan la CONFIEP, representantes del gobierno, y también la dirigencia de la CGTP. No era para menos. Este gobierno es un declarado enemigo de los trabajadores que ni bien puso un pie en Palacio ha buscado favorecer las ganancias patronales. Dichas reformas se pueden resumir en tres ejes:

1. Ceses colectivos

Bajo la figura de “proteger al trabajador”, con el proyecto se busca facilitar la aprobación por el Ministerio de Trabajo de las solicitudes de ceses colectivos que presenten las empresas, las que solo estarán obligadas a otorgar una “compensación económica” basada en el 0.75% del salario y hasta un tope de 6 años. Así se le da a la patronal una herramienta perfecta para realizar los despidos que desee.

2. Arbitraje potestativo

El arbitraje es utilizado por muchos sindicatos como una vía para resolver los pliegos de reclamos ante el entrampamiento de las negociaciones colectivas por las patronales. Ahí hemos comprobado que muchas veces se convierte en un verdadero infierno porque las patronales, haciendo uso de su poder económico y de sus millonarios estudios de abogados, ante la posibilidad de emisiones de laudos que no desean, cuestionan el proceso y la judicializan, dilatando la solución de los pliegos en algunos casos hasta por varios años. Con la nueva propuesta se pretende hacerla más inviable todavía. Así, reduce su aplicación taxativamente solo para actos de “mala fe” y se elimina el arbitraje incausado. El mismo acto de “mala fe” tiene que demostrarse y muchas veces los empresarios lo judicializan. Además, ahora los árbitros estarían impedidos de modificar las propuestas de las partes, obligándolas a tomar una de ellas y sin atenuaciones; es decir, tomará la propuesta del patrón o la del sindicato en el caso que éste rebaje todas nuestras expectativas. Limita también la posibilidad de someter el pliego a arbitraje hasta después de 3 meses de presentado el pliego, y quita el concepto de “bonificación por cierre”, “por no haberse concluido el proceso en la fase de trato directo o conciliación”.

3. La SUNAFIL ya fue

Humala, antes de dejar el gobierno, realizó un primer cambio a la SUNAFIL eliminando, entre otras cosas, la responsabilidad penal con cárcel para los empresarios que incumplían con las normas laborales y rebajando las infracciones al mínimo, con lo que dejó casi pintado en la pared sus funciones fiscalizadoras. Ahora con el nuevo proyecto se intenta ir más lejos y se orienta a convertir a la SUNAFIL en un organismo de “asesoramiento para la formalización empresarial”. Como vemos, todos estos ajustes están orientados a que darles más tranquilidad a los empresarios para que puedan seguir pisoteando nuestros derechos, burlándose de nuestros pliegos en las negociaciones colectivas y debilitando nuestros sindicatos. El mayor peligro es la modificación de la norma sobre ceses colectivos porque abre las puertas para que las empresas pretextando crisis o cualquier problema, cursen dichas solicitudes a diestra y siniestra. Cabe mencionar que en más de 20 años las solicitudes empresariales eran negadas por la Autoridad de Trabajo. Hoy, con un gobierno directamente de los empresarios, ya tenemos dos casos que desnudan esta amenaza: los casos de Papelera Atlas y Protec & Gamble, donde la autoridad de Trabajo viene emitiendo resoluciones favorables a los ceses colectivos, con lo que no solo dejará en la calle a centenares de trabajadores sino, sobre todo, sentará un precedente nefasto que, con la nueva norma que se piensa dictar, podrá replicarse con facilidad en el futuro. No es poco pero en realidad estamos ante un primer paquete con cambios importantes dentro de las facultades que tiene el Ministerio para dictarlas. El paquete o las “reformas” mayores tienen que pasar por el Congreso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Una de ellas y la que más demanda la patronal es la flexibilización de los despidos ofrecido por Kuczynski en su campaña.

Salgamos a la lucha y construyamos una opción política alternativa

Así la clase obrera está colocada ante un nuevo desafío. Por ello es vital que la nueva camada de dirigentes que ya realizó experiencias de luchas unificadas, como en torno a la ley Pulpin y en los actos de solidaridad con los conflictos, actúen ahora para volver a unificar las luchas y a enfrentar a este gobierno, para tirarnos abajo todas sus medidas y buscar soluciones para el conjunto de la clase trabajadora. En esta lucha unificada y centralizada, necesitamos construir nuestra herramienta política, independiente y de clase; una opción distinta al de la burocracia que colabora con las patronales ofreciendo el discurso reformista de vestir al modelo capitalista explotador con ropaje humano y honesto. Un partido de clase que plantee como alternativa la lucha por una salida socialista en donde sea la clase trabajadora quien dirija y gobierne para las grandes mayorías oprimidas y explotadas. Por eso los invito a que construyamos juntos el PST, un partido obrero y de clase.

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